Diego García Simental
Expediente 750/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 750/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/06/2018
Partes del expediente
- Diego García Simental
- Diego García Simental y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de junio de dos mil dieciocho. Agréguense las constancias de notificación por medio de las cuales los quejosos ... manifestaron lo siguiente: ... ME DESISTO DEL AMPARO Y SEÑALO LAS LISTAS Y AUTORISO A ... ... ME DECISTO DE LA PRECENTE DEMANDA DE AMPARO Y SEÑALO LAS LISTAS PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZO AL ... De las transcripciones que preceden, se advierte que los impetrantes se desisten del sumario en que se actúa. En ese tenor, tomando en consideración que los asuntos de esta naturaleza, sólo pueden seguirse a instancia de parte agraviada y ante la manifestación expresa de dichos quejosos, se les tiene por desistidos del juicio constitucional en que se actúa de conformidad con el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese contexto, dado que la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que puedan válidamente desistirse los quejosos en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad; por consiguiente, con dicho desistimiento se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, y por consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo. Lo anterior, toda vez que los promoventes de amparo, expresaron su voluntad de desistirse del presente juicio, ante presencia judicial; esto es, ante el fedatario judicial adscrito a este órgano de control constitucional. En tal virtud, al haberse consentido expresamente por los quejosos ... el sobreseimiento decretado en este asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado analógica y supletoriamente, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del veinticinco de junio de dos mil dieciocho. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental. Finalmente, como lo solicitan los amparistas; con fundamento en los artículos 26 fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista que se publique en este órgano jurisdiccional, el presente acuerdo y las subsecuentes, aún las que deban ser de carácter personal, en el entendido que el profesionista que refieren, está autorizado desde el auto admisorio.
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos se advierte que en proveído de uno de los corrientes, se reservó acordar en cuanto a lo manifestado por los quejosos ... en el sentido de ampliar su demanda, hasta en tanto obrara la totalidad de informes justificados, lo que en la especie ya acontece; por tanto, este Juzgado provee lo conducente: En ese tenor, no ha lugar a acordar de conformidad su pretensión de ampliar la demanda, en virtud de que el juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoquen los derechos humanos de éstos. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis PXXVII/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. En el caso, los quejosos reclaman la orden de traslado a diverso centro de reclusión al en que se encuentran. Así, es importante señalar que los solicitantes del amparo se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México; por tanto, se puede determinar que las autoridades señaladas del número 3 al 87, de su escrito de ampliación de demanda, no tienen ni tendrán intervención en la emisión o ejecución de los actos tildados de inconstitucionales, pues como ya se precisó los recurrentes del amparo se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, en esta entidad, de modo que su libertad personal y los diversos actos que reclaman están bajo la custodia de las autoridades adscritas a dicho centro carcelario, y en todo caso su ejecución corresponderá a las autoridades administrativas de seguridad pública que materialmente, en ejercicio legal de sus atribuciones, tengan la encomienda de custodia material de un centro de reclusión a otro. Lo anterior, aunado a que, en el caso, únicamente las autoridades dependientes del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Comisionado y Coordinador de Centros Federales de Readaptación Social) son las que podrían haber emitido alguna orden de traslado en contra de los quejosos; de modo que ni en la emisión de la orden de traslado ni en su ejecución tendrían intervención alguna autoridad carcelaria distinta al centro de reclusión en el que los solicitantes del amparo están recluidos; y si bien es cierto que los quejosos podría ser recluidos en alguna otra de las instituciones penitenciarias, el hecho de no tenerlas como autoridades responsables no les causa perjuicio, pues de ser el caso de que se conceda la tutela judicial del amparo, respecto de las restantes autoridades por las que se admitió la demanda, los alcances de tales actos jurídicos de decisión comprenderán no sólo a las autoridades ordenadoras sino también a las ejecutoras encargadas del traslado material y demás actos que reclaman de los quejosos. No obstante lo anterior, en caso de que este órgano jurisdiccional advierta la participación de diversa autoridad a las señaladas como responsables, les dará vista a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, agréguese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Finalmente, se levantan las reservas de treinta y uno de mayo; uno y cinco de junio, todas del año en curso, para notificar personalmente los informes descritos, pues ya obran los rendidos por la totalidad de autoridades responsables.
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de junio de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el informe justificado y de la suspensión de plano rendidos por la autoridad que los suscribe; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, este juzgado queda enterado del cumplimiento a la medida cautelar. Por otra parte, se reserva notificar personalmente los informes descritos, hasta en tanto, obren los rendidos por la totalidad de autoridades responsables. Luego, vista la certificación precedente, así como el estado procesal de los autos, se advierte que al dictado del actual proveído no se cuenta con la constancia de notificación de un oficio remitido a la autoridad responsable con sede fuera de la residencia de este Juzgado; que contienen el auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, actuación por la cual se requirió su informe justificado. Para permitir lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del seis de junio del año en curso y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del veinticinco de junio de dos mil dieciocho, para su verificativo.
- Principal
Toluca, Estado de México, uno de junio de dos mil dieciocho. Agréguense las constancias de notificación realizadas a los quejosos ... por medio de las cuales, manifiestan: "Sí ratifico el escrito". En consecuencia, en cuanto a lo manifestado por los quejosos en el escrito que ratifican en el sentido de ampliar su demanda, este Juzgado se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto, obre la totalidad de informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Por otra parte, intégrese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la responsable las documentales que adjunta, dada su propia y especial naturaleza. En ese sentido, se reserva notificar personalmente el informe descrito, hasta en tanto, obren los rendidos por la totalidad de autoridades responsables.
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