Diego Cruz Sánchez

Expediente 1297/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1297/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Diego Cruz Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de conservación, ya que se sobreseyó y negó el amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del referido Acuerdo, el cuaderno único del incidente de suspensión es susceptible de conservación, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno y una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo. Devolución de anexos Finalmente, devuélvanse a las autoridades responsables, los discos en formato DVD que remitieron al presente juicio, sin que haya necesidad de acusar recibo, dado que se trata de copias certificadas.

  2. Principal

    Sentencia Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo número +++++; promovido por+++++; y,+++++ R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, +++++ por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: CON EL CARÁCTER DE ORDENADORA: TERCER TRIBUNAL DE ALZADA EN MATERIA PENAL DE TEXCOCO, MÉXICO. CON EL CARÁCTER DE EJECUTORA: JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA. JUEZ DE TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA. IV. ACTOS RECLAMADOS: DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA RECLAMO: La resolución de fecha 17 de Agosto de 2023 emitida por los magistrados del Tercer Tribunal de Alzada en materia Penal de Texcoco en el Toca de Apelación +++++; la cual confirma el auto de apertura a juicio oral de fecha 21 de febrero de 2023 dictado en la carpeta administrativa +++++del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, en la que se excluyeron medios de prueba ofrecidos por mi defensa consistentes 1) meta pericial en materia de psicología a cargo de psicóloga +++++ (consistente en informe especializado en género) de fecha 16 de febrero de 2023; 2) meta pericial en materia de psicología (impresión diagnóstica) a cargo de psicóloga +++++de fecha 16 de febrero de 2023; meta pericial en materia de mecánica y/o cinética de lesiones de ginecología forense a cargo del médico +++++ 15 de febrero de 2023. DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS RECLAMO: Del Juez de control el dictado del auto de apertura a juicio oral y su remisión, así como la puesta a disposición del suscrito al Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca y de esta última el inicio y desahogo del juicio oral." Considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14, 16 y 20 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió el conocimiento del asunto a este Juzgado, que por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, lo radicó bajo el número +++++, se admitió la demanda de amparo, se requirió de las autoridades responsables su informe justificado y se ordenó emplazar al agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal de Alzada responsable. Seguidas las formalidades de ley, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, en relación con el diverso 56, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama una determinación emitida por una autoridad del orden penal con residencia en el ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo inicial y de las constancias de autos, se concluye que lo que reclama del Tercer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, Estado de México: La determinación de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, emitida en el toca de apelación +++++, que confirmó el auto de apertura a juicio oral y exclusión de medios de prueba, dictado en la continuación de audiencia intermedia de veintiuno de febrero del año en curso, en la carpeta administrativa +++++, por el delito de violación, en agravio de la víctima de identidad resguardada de iniciales +++++; y su ejecución, atribuida al Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México.Del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México: El auto de apertura a juicio oral de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, emitido en la causa de control +++++ de su índice. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. En ese sentido, es aplicable la tesis de jurisprudencia que a la letra se integra de la siguiente forma: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Certeza que, además, se corrobora con los discos en formato DVD de la causa de control +++++, y de la causa de juicio oral +++++, así como del toca de apelación +++++; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues se trata de los registros escritos, de audio y video de cuya reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su consulta posterior y porque se presume que la información en ellos contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y, dada la tecnología empleada para su conformación, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa. Cobra aplicación, la tesis de jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, se cita la jurisprudencia 43/2013 (10a.), publicada con registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Antecedentes. Para tener mayor comprensión del asunto y estudiar la constitucionalidad del acto materia de reclamo, conviene destacar los antecedentes más relevantes derivado de la causa de control +++++, así como del toca de apelación +++++, los cuales son: HECHO FÁCTICO El tres de septiembre de dos mil veintiuno, siendo aproximadamente las ocho horas con veinticinco minutos, la víctima abordó en la localidad de Benito Juárez, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, el taxi conducido por +++++, quien es su conocido pues es hijo de la pareja de su tía +++++, para dirigirse a su trabajo en Ojuelos, pero éste se siguió rumbo a Tabernillas, diciendo a la víctima que iba a recoger a más gente; llegaron al límite de donde recogen gente los taxistas, cuando +++++ siguió por un camino de terracería hacia a la lagunita, quien argumentó que iba a dejar un dinero que no tardaba; avanzó como cinco minutos a Santa Catarina Tabernillas, del municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, que eran aproximadamente las ocho horas con cuarenta minutos, vio del lado derecho una barda de piedra, del lado izquierdo muchos árboles, donde dio la vuelta al vehículo y se estacionó sobre la carretera amplia, no muy transitada por gente, apagó el motor hizo, el asiento hacia atrás; la víctima le dijo "que te pasa", +++++ respondió "nada ahorita nos vamos rápido", se pasó al asiento de la víctima, se le subió encima, dejó caer su peso en el su pecho, con sus dos manos le bajó su pantalón junto con su pantaleta hasta las rodillas, con la rodilla izquierda le abrió las piernas, metió su pene en su vagina lo empujó hacia adentro e hizo movimientos de adentro hacia afuera, alrededor de tres minutos; la víctima lo empujaba con sus dos manos pero no logró quitarlo, luego él se quitó y se pasó al asiento del conductor, la víctima le preguntó qué iba pasar con lo que le hizo; él contestó "qué va a pasar si tú estás loca, no digas nada de esto porque no sé qué va pasar", arrancó el taxi y se fueron a Tabernillas; ella iba asustada, siguió en el taxi por miedo a que fuera agredida por golpes, bajó en Ojuelos y no comentó nada a su mamá por miedo, no sabía cómo decirle; que el miércoles ocho de septiembre de dos mil veintiuno, la señora donde trabaja la encontró llorando la cuestionó que le pasaba fue como le contó lo que ocurrió y le dijo que tenía que decirle a su mamá. HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES 1. El treinta de septiembre de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia de formulación de imputación con detenido, en la causa de control +++++, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en la que se decretó la detención formal de +++++, por su probable intervención en el hecho delictuoso de violación, en agravio de la víctima de iniciales +++++; asimismo, el imputado manifestó que no era su deseo rendir declaración y solicitó que su situación jurídica se resolviera en esa misma data, por lo que siendo las dieciséis horas con cincuenta y dos minutos, se dictó auto de vinculación a proceso; autorizándose además el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria; además, se impuso la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa teniendo como vigencia todo el tiempo que durara el procedimiento. 2. En audiencia de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, se formuló acusación en contra del aquí quejoso, señalándose las doce horas del veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, para el desahogo de la etapa intermedia. 