Diego Armando Tejeda Cano

Expediente 598/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
598/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • Diego Armando Tejeda Cano
  • José López Pintor

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio número IRCT/MAT/4094/2020 con anexo, enviado por la Directora de la Oficina Regional de Matamoros del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, Registro Público de la Propiedad Inmueble y de Comercio, con sede en esta ciudad, así como con el anexo que se adjuntó al mismo, por medio del cual en acatamiento a lo requerido por este tribunal el once de diciembre de la presente anualidad, informa el cumplimiento dado a la sentencia concesoria de amparo emitida en este asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan, y conforme al artículo 196 de la ley de la materia, póngase lo anterior a la vista de la parte agraviada y del tercero interesado por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su intereses convenga. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    H. Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. H. Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guarda el presente expediente se advierte que mediante sentencia dictada el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Alfredo Baños Sifuentes, respecto del acto que reclamó al Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. Los efectos de la protección constitucional fueron los siguientes: "En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al agraviado Alfredo Baños Sifuentes, para el efecto de que el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, realice lo siguiente: a) Deberá acordar lo conducente respecto a las peticiones del quejoso y su defensor público federal, en las que han solicitado se les tenga por desistidos de toda prueba ofrecida pendiente de desahogo. b) En cuanto al desistimiento de la diversa prueba denominada "Protocolo de Estambul", cabe precisar que uno de los requisitos para el desahogo del aludido dictamen, es que solo podría realizarse si el encausado da su consentimiento expreso para su desahogo, pues si bien existe la obligación de investigar todo indicio de tortura, tal circunstancia de ninguna manera puede trascender a la invasión de la dignidad e intimidad del inculpado. Por consiguiente, en aras de garantizar el respecto a los derechos humanos y la adecuada defensa del procesado, deberá señalar hora y fecha para que en diligencia formal y una vez enterado por parte de su defensa de las consecuencias jurídicas que acarrea su decisión, reitere su postura, o bien, manifieste lo que estime pertinente, en cuanto a la práctica de la prueba pericial médica en materia de psicología, conforme al Protocolo de Estambul, en su persona. Sin que en el caso sea necesario dar vista al fiscal de la Federación adscrito con la noticia de posibles actos de tortura, pues mediante proveído de doce de noviembre de dos mil catorce, el juez responsable dio vista al similar de su adscripción a efecto de que inicie la investigación autónoma e independiente, del delito correspondiente, acorde con las facultades constitucionales de las que se encuentra investido (fojas 649 a 656 y 695 tomo XXXVI). c) En un plazo que no exceda de tres meses desahogue las diligencias faltantes de ratificación de los dictámenes a cargo de diversos expertos que se han precisado en esta resolución, para lo cual deberá remitir a este Juzgado todas las actuaciones tendientes para su desahogo, inclusive hacer uso de los medios de apremio que señale la legislación procesal que rigen los actos reclamados, y así, proseguir con la siguiente etapa del procedimiento, en los términos del artículo 150 del Código Federal de Procedimientos Penales. Lo que antecede es así, atendiendo a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa, que en este caso, corresponde a la etapa de instrucción. Por tener consideraciones aplicables al caso, se cita la tesis 2a. CV/2013 (10a.), Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Común, página 732, del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." La indicada resolución causó ejecutoria mediante proveído de veinticuatro de abril del año en curso, por lo que se requirió a la responsable su cumplimiento (fojas 182 a 183), en el entendido de que si bien en dicho auto se le otorgó un plazo de tres días, la autoridad tendría un término que no excediera de tres meses, para desahogar diversas diligencias dentro de la causa penal 117/2010-IX y su acumulada 126/2010-IX. Mediante proveídos de dos, catorce y veintinueve de mayo, once de junio, uno y once de julio, trece de agosto, nueve y dieciocho de septiembre, y veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, tres de marzo, veintinueve de septiembre, y trece de octubre de dos mil veinte, se