Diego Josafat López López

Expediente 971/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
971/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • Diego Josafat López López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Superioridad admite recurso. Agréguese el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual comunica que se admite el recurso de queja interpuesto en el presente asunto, mismo que quedó registrado bajo el número 381/2023; lo anterior, para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Interposición y trámite de recurso de queja propuesto por la parte quejosa. Visto el escrito de cuenta presentado por Gregorio Miguel Acevedo Flores, autorizado en términos amplios de la parte quejosa y, en atención su contenido, con fundamento en los artículos 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de queja contra el auto de veinte de septiembre del año en curso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ríndase informe con justificación respecto a la materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto impugnado, toda vez que en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo, por los motivos expuestos en el mismo. En virtud de lo anterior, remítase el original del escrito de agravios y el informe con justificación acompañado de las constancias relativas al auto impugnado, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno, con residencia en Guanajuato, capital.

  3. Principal

    Desechamiento. Acotado lo anterior, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, la suscrita estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último a contrario sensu, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.)" La causal transcrita alude al supuesto en el que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el juez de Distrito, analizando las causas particulares del asunto sometido a su consideración, advierte que de conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, no podrían concretarse los efectos de esa concesión y, desde luego, no se restituiría al agraviado en el pleno goce de los derechos vulnerados, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación o, en su caso, no pudiera obligarse a la autoridad responsable a que obrara respetando los derechos fundamentales quebrantados en perjuicio del quejoso. Lo anterior es así, toda vez que conforme al artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo que se solicita, se traduce en volver las cosas al estado que tenían antes de la violación a los derechos fundamentales, nulificando el acto reclamado y los consecuencias que de él se deriven, en virtud de que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa; por tanto, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de los derechos vulnerados, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 58, 145-150 Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO, PROCEDENCIA DEL. REQUIERE QUE LA SENTENCIA PRODUZCA EFECTOS EN EL ACTO RECLAMADO, CON QUE SE OBTENGA EL RESPETO DE INTERESES JURÍDICOS DEL QUEJOSO. En acatamiento del artículo 80 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, que con el número 174, página 297, puede consultarse en la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, para que un juicio de amparo resulte procedente es menester que la sentencia que en él llegare a pronunciarse pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto combatido en dicho juicio sea de carácter positivo; o que sea factible obligar a la autoridad responsable, si el acto reclamado constituye una abstención, a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a que se cumpla lo que tal garantía exija, ya que el juicio constitucional debe tener siempre una finalidad práctica y no servir para realizar una actividad meramente especulativa. De aquí que proceda contra leyes solamente cuando, por ser éstas autoaplicativas, la determinación de su inconstitucionalidad pueda dar por resultado la no aplicación de sus disposiciones; o cuando, por no serlo, ya hayan sido aplicadas, sea factible la privación de efectos inconstitucionales del acto de aplicación." Ahora bien, como ya se adelantó, en el presente asunto la parte quejosa acude a reclamar la orden emitida el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, por la directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que no se le permita la reinscripción a la carrera de odontología; empero, del escrito de cuenta se advierte que el impetrante manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el periodo de reinscripción de dicha carrera transcurrió del catorce al veintinueve de agosto del año en curso, de lo que se colige que a la fecha en que se emitió el acto reclamado (orden emitida el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, por la directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que no se le permita la reinscripción a la carrera de odontología), ya había fenecido el periodo de reinscripción de dicha licenciatura. Para emitir la presente determinación, se tiene en cuenta que el quejoso asevera haber acudido a las oficinas de servicios escolares los días veintiocho y veintinueve de agosto del año en curso, datas en las que se le indicó que no podían realizar el trámite de asignación de grupo y horarios, por encontrarse pendiente de resolverse la sanción que le fue impuesta; sin embargo, dicha negativa no constituye el acto reclamado ante la presente instancia constitucional, sino la orden emitida el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, por la directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que no se le permita la reinscripción a la carrera de odontología, siendo que en esa fecha (cuatro de septiembre del año en curso), ya había fenecido el periodo para la reinscripción (veintinueve de agosto pasado). Ante ese estado de cosas, se advierte que no hay forma de restituir los efectos que la orden reclamada produjeron en la esfera jurídica del quejoso, toda vez que con independencia de los motivos de la negativa esgrimidos por la autoridad responsable, lo cierto es que al momento en que acudió a reinscribirse a la carrera de odontología, ya había fenecido el periodo para su reinscripción. Por tanto, debe concluirse que resulta improcedente el juicio de amparo, ante la imposibilidad de concretar a favor del peticionario de amparo, los efectos de una posible concesión del amparo, pues no sería factible restituirlo en el goce del derecho fundamental violado, dado que jamás podrán retrotraerse los efectos del transcurso del tiempo, toda vez que en caso de que dicha orden resultara violatoria de derechos, la misma no podrá ser subsanada con el pronunciamiento del fallo respectivo. Brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal, visible en la página nueve, Tomo VI, diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE." Por los razonamientos expuestos, se resuelve que en este caso la acción constitucional es notoriamente improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último a contrario sensu; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, se desecha la demanda de amparo. Se ordena generación de versión pública de sentencia o resolución que puso fin al juicio. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.