3. El veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en audiencia de continuación de intermedia, se dictó auto de apertura a juicio oral en la que se excluyeron medios de pruebas ofrecidos por la defensa del imputado. En los siguientes términos: SEGMENTO DE LA AUDIENCIA DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. "(minuto 00:26:56) Defensa: .están aclarados su señoría me voy a hacer cargo de los medios de prueba que pretende incorporar esta defensa pretende incorporar como medios de prueba de acuerdo al artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales la siguiente le hago de su conocimiento que ya se le corrió traslado bajo el deber de lealtad al Señor agente del Ministerio Público de las periciales que fueron ofertadas en tiempo y forma así como lo ordena el código tres días antes de la audiencia voy a ofertar como medios de prueba los siguientes es: Una meta pericial en materia de psicología informe especializada en género a cargo de la licenciada en psicología Leticia Ramírez Bravo este medio de prueba será desahogado mediante interrogatorio directo en razón a su dictamen elaborado en fecha dieciséis de febrero del año dos mil veintitrés, es una perita maestrando en Investigación Criminal en Ciencias Forenses por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas esta perito declarará en torno a los siguientes su señoría narrará su experiencia y su experticia, porqué es idónea y pertinente esta pericial, porque da un análisis del informe especializado de género realizado por la licenciada en psicología María Isabel Flores Gutiérrez, también establecerá si el objetivo planteado por la licenciada en materia de psicología María Isabel Gutiérrez Flores fue cumplido y establecerá lo más importante el grado de consistencia del testimonio. Una meta pericial en materia de psicología de impresión diagnóstica en género a cargo de la misma licenciada en psicología +++++ella declarará en torno lo siguiente su experiencia y su experticia y las horas que el día que intervino en su dictamen; porqué es idónea y pertinente; está pericial también hará un análisis de la impresión diagnóstica por la licenciada en psicología por el licenciado en psicología social +++++; también va a establecer si el objetivo planteado por el licenciado en psicología +++++ fue cumplido; y establecerá el grado de consistencia del testimonio; y,Una tercera pericial que es una pericial en materia de mecánica y o cinética de lesiones en materia de ginecología forense a cargo del Médico legista doctor Juan Rosales Padilla este medio de prueba será desahogado a interrogatorio directo respecto a su dictamen elaborado en fecha quince de febrero del año dos mil veintitrés; él es médico cirujano, este perito declarará en torno a lo siguiente narrará en cuanto a su experiencia y su experticia las horas que intervino en su dictamen, esta pericial es idónea y pertinente porque depondrá si la menor fue examinada correctamente, también narrará si presenta datos de penetración por vía vaginal; y narrará a qué conclusiones arribó, su señoría eso es por parte a las periciales que la fiscalía pretende incorporar a juicio y que serán desahogadas a través del interrogatorio directo de esta defensa serán presentados, esta defensa se compromete a presentarlos el día y hora que se señale para la audiencia de apertura a juicio, bueno en audiencia de juicio oral su señoría; eso es por lo que hace a los medios de prueba ofertados y por lo que respecta a la contestación de la acusación señoría en este momento me voy a hacer cargo de la misma, quiero decirle a usted que la fiscalía no podrá destruir el principio de presunción de inocencia a favor de +++++. Ministerio Público y Asesor Jurídico se oponen y solicitan su exclusión por no estar ofertadas en los términos legales. (minuto 34:40) Defensa: .En la audiencia próxima pasada yo me nombré como defensor, solicité una prórroga y usted la otorgó por diez días, a mi defenso no lo pueden dejar en estado de indefensión, la Constitución establece que en cualquier etapa del procedimiento tiene derecho a aportar medio s de prueba, es ordenamiento constitucional; y si bien es cierto que no hice la contestación de la acusación, tan es así su señoría que yo no estaba bien impuesto de los registros de investigación, si bien es cierto me habían corrido traslado tuve que ir a la fiscalía a aportar, que me dieran todos los medios de prueba, porque no se ha visto el descubrimiento probatorio; sin embargo, yo lo hice en tiempo y forma tres días antes de la audiencia pero fue por cuestiones de tiempo, no se puede dejar a mi defenso en estado de indefensión, tratar de excluir estos medios de prueba porque no se ofertaron o no se contestó la acusación; el artículo 340 es claro Juez, el plazo del acusado "podrá" es optativo yo puedo contestar la acusación como lo estoy haciendo, en este momento; en caso de que usted excluyeran los medios de prueba dejarían estado de indefensión a mi representado; y, además le hago de su conocimiento que si no lo hice, fue porque yo me nombré la audiencia pasada, de hecho estos dictámenes que yo mandé elaborar con los especialistas en la materia, fue a marchas forzadas porque me dieron el término de diez días; y sin embargo, tres días antes de la audiencia yo le corrí traslado en su oficina al señor agente del Ministerio Público; por lo cual, no hay un argumento jurídico y las formalidades esenciales del procedimiento no están por arriba de la Constitución señoría, esto es una perinorma y la Constitución es una endonorma; y además, le vulneraría los derechos de seguridad jurídica mi representado; por lo tanto atendiendo a lo vertido por tanto por el señor Asesor Jurídico como por el agente del Ministerio Público; solicito se tengan por admitidos, de lo contrario dejaría en estado de indefensión; tomando en consideración que me impuse de los registros de investigación en audiencia próxima pasada y esto es en aras de tener una, que él tenga una defensa técnica adecuada es cuanto señoría. (minuto 37:10) Juez: .Lo escucho respetuosamente, bien sabemos que atendiendo un sistema acusatorio se procuran evitar formalidades y que la dinámica en la audiencia sea lo más ágil posible inclusive no se exige que se fundamente las peticiones que se realiza pero usted afirma que hay disposiciones constitucionales que permiten que el justiciable en cualquier etapa del proceso pueda ofertar pruebas ¿Qué disposición es licenciado? porque bueno de momento no me queda claro. (minuto 37:39) Defensa: El primero constitucional son derechos humanos y garantías individuales. Juez: Ahí establece que en cualquier parte del proceso pueda ofertar prueba. (minuto 37:49) Defensa: No se puede violentar señoría en cualquier etapa del procedimiento. (minuto 37:56) Juez: pero no lo dice así, verdad. Defensa: no. Juez: El debate se encuentra agotado. .licenciado puedo entender que podríamos tener campo fértil para celebrar algún acuerdo probatorio Defensa: Sí claro. Juez: .respecto de las pruebas que oferta el binomio de la defensa se hacen las siguientes manifestaciones no es dable admitir ninguno de los medios de comunicación ofertados en los términos siguientes y señor se lo explico directamente a usted efectivamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce a usted la posibilidad del derecho de ofertar y desahogar medios de prueba pertinentes que ofrece este este derecho constitucional está contenido en el apartado B en el artículo 20 fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual dice que de los derechos de toda persona imputadas que se le reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca concediéndole el tiempo que la ley estime necesario el efecto y auxiliar auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite en los términos que señale la ley esta disposición constitucional está reglamentada en donde en el Código Nacional de Procedimientos Penales, esa es la ley reglamentaria, precisamente de esta disposición constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales el proceso penal está dividido en distintas etapas y cada etapa; bien para en su caso la víctima u ofendido y asesor jurídico y también para el justiciable y su defensor, en este sistema acusatorio después de que se dicta un auto de vinculación a proceso se continúa con la investigación complementaria, ya por un tiempo muy definido, en el cual todas las partes tienen la obligación de, en su caso, incorporar datos de prueba a la carpeta de investigación o en el caso de la defensa inclusive de manera proactiva y directa el recabar los propios en ese periodo de investigación complementaria y solamente reportar de los mismos a través del descubrimiento probatorio al agente del Ministerio Público y/o asesor jurídico pero este periodo de investigación complementaria se debe de tomar con mucha seriedad porque y aquello que se pretenda llevar a juicio en su caso debe ser incorporado en ese periodo de investigación complementaria, por regla general, ofertado y admitido en su caso en la etapa intermedia para poder ser desahogado en juicio y la relevancia de esta investigación complementaria en la tenemos atendiendo a figuras jurídicas relevantes como es la prórroga del periodo de investigación complementaria cuando alguna de las partes ese primer periodo que se fijó en la audiencia de