Diego Izan Salinas Reynoso

Expediente 685/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
685/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
30/09/2021

Partes del expediente

  • Coordinadora de Procedimientos Administrativos Y Registro Civil Móvil de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Guanajuato
  • Diego Izan Salinas Reynoso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena destruir la presente pieza de actuaciones, archívese y remítase al lugar de su guarda. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 30/09/2021, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena destruir la presente pieza de actuaciones, archívese y remítase al lugar de su guarda. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación."

  3. Principal

    Parte quejosa desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso ***************, a través del cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de treinta y uno de agosto pasado, y al efecto manifiesta bajo protesta de decir verdad que el veintinueve de junio del año actual se le practicó la notificación por estrados de la determinación de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, que combate en la presente instancia constitucional, anexando la constancia que lo acredita. Desechamiento. Del análisis integró de la demanda y su anexo, se estima que respecto de los actos que los solicitantes de la protección constitucional reclaman en esta vía, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquéllos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Como se advierte de los preceptos legales transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. De lo anterior se infiere que, la procedencia del juicio de amparo contra normas generales, debe partir, necesariamente, del examen de la naturaleza de éstas, es decir, determinar si son autoaplicativas o heteroaplicativas, para así estar en aptitud de establecer la oportunidad y condiciones en que pueden reclamarse a través del juicio constitucional. En el caso, conviene precisar que la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1728, publicada en la página 1197, Tomo I, Materia Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-200, del siguiente rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA" ha estimado que existen leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, las primeras vinculan al gobernado a su cumplimiento desde que entran en vigor, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho; en cambio en las segundas, las obligaciones de hacer o no hacer no se suscitan de forma automática pues la aplicación jurídica o material de la norma se halla sometida a la realización de un evento; empero en ambas debe existir un acto de aplicación que produzca una afectación en la esfera jurídica del gobernado. En atención a esa distinción estimó que por regla general, una ley puede ser impugnada como tal, dentro del término de los treinta días siguientes al de su entrada en vigor, o dentro de los quince días siguientes al primer acto concreto de aplicación. En el particular, de la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, se advierte que reclama la inconstitucionalidad de los artículos 138, fracción I y segundo párrafo del artículo 140-A, ambos del Código Civil para el Estado de Guanajuato, que le ocasionan perjuicio con motivo de su primer acto de aplicación, el cual se materializa con el auto de fecha veintitrés de junio del dos mil veintiuno, emitido por la Coordinadora de Procedimientos Administrativos y Registro Civil Móvil de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Guanajuato, dentro de las constancias que integran el P.R.A. 1268/2021, mediante el cual desechó de plano la solicitud de rectificación de acta. Contestación que según se advierte de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda fue notificada por estrados de la autoridad responsable: ".Mediante documento de fecha veintitrés de junio del dos mil veintiuno, la autoridad responsable resolvió lo conducente, determinando que el Procedimiento de Rectificación Administrativa no es la vía idónea para rectificar el acta de nacimiento del ocursante en los términos planteados de cambio de nombre y sexo, toda vez que la solicitud implicaba una reasignación de la concordancia sexo-genérica, y esta autoridad sólo puede hacer lo que la ley expresamente le autoriza y entre esas prerrogativas no se encuentra la reasignación nombre-sexo-genérica en las actas de nacimiento. Por lo anterior, la autoridad manifestó que el supuesto no se encuentra contemplado en los artículos 1380 y 1390 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. Con base en lo anterior, la Autoridad indicada como responsable sostuvo que únicamente podía actuar dentro de los márgenes de lo expresamente autorizado por la ley, de suerte que, al no contemplarse la reasignación nombre-sexo-genérica en la codificación citada, la solicitud era improcedente. Luego entonces, la aludida autoridad determinó desechar de plano la solicitud (ANEXO 3). Finalmente, bajo protesta de decir verdad se indica que el suscrito fue sabedor del contenido de dicha resolución en fecha del trece de agosto del dos mil veintiuno, siendo a partir de dicha fecha que se tuvo conocimiento el acto reclamado. En relación a este último punto debe mencionarse, bajo Protesta de decir verdad las circunstancias bajo las cuales el suscrito se hizo sabedor de la resolución impugnada. Lo anterior aconteció el día trece de agosto del dos mil veintiuno, fecha en la que acudiera a ser notificado personalmente uno de los profesionistas autorizados para ello, ya que esta manera de notificar garantiza la seguridad jurídica y que asegura que, al ser cuestiones directamente relacionadas con el ejercicio y reconocimiento de los derechos humanos sean susceptibles de conocerse en un momento real y determinado; no obstante, se informó que la resolución había sido notificada presuntamente por los estrados de la Dirección General del Registro Civil y se procedió únicamente a la devolución de documentos originales anexos a la solicitud del veintidós de junio del dos mil veintiuno." Asimismo, en el escrito aclaratorio el impetrante manifestó lo siguiente: De lo anterior, se advierte que la contestación reclamada, le fue notificada por lista el veintinueve de junio del año actual, tal como lo refiere bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo y escrito aclaratorio, manifestaciones a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 383, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el siguiente epígrafe "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.", ha sustentado lo siguiente: a) Que atento al concepto de individualización condicionada, las leyes pueden ser de carácter autoaplicativo y heteroaplicativo. b) Que las leyes autoaplicativas, se caracterizan por contener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia; que por ello, esas disposiciones, son susceptibles de atacarse a través del juicio constitucional, desde que entran en vigor, ya que desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen con independencia de la actualización de condición alguna; que inclusive, esas disposiciones pueden reclamarse en dos distintos momentos: 1) dentro del plazo de treinta días computado a partir del día en que entran en vigor, según lo previsto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo; y, 2) dentro de los quince días siguientes al que en concreto sean aplicadas las normas. c) Que las leyes heteroaplicativas, se distinguen porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación; que pueden reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, que es dentro del plazo de quince días siguientes al de su primer acto de aplicación. Esto es, que sólo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado, y no así con motivo de sus ulteriores aplicaciones. De lo que se sigue que, en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, es dable sostener que dicha fracción está concebida de manera tal que cuando en juicio de amparo se impugna una ley con motivo de su aplicación concreta, es una exigencia ineludible que la acción constitucional que en contra de ella se ejercite se haga, precisamente, con motivo de su primer acto específico de individualización, mas no del segundo o ulteriores actos. Tal exigencia, en efecto, no sólo se deriva de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción XIV del artículo 61, antes transcrito, sino especialmente de lo que estatuye en el tercero, en el cual de un modo manifiesto se aprecia que las opciones que ahí se establecen para poder combatir la ley en juicio de amparo están referidas y parten del primer acto de aplicación de la ley, esto es, el agraviado puede promover amparo en contra de la ley a través de su primer acto de ejecución, o bien, en contra de la resolución que recaiga al recurso o medio legal de defensa interpuesto en contra de dicho acto. Apoya lo anterior, la tesis VI/89, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162, Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que a es de título siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACION.". Luego, el primer acto de aplicación de una ley que permite reclamarla en el juicio de amparo, es aquél en el que por primera vez se actualizó la hipótesis normativa en perjuicio del particular, con independencia de la fecha en que se haya hecho del conocimiento del gobernado, esto es, antes o después de otros actos de aplicación, y de que sea el primero que se reclamó en la vía constitucional, pues casos existen en que, por diversas razones, ante la actualización de varios actos de aplicación de una misma norma general, sucesivos o contemporáneos, es el segundo o ulteriores los que primero se hacen del conocimiento del particular, y otros en que por razones de la fecha de conocimiento del acto, o voluntad o necesidades del quejoso, el juicio de amparo se promueve primero contra ulteriores actos de aplicación. Bajo ese contexto, si en el particular la parte quejosa impugna la inconstitucionalidad de la ley mencionada con motivo de su primer acto de aplicación, en atención a lo dispuesto por el ordinal 17 de la Ley de Amparo, el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días y, si el primer acto de aplicación se actualizó, como ya se dijo, el veintinueve de junio del año actual, el plazo antes referido transcurrió del uno al veintiuno de julio del año en curso, sin computarse los días, tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de julio del presente año, por ser inhábiles. Entonces, si la demanda de amparo se presentó en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito con residencia en la ciudad de León, Guanajuato hasta el día veintiséis de agosto del año actual, es inconcuso que dicha promoción resulta extemporánea, ya que se hizo fuera del plazo que previene el ordinal antes citado. Así, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. No se desatienden las manifestaciones de la parte quejosa en el sentido de que la lista por medio de la cual la responsable le realizó la notificación del oficio que combate no estaba en lugar visible, así como que carece de firma, sello o certificación o que se haya anexado a los estrados copia de la resolución; sin embargo, tales aseveraciones tienen como fin la declaración de la ilegalidad de la notificación realizada, lo que debe plantearse a través del medio de defensa procedente, puesto que mientras una notificación no es nulificada por decisión de autoridad competente, debe considerarse válida para todos los efectos, entre ellos el relativo al cómputo para la promoción de la demanda de amparo en contra de la ley que se aplicó en el acto notificado, de ahí se dejan a salvo sus derechos, para que los haga valer en la vía y forma que estime procedente.

