DIEGO MARCELO ALVARES VASQUEZ y Otros.

Expediente 159/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
159/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • DIEGO MARCELO ALVARES VASQUEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio enviado vía electrónica por el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto, el cual registró con el número de amparo indirecto ********************. Ahora en atención a la reserva de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés y toda vez que de constancias de autos se advierte que se resolvió infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, promovido por ********************en representación de ********************y ********************; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé la fracción I, inciso a) el artículo 20, el presente cuaderno de antecedentes transcurridos seis meses a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes, por lo cual no se considera ordenar la notificación personal del presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Es infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, promovido por *********, en representación de Diego Marcelo Álvares Vásquez, Darlin Ariolfo Villa Parra, Andrés Octavio Álvarez Guallpa, Miriam Marlene Coraisaca Tenesaca, Riveria de Almeida Bento, Alan Israel de Oliveira, Jefferson Darío Samaniego Zhunio, Blanca Marina Samaniego Sánchez, Henrique Kened Oliveira Coutinho y Elienir Mendes Sena, por las razones expuestas en el considerando tercero. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia en términos de lo ordenado en el último considerando. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa ante César Hernández Serrano, secretario con quien actúa. Doy fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito firmado por Guadalupe Canuto Romero, autorizada de los quejosos, por medio del cual denuncia la "violación a la suspensión de plano del acto reclamado" por parte de las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no ha lugar a tramitar el incidente planteado. Lo anterior es así, en razón de que el numeral 3 de la Ley de Amparo, dispone que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán de contar con firma electrónica o autógrafa, disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad de la parte quejosa para instar la acción constitucional, porque a través de ella se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, del precepto normativo invocado, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción, lo que al mismo tiempo evidencia su falta de interés jurídico y/o legítimo para promover en el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento, voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En ese contexto, es importante destacar que la firma autógrafa constituye el conjunto de signos manuscritos con los cuales las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley, lo cual, en el caso concreto, como se advierte de la certificación de cuenta, en el escrito que se provee no obra la firma autógrafa de la promovente Guadalupe Canuto Romero, autorizada de los quejosos. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 235463, publicada en la página 29, volumen 8, Segunda Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE.". Lo anterior, se corrobora con lo establecido en el artículo 204 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mismo que dispone: "Artículo 204.- Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salva la excepción de que trata el artículo 206. Se entiende por subscripción la colocación, al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que suscribe. La subscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del subscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales o marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, si no están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la subscripción." (Lo destacado es propio). En tal virtud, de los razonamientos efectuados en párrafos precedentes, se advierte que no se le puede dar valor alguno al escrito del citado promovente, por haber sido presentado sin su firma autógrafa. Lo anterior, se insiste, en virtud de que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dicho escrito no tiene ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del promovente y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En ese orden de ideas, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DENUNCIA DE "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN DE PLANO DEL ACTO RECLAMADO". Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que las autoridades responsables no han dado cumplimiento al requerimiento de doce de febrero de dos mil veintitrés, en el que se les concedió la suspensión de plano a los directos quejosos Diego Marcelo Alvares Vásquez, Darlin Ariolfo Villa Parra, Andrés Octavio Álvarez Guallpa, Miriam Marlene Coraisaca Tenesaca, Riveria De Almeida Bento, Alan Israel De Oliveira, Jefferson Dario Samaniego Zhunio, Samaniego Sánchez Blanca Marina, Blanca Marina Samaniego Sánchez, Jefferson Dario Samaniego Zhunio, Henrique Kened Oliveira Coutinho, Elienir Mendes Sena, no obstante de estar debidamente notificadas para ello, tal y como se advierte de las constancias de notificación que obran en expediente físico y electrónico. Ahora bien, toda vez que en el mencionado proveído se le requiere para que realicen lo siguiente: ".informar dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, sobre el cumplimiento de esta resolución; asimismo, deberán justificar en el mismo término, el motivo de detención de los directos quejosos, o en su caso indicar si tienen algún procedimiento administrativo migratorio en trámite. De igual forma, en términos del artículo 68 de la Ley de Migración, en caso de haber transcurrido el término de treinta y seis horas, que establece dicho numeral, en el supuesto de no existir alguna orden de privación de libertad expedida por autoridad legalmente competente, deberán sin demora alguna ponerlos en inmediata libertad. Asimismo, en caso de tenerlos privados de su libertad en la estación migratoria de la Ciudad de México, y una vez transcurrido el plazo previsto en el citado artículo 68 de la Ley de Migración, deberá permitirles a los quejosos alojarse en el domicilio que señalan en la demanda de amparo; esto es, en la calle Luis Bohado número 12, paraje San Juan, Alcandía Iztapalapa, Código Postal 09830, en la Ciudad de México." Por tanto, las referidas responsables deberán presentar ante este juzgado, dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la notificación de este proveído, el informe donde hagan del conocimiento a este juzgado federal la forma en que dieron cumplimiento a lo ordenado con antelación, apercibidas que de hacer caso omiso podrán ser responsables por la violación a este mandato, que equivale a la comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo; delito que si se llegara a consumar, de inmediato será consignada para el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables. En consecuencia, a fin de dar cumplimiento a lo anterior de manera inmediata, se instruye al servidor público encargado de las notificaciones del presente juicio de amparo, para que remita en forma urgente los oficios que derivan de este auto; esto, ya sea por telegrama, correo certificado, o mensajería acelerada "ESTAFETA", el medio de comunicación más rápido que se tenga a la mano Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, doce de febrero de dos mil veintitrés. Visto el escrito presentado vía electrónica por *********************** y *****************************, en representación de *************************, *****************************, *************************, *****************************, ***************************, *************************, ******************************, *****************************, ***************************, ****************************, ****************************, **********************, mayores de edad de nacionalidad salvadoreña, quienes promueven demanda de amparo contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de México y otras autoridades. Sin que haya lugar a lugar a requerir a los quejosos así como a su representante para que ratifiquen su demanda de amparo presentada de forma electrónica, de acuerdo a lo establecido por el artículo 3, párrafo noveno, de la Ley de Amparo, que dispone que no se exigirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la esta misma legislación. Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 159/2023 que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. INCOMPETENCIA En principio, resulta preciso destacar que la competencia constitucional de los Jueces de Distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reglamentada en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. . b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y.". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se desprende de la trascripción anterior, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De esta manera, se advierte que el caso concreto encuadra en la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, que alude que es competente el Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, lugar donde el acto reclamado se está ejecutando. Así, se tiene que los directos quejosos en la demanda de amparo señalan en esencia como acto reclamado el siguiente: La ilegal orden de deportación La privación de la libertad de manera indefinida. La aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración. La detención por más de treinta y seis horas. La omisión de aplicar el artículo 62, fracción cuarta del Reglamente de la Ley de Migración. La negativa de permitir seguir su proceso administrativo migratorio en libertad. En ese sentido, se aprecia que el acto reclamado no tuvo, ni tiene ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, ejerce jurisdicción, ya que los mismos se llevaron y se siguen ejecutando dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Además, la competencia por territorio se debe determinar tomando en cuenta la naturaleza de la acción; lo que en el caso acontece, pues el acto reclamado, como se dijo, tiene un principio de ejecución que se desarrolla fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, tan es así que los quejosos argumentan que actualmente se encuentran en la Estación Migratoria de la Ciudad de México del Instituto de Migración, ubicado en calle Jacarandas 726, colonia el Vergel, Alcaldía Iztapalapa. La anterior conclusión cumple con el propósito que el legislador tuvo al establecer reglas de competencia, pues el mismo buscó facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pudiera disponer de mejores posibilidades de defensa y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. En esas condiciones, se actualiza lo dispuesto en el primer párrafo del citado numeral 37 de la Ley de Amparo, es decir, el acto reclamado por la quejosa no contiene ejecución material dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; por tanto, resulta competente para conocer de dicha demanda el Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en Turno, por tener jurisdicción en el territorio en donde señalan los quejosos que se encuentran privados de la libertad. En consecuencia, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en Turno, a fin de que decida dentro del lapso de cuarenta y ocho horas si acepta o no la competencia planteada, para así estar en aptitud de proveer lo relativo. Solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente y copia certificada de la determinación que se dicte. SUSPENSIÓN DE PLANO Respecto a la suspensión de plano de los actos reclamados, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN, para que cesen de inmediato los actos reclamados por los directos *****************************, ***************************, ************************, *************************, **********************, *************************, **************************, ******************************, *******************************, **************************, *****************************, *********************, mayores de edad de nacionalidad salvadoreña, así como las autoridades responsables se deben de abstener de aplicar los actos prohibidos en el artículo 22 Constitucional, 15 de la Ley de Amparo, esto es, para que se abstengan de deportar a los referidos quejosos a su país de origen, así como para no trasladarlos a una estación migratoria distinta en la que se encuentran. En el entendido de que la desobediencia a esta determinación puede ser constitutiva de un ilícito que se sanciona en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Para verificar el cumplimiento a esta determinación, las autoridades responsables deberán informar dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, sobre el cumplimiento de esta resolución; asimismo, deberán justificar en el mismo término, el motivo de detención de los directos quejosos, o en su caso indicar si tienen algún procedimiento administrativo migratorio en trámite. De igual forma, en términos del artículo 68 de la Ley de Migración, en caso de haber transcurrido el término de treinta y seis horas, que establece dicho numeral, en el supuesto de no existir alguna orden de privación de libertad expedida por autoridad legalmente competente, deberán sin demora alguna ponerlos en inmediata libertad. Asimismo, en caso de tenerlos privados de su libertad en la estación migratoria de la Ciudad de México, y una vez transcurrido el plazo previsto en el citado artículo 68 de la Ley de Migración, deberá permitirles a los quejosos alojarse en el domicilio que señalan en la demanda de amparo; esto es, en la ********************. Se apercibe a los directos quejosos que deberán mantenerse en lugar donde se encuentren alojados durante todo el procedimiento administrativo de migración; debiendo informar a las autoridades administrativas competentes ante quienes se encuentre sujeto el trámite respectivo, cualquier cambio de domicilio; caso contrario la suspensión de plano no surtirá efecto legal alguno, de conformidad con el artículo 138 de la Ley de Amparo. Se apercibe a las autoridades responsables que de no hacerlo así, se harán acreedoras a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización equivalente a $5,150.00 (cinco mil ciento cincuenta pesos moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Autorizados. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que si tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que cita en su escrito toda vez que no cuentan con tal registro. Notificaciones vía electrónica. Como lo solicita el promovente, y toda vez que proporciona el usuario "********************", se autoriza la consulta del expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional (por ende, la presentación de ocursos por ese medio), mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de conformidad con el artículo 35, sección tercera, del acceso y consulta al expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este tribunal Federal, con el nombre de usuario que proporciona. Por su parte, respecto a que las notificaciones que se ordenen en el asunto se realicen de manera electrónica, atendiendo a las razones jurídicas expuestas en la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes catorce de junio de dos mil diecinueve, en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO."; se autoriza que por dicho medio se le realicen únicamente las notificaciones personales. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Transparencia y datos personales. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese y cúmplase.

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