Diego García Mozo

Expediente 855/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 85 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
855/2021
Año
2021
Actuaciones
85
Última actuación
25/11/2022

Partes del expediente

  • Diego García Mozo
  • Diego García Mozo y Otros.
  • Eliseo Isaías Vásquez Gutíerrez (30/08/2021, por no presentada)
  • Eliseo Isaías Vásquez Gutíerrez (30/08/2021, por no presentada) y Otros.
  • Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca
  • Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ciudad de México (ampliación 15/03/2022)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 85.

  1. Principal

    PRAL 855/2021 MESA 3* AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con diecinueve minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 855/2021, como se ordenó en acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, Ponciano Velasco Velasco, titular de Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por ***** y *****, por propio derecho y demás constancias de autos, e informa que no existe documento alguno con el cual deba darse cuenta. Además, se hace constar que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenidos en los artículos 68 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que se hizo de su conocimiento en auto de admisión. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. ETAPA PROBATORIA. Acto continuo, abierto el periodo probatorio, se hace constar que la parte quejosa ofreció como medios de convicción:  Copia certificada de la credencial de elector de *****.  Copia certificada de la credencial de elector de*****.  Impresión de siete imágenes fotográficas.  Impresión de cinco imágenes de localización.  Inspección judicial.  Pericial en materia de impacto ambiental.  Instrumental de actuaciones.  Presuncional legal y humana. Las autoridades responsables: El gobernador del Estado de Oaxaca, por conducto del director General de Trámite y Substanciación de Procesos Jurídicos, por instrucciones del consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, ofreció como medios de convicción: a) Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios (Tarjeta de autorización) de uno de junio de dos mil veintiuno. El director Jurídico y representante legal de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) remitió copia certificada del: a) Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios (Tarjeta de autorización) de uno de junio de dos mil veintiuno. b) Oficio SGPA/DGIRA/DG/04492 de veintidós de junio de dos mil dieciocho, relativo a la exención de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental, expedida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para llevar a cabo la Modernización del Proyecto denominado "Ampliación y Modernización de la Carretera No.175 (Oaxaca-Puerto Ángel) del Km. 1+000 al Km. 6+300, Ent. Aeropuerto, Estado de Oaxaca", ubicado en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y San Agustín de las Juntas, en el Estado de Oaxaca. c) Oficio SGPA/DGIRA/DG/03744 de veintisiete de agosto de dos mil veinte, relativo a la exención de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental, expedida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para llevar a cabo el proyecto denominado "Proyecto de Ampliación de Puente Río Salado", ubicado en el Municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca. d) Oficio sin número de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el comisionado Municipal de San Antonio de la Cal, Oaxaca, por el cual autoriza a la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), el derribo de arbolado en el tramo donde se desarrollarán los trabajos del proyecto denominado "Ampliación y Modernización de la Carretera No.175 (Oaxaca-Puerto Ángel) del Km. 1+000 al Km. 6+300, Ent. Aeropuerto, Estado de Oaxaca" e) Oficio DDE/DDS/57/2021 de nueve de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Dirección de Ecología del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, en el que se autoriza a la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), el manejo de diversos ejemplares de arbolado relacionado con la ejecución del proyecto denominado "Ampliación y Modernización de la Carretera No.175 (Oaxaca-Puerto Ángel) del Km. 1+000 al Km. 6+300, Ent. Aeropuerto, Estado de Oaxaca". f) Oficio DDUOPMA/SMA/RCRN/238/2021 de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente del Municipio de Oaxaca de Juárez, en el que se manifiesta a la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) que, una vez realizado el análisis e inspección por parte del personal de esa área municipal, resuelven a favor de dicha secretaría la poda y derribo de árboles y arbustos, para efectos de la ejecución del proyecto denominado "Ampliación y Modernización de la Carretera No.175 (Oaxaca-Puerto Ángel) del Km. 1+000 al Km. 6+300, Ent. Aeropuerto, Estado de Oaxaca". g) Oficio 6.19.305.0500/21 de veintinueve de abril de dos mil veintiuno suscrito por el director General de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el director de Impacto y Riesgo Ambiental por conducto de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la citada secretaría y el director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Oaxaca, ofrecieron como medios de convicción:  La instrumental de actuaciones.  La presuncional legal y humana. La parte tercera interesada "*****" e "*****", ofreció como medio de convicción: a) Instrumento 109221, libro 2129 y el instrumento notarial 109223, libro 2129; ambos del índice de los notarios 140 y 236 de la Ciudad de México. Acto continuo, se acuerda: Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas las citadas documentales, las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Asimismo, se tienen por admitidas la prueba pericial en materia de impacto ambiental, desahogada mediante los dictámenes emitidos por el perito oficial (fojas 662 a 672) y por el perito de la parte quejosa (fojas 691 a 758) y la inspección judicial desahogada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós (foja 838). No habiendo pruebas pendientes por desahogar, se cierra el periodo probatorio. ETAPA DE ALEGATOS. Abierto este periodo, se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado no presentó pedimento. Por lo que se declara cerrado este periodo y se procede a emitir la sentencia siguiente. Visto para resolver el juicio de amparo 855/2021, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y remitido a este juzgado por razón de