vinculación a proceso no le fue suficiente se le puede pedir al juez de control que prorrogue la investigación complementaria siempre y cuando no exceda de seis meses existe esa petición de prórroga de investigación complementaria hay otra figura también muy relevante que es la reapertura de la investigación cuando alguna de las partes le pidieron al ministerio público que desahoga que incorporara algún dato de prueba a la carpeta de investigación y este no lo hizo las a pesar de que si ya se haya cerrado la investigación complementaria y siempre y cuando no se haya presentado la acusación la ley permite que las partes le pidan al juez de control que combina el Ministerio Público a reaperturar esa investigación e incorporar esos datos de prueba aquí otra vez el legislador con esta figura de la reapertura de la investigación nos deja patente la importancia y la relevancia de ese periodo de investigación complementaria una vez que él concluye una vez que este periodo de investigación esté complementaria concluye. Ahora sí llegamos a la etapa intermedia y de manera consecuente de manera escalonada las partes procesales tienen distintas obligaciones en la fase escrita de la etapa intermedia primero el agente del Ministerio Público dentro de esos quince días posteriores cerrada la investigación complementaria debe de determinar si los datos de prueba que recabado o que fueron allegados le son suficientes para formular acusación tiene 15 días para eso o pedirle el sobreseimiento o la suspensión del proceso, pero bueno si el Ministerio Público en esos quince días no ejerce alguna de estas tres; estos tres supuestos que establece la ley; tiene consecuencias jurídicas sumamente relevantes porque si no cumple con esa obligación, el juez de control le llama la atención a través de su Superior jerárquico y se le dan quince días más, para que en su caso, haga lo propio directamente el fiscal General de Justicia o el servidor que en él delega la dicha responsabilidad y si no cumplen con esa obligación la consecuencia es decretar el sobreseimiento del asunto de ahí lo relevante de la actuación del ministerio público pero bueno si el Ministerio Público en esos 15 días cumple con esa acusación ahora ya la víctima u ofendido contarán con tres días para en su caso elegirse como acusadores coadyuvantes y o también ofertar prueba de manera directa solamente tienen ellos tres días para hacerlo concerniente no más si lo ofrecieran después de esa fecha créame que yo tampoco lo admitiría así como ocurrió en esta audiencia cuando el Ministerio Público el día de hoy quiso ofertar una documental y su propio abogado mencionaba que no fue en el término que tuvo el Ministerio Público bajo esos mismos argumentos también es que no le puedo admitir a usted la oferta de esos medios de convicción la ley establece en los numerales 337, 338, 339 y 340 esas actuaciones consecutivas que deben de llevar a cabo las partes en la audiencia, perdón en la fase escrita de la etapa este intermedia una vez que se vence el término de la víctima ofendido para erigirse como acusadores coadyuvantes empieza ya la actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia; y eso está reglamentado en numeral 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice dentro de los diez días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido el acusado o su defensor mediante escrito dirigido al juez de control; y efectivamente como lo dice su abogado dice "podrán" eso no significa que pueda ser en ese momento o en otro, sino que en un sistema acusatorio quien tiene la obligación de la carga de la prueba es el Ministerio Público y en su caso al binomio de la defensa no se le exige una participación activa; puede ver o puede existir una defensa pasiva porqué, porque ustedes no están obligados a probar nada, si no lo es el Ministerio Público, pero ese "podrán" significa eso que pueden ejercer ese derecho de ofrecer prueba o no; no puede ser entendido en el sentido de que puedan hacerlo en otro momento o al inicio de la audiencia intermedia; y esto también se entiende de mejor manera si recordamos que el día diecisiete de junio del año dos mil dieciséis, mediante una reforma publicada en el diario oficial de la federación ese artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales fue reformado; antes de esa reforma sí decía, palabras más palabras menos, que podían ejercer esa facultad en la fase escrita de la etapa intermedia o bien al inicio de la audiencia intermedia pero desde el año dos mil dieciséis, el legislador vedó esa posibilidad de que se haga en la audiencia oral y apropiadamente dicha; por tanto, se entiende que la intención del legisladores precisamente que se respeten los principios y los términos procesales a los cuales he estado haciendo alusión. Y ustedes no cumplieron con esa obligación de contestar por escrito la acusación; establece su defensor que eso no es causa atribuible a él, porque él apenas se designó la audiencia anterior, yo le comentaba señor desde la audiencia pasada que, usted es libre de elegir al defensor que quiere que lo represente; pero que su abogado, en todo caso, tomaba el asunto desde el punto en el cual aceptaba el cargo y que eso no significaba, bajo concepto alguno, que podamos retrotraernos etapas procesales ya superadas; pensar lo contrario, sería al grado tal, de que si hay un cambio de agente del Ministerio Público, el Ministerio Público me diga "oiga yo no quise acusar de esa manera, deme oportunidad de acusar como yo considero correspondiente"; o que exista, en estos momentos una designación de algún asesor jurídico particular y me diga "señor juez qué cree, que la víctima sí se quiere elegir como acusador coadyuvante, deme oportunidad de elegirme como acusador coadyuvante, porque yo no estaba nombrado como asesor jurídico en términos de lo que establece el 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales"; por tanto, se reitera no es dable admitir Ninguno de los medios de convicción afectados por parte del Binomio de la defensa en esta diligencia; esta determinación que tomo, de no admitirle sus medios de prueba, puede ser apelable por supuesto, usted y su defensor tendrán tres días posteriores este, a hoy, para en su caso, presente el recurso de apelación; y por tanto, no se admite medio de prueba de convicción alguno a la defensa particular; continuando con la explicación del auto de apertura el punto siguiente sería." 4. Inconforme con la determinación anterior, la defensa particular del aquí quejoso interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer al Tercer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, Estado de México, el cual radicó con el número de toca +++++ y que se resolvió en resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en el sentido de confirmar el auto de apertura a juicio oral en el que se excluyeron medios de prueba. 5. Contra dicha determinación, el disconforme promovió el juicio de amparo indirecto número +++++, de este índice, en que por un lado se sobreseyó en el juicio de amparo, por uno diverso, se otorgó el amparo para efectos. 6. Por lo que en cumplimiento de lo anterior, la Sala responsable emitió la determinación oral y escrita de diecisiete de agosto actual, en el sentido de confirmar el auto de apertura a juicio oral en el que se excluyeron medios de prueba. Esta última determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia de control constitucional. Hasta aquí los antecedentes fácticos jurídicos más relevantes del caso. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgador de oficio estima que respecto del auto de apertura a juicio oral emitido el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, emitido en la causa de control +++++, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que dispone: En atención a lo anterior, este juzgador considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]" Lo anterior es así, ya que resulta ser un hecho notorio, que en el diverso juicio de amparo +++++, del índice de este Juzgado de Distrito, fue promovido por el mismo quejoso quien señaló, entre otros, como autoridad responsable y acto reclamado, el auto de apertura a juicio oral emitido el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, emitido en la causa de control +++++, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; luego, el siete de julio de dos mil veintitrés se dictó sentencia, en la cual respecto del mismo, se actualizó la causa de improcedencia prevista en la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; asimismo, que ésta causó ejecutoria el veintiséis de julio siguiente. De ahí, es evidente que el acto reclamado en el presente juicio fue materia del diverso amparo promovido por el mismo quejoso, por lo que no puede ser impugnado en este juicio de amparo como ahora lo pretende, pues opera el principio de cosa juzgada. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2002272, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 524, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Es por ello, que impera el principio de cosa juzgada que impide analizar nuevamente el acto reclamado de referencia y evitar sentencias contradictorias; en efecto, en términos generales, evitar la duplicidad de procedimientos cuando en el primero de ellos se resuelve una cuestión jurídica, en que se determinó su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, máxime que tal determinación se realizó en atención a razones o circunstancias que lo hicieron inejercitable de modo absoluto; luego, para que surta efectos en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto y aquel en que ésta sea invocada, concurran identidad de cosas, causas y personas de los litigantes, así como la calidad con que contendieron y no puede negarse la influencia que ejerce la cosa juzgada del pleito anterior sobre el que pretende a fallarse, la cual es refleja. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista por la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento respecto del acto reclamado de referencia, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Consecuentemente, al no existir diversa causa de improcedencia hecha valer, y de igual manera, este Juzgador no advierte el análisis oficios de alguna de ellas, procede al estudio de fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. No es necesaria la transcripción de los conceptos de violación expresados por el accionante del juicio constitucional, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia número 58/2010 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de fondo del asunto. El análisis de los argumentos se llevará a cabo de forma conjunta y temática, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo. La parte quejosa adujo, en esencia, que la autoridad responsable vulnera sus derechos fundamentales consagrados en los preceptos 1, 14, 16, 17 y 20 constitucionales; así como de los artículos 2, 8.2 inciso c) y f), 29, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos pues la resolución reclamada resulta contraria a lo dispuesto por los artículos 337 párrafo tercero y cuarto, 341 párrafo in fine y 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no se garantizaron sus derechos fundamentales de acceso e impartición a la justicia, su garantía de audiencia, defensa adecuada, principio pro persona a su favor, así como a la legalidad, así como la debida fundamentación y motivación, dejándolo en estado de indefensión, en virtud de lo siguiente: Que la responsable no estudió ni analizó la videograbación de la audiencia intermedia de veintiuno de febrero actual, donde se hizo el descubrimiento probatorio tres días antes de la celebración de la audiencia intermedia, por tanto era procedente admitir los datos de prueba consistente en las tres periciales ofrecidas por su defensa. En su conjunto dichos motivos de reclamo resultan infundados. A efecto de justificar la calificación anterior, es pertinente destacar que, el numeral 20, apartado B, fracción IV, Constitucional, dispone: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: . B. De los derechos de toda persona imputada:. IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, CONCEDIÉNDOSELE EL TIEMPO QUE LA LEY ESTIME NECESARIO AL EFECTO y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALE LA LEY; El artículo transcrito regula como garantía de seguridad jurídica que el proceso penal será acusatorio y oral, así como que se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Entre otros, en su apartado B, fracción IV, se prevé el derecho a la prueba de toda persona imputada, pues establece que se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca y se le deben facilitar todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. En los términos que señale la ley; esto es, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, los numerales 334, 337, 340 y 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: ".Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. Artículo 337. Descubrimiento probatorio El descubrimiento probatorio consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso, los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio. En el caso del Ministerio Público, el descubrimiento comprende el acceso y copia a todos los registros de la investigación, así como a los lugares y objetos relacionados con ella, incluso de aquellos elementos que no pretenda ofrecer como medio de prueba en el juicio. En el caso del imputado o su defensor, consiste en entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público a su costa, y acceso a las evidencias materiales que ofrecerá en la audiencia intermedia, lo cual deberá realizarse en los términos de este Código. El Ministerio Público deberá cumplir con esta obligación de manera continua a partir de los momentos establecidos en el párrafo tercero del artículo 218 de este Código, así como permitir el acceso del imputado o su Defensor a los nuevos elementos que surjan en el curso de la investigación, salvo las excepciones previstas en este Código. La víctima u ofendido, el asesor jurídico y el acusado o su Defensor, deberán descubrir los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia del juicio, en los plazos establecidos en los artículos 338 y 340, respectivamente, para lo cual, deberán entregar materialmente copia de los registros y acceso a los medios de prueba, con costo a cargo del Ministerio Público. Tratándose de la prueba pericial, se deberá entregar el informe respectivo al momento de descubrir los medios de prueba a cargo de cada una de las partes, SALVO QUE SE JUSTIFIQUE QUE AÚN NO CUENTA CON ELLOS, CASO EN EL CUAL, DEBERÁ DESCUBRIRLOS A MÁS TARDAR TRES DÍAS ANTES DEL INICIO DE LA AUDIENCIA INTERMEDIA. En caso que el acusado o su defensor, requiera más tiempo para preparar el descubrimiento o su caso, podrá solicitar al Juez de control, antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia, le conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos. Artículo 340. Actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su Defensor, mediante escrito dirigido al Juez de control, podrán: I. Señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante y si lo consideran pertinente, requerir su corrección. No obstante, el acusado o su Defensor podrán señalarlo en la audiencia intermedia; II. OFRECER LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE PRETENDA SE DESAHOGUEN EN EL JUICIO; III. Solicitar la acumulación o separación de acusaciones, y IV. Manifestarse sobre los acuerdos probatorios. El escrito del acusado o su Defensor se notificará al Ministerio Público y al coadyuvante dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación. Artículo 346. Exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el Juez de control ordenará fundadamente que se EXCLUYAN de ser rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes supuestos: I. Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, en virtud de ser: a) Sobreabundante: por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial o documental, que acrediten lo mismo, ya superado, en reiteradas ocasiones; b) Impertinentes: por no referirse a los hechos controvertidos, o c) Innecesarias: por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos; II. Por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales; III. Por haber sido declaradas nulas, o IV. Por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este Código para su desahogo. En el caso de que el Juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante, dispondrá que la parte que la ofrezca reduzca el número de testigos o de documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias con la materia que se someterá a juicio. Asimismo, en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, el Juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima. La decisión del Juez de control de exclusión de medios de prueba es apelable." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, se advierte que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. En la primera, se lleva a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba, esto es, por escrito ante el Juez de control en términos del artículo 340 de dicho ordenamiento. Por su parte, el diverso numeral 337 regula el descubrimiento probatorio, que consiste en la obligación del imputado o defensor de entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público y acceso a las evidencias materiales que ofrecerá en audiencia intermedia; así como que el acusado o su defensor deberá descubrir los medios de prueba que pretenda ofrecer en la audiencia de juicio. De ahí que el imputado debe ofrecer los medios de prueba que pretenda desahogar en el juicio oral en el plazo de diez días siguientes a que fenezca el señalado para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, a que se refiere el primer párrafo del citado numeral 340 del código citado, ya que de no hacerlo así, deben excluirse, pues brindar la posibilidad de ofrecer los medios de prueba como lo pretenden el imputado y su defensor, esto es, con base en el último párrafo del artículo 337 de la ley procesal, que dispone que en caso de que éstos requieran más tiempo para preparar el descubrimiento o su caso, podrán solicitar al Juez de control, antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia, que les conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos, se le daría un trato procesal diferente al órgano acusador y a la parte ofendida, lo cual está prohibido por el principio de igualdad procesal que impera en el sistema procesal penal acusatorio y oral. Máxime que se perdería de vista que el ofrecimiento de medios de prueba y el descubrimiento probatorio son momentos procesales diversos, porque en la primera fase de la etapa intermedia es donde se lleva a cabo ese ofrecimiento, lo que es diferente a lo previsto en el diverso 337 indicado, es decir, el descubrimiento probatorio, mismo que deberán realizar las partes procesales durante la celebración de la audiencia intermedia, una vez que ya fueron ofrecidos esos medios ante la autoridad jurisdiccional en sus respectivas contestaciones a la acusación planteada por el Ministerio Público. Por tanto, aun cuando existe un margen de ofrecimiento y admisión de medios de prueba, la revisión sobre su incorporación debe ser puntual y estricta, esto es, debe sujetarse a los presupuestos procesales que rigen la función jurisdiccional, dentro de los cuales están los plazos inscritos en la ley, por lo que las PARTES DEBEN SUJETARSE A LAS FORMALIDADES QUE AL RESPECTO ESTABLECE LA LEGISLACIÓN APLICABLE. Sirve de apoyo en lo sustancial, el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Registro digital: 2026204, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): Penal, Tesis: I.4o.P.11 P (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Marzo de 2023, Tomo IV, página 3853, Tipo: Aislada, de rubro y texto: "DESCUBRIMIENTO PROBATORIO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LA DEFENSA TIENE LA CARGA DE LLEVAR EL REGISTRO DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE REALICE Y, EN CASO DE ESTAR RELACIONADOS CON ALGÚN MEDIO DE PRUEBA QUE OFRECERÁ EN LA ETAPA INTERMEDIA, DESCUBRIRLOS PARA QUE LAS PARTES PUEDAN ALEGAR ALGUNA CAUSA DE EXCLUSIÓN PROBATORIA EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA O PREPARAR OPORTUNAMENTE SU EXAMEN Y CONTRAEXAMEN EN EL JUICIO ORAL. Hechos: En la audiencia intermedia el Juez de Control excluyó las testimoniales ofrecidas por la defensa del acusado, al considerar que no realizó su descubrimiento probatorio en la forma y plazos establecidos en los artículos 337 y 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que no entregó al Ministerio Público copia de las entrevistas realizadas a sus testigos; decisión que fue confirmada en apelación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para cumplir con el principio de contradicción que rige al proceso penal acusatorio, la defensa del acusado tiene la carga de llevar el registro de los actos de investigación que realice y, en caso de estar relacionados con algún medio probatorio que ofrecerá en la etapa intermedia, descubrirlos a su contraparte a través de la entrega material de la copia de las entrevistas, informes periciales o documentales, así como dar acceso a la evidencia material que pretenda ofrecer para ser desahogada en el juicio oral, lo cual debe realizarse dentro de los plazos establecidos para tal efecto, a fin de que las partes puedan alegar alguna causa de exclusión probatoria en la audiencia intermedia, o bien, preparar oportunamente su examen y contraexamen en el juicio oral. Justificación: El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el proceso penal acusatorio se regirá, entre otros, por el principio de contradicción que instituye, entre otras cosas, que las partes deben conocer los medios de prueba para estar en posibilidad de controvertirlos y contradecirlos. Por su parte, el artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales regula el descubrimiento probatorio que consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso los medios de prueba que pretenden ofrecer en la audiencia de juicio oral. Para el acusado y su defensa consiste en entregar materialmente copia de los registros y acceso a las evidencias materiales que ofrecerán en la audiencia intermedia, con costo a cargo del Ministerio Público, dentro del plazo que establece el artículo 340 de la legislación citada. En ese sentido, la defensa del imputado tiene la obligación de llevar el registro de los actos de investigación que realice y, en caso de tener relación con algún medio probatorio que ofrezca en la etapa intermedia, descubrirlos a su contraparte a través de la entrega material de la copia de las entrevistas realizadas a sus testigos y, de ser documentales o periciales, compartir copia de esos documentos y del informe pericial respectivo, así como permitir el acceso a la evidencia material que pretenda ofrecer para ser desahogada en el juicio oral, a fin de que las partes, en atención al principio de contradicción, puedan alegar alguna causa de exclusión probatoria en la audiencia intermedia, o bien, preparar oportunamente su examen y contraexamen en el juicio oral." Ahora, la responsable, en esencia, al emitir el acto reclamado hizo patente que, acorde con el desarrollo de la audiencia intermedia de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en relación con los numerales 337, 340 y 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ante a los agravios expuestos por el inconforme -aquí quejoso-, que calificó de infundados, en virtud de que del contenido de los argumentos expuestos por el Juzgador natural, advirtió que el sustento toral de la exclusión que realizó de las periciales en materia de psicología, especializado en género, impresión diagnóstica, así como en mecánica o cinética de lesiones y ginecología forense, ofrecidas por parte de la defensa, lo fue: Que no se cumplió con el descubrimiento probatorio por escrito dentro del término para ello establecido por el código procesal penal aplicable. Que tampoco se realizó en las subsiguientes oportunidades que la propia normatividad le brindan a fin de garantizar una defensa adecuada; y por tanto, el proceder del A quo no irroga perjuicio alguno a los derechos fundamentales del recurrente. Asimismo, reseñó que: El veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, ante el Juzgado de control del Distrito Judicial de Toluca, México, la Fiscalía presentó, por escrito, acusación contra el aquí quejoso, por la comisión del hecho delictuoso de violación, en agravio de la víctima persona menor de edad del sexo femenino de identidad resguardada; previsto y sancionado por los artículos 273 párrafos primero y quinto del Código Penal del Estado de México en vigor, con motivo de lo cual se emitió en la misma data el acuerdo respectivo en el que esencialmente se proveyó: Tener por presentada la acusación en los términos plasmados en líneas que preceden. Señalar fecha para la celebración de la audiencia intermedia correspondiente. Se hizo saber a las partes el deber de llevar a cabo el descubrimiento probatorio en los términos y plazos legales establecidos. La posibilidad de que excepcionalmente la víctima, el asesor jurídico, la acusada o su defensa, pudieran realizar el descubrimiento probatorio a más tardar tres días antes de la celebración de la audiencia fijada. La posibilidad de que la defensa solicitara un plazo mayor para realizar el descubrimiento probatorio tras haber concluido aquél para la coadyuvancia de la víctima; y El derecho de la defensa para llevar a cabo cualquiera de los actos procesales contenidos en el numeral 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor; entre ellos el ofrecimiento de pruebas (fracción III ibídem). Actuación que se notificó a las partes procesales el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, y que a partir de esa data comenzó el plazo para que las partes cumplieran, o bien, ejercieran los actos procesales contenidos en el auto respectivo. Luego, que se difirió en diversas ocasiones las audiencias intermedias de continuación de juicio por insistencias de las partes y posible procedencia de un medio de solución alterno al conflicto respectivamente. Que el siete de febrero de dos mil veintitrés, concluyó el plazo para la coadyuvancia de la víctima, y por ende, aquél para el descubrimiento probatorio; y se verificó la audiencia que ante la designación por parte del imputado de defensor privado quien solicitó fuera suspendida a efecto de que se impusiera de las constancias que la Fiscalía le corriera traslado; con lo que se garantizó el derecho a una adecuada defensa del acusado. Posteriormente, en audiencia de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en que se debatió la acusación, corrigieron los vicios formales, se continuó con la depuración