Diego Fernando Fernández Guillen
Expediente 1342/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1342/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/11/2022
Partes del expediente
- Diego Fernando Fernández Guillen
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de noviembre de dos mil veintidós. Vista; la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo cual se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo y que ninguna de las partes se inconformó en contra del auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que el mismo HA QUEDADO FIRME. Se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y terceros interesados puesto que para los efectos del recurso de revisión condigno, el sentido del proveído pronunciado (sobreseimiento fuera de audiencia) no causa ningún perjuicio a sus intereses. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el numeral 21 antes mencionado, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA, Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Vistos; I. El oficio signado por los integrantes de la (1) Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, rinden informe justificado; además, remiten constancias en apoyo al mismo. II. El estado de autos, de los que se desprende que mediante proveído de tres de octubre de esta anualidad, este órgano jurisdiccional se reservó emitir pronunciamiento respecto de los medios de convicción ofertados por la parte quejosa. Al efecto, se acuerda: Respecto del punto I que antecede, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la ley de la materia, téngase por rendido el mismo. Ahora bien, tocante a las constancias que adjuntan las oficiantes, concatenado con lo destacado en el diverso punto II de prelación; se levanta la reserva decretada en actuación de tres de octubre del año que transcurre; por lo que, con apoyo en los preceptos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admiten como pruebas de la parte quejosa y de la responsable de mérito, las documentales exhibidas1 ; la que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica. ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo2 , se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente3 . En ese tenor, el suscrito juzgador, estima que respecto del acto reclamado en estudio, advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el referido numeral 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo4 , por las razones que a continuación se citan. Se arriba a la convicción de que cesaron los efectos del acto reclamado, cuando se actualiza la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho de que se trate, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; es así, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, para actualizarse la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) De un acto positivo de autoridad lesivo de los derechos fundamentales, o bien, de uno negativo u omisivo que haya dejado de realizar la autoridad y motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y, 3) De una situación de hecho o derecho que destruya, en forma definitiva, el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental vulnerado; o bien, una situación de hecho sobreviniente durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Consideraciones las anteriores que se ven respaldadas a partir del criterio P. CL/97, con número de registro 197367, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, que se inserta al efecto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama de la autoridad responsable (1) Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: (a) La omisión de acordar la promoción de ocho de julio de dos mil veintidós, concerniente al dictado de ejecución del laudo pronunciado en el juicio natural J/O/705/2012. Ahora bien, del análisis a las constancias remitidas por la oficiante, en apoyo a su informe de cuenta, consistente en copias certificadas de diversas actuaciones que integran el expediente J/O/705/2012, de su estadística; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridad competente en el ejercicio de su encargo5 , se advierte que atendió lo solicitado por la parte actora en ese procedimiento (constitutivo del acto aquí reclamado). Lo anterior es así, toda vez que en atención al acto que le causaba molestia por parte de la autoridad responsable 1) Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje; dicha responsable emitió el acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente J/O/705/2012, de su índice; por el que, entre otras cosas, dictó un auto en donde atendió la petición del quejoso, en el que emitió un mandamiento de ejecución al laudo para que la demandada cumpliera con la condena impuesta y comisiono al actuario de su adscripción para que llevara a cabo la diligencia encomendada. Por ello, resulta evidente que dicho acto reclamado en esta vía por la parte quejosa, cesaron en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a dicho inconforme en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violadas. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En esas condiciones, se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en la fracción V, de su numeral 63, procede sobreseer en este juicio de amparo respecto al acto reclamados precisado en el inciso (a) de prelación, atribuido a la autoridad responsable (1) Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL."6 Así como la diversa tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, localizable en la página 210 del Tomo VII correspondiente al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO."7 No resulta óbice a lo anterior, el hecho de que en el presente proveído no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, toda vez que dicha circunstancia no causa agravio alguno a la parte quejosa, toda vez que, como se indicó en párrafos que preceden, al actualizarse causal de improcedencia de referencia, lo procedente fue sobreseer en el presente juicio. Consideración la anterior que se encuentra sustentada en la jurisprudencia con número de registro 239006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, página 49, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que no se haya dado vista a la parte quejosa con el informe de cuenta, en la medida de que esta es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia, por las razones asentadas líneas arriba, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA, Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS... Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Vistos; I. El oficio signado por los integrantes de la (1) Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, rinden informe justificado; además, remiten constancias en apoyo al mismo. II. El estado de autos, de los que se desprende que mediante proveído de tres de octubre de esta anualidad, este órgano jurisdiccional se reservó emitir pronunciamiento respecto de los medios de convicción ofertados por la parte quejosa. Al efecto, se acuerda: Respecto del punto I que antecede, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la ley de la materia, téngase por rendido el mismo. Ahora bien, tocante a las constancias que adjuntan las oficiantes, concatenado con lo destacado en el diverso punto II de prelación; se levanta la reserva decretada en actuación de tres de octubre del año que transcurre; por lo que, con apoyo en los preceptos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admiten como pruebas de la parte quejosa y de la responsable de mérito, las documentales exhibidas1 ; la que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica. ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo2 , se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente3 . En ese tenor, el suscrito juzgador, estima que respecto del acto reclamado en estudio, advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el referido numeral 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo4 , por las razones que a continuación se citan. Se arriba a la convicción de que cesaron los efectos del acto reclamado, cuando se actualiza la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho de que se trate, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; es así, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, para actualizarse la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) De un acto positivo de autoridad lesivo de los derechos fundamentales, o bien, de uno negativo u omisivo que haya dejado de realizar la autoridad y motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y, 3) De una situación de hecho o derecho que destruya, en forma definitiva, el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental vulnerado; o bien, una situación de hecho sobreviniente durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Consideraciones las anteriores que se ven respaldadas a partir del criterio P. CL/97, con número de registro 197367, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, que se inserta al efecto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama de la autoridad responsable (1) Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: (a) La omisión de acordar la promoción de ocho de julio de dos mil veintidós, concerniente al dictado de ejecución del laudo pronunciado en el juicio natural J/O/705/2012. Ahora bien, del análisis a las constancias remitidas por la oficiante, en apoyo a su informe de cuenta, consistente en copias certificadas de diversas actuaciones que integran el expediente J/O/705/2012, de su estadística; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridad competente en el ejercicio de su encargo5 , se advierte que atendió lo solicitado por la parte actora en ese procedimiento (constitutivo del acto aquí reclamado). Lo anterior es así, toda vez que en atención al acto que le causaba molestia por parte de la autoridad responsable 1) Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje; dicha responsable emitió el acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente J/O/705/2012, de su índice; por el que, entre otras cosas, dictó un auto en donde atendió la petición del quejoso, en el que emitió un mandamiento de ejecución al laudo para que la demandada cumpliera con la condena impuesta y comisiono al actuario de su adscripción para que llevara a cabo la diligencia encomendada. Por ello, resulta evidente que dicho acto reclamado en esta vía por la parte quejosa, cesaron en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a dicho inconforme en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violadas. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En esas condiciones, se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en la fracción V, de su numeral 63, procede sobreseer en este juicio de amparo respecto al acto reclamados precisado en el inciso (a) de prelación, atribuido a la autoridad responsable (1) Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL."6 Así como la diversa tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, localizable en la página 210 del Tomo VII correspondiente al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO."7 No resulta óbice a lo anterior, el hecho de que en el presente proveído no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, toda vez que dicha circunstancia no causa agravio alguno a la parte quejosa, toda vez que, como se indicó en párrafos que preceden, al actualizarse causal de improcedencia de referencia, lo procedente fue sobreseer en el presente juicio. Consideración la anterior que se encuentra sustentada en la jurisprudencia con número de registro 239006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, página 49, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que no se haya dado vista a la parte quejosa con el informe de cuenta, en la medida de que esta es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia, por las razones asentadas líneas arriba, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA, Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de octubre de dos mil veintidós. I. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Diego Fernando Fernández Guillen, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 1342/2022- VII y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 104 y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; así como 1, 33, fracción IV, 37, y 107, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. III. AUTORIDAD RESPONSABLES 1. Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. IV. ACTO RECLAMADO De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de acordar la promoción de ocho de julio de dos mil veintidós, concerniente al dictado de la ejecución del laudo pronunciado en el juicio natural J/O/705/2022. V. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, por no haber sido solicitado. VI. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, dese la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. VII. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. VIII. INFORMES Y CONSTANCIAS Pídase a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de todas y cada una de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá, en la sentencia respectiva multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia. IX. PREVENCIONES Relativa a la obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que si ocurre alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato y, de ser posible, deberán acompañar las constancias que la acrediten, de no hacerlo, se le impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con el artículo 64 en relación con los diversos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Recepción de oficios y apercibimiento. Para la eficacia de las notificaciones en el juicio de amparo en que se actúa, hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, que de conformidad con el artículo 28, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, en caso de negarse a recibir el oficio que se le gire, bajo el argumento de que la denominación es incorrecta, imprecisa o incompleta, pero se advierta que materialmente sí es la autoridad responsable a quien se dirige el oficio, se tendrá hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del proveído o resolución que el propio oficio contenga. Sobre el cambio de denominación de las autoridades responsables. Si la denominación de la autoridad a la que se dirige el oficio haya cambiado, será motivo insuficiente para negarse a recibir la comunicación, ya que la responsable al rendir el respectivo informe deberá hacer las aclaraciones correspondientes en cuanto a su nombramiento; lo que se tomará en consideración por este órgano jurisdiccional al realizar las notificaciones subsecuentes. Se apercibe a la autoridad que de no dar cumplimiento a lo anterior, será acreedora a una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del artículo 245 de la ley de la materia. Los anteriores requerimientos tienen como finalidad cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que imponen a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano; entre los que se encuentra el derecho público subjetivo que toda persona tiene -dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y el cumplimiento de ciertas formalidades- para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a la tutela jurisdiccional. X. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 1/2021), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19: Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. XI. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. XII. TERCERO INTERESADO Tomando en cuenta que la parte quejosa realiza manifestaciones sobre la existencia de tercero interesado, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene con tal calidad a (i) Tiendas Chedraui, S.A de C.V. y (ii) Servicios y Asesoría S.V.F. de C.V., ambos con domicilio en: Boulevard Belisario Domínguez, Número Mil seiscientos noventa y uno, Delegación Terán, en esta ciudad; en consecuencia, se instruye a la Actuaria de la adscripción, para que se constituya en el domicilio en cita y, con copia de la demanda los emplace a juicio, por conducto de su representación legal. XIII. PRUEBAS Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admite como prueba de la parte quejosa la documental que exhibe1 ; misma que se desahoga atento a su propia y especial naturaleza; probanza de la que se hará relación en el momento procesal oportuno. Ahora bien, por cuanto a que la parte quejosa ofrece como prueba de su parte el expediente J/O/705/2012, atribuido a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; en tal virtud, este órgano jurisdiccional SE RESERVA proveer lo conducente hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado, y en su caso, remita las constancias en que apoye el mismo. XIV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en esta ciudad capital. Se tienen como autorizados a en términos amplios a que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, a Miguel Ángel Díaz Chang y María Magdalena Gómez Díaz; sin que sea necesario la verificación de sus cédulas profesionales en el registro correspondiente, dado que el promovente se trata de la parte trabajadora en el juicio de origen; y en términos restringido a que alude el citado precepto, a Omar Karim, Alonso Astorga, Cynthia Guadalupe Suárez Hernández y Manuel de Jesús Guillen Sánchez, por así haberlo solicitado expresamente. XV. NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AUTORIDAD EN SU CARÁCTER DE RESPONSABLE O TERCERO INTERESADO Se hace del conocimiento de la autoridad que conforme a una interpretación integral del artículo 26, fracciones II y III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones de los acuerdos de trámite de menor trascendencia que al efecto se dicten en este expediente se le practicarán por medio de la lista que al efecto se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, ello atendiendo a la jurisprudencia número 176/2012 de la décima época, consultable en la página 1253 del Libro XVI del mes de Enero de 2013, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" que resulta aplicable por igualdad de razón, en la que se señala que atendiendo a la trascendencia que un proveído o resolución pueda tener en la secuela procedimental, el juzgador tiene la facultad de decidir la forma en la que deba comunicarse a las partes, entre ellas, cuando la autoridad tenga el carácter de responsable o tercero interesado, a quien también se le puede practicar comunicaciones por medio de lista; sin perjuicio de que si así lo considera este titular la notificación de tales acuerdos se realicen por oficio. XVI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LOS TERCEROS INTERESADOS Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA, Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
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