turno, el once siguiente, ***** y *****, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y de otras autoridades, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno se registró la demanda de amparo con el expediente 855/2021, y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados. En auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno se tuvo por no presentada la demanda de amparo, únicamente por *****, al no cumplir con la prevención citada, pero se admitió a trámite por lo que respecta a *****, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de trece de septiembre de ese año se ordenó emplazar como terceros interesados a "*****" e "*****" (fojas 122 a 124). En auto de diecisiete de septiembre de ese año se requirió a la parte quejosa para que manifestara si deseaba ampliar la demanda de amparo y señalar como autoridad responsable a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal. El veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno se suspendió el procedimiento de este juicio, ya que la parte quejosa interpuso recurso de queja contra el proveído de trece de septiembre de ese año, en el cual se ordenó emplazar como terceros interesados a las personas jurídicas citadas. El quince de marzo de dos mil veintidós se levantó la suspensión del procedimiento, al haberse declarado infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, por lo que, entre otras cuestiones, se admitió a trámite la ampliación de la demanda, se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado respectivo y se tuvo a "*****" e "*****", apersonándose a este juicio de amparo. En auto de veinticuatro y veintinueve de marzo de este año se requirió a la parte quejosa para que aclarara la denominación de las autoridades "TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA", "TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA" y "TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DELEGACIÓN OAXACA", a quien en auto de cuatro de abril de este año se le tuvo proporcionando la denominación correcta de aquéllas. Finalmente, la audiencia se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y los actos se reclaman a autoridades residentes en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, del escrito aclaratorio, de la ampliación de demanda, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: ESCRITO INICIAL DE DEMANDA ACTOS RECLAMADOS EN ESCRITO INICIAL DE DEMANDA. Autoridad responsable ACTOS RECLAMADOS 1) Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca; 2) Titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca; 3) Titular de Caminos y Aeropistas de Oaxaca; y, de la 4) Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca. A. La orden de derribamiento de los árboles que se encuentran sobre la Avenida Símbolos Patrios, perteneciente a los Municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y Oaxaca de Juárez. B. La orden de construcción de la obra de modernización y *****. C. El permiso, autorización, contrato o convenio por el cual se ordenó la construcción de la obra de modernización y *****. 1) Titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca; y de la 2) Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca. A. La ejecución de la orden de derribamiento de árboles. B. La construcción de la obra de modernización y *****. AMPLIACIÓN DE DEMANDA ACTOS EN LA AMPLIACIÒN DE DEMANDA. Autoridad responsable ACTOS RECLAMADOS 1) Titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca (SINFRA); y, 2) Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca. 3) Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A. La omisión de proporcionar datos o información en cuanto al número de árboles y los servicios ambientales que prestan y que serán derribados con motivo de la ampliación de la Avenida Símbolos Patrios, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la intención de no presentar una manifestación en materia de impacto ambiental. 1) Titular de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO); 2) Titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable; 3) Titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca (SINFRA); 4) Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca; 5) Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; 6) Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juárez; 7) Subdirección del Medio Ambiente del Municipio de Oaxaca de Juárez; 8) Director General del Centro Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 9) Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la ciudad de México; 10) Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México; 11) Titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México; y, 12) Comisionado del Municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca. A. La omisión de realizar una consulta ciudadana entre los habitantes del entorno adyacente, beneficiarios de los servicios ambientales que presta el ecosistema ubicado en Avenida Símbolos Patrios, perteneciente a los Municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz, Xoxocotlán y San Antonio de la Cal, Oaxaca, con motivo de la "ampliación y modernización de la carretera (Oaxaca-Puerto Ángel)" y "construcción del puente sobre el río salado". B. La omisión de informar a los habitantes del entorno adyacente, beneficiarios de los servicios ambientales que presta el ecosistema ubicado en Avenida Símbolos Patrios, perteneciente a los Municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz, Xoxocotlán y San Antonio de la Cal, Oaxaca, sobre la ejecución de la obra "ampliación y modernización de la carretera (Oaxaca-Puerto Ángel)" y "construcción del puente sobre el río salado", a efecto de opinar sobre los beneficios y perjuicios de la obra sobre la salud y calidad de vida de las personas. C. La omisión de realizar dictámenes y estudios en materia de impacto ambiental causados por la construcción relativa a la "ampliación y modernización de la carretera (Oaxaca-Puerto Ángel)" y "construcción del puente sobre el río salado", Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. A. Oficio DDE/DDS/57/2021 de nueve de junio de dos mil veintiuno, por medio del cual autoriza el derribo de 351 árboles correspondientes al territorio que ocupa dicho municipio dentro de la Avenida Símbolos Patrios. Comisionado del Municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca A. Oficio de treinta y uno de mayo de dos mi veintiuno, por medio del cual autorizó el derribo del arbolado por cuanto hace al tramo ubicado dentro del territorio de dicho municipio. 1) Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; y, 2) Comisionado del Municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca. 3) Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juárez; y, 4) Subdirección del Medio Ambiente del municipio de Oaxaca de Juárez. A. Autorización de derribo de árboles sobre la Avenida Símbolos Patrios, dentro de su territorio, sin realizar previamente un dictamen en materia de impacto ambiental. 1) Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juárez; y, 2) Subdirección del Medio Ambiente del municipio de Oaxaca de Juárez. A. Oficio DDUOPMA/SMA/RCRN/238/2021 de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el subdirector de Medio Ambiente del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Director General del Centro Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT. A. Oficio 6.19.306.0500/21 de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, por el cual valida la ejecución de la obra "AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TRONCAL, No. 175 (OAXACA-PUERTO ANGEL) DEL KM 1+000 AL KM 3+000, ENTRONQUE A NIVEL CON AV. UNIVERSIDAD 2+230 Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE "RÍO SALADO" EN EL KM 2+977.14" 1) Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la ciudad de México; 2) Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México; y, 3) Titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México A. Oficio SGPA/DGIRA/DG/04492 de veintidós de junio de dos mil dieciocho, relativo a la exención de presentación de la manifestación de impacto ambiental, expedido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. B. Oficio SGPA/DGIRA/DG/03744 de veintisiete de agosto de dos mil veinte, relativo a la exención de presentación de la manifestación de impacto ambiental, expedido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. C. Omisión de requerir a la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable de Oaxaca, un dictamen de impacto ambiental sobre la obra "AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TRONCAL, No. 175 (OAXACA-PUERTO ANGEL) DEL KM 1+000 AL KM 3+000, ENTRONQUE A NIVEL CON AV. UNIVERSIDAD 2+230 Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE "RÍO SALADO" EN EL KM 2+977.14" D. Omisión de realizar una inspección sobre la Avenida Símbolos Patrios, perteneciente a los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal, Oaxaca, y verificar la información acerca de la existencia de un impacto ambiental, con motivo de la ejecución de la obra "AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TRONCAL, No. 175 (OAXACA-PUERTO ANGEL) DEL KM 1+000 AL KM 3+000, ENTRONQUE A NIVEL CON AV. UNIVERSIDAD 2+230 Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE "RÍO SALADO" EN EL KM 2+977.14". Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Actos reclamados en el escrito inicial. Al rendir el informe justificado solicitado, las autoridades ordenadoras, gobernador del Estado de Oaxaca, por conducto del director General de Trámite y Substanciación de Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca, y el jefe de la Unidad Jurídica de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, negaron los actos que se le atribuyen, consistentes en 1) la orden de derribamiento de los árboles que se encuentran sobre la Avenida Símbolos Patrios, perteneciente a los Municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y Oaxaca de Juárez; 2) la orden de construcción de la obra de modernización y ampliación de la Avenida Símbolos Patrios, perteneciente a los Municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y 3) el permiso, autorización, contrato o convenio por el cual se ordenó la construcción de la obra de modernización y ampliación de la Avenida Símbolos Patrios, perteneciente a los Municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y Oaxaca de Juárez. El director Jurídico y representante legal de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, en su carácter de ordenadora y ejecutora, negó la existencia de la orden de derribamiento de los árboles que se encuentran sobre la Avenida Símbolos Patrios, perteneciente a los Municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y Oaxaca de Juárez, así como su ejecución. El jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca, como ordenadora y ejecutora, negó los actos que se le atribuyen . Sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa con las pruebas idóneas, toda vez que las que fueron ofrecidas son ineficaces para acreditar la existencia de los actos citados. Actos reclamados en ampliación de demanda. Las autoridades que a continuación se indicaran, negaron la existencia de los actos reclamados que les atribuyó la parte quejosa, como se advierte del cuadro siguiente: ATOS EN LA AMPLIACIÒN DE DEMANDA. No. Autoridad responsable ACTOS RECLAMADOS Sentido 1 Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juárez. A. Oficio DDUOPMA/SMA/RCRN/238/2021, de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el subdirector de Medio Ambiente del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por medio del cual autoriza el derribo de todos los árboles correspondientes al territorio que ocupa dicho municipio dentro de la avenida vehicular. B. Autorización de derribo de árboles sobre la Avenida Símbolos Patrios, dentro del territorio. NIEGA 2 1) Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la ciudad de México; y, 2) Titular de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México. A. Oficio SGPA/DGIRA/DG/04492 de veintidós de junio de dos mil dieciocho, relativo a la exención de presentación de la manifestación de impacto ambiental, expedido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales Niega B. Oficio SGPA/DGIRA/DG/03744 de veintisiete de agosto de dos mil veinte, relativo a la exención de la presentación de la manifestación de impacto ambiental, expedido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales Como se ve, las citadas autoridades responsables negaron la existencia de los actos que se les atribuyen en ampliación de demanda; inexistencia que se corrobora con las constancias que obran en autos, de los que se advierte que los oficios SGPA/DGIRA/DG/04492 de veintidós de junio de dos mil dieciocho y SGPA/DGIRA/DG/03744 de veintisiete de agosto de dos mil veinte, fueron expedidos por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y no por las autoridades precisadas con el punto 2 del cuatro anterior. Asimismo, el oficio DDUOPMA/SMA/RCRN/238/2021 