probatoria, en que la Representación Social y el Asesor Jurídico se opusieron a la admisión de las periciales ofertadas por la defensa por no haberse llevado a cabo el descubrimiento probatorio dentro del término legal correspondiente, esto es, dentro de los diez días siguiente a que feneció el plazo de tres días para la coadyuvancia del representante legal de la víctima, o bien, excepcionalmente dentro de los tres días previos a que la celebración de esa audiencia; por tanto se excluyeron los medios de prueba por incumplir con las formalidades que para su ofrecimiento fueron estipuladas en el acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós y atendiendo a los lineamientos para ello establecidos en los numerales aplicables de la codificación sustantiva. La responsable sostuvo que el proceder del A quo al excluir las pruebas ofrecidas por la defensa no resultaba violatoria de los derechos fundamentales del imputado, particularmente del de defensa, así como tampoco de las reglas del debido proceso y menos aún implicaba una inexacta o indebida aplicación de la ley penal; en virtud de que se dio la oportunidad al acusado y a su defensa de llevar a cabo el descubrimiento probatorio por escrito hasta antes de la celebración de la audiencia intermedia del veintiuno de febrero de dos mil veintitrés y, por ende, ejercer su derecho a ofrecer las pruebas que estimara pertinentes conforme así se dispone en los artículos 337 y 340 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, sin que así lo verificara; no obstante que se amplió ese plazo, pues se les concedió uno mayor ante la designación de defensor privado por parte del imputado en la diversa diligencia del siete de febrero del año en curso; o bien, en su caso llevar a cabo el descubrimiento probatorio hasta tres días antes de que se verificara la primera de las audiencias intermedias referidas, tal y como lo dispone el artículo 337 párrafo tercero de la codificación procesal penal en cita, sin que lo llevara a cabo. Asentó que el A quo, observó el principio de igualdad procesal, al excluir los medios de prueba ofertados por la defensa, lo cual no es violatorio del derecho de defensa del imputado, al advertirse las mismas oportunidades y términos a las partes para llevar a cabo su descubrimiento probatorio y el ofrecimiento correspondiente e incluso al órgano de defensa dos oportunidades más para ello, ante el nombramiento de nuevo defensor privado, no obstante lo cual, éste no cumplió con las disposiciones a ese respecto establecidas en los numerales 337, 338 y 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, al dejar de hacer del conocimiento de su contra parte en los plazos legales establecidos e incluso en aquellos que excepcionalmente le brindó la Juez de primer grado, las pruebas que pretendía desahogar en juicio. Que se actualizó la hipótesis legislativa contenida en la fracción IV del numeral 346 del cuerpo legal en cita, para excluir del desfile probatorio que habría de llevarse a cabo en juicio, las periciales ofertadas por la defensa, al contravenir las disposiciones contenidas en la ley nacional adjetiva penal en vigor, para su desahogo, específicamente que se dieran a conocer previamente a la Fiscalía y el asesor jurídico dentro de los términos legalmente establecidos por la normatividad procesal aplicable para poder pronunciarse sobre su pertinencia e incluso controvertirlas; lo cual no puede ser soslayado so pretexto de garantizar un adecuada defensa del imputado, pues considerarlo así, se vulnerarían las prerrogativas de igualdad procesal, en específico en detrimento de la víctima. Concluyó, que dicha exclusión estaba debidamente fundada y motivada, que no trastocó la esfera jurídica del recurrente, y por ende, comparte el criterio del A quo en cuanto al sentido del fallo combatido. Asimismo, y atención a los agravios formulados por la defensa del imputado, resaltó que la construcción semántica y gramatical de la hipótesis legislativa contenida en el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, si bien se aprecia como parte integrante de la misma el vocablo "podrá", el cual por su connotación lleva implícita la facultad potestativa a que alude como agravio la defensa, de contestar por escrito la acusación y ofrecer las pruebas que pretenda desahogar en juicio; también lo es que, se observa la temporalidad en que ello debe acontecer, esto es, dentro de los diez días siguientes a que fenezca el término para la coadyuvancia; y que, es inconcuso que esa determinación de tiempo, de acuerdo con la construcción sistemática de dicho precepto, constituye un presupuesto para el ejercicio del derecho de las partes, entre ellas del órgano de defensa, que dentro de los diez días siguientes a que este feneciera para la coadyuvancia; destacando que ese plazo no queda supeditado a que los oferentes lo realicen o no dentro de ese término como erróneamente lo pretendía el apelante. Por lo que, sostuvo que el Juez de origen de manera correcta excluyó las pruebas periciales ofrecidas por la defensa, al no haberse ofertado dentro de los diez días siguientes a que feneció el plazo incluso para la coadyuvancia, o bien, dentro de los tres días anteriores a la audiencia respectiva; lo que asentó que no resulta violatorio de la garantía de defensa de la que goza el impugnante. La responsable resaltó que, de las constancias que obran en la plataforma digital del sistema de gestión judicial penal, se advertía que el defensor privado del acusado que llevó a cabo el ofrecimiento probatorio que dio origen al fallo combatido, fue designado por éste cuando ya había concluido el término que establece el numeral 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor; pero que en la audiencia del siete de febrero del año en curso, el A quo, en atención a ello, en aras de garantizar una defensa adecuada del acusado y la petición que le formuló el profesionista respetivo, autorizó la ampliación por diez días más ese plazo, no obstante lo cual, el nuevo defensor privado no llevó a cabo el ejercicio respectivo con las formalidades establecidos en el numeral 337 párrafo tercero del cuerpo legal en cita, para las pruebas periciales que ofreció, esto es, no entregó los informes respectivos dentro de esa temporalidad, o bien, de manera extraordinaria tres días antes de la celebración de la audiencia que dio origen al auto recurrido, pues no obraba constancia alguna que así lo revelara, y menos aún, manifestación alguna en ese sentido por parte del órgano de defensa. Por todo ello, el Tribunal de Alzada, consideró que la exclusión que de esos medios de prueba llevó a cabo el Juez ordinal al tenor de esas premisas no resultaba violatorio de los derechos fundamentales del apelante. Sentado lo anterior, conviene retomar que con los datos de prueba ofertados por la defensa del quejoso se pretende justificar su Teoría del Caso, consistentes en: 1) Meta pericial en materia de psicología a cargo de psicóloga +++++(consistente en informe especializado en género) de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés; 2) Meta pericial en materia de psicología (impresión diagnóstica) a cargo de psicóloga +++++de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés; 3) Meta pericial en materia de mecánica y/o cinética de lesiones de ginecología forense a cargo del médico +++++de quince de febrero de dos mil veintitrés. Con las que, la defensa aduce que se analizará el informe especializado de género realizado por la licenciada en psicología +++++, y que se establecerá si el objetivo planteado por esa licenciada fue cumplido; también, se hará un análisis de esa impresión diagnóstica, se establecerá si el objetivo planteado por el licenciado en psicología +++++fue cumplido, así como el grado de consistencia de esos testimonios; finalmente, se depondrá si la menor fue examinada correctamente, se narrará si presentó datos de penetración por vía vaginal. Como se puede ver, contrario a lo que aduce la parte quejosa en sus motivos de disenso, acorde con el marco normativo ya asentado, la defensa del imputado no realizó su descubrimiento probatorio en la forma y plazos establecidos en el numeral 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el proceso penal acusatorio se regirá, entre otros, por el principio de contradicción que instituye, entre otras cosas, que las partes deben conocer los medios de prueba para estar en posibilidad de controvertirlos y contradecirlos; mismo que obra en los artículos 337, 340 y demás relativos, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En virtud de que, como se advierte de los antecedentes transcritos, en la propia audiencia intermedia de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, la defensa de la parte quejosa, pretendió incorporar las periciales que anunció, fuera de los términos legales procedentes; lo cual, no conlleva una vulneración a sus derechos fundamentales, porque estas probanzas se pretenden incorporar a la litis fuera de los plazos