  4. Principal

    Prevención a parte quejosa. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracción I, así como 108, fracción V, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, por escrito y sin presentar ni formular una nueva demanda de amparo, cumpla con lo siguiente: Indique bajo protesta de decir verdad, la fecha en que se le practicó la notificación por estrados de la determinación de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, que combate en la presente instancia constitucional. En el entendido de que la protesta de decir verdad deberá la realizarla el propio promovente, por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquélla, dada la responsabilidad penal que de la misma pudiera derivarse. También lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 40/2006-SS, visible en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes". Se hace saber al promovente del amparo de los delitos en que incurren los quejosos cuando afirman hechos falsos u omiten aquellos que les constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]". Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con lo anterior, se procederá conforme a los preceptos citados y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle Acantilado número 122, interior 101, colonia Lomas del Sol de esta ciudad; así como designando como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Pablo Delgado Miranda y Ernesto Barajas Paez, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora, tal y como lo solicita el ocursante, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que su nombre de usuario (ernesto.b94), se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios en los términos anteriormente apuntados. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Exhortación y requerimiento a la parte quejosa. A fin de cumplir con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante el Acuerdo General 1/2021, con relación al periodo de vigencia, se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que proponga formas especiales y expeditas de contacto como servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicaciones no procesales. VIII. Instrucción para notificaciones personales. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2021, relativo al periodo de su vigencia, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. IX. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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