  4. Principal

    Parte quejosa cumple con requerimiento. Agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso Diego Josafat López López, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de seis de septiembre pasado; por tanto, se provee: II. Se formula nueva prevención. Acorde con el contenido del artículo 114 de la ley de la materia, el juzgador únicamente puede requerir al quejoso en un solo auto a fin de que satisfaga alguna irregularidad en la demanda, omisión o requisito de ella; sin embargo, en el caso se actualiza una excepción a la regla citada, dado que con motivo del escrito aclaratorio se obtienen nuevos requisitos a satisfacer que no pudieron tenerse presentes en la demanda de amparo; y, por ende, se impone formular una nueva prevención. Al respecto, se estima aplicable la tesis XXVII.3K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1121, Tomo XVII, Abril 2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO. De acuerdo al contenido del artículo 146 de la Ley de Amparo, la facultad otorgada al Juez de Distrito para requerir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad en el escrito de demanda, omisión o requisito de la misma, deberá efectuarse en un solo auto y no de manera reiterada o en "cadena de requerimientos"; sin embargo, de dicha regla es factible apartarse cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, puesto que evidentemente no pudieron tenerse presentes en esa primera ocasión." Por tanto, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el diverso numeral 108, fracción V, todos de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad, y sin presentar una nueva demanda se constriña a cumplir con lo siguiente: Toda vez que en el apartado relativo al acto reclamado de su demanda de amparo indicó que es la "orden dictada a sus inferiores jerárquicos para que no me permitan continuar con mis estudios de licenciatura en odontología", para lo cual anexó copia de la resolución de once de agosto de dos mil veintitrés, emitida en el expediente R-23/225, de la que derivó dicha negativa, en la que se confirmó el criterio sancionador consistente en una suspensión al ahora quejoso en sus derechos escolares del veinte de junio al diecinueve de septiembre del año en curso; empero, en el ocurso aclaratorio de cuenta señala como acto reclamado la orden dictada por la autoridad responsable para que se le aplique la sanción confirmada en la resolución ya indicada, la que asevera se encuentra subjudice, todo lo cual genera incertidumbre en relación a la data a partir de la cual se comenzó a ejecutar la sanción impuesta; por tanto, deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si la misma comenzó a ejecutarse en la fecha indicada en la resolución de once de agosto pasado, esto es, el veinte de junio de dos mil veintitrés, o bien, si la misma comenzó a ejecutarse el día en que se le negó la inscripción a la carrera de odontología, esto es, el cuatro de septiembre pasado. Indique, bajo protesta de decir verdad, cuál es el periodo de inscripción para la carrera de odontología en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al respecto, se hace saber a la parte promovente que de acreditarse que se aseveraron hechos falsos, se dará vista especial a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a efecto de que proceda a la investigación del delito previsto en el numeral 261, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y." Se apercibe a la parte ocursante que de no cumplir con lo anterior, se procederá conforme a los preceptos citados y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO."

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