Diego Carranco Muñoz
Expediente 1123/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1123/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Diego Carranco Muñoz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, y dado que no media el plazo de por lo menos ocho días que debe existir entre la presentación de los informes justificados y la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para que las partes se impongan del contenido de dichos informes, por tanto, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Es aplicable por analogía la tesis visible en la página 409 del tomo VII, marzo de 1998, novena época, Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ello de conformidad con lo establecido en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes, que a la letra dice: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA DE OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA, Y NI EL QUEJOSO NI EL TERCERO PERJUDICADO TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.- Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y a la vez se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aún cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso, y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Razón por la que esta Sala no comparte el criterio sustentado por la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 19/89. Por último, se hace del conocimiento a las partes para los fines conducentes, que a partir del uno de diciembre de dos mil diecinueve, la nueva Titular de éste Órgano de Control Constitucional es la Jueza ***, conforme al oficio número SEADS/1412/2019, de trece de noviembre de dos mil diecinueve, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
RECEPCIÓN DE INFORME JUSTIFICADO. Por recibido el oficio suscrito por el Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado en esta ciudad, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Amparo, ténganse por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional y désele vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Principal
Vista la demanda de amparo, que promueve ***, mediante la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos del Juzgado de Oralidad Penal (Sistema Acusatorio) de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad y Juzgado de Oralidad Penal (Sistema Acusatorio) de la Primera Región del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, (autoridades ordenadoras), y Coordinador General de la Unidad de Robo y Recuperación de Vehículos de Motor de la Subprocuraduría de Investigación Especializada, Coordinador General de la Unidad Especializada contra el Secuestro de la Subprocuraduría de Investigación Especializada, SIE, Coordinador General de la Unidad Especializada contra los Delitos Cibernéticos y Extinción de Dominio de la Subprocuraduría de Investigación Especializada, éstos últimos con sede en Guanajuato, Capital, Coordinador de la Policía Ministerial del Estado de Guanajuato perteneciente a la Región "C" de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado de Guanajuato perteneciente a la Región "C" de la Fiscalía General de Justicia del Estado y Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, estos últimos con sede en esta ciudad (autoridades ejecutoras); por violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. El quejoso en su demanda de garantías establece en el capítulo de antecedentes lo siguiente: el día 19 de noviembre del presente año, me comentaron mis vecinos que en varias horas en el transcurso del día, personas que se decían Agente de la Policía Ministerial del Estado se presentaron en su domicilio, argumentando que tenían instrucciones de localizarme y detenerme, desconociendo el motivo por el cual me están buscando tengo el grave temor fundado de poder ser privado de mi libertad. Ahora bien, toda vez que señala como autoridades: Juzgado de Oralidad Penal (Sistema Acusatorio) de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad y Juzgado de Oralidad Penal (Sistema Acusatorio) de la Primera Región del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, (autoridades ordenadoras), y Coordinador General de la Unidad de Robo y Recuperación de Vehículos de Motor de la Subprocuraduría de Investigación Especializada, Coordinador General de la Unidad Especializada contra el Secuestro de la Subprocuraduría de Investigación Especializada, SIE, Coordinador General de la Unidad Especializada contra los Delitos Cibernéticos y Extinción de Dominio de la Subprocuraduría de Investigación Especializada, éstos últimos con sede en Guanajuato, Capital, Coordinador de la Policía Ministerial del Estado de Guanajuato perteneciente a la Región C de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado de Guanajuato perteneciente a la Región C de la Fiscalía General de Justicia del Estado, estos últimos con sede en esta ciudad, dichas autoridades no resultar ser las idóneas y a las que se les confiera la ejecución del acto con el que se le pretende privar de su libertad; por lo que la autoridad quien tiene injerencia en el acto que reclama el promovente lo es el Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado con sede en esta ciudad, por lo tanto se tiene únicamente a ésta como autoridad responsable; dejándose de tener con dicho carácter a las restantes que señala como autoridades responsables por no tener injerencia en el acto que reclama la parte quejosa. Ahora bien, de lo narrado se advierte como acto que en realidad lo es una posible privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento judicial, la cual en su caso, puede ser ejecutada por la autoridad denominada Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. Sin perjuicio de que una vez rendido el informe que corresponda a la citada responsable se advierta la participación de diversas autoridades en la emisión o ejecución del acto reclamado, caso en el cual se proveerá lo que en derecho proceda en cuanto a la ampliación de la demanda de amparo. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 1123/2019-VII.1, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda promovida por ***, en contra del acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento. Lo anterior, de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo y lo establecido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000 estableció la obligatoriedad del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. Cuyo rubro establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. De dicha jurisprudencia se desprende que la demanda de amparo es un todo por lo que debe interpretarse en su integridad, de ahí que si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Asimismo, el Pleno del Máximo Tribunal del País estableció que el juzgador de amparo debe armonizar la demanda, analizando conjuntamente los datos que emanen del escrito inicial en un sentido congruente con todos los elementos que obran en el expediente, a efecto de desentrañar el pensamiento e intencionalidad del quejoso. Lo expuesto deriva de la tesis P. VI/2004, cuyo rubro es: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Pídase INFORME JUSTIFICADO a la autoridad responsable quien de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita; sin embargo, deberá de tomar en consideración el artículo 25, 1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra establece: Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su respetivo informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para llevar a cabo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el presente juicio de amparo, ello en virtud de que las labores del juzgado así lo permiten y para favorecer la pronta impartición de justicia a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se requiere a la autoridad responsable, para que exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; debiendo, en su caso, acompañar el expediente respectivo o bien copia certificada, legible, íntegra y ordenada de las constancias necesarias para apoyar el informe que emitan, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo. También, deberán informar a este Juzgado Federal de las resoluciones que se dicten en el juicio de origen, así como de los recursos, o en su caso de distintos juicios de amparo que al efecto se interpongan o se hayan interpuesto. De igual manera, se requiere a la autoridad responsable, para que en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, informe de inmediato a este órgano de control constitucional, si durante el trámite del presente juicio de amparo, se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento en el mismo, en especial si por cualquier circunstancia se da un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por la fracción XVII, del numeral 61, del mismo ordenamiento legal. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con la anterior obligación, se le impondrá a la autoridad que incumpla una multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, vigente, una vez que lo permitan las labores de este Juzgado Federal, expídale a la parte quejosa las copias certificadas que peticiona, previa identificación y constancia que por su entrega se glose en autos. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. En ese orden, tomando en consideración que el acto reclamado consiste en la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento judicial de Diego Carranco Muñoz, actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo; por tanto, de conformidad con el diverso numeral 126 de este último ordenamiento legal SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que ***, no sea detenido con motivo de la orden de privación de la libertad fuera de procedimiento reclamada en esta vía constitucional. La medida cautelar en cita no surtirá efectos en favor de la parte quejosa sí se le sorprende en flagrante delito, o bien, si se trata de cumplimentar una orden de detención, presentación, aprehensión o reaprehensión dictada por autoridad distinta de las señaladas por el peticionario del amparo. Al respecto resulta aplicable la tesis 1a./J. 58/2016 (10a.), que en Contradicción resolviera la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, viernes 18 de noviembre de 2016 10:29 h, registro 2013066, cuyo texto y rubro son: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta. Sin que sea necesario fijar garantía alguna para que surta efectos la presente medida cautelar. Por otro lado, dado que resulta un hecho notorio para este Órgano de Control Constitucional, que generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este Juzgado Federal, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes, obstaculizando el manejo físico y estudio de los mismos, y dado que el artículo 28 de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado por los medios correspondientes, o bien a través del funcionario adscrito designado para ello, quien recabará recibo de los mismos, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Luego, a fin de evitar el exceso que se menciona, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este Tribunal Federal, salvo aquéllos casos en los que de manera expresa le sea solicitado acuse de recibo. Se hace del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando Décimo Quinto del Reglamento de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Téngase como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones el despacho ubicado en calle *** esta ciudad. Asimismo, téngase por autorizada en TÉRMINOS AMPLIOS, con apoyo en el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, a los licenciados ***, toda vez que tienen debidamente registradas sus cédulas profesionales en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.
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