Diego Innés López
Expediente 1067/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1067/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 16/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Diego Innés López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte, ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que el quejoso ******************** (único afectado), haya recurrido la sentencia de veintinueve de dos mil veintidós, que sobresee en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó a la parte quejosa la suspensión provisional y la definitiva, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso c) (incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado de presente incide de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 1067/2022; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, turnado en esa fecha a este órgano jurisdiccional, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y acto reclamado siguientes: "III. Autoridad o Autoridades responsables: Tienen ese carácter las siguientes autoridades (sic): El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (.) IV. Ley o acto que de cada autoridad se reclama: Los actos reclamados son los siguientes (sic): 1) Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama: En el ámbito de su respectiva competencia el Decreto por el que se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistema Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas." Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales previstos en el artículo 1°, 5°, 28 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. En auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó registrar la demanda en el libro de gobierno con el número de juicio de amparo 1067/2022 y se previno a la parte quejosa para que exhibiera más copias de su demanda de amparo. Acontecido lo anterior, en acuerdo de veintitrés de septiembre siguiente, se admitió la demanda de amparo; se solicitó su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló pedimento; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión de la omisión reclamada. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgado federal establece que del escrito de demanda, así como de las demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable, lo siguiente: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Decreto por el que se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, aceptó la existencia del acto precisado en el considerando que antecede. Robustece lo anterior, que la existencia de actos como el que nos ocupa (contra normas generales), no está sujeta a prueba, pues constituyen hechos notorios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 191452, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 260, que es del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.". CUARTO. Análisis de la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable. Establecida la existencia del acto precisado en el considerando segundo, este juzgado federal procede al análisis de las causas de improcedencia invocadas por las partes o advertidas oficiosamente, acorde al contenido del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La autoridad responsable señaló que se actualiza una causal de improcedencia en el presente juicio de amparo, al considerar que el quejoso carece de interés jurídico o legítimo para impugnar el decreto reclamado, pues no lo acreditó. Lo anterior es fundado. En efecto, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, relacionado con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." Como se observa, la norma fundamental establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Así, en dicha norma constitucional se establece como presupuesto procesal de la acción constitucional que la parte quejosa sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo; dicho interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho fundamental y resentir una afectación en la esfera jurídica, por la especial situación que el agraviado ocupa frente al ordenamiento jurídico. Es decir, con la reforma al artículo 107 de la Constitución Federal, el concepto de interés jurídico fue adicionado para coexistir con el de interés legítimo, abriendo la gama de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho subjetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico, o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. No obstante la apertura de la legitimación activa en el juicio de amparo, la reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo, acuda al procedimiento constitucional, sobre todo si se toma en consideración que el interés legítimo es el interés personal cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso; por lo que dicho presupuesto procesal se compone de dos elementos esenciales: a) El interés debe estar garantizado por un derecho objetivo (sin que necesariamente dé lugar a un derecho subjetivo); y, b) Debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, sea de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Expuesto lo anterior, con relación al tema que nos ocupa, se precisa que las disposiciones legales de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, en principio, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir: 1) Si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio al gobernado [autoaplicativas]; o bien, 2) Si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión [heteroaplicativas]. En el primer caso [autoaplicativas], basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, y que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, se trata de leyes que al iniciar su vigencia generan obligaciones de hacer, dejar de hacer o de dar, para los gobernados a quienes están destinadas. Asimismo, cabe indicar que conforme a los artículos 17, 18 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, una ley autoaplicativa también puede ser combatida con motivo de su primer acto concreto de aplicación, dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos. En el segundo caso [heteroaplicativas], se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días, según la regla establecida en el artículo 17 de la ley citada. Así, para la impugnación de normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que éstas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor, tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, de la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. Es ilustrativa en este punto la jurisprudencia P./J. 55/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 198200, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Julio de 1997, página 5, cuyo contenido es el que sigue: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En los términos en que fue planteada la demanda de amparo, la parte quejosa acude a instar el presente juicio de amparo reclamando la inconstitucionalidad del Decreto que prohíbe la circulación y comercialización de los Sistemas Electrónicos de Administración de consumo de nicotina, sistemas similares sin nicotina, sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas, publicado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, derivado de un acto de aplicación, esto es, como heteroaplicativa -conforme se advierte del contenido de la demanda de amparo, específicamente en la página siete del expediente constitucional-, porque considera que el día trece de septiembre de dos mil veintidós, realizó la compra de un cigarrillo electrónico, con el ánimo de consumir. Ahora, cabe destacar las dos disposiciones normativas que integran el decreto que se combate en este juicio de amparo, las cuales señalan lo siguiente: "Artículo Primero.- Se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas. Artículo Segundo.- A quien incumpla con lo señalado en el artículo primero se le aplicarán las sanciones que señalen las disposiciones jurídicas aplicables." Como se aprecia de dichas disposiciones normativas, sus efectos y consecuencias surten efectos de inmediato y no están condicionadas a diverso acto de aplicación, pues imponen obligaciones de no hacer desde su inicio de vigencia, lo cual aconteció desde el mismo día de su publicación de conformidad con el único artículo transitorio. Asimismo, su sola observancia obligatoria desde la publicación del decreto reclamado no implica que dote de legitimación al quejoso para impugnarlo, pues se requiere que se ubique en el supuesto normativo que establece y que limita su actuación, que en este caso se traduce en las personas que importan o comercian los productos establecidos en la propia norma, circunstancia que no justificó la parte quejosa. En efecto, el agraviado ofreció como pruebas en su escrito inicial de demanda, únicamente la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones sin agregar alguna otra, como se corrobora con la papeleta de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en el que el rubro "anexos" aparece el número cero. En ese sentido, no obra medio de prueba diverso del cual pudiera inferirse que la quejosa realiza una actividad comercial que pudiera involucrar a los productos cuya importación y comercialización son materia del decreto reclamados; por tanto, ante tales circunstancias son insuficientes para acreditar el interés jurídico necesario para acudir a esta instancia constitucional, pues éste debe acreditarse plenamente y no inferirse con base en simples presunciones o indicios. El interés jurídico implica la titularidad de un derecho subjetivo que se ve afectado por la norma reclamada; por tanto, al estar involucrada la comercialización de productos como una actividad económica, el sustento jurídico idóneo para acreditar la titularidad del derecho que el quejoso dice afectado, sería la licencia, autorización o permiso emitido por autoridad competente para importar y comercializar sistemas electrónicos de administración de consumo de nicotina, sistemas similares sin nicotina, sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas; no obstante, la quejosa no acreditó que contaba previamente con una autorización, licencia o permiso para ello. Lo anterior, con independencia de que exista o no una licencia municipal para el giro específico de venta de esos productos, pues precisamente la fracción VI del artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, prohíbe desde mayo de dos mil ocho, comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco. De ahí que tampoco la presunción de que la quejosa comercialice tales productos sea suficiente para considerar que tiene interés jurídico para la promoción de este juicio de amparo, pues éste procedimiento protege de la vulneración a derechos constituidos conforme a las normas legales y no con base en situaciones de hecho, como en este caso sería la comercialización sin contar con la autorización, permiso o licencia de comercialización o importación de esa mercancía por la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios o autoridades locales previo a la emisión del decreto reclamado. En esas condiciones, se tiene que la quejosa debió probar la titularidad del derecho subjetivo que defiende, a efecto de evidenciar que se encuentra legitimada para promover el juicio, en el entendido de que tal perjuicio o agravio debe ser personal, directo y actual. Sin que tampoco, la sola manifestación de que consume cigarrillos y, por ello, el decreto que prohíbe su venta le afecta actualice su interés legítimo. Tiene aplicación al caso la tesis II.1o.A.1 K (11a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con registro digital 2023509, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo IV, página 3060, cuya literalidad es la que sigue: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA SOLA MANIFESTACIÓN DE LOS HECHOS EN LA DEMANDA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ES INSUFICIENTE PARA ACREDITARLO. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra del "Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2020, en su carácter de autoaplicativo, con base en el interés legítimo que adujo tener al manifestar, bajo protesta de decir verdad, que la prohibición de importar o exportar productos relacionados con el "vapeo" afectaba su esfera jurídica; el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que no acreditó dicho interés legítimo. Inconforme, interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la sola manifestación de los hechos en la demanda de amparo indirecto, bajo protesta de decir verdad, es insuficiente para acreditar el interés legítimo en el juicio, pues sólo constituye un requisito que debe contener, conforme al artículo 108, fracción V, de la ley de la materia. Justificación: Lo anterior, porque el interés legítimo se define como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para probarlo se debe acreditar que existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; que el acto reclamado lo transgreda, ya sea de manera individual o colectiva, y que quien solicita el amparo pertenezca a esa colectividad. Asimismo, ha aclarado que la apreciación del órgano competente, en cuanto al interés legítimo, no depende de la sola afirmación de la parte interesada, en el sentido de que cuenta con éste, pues el hecho de que implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico no significa que no deba probarse. Ahora bien, el decreto indicado regula aspectos en materia de comercio exterior, respecto de las modificaciones a las normas arancelarias sobre los productos utilizados como medio alternativo para el consumo de tabaco y similares, concretamente, en su artículo primero crea fracciones arancelarias que prohíben la importación o exportación de ese tipo de productos, por lo que si el quejoso se ostenta como consumidor de los productos, y dice que ha tenido dificultad para encontrar y adquirir los necesarios para seguir "vapeando", a consecuencia de las prohibiciones que el Gobierno Federal ha decretado en relación con la importación y exportación de vaporizadores, sus accesorios, esencias y líquidos, es evidente que la afectación que, en su caso, esa disposición genera en su esfera jurídica es indirecta, por lo que le corresponde acreditar su interés legítimo en el juicio de amparo, demostrando la existencia de un interés cualificado respecto de determinado acto, que produce una afectación a su esfera jurídica, derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, del que deriva el agravio correspondiente. En ese contexto, los hechos manifestados bajo protesta de decir verdad en el escrito de demanda de amparo, por sí solos, son insuficientes para tener por demostrado el interés legítimo para la procedencia del juicio constitucional, en razón de que ello únicamente constituye un requisito que debe contener toda demanda, de conformidad con el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo." Por tanto, de conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y con fundamento en el numeral 63, fracción V, de dicha normatividad, se sobresee el presente juicio de amparo. En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Cabe puntualizar que las jurisprudencias y tesis aisladas invocadas, a pesar de haber sido integradas antes de la Onceava Época del Semanario Judicial de la Federación, siguen siendo aplicables en términos, respectivamente, de los artículos Décimo y Décimo Primero transitorios del Decreto por el cual, entre otras disposiciones, se reforma la Ley de Amparo, publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 122 y 124 de la Ley de Amparo se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1067/2022, promovido por ********************, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, en términos de los fundamentos y motivos precisados en el diverso considerando último, ambos de este fallo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte, transcurrió el término de tres días concedido al quejoso DIEGO INNÉS LÓPEZ, en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, a fin de que ratificara su escrito de desistimiento de la demanda de amparo, sin que se haya presentado a ratificarlo; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en dicho proveído y se ordena continuar con el trámite del presente juicio hasta su conclusión. NOTIFÍQUESE.
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