Diego Enriquez Orta
Expediente 1593/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1593/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 23/05/2022
Partes del expediente
- Diego Enriquez Orta
- José López Pintor
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y del contenido de la certificación de cuenta, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de abril del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; con fundamento en el dispositivo 2º de la ley de la materia, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Consecuentemente, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, toda vez que no existen documentos originales agregados al expediente, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este Juzgado de Distrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 citado en el párrafo que precede. Toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso b). Finalmente, requiérase a las partes para que dentro del término de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezcan en el local de este órgano jurisdiccional en día y hora hábil debidamente identificados, a efecto de recoger los documentos originales que en su caso hubiesen allegado a este asunto, previa constancia de recibo que se deje en autos; apercibidas que de no hacerlo en el plazo indicado éstos serán destruidos, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Incidental
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 1593/2021-IV, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, en seguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar (suspensión provisional y definitiva) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares o su violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el suscrito, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
IV. De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa el proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, nueve de febrero de dos mil veintidós. Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo número 1593/2021-IV, promovido por Diego Enríquez Orta, contra actos del Administrador de la Aduana, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, recibido en este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, el nueve de diciembre siguiente, Diego Enríquez Orta, promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto y autoridades responsables que a continuación se citan: Autoridad responsable: Administrador de la Aduana de Matamoros Jefe de Departamento de la Aduana de Matamoros. Acto reclamado: "Artículos 1, 5, 14, 16, y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 1, 3, 9, 13, 17, 23, 28 y 30 de la Declaratoria Universal de Derechos Humanos; Artículos: 1, 2, 7, 9, 21, 24, 25, 29 y 33; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); y finalmente los Artículos 2, 3, 5, 6 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Las Garantías de DEBIDO PROCESO, LIBERTAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. De la autoridad ejecutora reclamo, el cumplimiento y la inminente ejecución que se pretende dar a dicha la falta de legalidad por la orden de decomiso de vehículos en contra de las libertades personales del quejoso, DEBIDO PROCESO, LIBERTAD, LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. De la autoridad ejecutora los diferentes destacamentos y elementos de la ADUANA DE MATAMOROS TAMAULIPAS, O Destacamentados y Subordinados la posible violación del DEBIDO PROCESO, LIBERTAD, LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA."" SEGUNDO. Mediante proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales, admitió la demanda y la registró en el libro de gobierno respectivo bajo el número 1593/2021-IX; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo según el cuerpo del acta que antecede, una vez que el expediente se encontró integrado; y, C O N S I D E R A N D O: Competencia. PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. Precisión de los actos reclamados. SEGUNDO. Con el objeto de dar cumplimiento a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso Diego Enríquez Orta reclama a la autoridad responsable lo siguiente: 1. El acta de inicio y notificación del procedimiento administrativo en materia aduanera número AVM17021527, en el que se procedió al embargo precautorio de dos vehículos y un remolque. 2. La orden de decomiso de la citada mercancía. Lo anterior obedece a la interpretación del escrito de demanda en su integridad, sin restricciones de forma, a fin de determinar con exactitud la intención de las promoventes, sin cambiar su alcance y contenido, por lo que, además del fundamento referido, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia de la Novena Época, número P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De esta manera, la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad, y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Inexistencia de actos. TERCERO. Las autoridades responsables Administrador y Jefa del Departamento ambos de la Aduana de Matamoros, al momento de rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado consistente en una orden de decomiso de la mercancía afecta al procedimiento de origen. Los anteriores informes fueron puestos a la vista de la parte agraviada; sin embargo, no desvirtuó tales negativas, con pruebas en contrario; consecuentemente, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías. Al respecto tiene aplicación por identidad de razón, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Existencia de actos. CUARTO. Las autoridades responsables Administrador y Jefa del Departamento de la Aduana de Matamoros, al momento de rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados como lo aduce el quejoso; sin embargo, hace manifestaciones que evidencian su existencia. Además, los actos reclamados -Acta de inicio y notificación del procedimiento administrativo en materia aduanera- se corroboran con las copias certificadas que las responsables adjuntaron a sus informes de ley, a las que este juzgador les otorga el valor de prueba plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2º de esa propia legislación. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Página: 391, Materia(s): Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." De igual manera, cobra aplicación en la especie, el contenido de la jurisprudencia número 226, publicada en la página 153 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Previo al estudio de fondo del asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, las que se adviertan de oficio, pues al ser la procedencia del juicio de amparo un presupuesto procesal, su estudio es preferente, de conformidad a la técnica jurídica y con fundamento en lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso a estudio, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el inicio y notificación del procedimiento administrativo en materia aduanera número AVM17021527, en el que se procedió al embargo precautorio de un vehículo marca Nissan, línea Pathfinder, tipo camioneta, color negro, año 2005, placas de circulación 58A5W64, del Estado de Alabama, Estados Unidos de América, con número de serie 5N1AR18U35C717355; un remolque marca Big Tex, modelo 2021 con número de serie 16V1W1316M3061925; y, una motocicleta marca Kawasaki, línea Vulcan 900 Custom, modelo 2012, número de serie JKAVN2C1XCA050632. En el caso, éste órgano de control constitucional concuerda con las autoridades responsables, que respecto a tales actos reclamados, se actualiza la prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso a), de la Ley de la Materia, éste último interpretado a contrario sensu, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y (.)" En efecto, la actualización de este motivo de improcedencia, interpretada a contrario sensu, radica en que los actos dictados con motivo del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera instado contra de la parte quejosa, no constituyen su resolución definitiva, pues tratándose de los emitidos en un procedimiento administrativo, como el de origen, la regla general es que el juicio sólo procede contra la resolución definitiva que en el mismo se dicte, pudiendo alegarse en ella tanto violaciones de fondo como de procedimiento, de ahí que no pueden ser impugnados en forma destacada, como ahora se pretende. El artículo 107 de la Ley de Amparo, en su fracción III, inciso a), alude a un supuesto específico de procedencia del juicio de amparo, en él se establece que el juicio de derechos fundamentales en la vía indirecta resulta procedente contra actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, lo que implica que tales tipos de asuntos tratan de actos formalmente administrativos pero materialmente jurisdiccionales. Un ejemplo de este tipo de asuntos, tiene que ver con todo acto administrativo emanado de un procedimiento seguido en forma de juicio, donde se emitan actos que agravien al particular, los cuales sólo son reclamables hasta que se dicte la resolución definitiva. En efecto, en los casos en que el juicio de amparo se promueva contra actos que se emitan dentro del procedimiento como el de materia aduanera que se reclama en la especie, impera la regla general de atender a su definitividad, que si bien se desvinculan a los actos emanados de las autoridades judiciales, también involucran aquellos cuyo origen sea procedimientos administrativos, de suerte que la expresión "seguidos en forma de juicio" debe interpretarse de manera tan amplia que implique no sólo los que la autoridad dirime una controversia, sino como todos los procedimientos en que la autoridad frente al particular prepara una resolución definitiva, en cuyo caso sólo será procedente el amparo indirecto contra la última resolución dictada en dicho procedimiento. Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J.22/2003 que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 196, Tomo XVII, Abril de 2003, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo." En ese tenor, el quejoso se duele esencialmente del acta de inicio y notificación del procedimiento administrativo en materia aduanera número AVM17021527, derivada de los hechos ocurridos el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se embargó precautoriamente un vehículo marca Nissan, línea Pathfinder, tipo camioneta, color negro, año 2005, placas de circulación 58A5W64, del Estado de Alabama, Estados Unidos de América, con número de serie 5N1AR18U35C717355; un remolque marca Big Tex, modelo 2021 con número de serie 16V1W1316M3061925; y, una motocicleta marca Kawasaki, línea Vulcan 900 Custom, modelo 2012, número de serie JKAVN2C1XCA050632. Sin embargo, es necesario destacar que los actos que por esta vía se combaten, no constituyen una resolución o sentencia definitiva, en virtud que no ponen fin a una instancia, sino que por el contrario, es el inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, por tal razón a éste le reviste el carácter de provisional. Luego, es dable concluir que el juicio de amparo instado por el quejoso contra el acta de inicio y notificación del procedimiento administrativo en materia aduanera número AVM17021527, es improcedente, en la medida en que si bien se trata de un acto que no proviene de un Tribunal Judicial, Administrativo o del Trabajo, y emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, sólo podrá promoverse contra la última resolución que en él se dicte, pues el acta de inicio del expediente administrativo en materia aduanera, no causa de momento un perjuicio de imposible reparación, ya que se trata del inicio del procedimiento en donde se respeta la garantía de audiencia del gobernado, pues conforme al artículo 150, antepenúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, se otorga al interesado un plazo de diez días hábiles, para que ofrezca los medios de convicción que considere pertinentes y alegue lo que a su interés legal conviniera. Sirve de apoyo, por las ideas que contiene, la jurisprudencia 2a./J. 24/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 147, Tomo XVII, Abril de 2003, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. SON IMPUGNABLES, POR REGLA GENERAL, A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, HASTA QUE SE PRODUZCA LA RESOLUCIÓN FINAL EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Las actas de visita domiciliaria o auditoría fiscal encuadran en la categoría de actos de trámite o instrumentales, ya que no ponen fin a la vía administrativa, sino que sólo sirven para ilustrar y aportar todos los datos necesarios para que recaiga una decisión final que, en su caso, se manifestará con el establecimiento de una liquidación o la imposición de una obligación (actos definitivos o resolutorios); de ahí que, por regla general, dichas actas no sean impugnables mediante el juicio de garantías conforme al artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo; sin embargo, la inimpugnabilidad de las mencionadas actas es una simple regla de orden y no una regla absoluta, pues no puede afirmarse que los actos de trámite nunca sean impugnables aisladamente, es decir, habrá que esperar hasta que se produzca la resolución final del procedimiento, oportunidad en la cual podrán plantearse las irregularidades que el visitado aprecie sobre el modo en que el procedimiento se ha tramitado, así como sobre la legalidad de todos y cada uno de los actos que la originaron, como la falta de identificación de los visitadores, entre otros; además, el amparo indirecto en contra del resultado final de la visita fiscal domiciliaria sólo sería procedente de conformidad con el precepto indicado, por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, excepto que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia, que se trate de amparo contra leyes o actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, supuestos en que el amparo procederá desde luego; de no ser así, el juicio de garantías sería improcedente en términos de la fracción XV del artículo 73 de la ley citada, habida cuenta de que en contra del resultado final de esa visita -resolución definitiva-, el particular afectado, en acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio de garantías, tiene la carga de agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal que proceda, por virtud del cual aquél pueda ser modificado, revocado o nulificado." Por ello, en el caso no resulta factible el estudio del inicio y notificación del procedimiento administrativo en materia aduanera, pues éste no es definitivo, dado que es el medio para llegar a determinar la situación jurídica de las mercancías sujetas a revisión, y bien puede suceder que dicho procedimiento culmine sin que se resienta perjuicio alguno, por tanto, será hasta el momento en que se resuelva si el quejoso puede o no recuperar la mercancía materia del embargo, cuando podrá hacer valer en su contra el juicio de amparo. Esto, porque aun en el caso de que existan violaciones procedimentales en esa parte inicial, lo cierto es que, al no existir resolución definitiva en la que se determine la situación fiscal en materia de comercio exterior, respecto de la mercancía que por esta vía se defiende, no podrán reclamarse en el amparo todos los actos intermedios útiles para integrar debidamente el procedimiento relativo y permitir a la autoridad el resolver lo que en derecho corresponda. De ahí que, es evidente, en este momento el procedimiento administrativo en materia aduanera no ha concluido, por lo que el impetrante debe acudir a la sede administrativa a hacer valer sus derechos, y una vez que sea oído y vencido en el mismo, se dictará una resolución que será definitiva, en la que se calificará el acta de verificación respectiva, que por lógica jurídica será la que le irrogue algún perjuicio en su esfera jurídica, hasta entonces, cuando tal acto sea definitivo, podrá reclamarlo en la vía constitucional. Así es, cuando se dicte resolución definitiva, podrá reclamar todas y cada una de las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento, pues no debe perderse de vista, que en el caso, el actuar de la responsable se encuentra condicionado, a su vez, por la conducta que asuma la interesada que necesariamente debe sujetarse al procedimiento oficioso respectivo, ya que de no hacerlo así, de aceptar como procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales que acontezcan o sucedan de modo aislado, dentro de una secuencia de actos jurídicos concatenados entre sí, se obstaculizarían injustificadamente las secuencias procesales y se impediría a la autoridad ejercer sus facultades de control de ingreso de mercancía y pago de tributos, u otros conceptos; lo que resulta inadmisible. Estimarse lo contrario, se estaría alejando de su naturaleza jurídica al medio de control constitucional, utilizándose sólo para retardar o entorpecer procedimientos. En las relacionadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia, debe sobreseerse el presente juicio, respecto del acta de inicio y notificación del procedimiento administrativo en materia aduanera número AVM17021527, Por tanto, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado, asimismo, no procede analizar si se actualizan diversos motivos de improcedencia en contra de tal acto, hechos valer por las autoridades responsables, pues basta que se estudie uno de ellos, de ahí que se prescindirá de su estudio, al no poder variar el sentido de lo resuelto. Al respecto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 54/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 414, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por último, no pasa inadvertido que en la aludida acta de inicio y notificación del procedimiento administrativo en materia aduanera, se decretó el embargo precautorio de un vehículo marca Nissan, línea Pathfinder, tipo camioneta, color negro, año 2005, placas de circulación 58A5W64, del Estado de Alabama, Estados Unidos de América, con número de serie 5N1AR18U35C717355; un remolque marca Big Tex, modelo 2021 con número de serie 16V1W1316M3061925; y, una motocicleta marca Kawasaki, línea Vulcan 900 Custom, modelo 2012, número de serie JKAVN2C1XCA050632, pues ese acto no fue reclamado, dado que el quejoso lo que reclamó es una orden de decomiso, y por lo mismo no se formularon conceptos de violación al respecto. Lo que se afirma, en virtud que se centraron en combatir la notificación a dicho procedimiento y que las autoridades no le quieren devolver los vehículos que dice son de su propiedad. Además, en el caso no se actualizan las hipótesis previstas por el numeral 79 de la Ley de la Materia, para suplir la deficiencia de los conceptos de violación. No escapa para este órgano de control constitucional que el quejoso adjuntó a su demanda un escrito en el que solicitó a las autoridades responsables la devolución de diversa mercancía que refiere le fue retenida el día treinta de noviembre de dos mil veintiuno; sin embargo, de dicho ocurso, se advierte que no pidió la entrega de los vehículos que le fueron embargados precautoriamente, sino de los títulos de propiedad, mismos que por acuerdo de dos de diciembre del citado año, emitido por el Jefe del Departamento de la Aduana, fue acordado de conformidad (fojas 8 a 11). Lo anterior impide a este órgano de control de la constitucionalidad el análisis del fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO SE PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 74, 75, 215 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Diego Enríquez Orta. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, hasta el día de hoy veintinueve de abril de dos mil veintidós, ante el licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
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