legales estipulados en la Carta Magna y en la codificación procesal referida, según los preceptos citados con antelación. Por lo que, se hace hincapié en que el imputado y su defensa, debieron ofrecer los medios de prueba que pretendían desahogar en el juicio oral en el plazo de diez días siguientes a que fenezca el señalado para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, y no como lo realizaron, en la propia audiencia intermedia; por tanto, no resulta violatorio de sus derechos fundamentales que se estimara a su exclusión. Máxime, que un trato procesal diferente está prohibido en la Constitución por el principio de igualdad procesal que impera en el sistema procesal penal acusatorio y oral. Se destaca que, si bien el ofrecimiento de las pruebas por parte de la defensa fue extemporáneo, también, ello se debió a la actuación de su abogado, lo cual no implica una vulneración a sus derechos, ya que no puede llegarse al extremo de imponer al juzgador la carga de evaluar los métodos que el defensor emplea para lograr su cometido de representación, toda vez que el examen sobre si éste efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses del inculpado, escapa a la función jurisdiccional, pues eso rompería con el principio de libertad probatoria e igualdad de las partes. Sirve de orientador, en lo conducente, el criterio de Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, Registro digital: 2017158, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, Tesis: XXII.P.A.22 P (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, página 2967, Tipo: Aislada, de rubro y texto: "DEFENSA TÉCNICA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. LA FALTA DE ÉXITO DE LA TEORÍA DEL CASO PLANTEADA POR EL DEFENSOR DEL IMPUTADO, DERIVADA DE SU ACTUACIÓN, NO IMPLICA UNA VULNERACIÓN A ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. La tutela del derecho de defensa técnica adecuada del imputado en un proceso penal acusatorio, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado armónicamente con los artículos 8, numeral 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, implica analizar su contenido formal y material, a la luz de los principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad, inmersos en el artículo 1o. de la Constitución Federal, lo que impone a las autoridades la obligación de verificar que toda sentencia condenatoria derive de un procedimiento justo, en igualdad de condiciones para el imputado, respecto del órgano acusador, por lo que el órgano de control debe estar al tanto de que no exista en el defensor una actitud pasiva del tal magnitud que sea tan evidente que prive de contenido material a este derecho fundamental, siendo que debe repararse esa violación, cuando ésta haya trascendido al sentido del fallo reclamado. Sin embargo, la falta de éxito de la teoría del caso planteada por su defensor, derivada de su actuación, no implica una vulneración a este derecho, ya que no puede llegarse al extremo de imponer al juzgador la carga de evaluar los métodos que el defensor emplea para lograr su cometido de representación, toda vez que el examen sobre si éste efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses del inculpado, escapa a la función jurisdiccional, pues eso rompería con el principio de libertad probatoria. Por otro lado, manifiesta en sus conceptos de violación que se debieron admitir las pruebas ofertadas, máxime que tres días previos a que ésta diera inicio, se hizo el descubrimiento probatorio a la representación social y al asesor jurídico. Tal alegación resulta infundada. A efecto de justificar la calificación anterior, es pertinente destacar que al respecto, el artículo 340 del código adjetivo de la materia, establece en sus fracciones I y IV, que en favor del acusado o su defensor en un plazo de diez días posteriores a que haya fenecido el término para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, podrá señalar, entre otros actos, vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante y si lo considera pertinente, requerir su corrección, sin perjuicio de que puedan señalarlo en la audiencia intermedia. Ello en virtud, de que el acusado esté en aptitud de preparar su defensa con base en lo expuesto en el escrito de acusación respectivo, en la medida en que el procesado al conocer el contenido de la acusación pueda defenderse en forma efectiva en condiciones de igualdad procesal, para deducir sus derechos oportunamente, esto es, dentro de los términos legales apuntados. Sirve de sustento, en lo sustancial, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2020668, Décima Época, Materias(s): Penal, Tesis: 1a. LXXXVI/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 119, de rubro y texto: "EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA PREVENCIÓN QUE REGULA EL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES CUANDO EL FISCAL NO FORMULA ACUSACIÓN, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL. El citado precepto al prever la vista al Procurador en caso de que el Ministerio Público haya omitido solicitar de manera parcial o total el sobreseimiento, la suspensión del proceso o formular acusación en contra del imputado, no provoca que la oportunidad para sostener la acusación se realice en condiciones de desigualdad procesal. Ahora bien, lo previsto en el artículo 336 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es relevante, porque dispone que una vez presentada la acusación, sin perjuicio de que haya sido formulada por el Fiscal o el Procurador, el Juez de control debe ordenar su notificación a las partes al día siguiente y se les entregará copia de la acusación; por su parte, el diverso numeral 340 del aludido ordenamiento procesal, regula que el acusado o su defensor en un plazo de diez días posteriores a que haya fenecido el término para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, podrá señalar, entre otros actos, vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante y si lo considera pertinente, requerir su corrección, sin perjuicio de que puedan señalarlo en la audiencia intermedia. En ese tenor, al margen de que sea el Fiscal o el Procurador quien formule acusación, el legislador estableció las condiciones necesarias para que el acusado esté en aptitud de preparar su defensa con base en lo expuesto en el escrito de acusación respectivo, es por ello que la vista al Procurador no genera un desequilibrio procesal, en la medida en que el procesado al conocer el contenido de la acusación puede defender sus intereses en forma efectiva en condiciones de igualdad procesal, esto es, sin restricciones, de manera que, la circunstancia de que la acusación la formule el Procurador, no origina indefensión alguna para deducir sus derechos oportunamente". Asimismo, y respecto a la manifestación del disconforme en el sentido de que contrario a lo sostenido por el Tribunal de Alzada, el Juez de Control condicionó la admisión de las periciales que su defensa pretende desahogar, pues el Juzgador fue omiso en aplicar la reglas especiales de la prueba pericial, contenidas en los artículos 337 párrafo tercero y cuarto y 341 párrafo in fine del código procesal aplicable. Devienen infundadas esas manifestaciones, en virtud de que, el solicitante del amparo, parte de una premisa errónea, ello toda vez que el numeral 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, transcrito en párrafos precedentes, establece que tratándose de la prueba pericial, se deberá entregar el informe respectivo al momento de descubrir los medios de prueba a cargo de cada una de las partes; asimismo, la única salvedad que indicia ese precepto, es que se justifique que aún no se cuenta con ese informe, y que solo en ese supuesto, se deberá descubrir, más tardar, tres días antes del inicio de la audiencia intermedia. Lo que implica, que su ofrecimiento se debió realizar en el término legal descrito, esto es, dentro de los diez días que la ley establece; y que lo único que está pendiente de ser entregado a las partes en esa audiencia, es el informe respectivo, al momento de descubrir los medios de prueba a cargo de cada una de las partes. Y en ese supuesto, esto es, al momento de alguna de las partes justifique, que aún no cuenta con ese informe, ésta lo deberá descubrir, más tardar, tres días antes del inicio de la audiencia intermedia. Bajo esa premisa, ningún supuesto implica que el ofrecimiento de la pericial se pueda realizar tres días antes de la audiencia en que se van a descubrir los datos de prueba; sino únicamente es el referido informe el que se puede entregar tres día antes de la audiencia, incluso se señala que si ese tiempo no fuera basto para exhibirlo, puede solicitarse y otorgarse una prórroga justificada con la única finalidad de presentarlo. Máxime, que no se advierte que la defensa después de imponerse de los autos, dentro del término establecido, hubiera ofertado las pruebas periciales que pretende se integren a la litis, así como haber