Diego Calvo López

Expediente 773/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
773/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
27/08/2021

Partes del expediente

  • Diego Calvo López
  • Diego Calvo López y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Adjúntese el escrito de Álvaro Sebastián Calvo López, representante común de los quejosos, mediante el cual solicita se fije nuevamente fecha para la devolución de las documentales que en copia certificada acompañaron a su demanda de amparo; por tanto, se le hace saber que los citados documentos le serán entregados en el horario presencial de trabajo de doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos, los días treinta y uno de agosto y dos de septiembre de dos mil veintiuno; teniéndose por autorizadas para recibirlas a las personas que indica. Debiendo presentarse con identificación oficial y copia de la misma, para el único efecto de que le sean entregadas las documentales que solicitan, previa razón de entrega y recibo de la misma. En atención a lo anterior, con apoyo en los artículos 3, 4 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de lazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, vigente a partir del tres de agosto de dos mil veinte, se ordena generar desde la modalidad del programa "Agenda de Visitas OJ" en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la cita respectiva, con la generación del código QR para ingreso a estas instalaciones a nombre de los quejosos Diego Calvo López y Álvaro Sebastián Calvo López, así como a nombre de los autorizados para recoger los referidos documentos Gabriel Ruiz Pérez, Amado Manuel Hernández Barcelos y Diego Calvo Méndez. Además, a fin de preservar su salud y la del personal que labora al interior del edificio sede, durante su ingreso y permanencia, deberá observar las medidas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud para evitar contagios como son el uso correcto de cubreboca, toma de temperatura, sana distancia, rutas de acceso, etcétera. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL REPRESENTANTE COMÚN DE LOS QUEJOSOS ÁLVARO SEBASTIÁN CALVO LÓPEZ.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor al día siguiente; este juzgador determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General (juicios de amparo en los que se desechó la demanda), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros respectivos. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por los quejosos Diego Calvo López y Álvaro Sebastián Calvo López, en atención a su contenido, se les tiene designando como representante común de la parte quejosa a Álvaro Sebastián Calvo López; asimismo, informan que renuncian al plazo de ley para impugnar la determinación de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, para los efectos legales a que haya lugar Además, como lo solicitan, devuélvanseles las documentales que en copia certificada acompañaron a su demanda de amparo, esto es una factura y un acta de infracción, así como un disco en formato CD, previa copia certificada que de los mismos se deje en autos, teniéndose por autorizadas para recibirlas, a las personas que indican. Se les hace saber que los citados documentos les serán entregados en el horario presencial de trabajo de doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos, los días veintiuno, veintiséis o veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Debiendo presentarse con identificación oficial y copia de la misma, para el único efecto de que le sean entregadas las documentales que solicitan, previa razón de entrega y recibo de la misma. Además, a fin de preservar su salud y la del personal que labora al interior del edificio sede, durante su ingreso y permanencia, deberá observar las medidas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud para evitar contagios como son el uso correcto de cubrebocas, toma de temperatura, sana distancia, rutas de acceso, etcétera. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo, promovida por Diego Calvo López y Álvaro Sebastián Calvo López, contra actos del director General de la Policía Vial Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo bajo el número 773/2021. Examinada en su integridad, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia". Es así, toda vez que contra los actos reclamados en la demanda de amparo, consistentes en: el acta de infracción número 347335, de diez de julio de dos mil veintiuno, a Álvaro Sebastián Calvo López (que anexa en copia certificada), que produjo como consecuencia la detención y retención ilegal del vehículo de motor motocicleta YAMAHA FZS, 2ª generación, serie número ME1RG2629G2008389, que afirma es propiedad de Diego Calvo López, procede un medio ordinario de defensa, como se expone enseguida. De entrada, se impone señalar que la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Oaxaca, en su artículo 101 señala: "SECCIÓN TERCERA DEL RECURSO ADMINISTRATIVO Artículo 101. Los actos y resoluciones dictadas conforme a las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y demás aplicables, podrán recurrirse en términos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca". Por su parte los numerales 1, 98, 120, fracción IV, 133, fracción I y 153, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establecen: "Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen la Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública-Estatal; cuando estas emitan una resolución administrativa de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de estos y por sus Entidades Paramunicipales. De igual forma regulará la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y la impartición de la Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. Artículo 98.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión o intentar las vías judiciales-administrativas correspondientes ante el Tribunal. Para poder acudir al Juicio de Amparo, será necesario agotar los medios de impugnación previstos en esta ley. Artículo 120.- El Tribunal tiene competencia para resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten: (.) IV. Entre los particulares y la administración pública Municipal. Artículo 133.- Las Salas Unitarias del Tribunal son competentes para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de: I. Los actos y resoluciones emanados de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas y que causen agravios a los particulares, por no ajustarse a los elementos y requisitos de validez previstos por el artículo 17 de ésta ley". Artículo 153.- Cuando las leyes y reglamentos que rijan el acto impugnado establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o promover el juicio ante el Tribunal; ejercitada la acción ante este último, precluye el derecho para ocurrir a otro medio ordinario de defensa". Con base en los anteriores numerales, se pone de manifiesto que antes de intentar la acción de amparo, la parte impetrante del amparo tiene que agotar el juicio de nulidad previsto en la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en atención a que esa ley ordinaria contempla un medio de defensa tendente a modificar o acto que estima contrario a derecho. De igual manera, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad, en el sentido de que cuando la ley de la que proviene el acto exija mayores requisitos para la suspensión. Para explicar esa afirmación, se tiene en consideración que los artículos 215 y 218 de la ley mencionada, que establecen: "Artículo 215.