de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, que se atribuye a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, fue expedido por diversa autoridad, esto es, por el subdirector de Medio Ambiente del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por medio del cual autoriza el derribo de todos los árboles correspondientes al territorio que ocupa dicho municipio dentro de la avenida vehicular. De ahí que no existen los actos atribuidos a dichas autoridades. Por ello, lo procedente es sobreseer en el juicio, por los actos reclamados a las autoridades responsables citadas con anterioridad, conforme a lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos consistentes en: ? Los oficios SGPA/DGIRA/DG/04492 de veintidós de junio de dos mil dieciocho y SGPA/DGIRA/DG/03744 de veintisiete de agosto de dos mil veinte, reclamados a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. ? El oficio de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en la que se autorizó el derribo de árboles, atribuible al comisionado Municipal de San Antonio de la Cal, Oaxaca. ? El oficio DDE/DDS/57/2021 de nueve de junio de dos mil veintiuno, en la que se autorizó el derribo de 351 árboles en la Avenida Símbolos Patrios, atribuible a la directora de Ecología del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. ? El oficio DDUOPMA/SMA/RCRN/238/2021 de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en el que se autorizó el derribo de árboles que se atribuye al subdirector de Medio Ambiente del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. ? El oficio 6.19.306.0500/21 de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, atribuible al director general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro Oaxaca. Ello, toda vez que de las constancias que obran en este expediente se advierte que fueron expedidas por las referidas autoridades responsables; por tanto, se tienen por ciertos los actos que se les atribuyen. Asimismo, son ciertos los actos reclamados al titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable de Oaxaca, consistentes en la orden de construcción de la obra de modernización y ampliación de la Avenida Símbolos Patrios, perteneciente a los Municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y Oaxaca de Juárez, Oaxaca; así como su ejecución. Así también, son ciertos los actos atribuibles al comisionado del Municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca, al director de Ecología del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca y a la subdirección del Medio Ambiente del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la autorización del derribo de árboles sobre la Avenida Símbolos Patrios; ello, toda vez que así se advierte de las constancias que obran en autos. No obsta a lo anterior, que el comisionado Municipal de San Antonio de la Cal, Oaxaca y el titular de la Subdirección de Medio Ambiente del Municipio de Oaxaca de Juárez, no hayan rendido el informe justificado solicitado, a pesar de quedar notificados el diecisiete de marzo (foja 438) y siete de abril de dos mil veintidós (foja 482), respectivamente, por lo que, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, es de presumir por cierto el acto que se les atribuye; sin embargo, quedó acreditado con anterioridad la existencia de los actos que se les atribuyen. Por otra parte, en cuanto a los diversos actos consistentes en las omisiones reclamadas a las autoridades responsables señaladas en la demanda inicial y en la de su ampliación, las mismas rindieron el informe justificado en el sentido siguiente: ACTOS EN LA AMPLIACIÒN DE DEMANDA. Autoridad responsable ACTOS RECLAMADOS Sentido 1) Titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca (SINFRA); 2) Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca; y, 3) Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A. La omisión de proporcionar datos o información en cuanto al número de árboles y los servicios ambientales que prestan y que serán derribados con motivo de la ampliación de la Avenida Símbolos Patrios a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la intención de no presentar una manifestación en materia de impacto ambiental. Niega TODAS LAS AUTORIDADES (SEÑALADAS EN LA DEMANDA INICIAL Y AMPLIACIÓN DE DEMANDA) A. La omisión de realizar una consulta ciudadana entre los habitantes del entorno adyacente, beneficiarios de los servicios ambientales que presta el ecosistema ubicado en Avenida Símbolos Patrios, perteneciente a los Municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz, Xoxocotlán y San Antonio de la Cal, Oaxaca, con motivo de la "ampliación y modernización de la carretera (Oaxaca-Puerto Ángel)" y "construcción del puente sobre el río salado". B. La omisión de informar a los habitantes del entorno adyacente, beneficiarios de los servicios ambientales que presta el ecosistema ubicado en Avenida Símbolos Patrios, perteneciente a los Municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz, Xoxocotlán y San Antonio de la Cal, Oaxaca, sobre la ejecución de la obra "ampliación y modernización de la carretera (Oaxaca-Puerto Ángel)" y "construcción del puente sobre el río salado", a efecto de opinar sobre los beneficios y perjuicios de la obra sobre la salud y calidad de vida de las personas. C. La omisión de realizar dictámenes y estudios en materia de impacto ambiental causados por la construcción relativa a la "ampliación y modernización de la carretera (Oaxaca-Puerto Ángel)" y "construcción del puente sobre el río salado" Niega 1) Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la ciudad de México; 2) Titular de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México; y, 3) Titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en la Ciudad de México. A. La omisión de requerir a la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable de Oaxaca, un dictamen de impacto ambiental sobre la obra "AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TRONCAL, No. 175 (OAXACA-PUERTO ANGEL) DEL KM 1+000 AL KM 3+000, ENTRONQUE A NIVEL CON AV. UNIVERSIDAD 2+230 Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE "RÍO SALADO" EN EL KM 2+977.14" Niega B. La omisión de realizar una inspección sobre la Avenida Símbolos Patrios, perteneciente a los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal, Oaxaca, y verificar la información acerca de la existencia de un impacto ambiental, con motivo de la ejecución de la obra "AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TRONCAL, No. 175 (OAXACA-PUERTO ANGEL) DEL KM 1+000 AL KM 3+000, ENTRONQUE A NIVEL CON AV. UNIVERSIDAD 2+230 Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE "RÍO SALADO" EN EL KM 2+977.14". Sin embargo, dichas omisiones se tienen por ciertas, toda vez que los actos positivos reclamados por la parte quejosa, consistentes en a) la orden de derribamiento de los árboles que se encuentran sobre la Avenida Símbolos Patrios, perteneciente a los Municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y Oaxaca de Juárez, b) la orden de construcción de la obra de modernización y ampliación de la Avenida Símbolos Patrios, perteneciente a los Municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c) la autorización para la construcción de la obra de modernización y ampliación de la Avenida Símbolos Patrios, perteneciente a los Municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y Oaxaca de Juárez, así d) como su ejecución, quedaron acreditados en párrafos anteriores; por ello, como las omisiones son derivadas de dichos actos (positivos) que ya se tuvieron por existentes; también las citadas omisiones deben tenerse por ciertos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, página 273, registro 206502, del texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS QUE CONTIENEN HECHOS POSITIVOS Y NEGATIVOS. LOS PRIMEROS DEBEN PROBARSE. Aun cuando resulte cierto que algunas violaciones hechas valer por el actor tengan carácter negativo (por ejemplo, que no se le mostró la orden de visita, que no se elaboró el acta de inspección y que no le fue notificada la orden de clausura), si la demanda contiene actos de naturaleza positiva (como la emisión de la orden de visita, la práctica de la inspección y la clausura), que las autoridades responsables niegan al rendir su informe justificado, éstas quedan relevadas de la carga de la prueba de no realización de las omisiones que se les imputan, por la imposibilidad material de hacerlo, supuesto que sólo podían incurrir en ellas al emitir las órdenes que manifiestan que son inexistentes. Luego, el reclamante debe demostrar la existencia de los actos de carácter positivo para que la carga de la prueba de los negativos o abstenciones recaiga sobre las autoridades, y opere la procedencia de la acción de amparo". Así como por las razones que la sostienen, resulta ilustrativa la jurisprudencia de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IV, primera parte, julio-diciembre de 1989, página 329, registro 207986, del texto siguiente: "ACTO NEGATIVO DERIVADO DE UNO POSITIVO. CORRESPONDE AL QUEJOSO DEMOSTRAR EL SEGUNDO SI LA AUTORIDAD NIEGA AMBOS. Cuando el quejoso reclama como actos de aplicación de un reglamento la expedición de las órdenes de visita y clausura y las autoridades responsables los niegan, tal afirmación de inexistencia debe desvirtuarla con las pruebas correspondientes; y el hecho de que también se reclamó la negativa de las ejecutoras a mostrarle la orden de visita, no le releva de la carga probatoria, toda vez que aunque este último acto es de naturaleza negativa, es derivado de otros de carácter positivo (expedición de las órdenes de visita y de clausura), cuya existencia corresponde demostrarla al quejoso, pues para que las autoridades soporten dicha carga es necesario que antes se acredite la existencia de los actos positivos de los que deriva la actitud omisiva de las responsables; de lo contrario, no puede constreñirse a éstas a evidenciar actos derivados de hechos positivos que no llegaron a probarse". Finalmente, se presumen ciertos los actos reclamados en ampliación de demanda al titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, dado que no rindió el informe justificado solicitado, a pesar de quedar notificada el veinticuatro de marzo de este año, conforme a lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. QUINTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. El gobernador del Estado de Oaxaca, el titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el director General del Centro SCT Oaxaca manifestaron que contra los actos reclamados por la parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos artículos 5, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que aquélla no acredita el interés legítimo para instar el juicio de amparo; causa de improcedencia que es fundada. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo deviene improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. De esta forma, es preciso distinguir lo que implica el interés jurídico e interés legítimo. El referido artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." (Transcripción) Destacados los anteriores normativos se puntualiza, primeramente, que el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo; el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados; interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica de la persona, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Debe entenderse que la fracción I del artículo 107 constitucional, al hacer referencia a la afectación de un derecho, se hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales, necesariamente, se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. El normativo constitucional aludido establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; - -- (.)." (Transcripción) Precisado lo anterior, debe decirse entonces que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Por ello, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, por lo que, en ese tenor, como requisito de procedencia del juicio de amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. De este modo, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Importante es dejar en claro que en tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Por tanto, es menester atender la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad que lo emite, para de este modo estar en aptitud de exigir al quejoso en el juicio de amparo que acredite fehacientemente su interés, ya sea jurídico o legítimo, que le asista y no inferirse con base en presunciones. En tratándose del interés jurídico, el quejoso estará obligado a demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por otra parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el juicio de amparo intentado sea improcedente. Ahora, en torno al derecho humano a un medio ambiente sano, sus servicios ambientales y núcleo esencial, así como el interés legítimo para promover el juicio de amparo en esa materia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 307/2016, estableció, en lo esencial, lo siguiente: "(.) Conforme a este concepto, son beneficiarios ambientales aquellos que habitan o utilizan el "entorno adyacente" o las áreas de influencia de un determinado ecosistema. Las áreas de influencia se refieren a las zonas o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente. Con otras palabras, son las áreas en las cuales las funciones de un ecosistema, entendidas como los procesos biofísicos que ahí se generan, impactan en beneficio de los seres humanos y del medio ambiente. Cada ecosistema tiene diversas áreas de influencia dependiendo de la naturaleza de los servicios ambientales que presta; la identificación o el reconocimiento de este espacio geográfico permite entender que cualquier persona que utiliza o habita el área de influencia o el "entorno adyacente" de un ecosistema es beneficiario de sus servicios ambientales y, por tanto, está legitimado para promover el juicio de amparo en su defensa. Cabe precisar que, si bien el entorno adyacente constituye un concepto esencialmente geográfico, esto no implica que esté limitado a un criterio de vecindad inmediata, es decir, que solo puedan acudir en defensa del ecosistema aquellos que viven "a un lado" del mismo. Por el contrario, la delimitación de este espacio geográfico es amplia, pues se determina por los beneficios que prestan los ecosistemas y las zonas en donde impactan estos beneficios. El concepto del entorno adyacente como uno de los criterios para definir la legitimación activa en el juicio de amparo ambiental, resulta acorde con el principio de participación ciudadana, en tanto los principales interesados, y obligados, a defender un determinado ecosistema, son sus beneficiarios, es decir, aquellos que habitan o utilizan su zona de influencia. No pasa inadvertido para esta Sala que la definición del área de influencia de cada ecosistema resulta en un problema casuístico que se habrá de resolver caso a caso, por lo que es inconveniente para garantizar la efectiva protección del derecho humano al medio ambiente definir ex ante cuáles son las áreas de influencia de los ecosistemas, pues éstas dependerán del tipo de ecosistema y de la naturaleza -que puede ser hasta de índole religiosa- de los servicios ambientales que presta. Por tanto, acorde con todo lo expuesto en este apartado, esta Sala concluye que se actualiza el interés legítimo en un juicio de amparo en materia ambiental, cuando se acredita que existe un vínculo entre quien alega ser titular del derecho ambiental y los servicios ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado; vínculo que puede demostrarse -como uno de los criterios de identificación, mas no el único- cuando el accionante acredita habitar o utilizar el "entorno adyacente" del ecosistema, entendiendo éste como su área de influencia a partir de los servicios ambientales que presta" (.). (Transcripción y el énfasis es propio) Así, son beneficiarios ambientales aquéllos que habitan o utilizan el "entorno adyacente" o las áreas de influencia de un determinado ecosistema, refiriéndose a las zonas o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente. También se sostuvo en esa ejecutoria que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho al medio ambiente como un auténtico derecho humano, al reconocer una específica y particular esfera de protección en favor de la persona, que se caracteriza por la salvaguarda del entorno o medio ambiente en el que se desenvuelve, mismo que exige la tutela más amplia, como lo establece el diverso 1º constitucional. Además, el bien jurídicamente protegido por ese derecho humano es el "medio natural", entendido como el entorno en el que se desenvuelve la persona, caracterizado por el conjunto de ecosistemas y recursos naturales que permiten el desarrollo integral de su individualidad, lo que implica que el estado mexicano está obligado a garantizar ambas dimensiones del derecho al medio ambiente sano, con la finalidad de evitar el daño ecológico como consecuencia inmediata o mediata de la intervención del hombre en la administración de los recursos naturales, ocasionando una afectación a los intereses difusos o colectivos cuya reparación pertenece a la sociedad en general. En ese sentido, cuando se alegue la afectación de derechos difusos, como es el medio ambiente, sea en forma individual o colectiva, la parte que acude al juicio constitucional tiene la carga de probar, mediante medios de prueba idóneos y eficaces, que son vecinos o habitan en la comunidad adyacente al lugar referido, pues sólo así se acredita el extremo de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que se estima vulnerado, particularmente, con sus servicios ambientales. En el caso, se estima que la parte quejosa no acreditó haber sufrido una afectación jurídica de manera indirecta, al ubicarse en una especial situación, teniendo interés personal de que se restituya a una colectividad determinada en el goce de sus derechos. En efecto, la referida parte quejosa señaló, entre otros actos, la orden, autorización o permiso para el derribo de árboles y arbustos, que se encuentran en la Avenida Símbolos Patrios, Avenida Universidad y carretera federal 175, en los Municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal en el Estado de Oaxaca, derivado de la construcción de la obra denominada "ampliación y modernización de la carretera troncal 175 Oaxaca-Puerto Ángel del km 1+000 al km 3+000 y construcción de puente sobre "Río Salado" en el kilómetro 2+977.14 en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal, Oaxaca. Asimismo, refirió que con motivo de esa obra, se empezó con la poda de árboles, sin que se cuente con la manifestación de impacto ambiental autorizada por la autoridad competente en la materia. E indicó que es habitante de Santa Cruz Xoxocotlán, y que el área que es afectada por la obra antes mencionada se encuentra a menos de cien metros de distancia de su domicilio. Para acreditar su interés legítimo, la parte quejosa ofreció como medios de convicción:  Copia certificada de la credencial de elector de *****.  Copia certificada de la credencial de elector de *****.  Impresión de siete imágenes fotográficas.  Impresión de cinco imágenes de localización.  Inspección judicial.  Pericial en materia de impacto ambiental. Sin embargo, de la valoración de dichas probanzas se advierte que sólo tienen valor indiciario, pues con la copia certificada de la credencial de elector de *****, en la cual consta como domicilio la calle *****, por sí misma, no constituye un medio de convicción idóneo para demostrar su domicilio o lugar donde habita, porque lo que con ella se acredita es su identidad y además que se encuentra inscrito en el padrón de electores. Aunado que, para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio, pues basta la simple manifestación del interesado, lo que evidencia que ese medio de convicción es ineficaz para comprobar esa circunstancia. A modo ejemplificativo, cabe precisar que en el mundo fáctico existen gobernados que por motivos de trabajo o familiares tienen credenciales de elector de lugares que no habitan, por ejemplo, conservan la credencial de elector del lugar de donde son originarios, y no de donde realmente viven, por ende, dicha documental no puede constituir medio de convicción idóneo del domicilio de una persona. Sirve de apoyo, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, marzo de 1999, página 1392, registro 194372, del texto siguiente: "DOMICILIO, LA CREDENCIAL DE ELECTOR NO HACE PRUEBA PLENA DEL. SÓLO SE LE DEBE OTORGAR VALOR INDICIARIO. La credencial de elector con fotografía no es un documento público idóneo para acreditar el domicilio de una persona; debe ser adminiculada con otras pruebas de las permitidas por la ley, que demuestren que la oferente realiza sus actividades cotidianas en el mismo domicilio que indica la documental, debido a que los registros del Instituto Federal Electoral se forman con los datos proporcionados por los ciudadanos que acuden al mismo a pedir su anotación; sin embargo, la verificación que practica la autoridad electoral de los datos que se le proporcionan sólo puede entenderse para efectos del propio registro, no así para hacer prueba plena ante autoridad diversa como serían los órganos jurisdiccionales respecto de los domicilios de los electores, ya que ningún precepto legal apoya tal eficacia, que no debe entenderse comprendida en la naturaleza pública de dicho documento, pues ello a lo sumo acreditaría que ante dicho registro determinada persona manifestó tener el domicilio que se indica en su credencial de elector y, en su caso, que ante el mismo presentó determinada constancia tendiente a acreditarlo, mas ese registro no sustituye la potestad jurisdiccional de examinar el alcance y valor probatorio de tales elementos justificativos, cuya eficacia sólo a ésta corresponde establecer dentro del procedimiento en el que se cumplan sus formalidades esenciales; razón por la cual la credencial mencionada no hace prueba plena del domicilio de la persona, según lo pretende la oferente y es correcto que el juzgador únicamente le otorgara el valor de indicio". Así también, resulta ilustrativa la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, mayo de 2009, página 986, registro 167262, del texto siguiente: "DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR. Como es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria". Asimismo, la inspección judicial y la pericial en materia de impacto ambiental tampoco resultan ser pruebas idóneas para acreditar el domicilio del quejoso; ya que con la inspección judicial es, en todo caso, para acreditar lo que el fedatario público puede percibir por medio de los sentidos y con la prueba pericial en materia de impacto ambiental, el daño que se puede ocasionar al medio ambiente. Por ello, si bien de dichas pruebas se advierte, respectivamente, que el actuario asentó que el domicilio del quejoso se encuentra a no más de "cien metros" de la avenida vehicular, y que ambos peritos (oficial y el de la parte quejosa) refirieron que el domicilio de ***** a la ***** es de ciento veintitrés metros, se insiste, no resultan ser idóneas para acreditar el domicilio del quejoso, pues, en su caso, de aquéllas únicamente se puede advertir la distancia que pudiera existir entre el domicilio donde el quejoso manifestó habita y la Avenida Símbolos Patrios, donde refirió se están realizando el derribo de árboles con motivo de la construcción respectiva. En tanto que las impresiones de siete imágenes fotográficas, así como las cinco imágenes de localización, también tienen valor indiciario , por tratarse de simples impresiones, sin existir la certificación de la autoridad respectiva, los cuales, se indica, aun cuando hubieran sido ofrecidas con los requisitos exigidos en el párrafo segundo del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, es decir, que contuvieran la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así que corresponden a lo representado en ellas, de ninguna manera resultan eficaces para demostrar el domicilio del quejoso, pues con aquéllas únicamente se pudo demostrar los trabajos que se están realizando (fotografías) y la distancia que pudiera existir entre el domicilio donde el quejoso manifestó habita y la Avenida Símbolos Patrios, donde, refirió, se está realizando el derribo de árboles con motivo de la construcción respectiva (planos de localización). Orienta lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, página 22, registro 266749, del texto siguiente: "FOTOGRAFIAS OFRECIDAS COMO PRUEBAS. Para que las fotografías ofrecidas como prueba sean apreciadas correctamente debe tomarse en cuenta el texto del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El mismo expresa: "El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquiera especie, deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo presentado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial". Esto quiere decir que las fotografías presentadas en un incidente de suspensión, al no estar certificadas, no hacen prueba plena". De ahí que las pruebas analizadas de manera individual y aun cuando fueran adminiculadas no logran probar que el quejoso es vecino del lugar donde se realiza la obra de infraestructura de carretera denominada "ampliación y modernización de la carretera troncal 175 Oaxaca-Puerto Ángel del km 1+000 al km 3+000 entronque a nivel con Avenida Universidad km 2+320 y construcción de puente sobre "Río Salado" en el kilómetro 2+977.14 en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, Oaxaca, o que transite por Avenida Símbolos Patrios, Avenida Universidad y carretera federal 175, en los Municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal en el Estado de Oaxaca, en el que se lleva a cabo la construcción de las obras ya referidas; pues, a manera de ejemplo, debió haber ofrecido como medio de convicción la testimonial que, adminiculada con la credencial de elector, pudo haber acreditado que el domicilio que aparece en su identificación (INE) es donde realmente habita y, en consecuencia, que se encuentra en una zona o espacio geográfico en el que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente. En consecuencia, los medios de convicción son ineficaces para establecer que es beneficiaria ambiental de ese entorno adyacente. Por tanto, no existe daño inminente e irreparable a la pretensión del quejoso, pues su sola manifestación de que habita en el domicilio asentado en la credencial de elector, se estima insuficiente para demostrar que se encuentra en una situación especial frente al ordenamiento jurídico, en relación con el derecho que alegó acreditaba su interés para comprobar la afectación a su derecho a un ambiente sano y, por tanto, no demuestra el interés legítimo para instar este juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2012364, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE . Sobreseimiento que se hace extensivo a todos los actos reclamados precisados en el considerando segundo (positivos y omisiones), ya que se encuentran ligados con motivo que derivan de la construcción de la obra denominada "ampliación y modernización de la carretera troncal 175 Oaxaca-Puerto Ángel" del km 1+000 al km 3+000 y construcción de puente sobre "Río Salado" en el kilómetro 2+977.14 en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, Oaxaca. Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación, toda vez que el estudio de la procedencia de juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo; como así lo ilustra la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO ." SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *****, contra los actos y autoridades responsables precisados en el considerando segundo; por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados, y realícese las anotaciones respectivas. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 855/2021 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose que el veinticinco de octubre del año en curso, se ordenó dar vista a las partes con el desahogo de la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa en este juicio de amparo, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga; acuerdo que todavía no ha sido notificado a todas las partes. 2. Diferimiento de la audiencia. Por tanto, a fin de dar oportunidad a que transcurra el plazo de ocho días que debe mediar entre la notificación a las partes de la referida probanza y la de la celebración de la audiencia constitucional; con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las nueve horas con diecinueve minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, para su celebración. 3. Se agrega escrito. Por otra parte, agréguese el escrito signado por *****, apoderado legal de las terceras interesadas, *****, e *****; en su atención, se provee: 3.1. Autorización para notificaciones vía electrónica. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordenan realizar todas las notificaciones que le correspondan a la parte tercera interesada en este juicio de amparo mediante la vía electrónica, a través del usuario proporcionado "rodrigomond"; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese, personal o electrónicamente, conforme a lo determinado en autos. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PREVIO CITATORIO Número de expediente: 855/2021 Acuerdo: PRAL 855/2021 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. 1. Vista a la partes. Vistos los autos, advirtiéndose que se encontraban señaladas las nueve horas con tres minutos del veintiuno de octubre del año en curso, para el desahogo de la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa en este juicio de amparo, lo que el actuario adscrito a este Juzgado efectuó, como se advierte de la diligencia que antecede. En consecuencia, con la diligencia desahogada por el fedatario adscrito a este órgano de control constitucional dése vista a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. 2. Se agrega escrito. Por otra parte, agréguese el escrito firmado por el apoderado legal de la tercera interesada, *****; en su atención, se provee: 2.1. Autorización para la consulta y notificación vía Electrónica. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico de este juicio, con el usuario "rodrigomond". 2.2. Requerimiento. Por otro lado, se requiere a la parte tercera interesada para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este auto, precise si desea autorizar ese usuario a fin de que, en lo subsecuente, por ese medio, le sean notificadas las resoluciones que se emitan en este juicio de amparo; en el entendido que de no hacer manifestación alguna en ese plazo, sin ulterior acuerdo, se entenderá su conformidad para que a través de ese usuario se realicen las notificaciones que se emitan en este juicio de amparo. Notifíquese; personalmente a la parte tercera interesada. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 855/2021 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. 1. Vista a la partes. Vistos los autos, advirtiéndose que se encontraban señaladas las nueve horas con tres minutos del veintiuno de octubre del año en curso, para el desahogo de la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa en este juicio de amparo, lo que el actuario adscrito a este Juzgado efectuó, como se advierte de la diligencia que antecede. En consecuencia, con la diligencia desahogada por el fedatario adscrito a este órgano de control constitucional dése vista a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. 2. Se agrega escrito. Por otra parte, agréguese el escrito firmado por el apoderado legal de la tercera interesada, *****; en su atención, se provee: 2.1. Autorización para la consulta y notificación vía Electrónica. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico de este juicio, con el usuario "rodrigomond". 2.2. Requerimiento. Por otro lado, se requiere a la parte tercera interesada para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este auto, precise si desea autorizar ese usuario a fin de que, en lo subsecuente, por ese medio, le sean notificadas las resoluciones que se emitan en este juicio de amparo; en el entendido que de no hacer manifestación alguna en ese plazo, sin ulterior acuerdo, se entenderá su conformidad para que a través de ese usuario se realicen las notificaciones que se emitan en este juicio de amparo. Notifíquese; personalmente a la parte tercera interesada. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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