Diego Armando Martinez Rodriguez
Expediente 859/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 859/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Diego Armando Martinez Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo1, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita.****? Se ordena archivo. Se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. ? Valoración de expediente.***? Devolución de documentos y garantía. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron en el sumario.?Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes.
- Principal
Demanda. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por ****, en favor de **** y ****, mediante la cual solicitan el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuyen a: Juez de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado sede Celaya. Director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Celaya. Dirección General de Policía Municipal dependiente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, sede Celaya. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 859/2023-II. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La privación de la libertad fuera del procedimiento debido a que en la causa penal **** del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado, con sede en esta ciudad, en revisión de medidas cautelares de catorce de octubre de dos mil veintitrés, se levantó la prisión preventiva oficiosa y quedó pendiente la imposición de otra medida hasta que tuviera verificativo la continuación de la audiencia. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Cambio de situación jurídica. El cambio de situación jurídica acontece cuando con posterioridad a la emisión del acto de autoridad, en el propio procedimiento se dicta determinación diversa que incide en el reclamo e imposibilita el análisis de su constitucionalidad, pues estimar lo contrario implicaría afectar la nueva situación procesal. Así, se torna improcedente el amparo cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio y que, en virtud de un cambio de situación jurídica, haga inviable el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, dada la imposibilidad técnica existente debido a que podría modificarse esta nueva situación jurídica. En ese sentido, conlleva que las violaciones reclamadas sean irreparables, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico. En esa línea de pensamiento, dicha causal de improcedencia no se actualiza en aquellos casos que no cumplan con las cualidades transcritas. Esto es razonable porque, precisamente, su existencia se basa en la creación de una etapa o estado procesal diferente; característica fundamental de un proceso que se desarrolla en diversas etapas sucesivas. Así, jurisprudencialmente se ha establecido que, para que se actualice dicha improcedencia, se requiere lo siguiente: previo a la petición de amparo, la existencia de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; la emisión del acto de autoridad dentro del procedimiento; Cambio de situación jurídica en el procedimiento que consume irreparablemente las violaciones reclamadas; y, exista autonomía entre el acto reclamado y la nueva resolución en el procedimiento; de tal suerte que subsista la nueva situación jurídica, con independencia de que sean fundadas o no las violaciones sustentadas por el quejoso. Debe aclararse que esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídico-procesal, y no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban antes de la consumación del acto reclamado. Es decir, a diferencia de la fracción XVI, en ésta no hay imposibilidad física o material para reparar las violaciones derivadas de dicho acto, sino un impedimento jurídico-procesal, pues permitir la destrucción de otros actos de autoridad que escapen a la litis planteada en el proceso constitucional (cuyos fundamentos no pueden valorarse por no integrar la esencia del juicio), constituiría una extralimitación de la sentencia, porque se invalidarían como consecuencia actos de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad aún no ha sido controvertida ni resuelta conforme a derecho. *** Análisis del caso concreto. Primeramente, es necesario destacar que de la búsqueda realizada en el Sistema integral de seguimiento de Expedientes, que se lleva ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se advierte como hecho notorio que en el amparo indirecto 854/2023 de la estadística de este órgano jurisdiccional, ****, promovió demanda en favor de *** y ****, contra el juez de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado sede Celaya, y otras autoridades, consistente en la privación de la libertad fuera del procedimiento debido a que en la causa penal ****. Así, en dicho expediente, en acuerdo de dieciséis de octubre pasado, ****, informó que en la continuación de la audiencia de revisión de medidas cautelares de esa misma data, celebrada dentro de la causa penal *** del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado, con sede en esta ciudad, se impuso a los directos quejosos **** y ***, diversa medida cautelar y se ordenó su libertad. Ahora, dado que el presente sumario fue presentado por ****, en favor de *** y ***, por el acto reclamado consistente en: La privación de la libertad fuera del procedimiento debido a que en la causa penal **** del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado, con sede en esta ciudad, en revisión de medidas cautelares de catorce de octubre de dos mil veintitrés, se levantó la prisión preventiva oficiosa y quedó pendiente la imposición de otra medida hasta que tuviera verificativo la continuación de la audiencia. Es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia de estudio; ello, ya que los directos quejosos reclaman la privación de la libertad fuera del procedimiento debido a que en la causa penal ***** del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado, con sede en esta ciudad, en revisión de medidas cautelares de catorce de octubre de dos mil veintitrés, se levantó la prisión preventiva oficiosa y quedó pendiente la imposición de otra medida hasta que tuviera verificativo la continuación de la audiencia y en la continuación de la audiencia de dieciséis de octubre del año en curso, celebrada dentro de la causa penal citada, se impuso a los directos quejosos *** y ***, diversa medida cautelar y se ordenó su libertad. Por ende, es incuestionable que cambió jurídicamente la situación de aquella, ya que imposibilita su análisis sin afectar la nueva situación procesal. Así, los quejosos están en aptitud de reclamar en un nuevo juicio de amparo indirecto la determinación de dieciséis de octubre del año en curso, pues ésta guarda relación con la revisión de medidas cautelares de catorce de octubre de dos mil veintitrés, donde se levantó la prisión preventiva oficiosa y quedó pendiente la imposición de alguna otra, ya que resolvió el tema en cuestión -revisión de medidas cautelares-. Por tanto, se tiene actualizada la improcedencia invocada, ya que lo resuelto en la audiencia de revisión de medidas de catorce de octubre de dos mil veintitrés, se emitió dentro del procedimiento y cambió su situación a la hora de pronunciarse la determinación de dieciséis de octubre del año en curso, donde se consumó irreparablemente la violación reclamada; y, exista autonomía entre el acto reclamado y la nueva resolución en el procedimiento, de tal suerte que subsiste la nueva situación jurídica, con independencia de que sean fundadas o no las violaciones sustentadas por los quejosos. Lo expuesto, pues la finalidad del artículo 61, fracción XVII, es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Además, la nueva situación jurídica y su autonomía no son materia de impugnación en el juicio constitucional que puedan analizarse en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la ley citada; ello en atención a los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias que rigen al juicio pues, de lo contrario, se transgrede el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al trastocar los efectos de diversa resolución judicial que no fue previamente impugnada por la parte agraviada. Sin que lo anterior contravenga el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada -como se dijo- mediante diverso juicio de amparo. Protesta de ley. **** Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, con apoyo en el consecutivo 113 del primer ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable.*** Autorización de reproducción de actuaciones judiciales. **** Se autoriza acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas.
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