- El actor podrá solicitar la suspensión del acto impugnado, en la demanda o en cualquier momento del juicio, hasta antes de citación para sentencia; tal medida cautelar tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren hasta en tanto se pronuncia la sentencia definitiva; el Tribunal deberá resolver lo conducente, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada para su cumplimiento. Se deberá analizar la apariencia del buen derecho y peligro en la demora al momento de decidir los efectos de la suspensión. Se concederá la suspensión siempre que: Se conserve la materia del juicio; No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. (.) Artículo 218.- Para el otorgamiento de la suspensión deberá satisfacerse los siguientes requisitos: I. Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: a). Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante; y b). Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. II. En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause; si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este artículo quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, sin finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. III. En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado o quien lo supla. IV. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme; b) Se tramitará por cuerda separada; c) El Magistrado deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud; d) El Magistrado requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. V. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique; y VI. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad". Por similitud jurídica esencial, se invoca la jurisprudencia 125/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 160630, de epígrafe y sinopsis: "TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL. De los artículos 31 y del 99 al 106 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que ésta no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, pues sus diferencias, derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, son irrelevantes. Lo anterior es así, en atención a que en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. Sin que sea obstáculo para ello, que en el último párrafo del artículo 104 de la citada Ley Orgánica, se establezca que para que surta efectos la suspensión el actor debe otorgar garantía mediante billete de depósito o fianza, a diferencia de la Ley de Amparo, que no dispone forma alguna de otorgar la garantía, porque tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad, si éste no se agota previamente, con la salvedad de que no habrá obligación de promoverlo en los casos en que se actualice alguna otra excepción al principio de definitividad que, según ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevé la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo". Bajo esas directrices, se evidencia que en la referida ley no se establecen mayores requisitos para la obtención de la suspensión definitiva, ni mayor plazo en el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional que prevé la Ley de Amparo, pues a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados. Por similitud jurídica esencial, se invoca la jurisprudencia 19/2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2008807, de rubro y epígrafe: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado". En el propio tenor, es de anotarse que en el acta de infracción reclamada (que en copia certificada se anexó a la demanda), se advierte que al margen superior y en el apartado observaciones, se citaron diversos preceptos legales, lo que evidencia que en el acto atribuido contiene la fundamentación a que están obligadas a realizar las autoridades administrativas. Así, en virtud de la circunstancia de que el mencionado acto reclamado constituya un acto de imposible reparación; no implica que la parte quejosa no se encuentre obligada a agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, sino exclusivamente, que dicho juicio constitucional procede respecto de ese tipo de actos, siempre y cuando se agoten los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o nulificar los actos reclamados, por los medios ordinarios de defensa correspondientes. Robustece lo anterior la jurisprudencia 44/2012 de la Primera Sala del Tribunal Constitucional del país, de rubro y contenido: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Así como la jurisprudencia IV.1o.A. J/23 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en página 2491, tomo IV, libro 34, Septiembre 2016, Materia Administrativa, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "MULTAS POR INFRACCIÓN A LOS REGLAMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. POR REGLA GENERAL SON IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción X, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado en contra de cualquier acto u omisión definitiva de las autoridades administrativas del Estado, de los Municipios y de sus entidades paraestatales o municipales que afecten los intereses jurídicos de los particulares; y, de lo dispuesto en los artículos 66, 67 y 69 del propio ordenamiento legal se advierte que en esa instancia es factible obtener la suspensión de los actos impugnados sin que dicha ley exija mayores requisitos de los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por tanto, en contra de las multas por infracciones a los Reglamentos de Tránsito Municipales del Estado de Nuevo León, a fin de respetar el principio de definitividad previsto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, previo al juicio de amparo, debe agotarse ese medio ordinario de defensa en el que se puede modificar, anular o revocar el acto reclamado. Siempre que no se actualice alguna diversa hipótesis de excepción al aludido principio, lo que corresponde analizar en cada caso concreto." Por tanto, previo a ejercer la acción de amparo, correspondía al quejoso impugnar los actos atribuidos, a través del juicio de nulidad, lo que no hizo, máxime que no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en análisis, procede desechar la demanda, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 113, del ordenamiento legal invocado. Ahora, de conformidad con el numeral 13 de la Ley de Amparo, se nombra como representante común de los quejosos a Diego Calvo López; lo anterior, sin perjuicio del derecho que tiene la parte quejosa para designar a quien ostente tal representación. Téngase a la parte quejosa señalando como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Gabriel Ruíz Pérez e Itandehui Méndez Martínez, y en amplios términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Miguel Ángel Hernández Vásquez y Amado Manuel Hernández Barcelos, pues acorde a la certificación que antecede tienen registradas su cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales Ahora, en atención al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, publicado el 31 de julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del 3 de agosto de 2020, se autoriza la consulta vía internet de la versión electrónica del presente juicio de amparo, toda vez que el usuario "CNLconsultores", se encuentra registrado en el portal de servicio en línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, se ordena agregarlo al expediente electrónico, además, como lo solicita, se ordena la práctica de notificaciones electrónicas, con su nombre de usuario. Se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico contacto@cnlconsultores.mx, para establecer el contacto respectivo en casos necesarios. Sin que haya lugar a autorizar realizar las notificaciones que deriven de este expediente mediante el correo que proporciona, ya que esta forma de notificación no se encuentra contemplada en la Ley de Amparo. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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