Diego Díaz Padua y Otros.
Expediente 1251/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1251/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Diego Díaz Padua y Otros.
Actuaciones
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia Federal ampara y protege ... Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, misma que no es posible desahogarla en razón de que se encuentra pendiente que inicie a transcurrir la vista otorgada a las partes mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, con el informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior la referida audiencia constitucional se difiere para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida de la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexos signados por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngasele rindiendo informe justificado; con su contenido y constancias, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Constancias que se encuentran debidamente escaneadas a fin de ir acorde con el expediente electrónico, sin embargo en razón de su volumen y para un mejor manejo del expediente, con las mismas fórmese por separado un legajo de pruebas, conservando su número de folio correspondiente, las cuales quedan a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado para su consulta. En otro orden, por acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintitrés, se reservó proveer sobre la figura del tercero interesado, hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable ordenadora, situación que ya aconteció; por tanto, se provee al respecto. En atención a la reserva referida, primeramente, debe tomarse en cuenta los actos reclamados por la parte quejosa, mismos que hace consistir en la omisión de vincular al cumplimiento del laudo a la Gobernadora del Estado de Guerrero y a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. En ese sentido, de acuerdo al informe justificado rendido por la responsable se advierte que le resulta el carácter de terceros interesados a la Gobernadora del Estado de Guerrero y a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por tanto, en términos del numeral 26, fracción II, inciso a) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, empláceseles al presente juicio por medio de oficio que se gire a su residencia oficial. Por último, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción a este juzgado federal de la licenciada Maribel Castillo Moreno, a partir del uno de octubre de dos mil veintitrés; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida de la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de nueve de agosto de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE Y AMPARA y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero con sede en esta ciudad, por conducto de su presidenta Miriam Cortés Cisneros, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente proveído, remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a realizar lo siguiente: Acuerde lo solicitado por los quejosos mediante escritos presentados el dieciocho de abril y veintiocho de junio de dos mil veintidós relativo a hacer efectivo el apercibimiento de la autoridad vinculada al cumplimiento del laudo Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero en el juicio laboral *********. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Se apercibe a Miriam Cortés Cisneros, Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, que asciende a$10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74(ciento tres pesos 74/100 moneda nacional); y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Notifíquese y cúmplase.
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