recibieron los oficios números 6263/2019-IX, 6275/2010-IX-2, 6699/2019-IX, 7071/2019-IX-2, 8113/2019-IX, 8652/2019-IX, 10074/2019, 10594/2019, 10761/2019, 12568/2019, 1037/2019, 1867/2020, 2087/2020 con los cuales la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento y las gestiones tendientes para el acatamiento de la ejecutoria de amparo, mismos que se pusieron a la vista del quejoso Alfredo Baños Sifuentes. Ahora bien, uno de los efectos de la sentencia de amparo, fue que el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, acordara las peticiones del quejoso y de su defensor público federal, en las que han solicitado se les tenga por desistidos de toda prueba ofrecida pendiente de desahogo; asimismo, señalar hora y fecha para que en diligencia formal y una vez enterado el procesado por parte de su defensa de las consecuencias jurídicas que acarrea su decisión en cuanto al desistimiento de la prueba denominada "Protocolo de Estambul". En cumplimiento a lo anterior la autoridad responsable comunicó que en auto de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se tuvo al quejoso y a su defensor, por desistidos en su perjuicio de las pruebas ofrecidas, admitidas y que se encuentran pendientes de desahogar en la causa penal 117/2010 y su acumulado 126/2010. De igual manera, remitió copia certificada de la audiencia celebrada el trece de mayo de dos mil diecinueve, en la que se tuvo al ahora quejoso por desistido y a su entero perjuicio de la prueba de "Protocolo de Estambul". En otro aspecto, el diverso efecto de la sentencia de amparo, fue que el juez responsable en un plazo que no excediera de tres meses desahogara las diligencias faltantes de ratificación de dictámenes a cargo de diversos expertos, para lo cual debería remitir todas las actuaciones tendientes a su desahogo, inclusive hacer uso de los medios de apremio que señale la legislación procesal que rige el acto reclamado, y así, proseguir con la siguiente etapa del procedimiento, en los términos del artículo 150 del Código Federal de Procedimientos Penales. Conforme a las constancias que obran en autos se advierte que durante el plazo de tres meses que se le concedió a la autoridad responsable para que cumpliera con la sentencia de amparo, -que feneció el veinticinco de julio de dos mil diecinueve-, informó sobre diversos trámites para la ratificación de los dictámenes dentro de la causa penal de origen. Mediante proveídos de seis de agosto y diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, veinticuatro de febrero y veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, este órgano de control constitucional solicitó al Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, para que remitiera un informe detallado de los dictámenes periciales que no se han desahogado dentro de la causa penal 117/2010-IX y su acumulada 126/2010-IX, así como de las gestiones que haya realizado para su cometido. Ante esto, la responsable mediante oficios números 10074/2019-IX-1, 12568/2019-IX-4, 1037/2019 y 1867/2020, comunicó cuáles eran los dictámenes pendientes de ratificación en el proceso penal de origen y las gestiones realizadas para su cometido. Por otra parte, por escrito presentado el tres de julio de dos mil diecinueve, el licenciado Trinidad Meza Raya, Defensor Público Federal del quejoso, manifestó que aun no se ratificaban la totalidad de los dictámenes periciales dentro del proceso penal origen de los actos reclamados. En consecuencia, a fin de emitir pronunciamiento respecto a si la ejecutoria de amparo está o no cumplida con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 193, párrafo tercero, de la Ley de la Materia, solicítese de la manera más atenta al Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, remita un informe detallado de los dictámenes periciales pendientes de desahogo en la causa penal 117/2010-IX y su acumulada 126/2010, así como las gestiones que haya realizado para su cometido. En la inteligencia de que mediante oficio número 2087/2020, la citada autoridad responsable comunicó que diversos dictámenes periciales serían ratificados los días dieciséis, diecisiete y dieciocho de diciembre de este año, por lo que a su informe deberá comunicar si se efectuaron esas diligencias. No pasa desapercibido para este Juzgado de Distrito, que el término de tres meses que se concedió a la responsable para que cumpliera con la ejecutoria de amparo ha fenecido; sin embargo, durante ese plazo y después de éste, informó sobre los trámites realizados para su acatamiento; además, como se vio de las comunicaciones que obran en autos son diversos los dictámenes que se encuentran pendientes de ratificación, por lo que factiblemente fue imposible cumplir su cometido en esa temporalidad. Además, es un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, decretó la suspensión de plazos y términos, de los asuntos de los órganos jurisdiccionales del diecisiete de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, reanudando los procedimientos hasta el tres de agosto del año en curso, en cumplimiento al artículo 2 del Acuerdo General 21, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, por lo que durante ese plazo no pudieron practicarse actuaciones judiciales lo que originó el retraso de las diligencias de ratificación de dictámenes. No obstante lo anterior, solicítese a la responsable para que continuamente informe las gestiones para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo (ratificación de dictámenes), sin necesidad de que éste Juzgado le haga algún requerimiento; además, que para su realización deberá hacer uso de los medios de apremio que señale la legislación procesal correspondiente, así como el envío de oficios de localización y exhortos. Por otra parte, téngase por recibido el oficio número 465/2020 y anexo, enviado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, a través del cual remite el escrito firmado por el quejoso Alfredo Baños Sifuentes, a través de cual manifiesta que no se ha cumplido con la ejecutoria de amparo, por lo que solicita la intervención de este órgano jurisdiccional para que se le dé celeridad a su proceso como lo dictan nuestras leyes; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a los autos para que obre como corresponda. En atención a lo manifestado por el quejoso Alfredo Baños Sifuentes, hágasele saber que uno de los efecto de la sentencia de amparo, fue que el juez responsable en un plazo que no excediera de tres meses desahogara las diligencias faltantes de ratificación de dictámenes a cargo de diversos expertos, para lo cual debería remitir todas las actuaciones tendientes a su desahogo, inclusive hacer uso de los medios de apremio que señale la legislación procesal que rige el acto reclamado, y así, proseguir con la siguiente etapa del procedimiento, en los términos del artículo 150 del Código Federal de Procedimientos Penales. Sin embargo, esto no ha sido posible dada la cantidad de dictámenes que obran en la causa penal origen de los actos reclamados; empero, la autoridad responsable continuamente ha informado todas y cada una de las gestiones necesarias para materializar la ratificación de cada uno de ellos, por lo que factiblemente fue imposible cumplir con su cometido en la temporalidad establecida. Es cierto que la falta de ratificación de dictámenes acarrea que no se decrete el cierre de instrucción de la causa penal que se instruye en su contra, lo cual es contrario a la garantía de impartición de justicia pronta y expedida que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, no puede considerarse un desacato al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, si continuamente la autoridad ha informado las gestiones necesarias para su total acatamiento. Una vez que se reciba la información requerida en este auto a la autoridad responsable, se ordenará la notificación personal al agraviado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Diego Armando Tejeda Cano, contra los actos que reclamó a las autoridades señaladas como responsables, en los términos establecidos en los considerandos tercero y cuarto de la presente sentencia. Notifíquese. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia constitucional, firmando el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

  4. Incidental

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, aparece que se encuentran señaladas las nueve horas con dieciocho minutos de esta propia fecha para la celebración de la audiencia incidental de este asunto únicamente por lo que respecta a la autoridad responsable que el quejoso denominó como Comisario de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; asimismo, de autos se desprende que ha transcurrido el término de tres días que le fue concedido al agraviado Diego Armando Tejeda Cano, en resolución de catorce de octubre del año en curso, sin que se haya pronunciado al respecto; en tal razón, se hace efectivo el apercibimiento con que fuera conminado en la citada interlocutoria, por lo que se tiene por inexistente a la autoridad antes referida, suspendiéndose toda comunicación con la misma. Ahora bien, tomando en cuenta que el presente incidente de suspensión, se encuentra pendiente de resolver únicamente respecto de la autoridad que hoy se tiene por inexistente, de manera que al no existir autoridad sobre la cual pronunciarse en definitiva, resulta ocioso la continuación de este incidente; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental que se encuentra señalada para las nueve horas con dieciocho minutos de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

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