Diego Armando Vázquez

Expediente 524/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
524/2015
Año
2015
Actuaciones
9
Última actuación
20/05/2015

Partes del expediente

  • Diego Armando Vázquez
  • Esthela Vázquez Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de mayo de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veintinueve de abril de dos mil quince, a través del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214, de la Ley de Amparo en vigor, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia; por lo que, éste Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo, se determina que el incidente de suspensión relativo, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en virtud, de que por una parte se negó a los quejosos la suspensión definitiva solicitada; y, por otra se les concedió la medida cautelar solicitada; por lo que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la interlocutoria correspondiente; por tanto, agréguese el original del incidente de suspensión al juicio de amparo en que se actúa, y el duplicado guárdese por separado, para que atendiendo a la disposición legal antes aludida, una vez que transcurra el término de seis meses se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. En atención a lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, por cuanto hace a las constancias que integran el expediente 3451/14-23-01-9, que en copia fotostática certificada remitió la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Norte-Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado; se determina que dichas documentales se anexen al diverso juicio de garantías 542/2015 del índice de este Órgano Jurisdiccional, toda vez que fue promovido por los mismos quejosos, por los mismos actos reclamados y la misma autoridad; lo anterior, por ser necesarias para resolver dicho asunto, tal y como está ordenado en auto de veintiocho de abril del año en curso. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria que autoriza, licenciada María Soledad Torres Muguiro.- DOY FE.

  2. Incidental

    PRIMERO.- SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. SEGUNDO.- SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA..

  3. Principal

    En veintinueve de abril de dos mil quince, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos.- DOY FE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de veintitrés de abril de dos mil quince, se reservó acordar lo conducente respecto a la petición que formuló el representante legal de los quejosos Diego Armando Vázquez y Esthela Vázquez Reyes, en el escrito registrado con el número 7125, hasta en tanto obrara el informe justificado de la autoridad responsable Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Norte-Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad; por tanto, como ya obra en auto el informe de mérito, se procede a proveer lo relativo a dicha promoción. Ahora bien, en el citado escrito registrado con el número 7125, el licenciado José de Jesús Esqueda Díaz, representante legal de los quejosos solicitó esencialmente que se sobresea el juicio de amparo en que se actúa, en razón de que, los quejosos Diego Armando Vázquez y Esthela Vázquez Reyes, promovieron un diverso juicio de amparo número 542/2015 (mismo acto y autoridad responsable); además, de que la jurisprudencia de rubro "AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO", que invocó en su escrito inicial de demanda, fue superada por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedando su rubro de la siguiente manera: "AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J.199/2004). También se debe decir, que en el preámbulo de la demanda que motivó el juicio de amparo en que se actúa, se señaló en lo que aquí interesa, lo siguiente: "JOSÉ DE JESÚS ESQUEDA DÍAZ, abogado defensor público federal, en representación de los actores en el expediente 352/14-23-01-9 del índice de la Sala Regional del Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por ser su autorizado en términos amplios del artículo 5º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, [.]." (Lo resaltado es propio de este Juzgado de Distrito) Asimismo, del proveído de diecisiete de junio de dos mil catorce, que obra en los autos del expediente 351/14-23-01-9, del índice de la autoridad responsable, se advierte que al licenciado José de Jesús Esqueda Díaz, se le reconoció el carácter de autorizado de los aquí quejosos Diego Armando Vázquez y Esthela Vázquez Reyes, en términos de lo dispuesto en el 5º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Luego, en atención a lo anterior, el suscrito juzgador advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los precepto 6º y 10 todos de la Ley de Amparo vigente, y con el diverso cardinal 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que textualmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. [.]." "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. [.]." De los preceptos legales trascritos, se advierte que para ejercitar la acción de amparo es necesario que se actualice el principio de parte agraviada, esto es, que el gobernado ejerza la acción constitucional mediante la cual combata el acto de autoridad que considere lesione sus derechos fundamentales, así como también resulta indispensable que exista un agravio personal y directo en contra de quien la promueve, lo que se traduce en la existencia de un menoscabo u ofensa que recae y se concreta en una persona física o moral determinada. En efecto, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional podrá promoverse por la persona física a quien afecte el acto reclamado, el cual podrá comparecer por sí, por su representante legal o por su apoderado, ello en relación con el artículo 10 del citado ordenamiento legal, que establece que la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, esto es, en el presente caso, en la forma determinada por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, específicamente en su numeral 5º. El citado artículo 5º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, señala: ARTÍCULO 5o.- Ante el Tribunal no procederá la gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otra deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de la presentación de la demanda o de la contestación, en su caso. [.] Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines. Con independencia de lo anterior, las partes podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo." El contenido de dicho precepto permite a las partes en el juicio contencioso, autorizar por escrito a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. En el caso que nos ocupa, y mediante demanda recibida en la Oficialía de Partes de la autoridad responsable, los aquí quejosos autorizaron al licenciado José de Jesús Esqueda Díaz, para recibir notificaciones, en los términos más amplios del aludido artículo 5º, lo que fue acordado de conformidad mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil catorce, en los autos del expediente 351/14-23-01-9. De lo hasta aquí expuesto, no se advierte que de ninguna de las disposiciones legales invocadas se derive que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo indirecto en representación de su autorizante; ya que -como quedó establecido-, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por lo que, la sola designación de una persona autorizada para oír y recibir notificaciones, a juicio del suscrito, resulta insuficiente para que éste se encuentre facultado para promover juicio de amparo a nombre de su autorizante. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.90/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro XII, correspondiente al mes de septiembre de dos mil doce, Tomo dos, visible en la página mil ciento setenta y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y también bajo el número de registro 2001581, cuyo rubro y texto señalan: "AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004). El artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite que el actor en el juicio contencioso o su representante legal, autorice por escrito a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Ahora, de esta última disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; todo lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio que la legislación reglamentaria de dicho precepto constitucional señala al disponer en su artículo 4o., que el juicio de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, personas estas últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en términos del citado artículo 13 para efectos de la promoción del juicio de amparo directo, pero no los autorizados para oír notificaciones, cuya participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria." De lo anterior se colige que el licenciado José de Jesús Esqueda Díaz, no tiene legitimación para promover la instancia constitucional de amparo a favor de los aquí quejosos Diego Armando Vázquez y Esthela Vázquez Reyes. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los precepto 6º y 10 todos de la Ley de Amparo vigente, y con el diverso cardinal 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V de la Ley Reglamentaria en consulta, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. ALFONSO

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de abril de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde el INFORME JUSTIFICADO de la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Norte-Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad; con su contenido dese vista a las partes para los efectos legales consiguientes; asimismo, con apoyo en el numeral 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas admitidas y desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las constancias que integran el expediente 351/14-23-01-9 (dos tomos) que remite la autoridad oficiante; sin perjuicio de relacionarlas y valorarlas en el periodo correspondiente dentro del desahogo de la audiencia constitucional que al efecto se celebre; dado el volumen de las referidas actuaciones, y a fin de facilitar su consulta, se determina formar cuaderno de pruebas por separado. Finalmente, y tomando en consideración la existencia del acto reclamado, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.

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