solicitado una prórroga para tal efecto. Si bien, refiere que la responsable no atendió que la defensa en la audiencia de veintiuno de febrero actual, le manifestó ante el Juez de Control que tres días antes de la celebración de la audiencia descubrió ante la representación social y el asesor jurídico las pruebas periciales en comento, también lo es que, no exhibió constancia alguna que así lo revelara, sino que solo obra la manifestación de la defensa, sin que exista un dato fehaciente que permita advertir que realizó el descubrimiento en los términos a que se refiere la ley. Sirve de orientador, el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Registro digital: 2021104, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Penal, Tesis: I.4o.P.32 P (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2337, Tipo: Aislada, de rubro y texto siguientes: "DESCUBRIMIENTO PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONFORME AL ARTÍCULO 337 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO, EL ASESOR JURÍDICO, EL ACUSADO O SU DEFENSOR, DEBEN REALIZARLO A MÁS TARDAR TRES DÍAS ANTES DEL INICIO DE LA AUDIENCIA INTERMEDIA, DE LO CONTRARIO, PRECLUYE SU DERECHO A OFRECERLA. El precepto citado regula la fase de descubrimiento probatorio, la cual consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso, los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio. En ese sentido, en el caso de la víctima u ofendido, el asesor jurídico y el acusado o su defensor, deberán descubrir los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia del juicio, en los plazos establecidos en los artículos 338 y 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, en cuanto al ofrecimiento de la prueba pericial, se deberá ENTREGAR EL INFORME respectivo al momento de descubrir los medios de prueba a cargo de cada una de las partes, salvo que se justifique que aún no cuenta con ellos, caso en el cual, deberá descubrirlos a más tardar tres días antes del inicio de la audiencia intermedia, pero en el supuesto de que el acusado o su defensor requieran más tiempo para preparar el descubrimiento o su caso, podrá solicitar al Juez de control, antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia, que le conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos; consecuentemente, si el descubrimiento se realiza fuera del plazo establecido, conlleva que se tenga por precluido el derecho para ofrecer la prueba pericial en cualquier otro momento procesal dentro de esa fase intermedia. Ahora, el artículo 341 del mismo cuerpo de leyes, establece que la citación a la audiencia, la debe establecer el Juez de control, en el mismo auto en que tenga por presentada la acusación del Ministerio Público, y señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a treinta ni exceder de cuarenta días naturales a partir de presentada la acusación. Asimismo, que previa celebración de la audiencia intermedia, el Juez de control podrá, por una sola ocasión y a solicitud de la defensa, diferir, hasta por diez días, la celebración de la audiencia intermedia. Para tal efecto, la defensa deberá exponer las razones por las cuales ha requerido dicho diferimiento. Luego, en ese numeral tampoco se contempla que la prueba pericial se deba admitir una vez transcurrido el término legal para su ofrecimiento. De ahí lo infundado de las alegaciones del disconforme. En consecuencia, la determinación que confirma el auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en que se excluyeron los datos de prueba ofertados por la defensa de la parte quejosa, aquí reclamado se ajusta al marco normativo constitucional y legal que regula su emisión. Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación que se hicieron valer por la parte quejosa, ni advertirse materia para suplir la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo solicitado. Negativa que atendiendo a la técnica que rige el juicio de amparo indirecto, se hace extensiva al acto de ejecución reprochado al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por no combatirse por vicios propios, sino como consecuencia de la determinación mencionada en el párrafo anterior. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia 91, visible en la página 72, en el Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por +++++, en contra del acto reclamado del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, consistente en el auto de apertura a juicio oral emitido el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, emitido en la causa de control +++++, por los motivos asentados el considerando quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a +++++, contra la resolución dictada por el Tercer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, Estado de México, el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación +++++, y su ejecución, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de septiembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Visto el estado de autos de los cuales se advierte que en proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés, causó estado el auto por el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, y se ordenó el archivo del presente sumario; asimismo, se reservó acordar lo conducente respecto al destino del incidente de suspensión, toda vez que se encontraba pendiente de resolver el recurso de revisión hecho valer por el Director General de Amparos contra Actos Administrativos, en representación del Presidente de la República, el Subdirector Fiscal Federal de Amparos, contra la resolución interlocutoria de ocho de diciembre de dos mil veintidós, el cual quedó registrado con el número de amparo en revisión 70/2023 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez. Ahora bien, atento a lo anterior, así como de la copia de la promoción con folio interno 13842, se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, resolvió el recurso de queja citada en el párrafo que antecede, se levanta la reserva de ocho de agosto de este año y provee lo conducente. En acatamiento al artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; una vez que transcurran tres años de archivado el presente expediente, es susceptible de ser conservable el cuaderno único del incidente, pues se concedió la suspensión definitiva; sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno y una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO Intégrese el oficio a través del cual la Presidenta del Tercer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, Estado de México, rinde su informe justificado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. PRUEBAS Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la oficiante el disco óptico que adjunta, la que dada su naturaleza se tiene por admitida y desahogada para dar cuenta con ella en la audiencia constitucional. EMPLAZAMIENTO TERCERO INTERESADA VÍCTIMA DE IDENTIDAD RESGUARDADA Ahora, de conformidad con el inciso c), fracción III, del artículo 5° de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercero interesado a la víctima de identidad resguardada con iniciales ++++, quien fue representada en el toca de origen, por la Asesoras Jurídicas +++++ y ++++++, quienes se encuentran adscritas a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, Subdirección Regional del Valle de Toluca. Por tanto, se comisiona a uno de los actuarios para que se constituya en las instalaciones de dicha comisión y emplace a juicio a la víctima de identidad resguardada con iniciales ++++, a través de sus asesoras jurídicas, corriéndole traslado con copia autorizada de la demanda de amparo, auto admisorio, informes justificados y de la presente determinación. De igual forma, deberá requerirle, para que en el momento de dicha diligencia o dentro del plazo de tres días legalmente computados, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad o su zona conurbada, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se les realizarán por medio de la lista que se publica en este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo. EXHORTO A LA PARTE TERCERO INTERESADA PARA SEÑALAR USUARIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se exhorta a la parte tercero interesada para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, designe un usuario debidamente registrado en el registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones de carácter personal. INSTRUCCIONES PARA LA CREACIÓN DE USUARIO ELECTRÓNICO A fin de realizar lo anterior, deberá crear su usuario electrónico y tramitarse la firma electrónica vigente (FIREL), así como, solicitarse la autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal, debiendo indicar el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Para lo cual deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". / Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. / Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. .

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano