Diego Fernando Fernández Guillen

Expediente 1133/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1133/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Diego Fernando Fernández Guillen

Actuaciones

  1. Principal

    Visto, el escrito de cuenta signado por el quejoso ***, mediante el cual solicita la devolución del documento exhibido en el presente juicio de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el escrito de cuenta y dígase que se esté a lo acordado en proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vistos; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER. Toda vez que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda el escrito de ocho de julio de dos mil veintidós, con sello de recibido ante la autoridad responsable; con fundamento en el segundo párrafo del artículo 18, del acuerdo general en comento, infórmesele que queda a su disposición en este Juzgado, por lo que se le concede un término de noventa días contado a partir de que se le notifique el presente proveído, para que acuda a recogerlo; con el apercibimiento que de no hacerlo así, correrá la misma suerte del expediente en que se actúa. En ese sentido, se le hace saber a la parte quejosa que, de conformidad con el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019", que entró en vigor el tres de agosto de la anualidad en curso, establece que para la consulta del expediente físico, o en su caso, para la entrega de documentos será a través de la generación de citas, que podrá realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se hace de su conocimiento que se deberá estar a lo dispuesto en la normatividad vigente. De igual manera, de conformidad con la parte final del artículo 6, del Acuerdo General en mención, las citas obtenidas para la consulta de expediente o recoger documentos, durarán un máximo de 25 minutos, por lo que, si se excede de ese tiempo, tendrá que generar una nueva cita para un diferente día de acuerdo a la disponibilidad electrónica que maneje el sistema nacional de agendas de citas de los órganos jurisdiccionales. Lo que se hace de su conocimiento a efecto de que tome las precauciones debidas a efecto de que, en el día y hora que comparezca pueda obtener la devolución del documento solicitado. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Estephania Calderón Palacios, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto; el oficio número 20541/2022, signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, por medio del cual remite por conocimiento previo a este órgano jurisdiccional el original del juicio de amparo 1075/2022, de su estadística, promovido por Diego Fernando Fernández Guillén. I. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, fracción II y 46, fracciones II y V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, Y ESTE JUZGADO SE AVOCA, AL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO. En ese tenor, acúsese de recibo correspondiente al juzgado oficiante de las constancias descritas supralíneas. II. TRÁMITE. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1133/2022-VI, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). III. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Resulta ilustrativa sobre el particular, por similitud jurídica, la Jurisprudencia, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, que en esta vía se combate es: La omisión de acordar el escrito de ocho de julio de dos mil veintidós, presentado el siete de ese mes y año, en autos del expediente laboral J/O/705/2012. Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dicen: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Expuesto lo anterior, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos que expondrán a continuación. Ello es así, ya que para poder considerar que existe una abierta dilación, es necesario que transcurra un término excesivo desde la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente se debe pronunciar o realizar la diligencia correspondiente, en este caso, dar contestación al escrito presentado por el aquí quejoso en autos del expediente laboral J/O/705/2012, cuya omisión aduce acontece desde el siete de julio del año en curso, término que hasta la presentación de la demanda de amparo -dieciocho de agosto de dos mil veintidós- no ha trascurrido; pues entre la fecha de presentación del escrito de referencia, el plazo al en que legalmente se debió emitir el pronunciamiento condigno -cuarenta y ocho horas, de conformidad con el artículo 838, de la Ley Federal del Trabajo, vigente en la época en que se radicó el juicio de origen- y la promoción de la demanda de amparo, únicamente median diecisiete días naturales, los cuales son insuficientes para considerar que existe una dilación excesiva. Es así, tomando en consideración que de conformidad con lo vertido en la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio JLCyA/SGAyCC/152/2022, de seis de julio de dos mil veintidós, la Secretaria General de Acuerdos y Conflictos Colectivos y Secretaria del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, informó respecto del primer periodo vacacional, el cual transcurriría del doce al treinta y uno de julio de dos mil veintidós; de ahí que, la autoridad que se señala como responsable en este asunto suspendió sus labores y durante dicho período no corrieron términos condignos. Al respecto, cabe destacar, que el estándar mínimo para el dictado de proveídos, laudos o la realización de cualquier otra diligencia, es de cuarenta y cinco días, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, cuyo rubro es: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". Lo anterior, en la inteligencia de que lo trascendente en el caso es que el estándar mínimo objetivo determinado en la citada jurisprudencia fue para establecer cuándo una omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, deja de ser una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos y se convierte en una violación cuyos efectos deben ser considerados de imposible reparación; esto es, produce una afectación material a derechos sustantivos, dado que sus consecuencias impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo que en la especie, la dilación planteada por la parte quejosa, no puede ser considerada como un acto de imposible reparación, por no transgredir derechos sustantivos, ni constituir una abierta dilación en la fase relativa o su paralización total, cuyos supuestos, por excepción, hacen procedente la vía de amparo biinstancial. En consecuencia, se itera se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Criterio sostenido por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en la queja número 22/2022. IV. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda de amparo analizada. V. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. DOMICILIO y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en Quinta Avenida Sur Poniente número 671, interior 8, nivel 3, Colonia San Pascualito, de esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizado en los términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Díaz Chang y María Magdalena Gómez Díaz, por tratarse de un asunto en materia laboral en donde el quejoso es parte trabajadora y por así haberlo solicitado. De igual forma se tiene como autorizados a Omar Karim Alonso Astorga, Cynthia Guadalupe Suárez Hernández y Manuel de Jesús Guillén Sánchez, únicamente para oír y recibir notificaciones de conformidad con los artículos 12, segundo párrafo y 24, de la Ley de Amparo, toda vez que así lo solicitó la parte quejosa. VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Estephania Calderón Palacios, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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