Diego Alejo Rodríguez Torres

Expediente 419/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
419/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • Diego Alejo Rodríguez Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta con las promociones con folio 6398, 6080 y 6280. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta registrado con folio 6398 signado por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito del estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de los autos del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes; asimismo, comunica que asumió el conocimiento de dicho expediente. Bajo esas condiciones, con apoyo en el numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, se determina que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el artículo 21, inciso i, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que de las constancias que integran el presente cuaderno, se advierte que no son de relevancia documental. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. En otro aspecto; vistas las promociones registradas bajo los folios 6080 y 6280 que remite el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Pinos, Zacatecas mediante los cuales rinde informe previo y justificado; atendiendo a lo expuesto en párrafos precedentes, remítanse dichos ocursos al Juzgado Tercero de Distrito en el estado, para los efectos legales conducentes, previa copia que se deje de los mismos en el cuaderno de antecedentes en que se actúa. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  2. Principal

    En diez de marzo de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez de Distrito con el estado que guardan los presentes autos y con el oficio SECNO/STCCNO/119/2022, firmado electrónicamente por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, recibido en el correo oficial de este órgano jurisdiccional el veintiuno de febrero del año en curso.- Conste. El Secretario. Zacatecas, Zacatecas, diez de marzo de dos mil veintidós. En atención al oficio SECNO/STCCNO/119/2022, firmado electrónicamente por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, recibido en el correo oficial de este órgano jurisdiccional el veintiuno de febrero del año en curso, por el que comunica que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el diez de febrero del año en curso, en relación con el punto de acuerdo 19/2022, determinó lo siguiente: "Primera. Se autoriza la distribución de asuntos en trámite y el turno diferenciado de nuevos asuntos motivo del presente punto de acuerdo, relativo a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas. Segunda. Comuníquese lo anterior a los titulares de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, a la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio, por conducto de la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, con copia del presente punto de acuerdo. Asimismo, hágase del conocimiento de las áreas administrativas que, conforme al cuerpo de lo resuelto, deben instrumentarlo. Tercera. Comuníquese la presente determinación a la Visitaduría Judicial, a la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, a las direcciones generales de Tecnologías de la Información, Gestión Judicial y de Estadística Judicial, para su conocimiento y efectos conducentes, por conducto de la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos. Cuarta. Se faculta a la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos para que resuelva las eventuales consultas que deriven de la aplicación de lo ordenado en el presente punto de acuerdo." Además, en el referido punto de acuerdo, respecto a la autorización de la distribución de asuntos en trámite, precisó lo siguiente: "[...] En ese sentido, a fin de que el Juzgado Tercero de Distrito -último en haber sido creado- contribuya al equilibrio de las cargas de trabajo, en beneficio de los justiciables, los Juzgados Primero y Segundo de Distrito remitirán 70 asuntos cada uno al Juzgado Tercero de Distrito, que recibirá un total de 140 expedientes, atendiendo a lo siguiente: 1. Los asuntos a enviar deben corresponder a juicios de amparo en trámite. En la remisión se considerarán los asuntos cuyo ingreso sea el más reciente hasta completar la cantidad establecida. 2. Para la entrega-recepción de los asuntos, los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas remitirán al Juzgado Tercero de Distrito hasta 10 asuntos cada uno diariamente, hasta entregar los 140 asuntos (70 expedientes por órgano jurisdiccional). Para tal efecto los Juzgados Primero y Segundo de Distrito deberán levantar el acta de entrega-recepción respectiva. Una vez que los Juzgados de Distrito remitentes tengan las listas y acuses del envío de la totalidad de los expedientes, remitirán copia de las mismas a la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio para el registro respectivo, así como a las Direcciones de Gestión Judicial y Estadística Judicial. 3. No podrán remitirse aquellos asuntos que: a) Por su naturaleza sean urgentes; b) Deban conservarse por determinación judicial o en razón de la ley o jurisprudencia aplicable; y, c) Hayan sido turnados en términos de los artículos 45, fracción II y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 4. En caso de que los Juzgados Primero y Segundo de Distrito no cuenten con la cantidad de asuntos, lo comunicarán a la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos para que se determine alguna otra medida que coadyuve a equilibrar la carga de trabajo. [.]" Por lo tanto, como en el caso se surten las condiciones indicadas, al encontrarse el presente juicio de amparo en el supuesto referido, aunado a que tampoco se advierte alguno de los impedimentos precisados, se ordena remitir este expediente constante de un tomo, al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, además el original y duplicado del incidente de suspensión, a fin de que continúe con la tramitación correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copias de las actuaciones pertinentes y se ordena levantar el acta de entrega-recepción respectiva. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    CUENTA. El veinticinco de febrero de dos mil veintidós, CERTIFICO: Que el acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se previno a la quejosa, fue notificado el veintiuno de febrero del año en curso, por lo que surtió efectos el veintidós siguiente, y el escrito de cumplimiento se presentó el veintitrés de febrero del presente año. Doy fe. En la propia fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con la promoción registrada con el folio 4529.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de febrero de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Agregase a los autos el escrito mediante el cual el quejoso Diego Alejo Rodríguez Torres, cumplió con el requerimiento formulado el dieciocho de febrero del año en curso, y de la cual se provee lo siguiente. ADMISIÓN. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. Cabe precisar que la asignación de dicha data, está supeditada a las cargas laborales del juzgado. Al respecto conviene destacar que los Acuerdos Generales 12/2020 y 13/2020, facultan a los órganos jurisdiccionales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, a celebrar audiencias por el método de videoconferencias durante el periodo de contingencia sanitaria. Por lo tanto, si las partes consideran indispensable su asistencia en la audiencia constitucional, podrán solicitarlo a este Juzgado de Distrito a fin de realizar las gestiones tecnológicas necesarias para establecer el enlace correspondiente, en la inteligencia que dicha asistencia no es obligatoria, pues el numeral 124 de la Ley de Amparo, la establece como una posibilidad, no como una carga procesal. De ahí que se pone a su disposición el correo oficial de este Juzgado de Distrito 1jdo23cto@correo.cjf.gob.mx, para la recepción de alegatos por escrito a que hace referencia dicho numeral. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. De conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, se ordena tramitar incidente de suspensión del acto reclamado por haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, el cual deberán rendir por escrito dentro del término de quince días hábiles. El que se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, en el entendido que en dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, en la inteligencia que de no hacerlo o no acompañar copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Con apoyo en los numerales 9, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicados los domicilios para oír y recibir notificaciones que señalen. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las personas que mencionen, toda vez que esa facultad está reservada para la parte quejosa y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables. REQUERIMIENTO POR CONSTANCIA SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64, de la ley de la materia, se requiere tanto a las autoridades señaladas como responsables, como a las demás partes, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento, de ser así remitan las constancias que la acrediten. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero interesada en el presente juicio de amparo indirecto, el incidente de suspensión o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia. "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." CUESTIÓN RELATIVA A EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO. Respecto a la parte tercera interesada se reserva acordar a quien le resulta dicho carácter y su emplazamiento, hasta en tanto obren en autos las constancias que apoyen el informe justificado de la responsable. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5, fracción IV, de la ley de amparo, dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda, En consecuencia, habilítese la consulta de las actuaciones que integran el presente juicio a través del expediente electrónico; por tanto, gírense instrucciones al actuario adscrito a este juzgado federal para que realice las acciones correspondientes a fin de que la representante adscrita a este órgano jurisdiccional, con usuario autorizado viridiana.avalos visualice el contenido íntegro del expediente electrónico en que se actúa y se le notifique electrónicamente de las resoluciones jurisdiccionales que se emitan. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  4. Incidental

    El veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se da cuenta con dos copias de la demanda promovida por Diego Alejo Rodríguez Torres. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. RECEPCIÓN. Como está ordenado en esta misma fecha en el cuaderno principal, con las copias de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 419/2022, promovido por Diego Alejo Rodríguez Torres, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos Zacatecas. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia incidental. INFORMES PREVIOS. Con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, pídase el informe previo a las autoridades señaladas como responsables, el cual deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo, en el que expresarán si es cierto o no el acto reclamado que se les atribuye, las razones pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y proporcionar la información que tengan a su alcance relativa al acto reclamado, así como los que sirvan de parámetro para fijar la garantía y alcances de la medida cautelar, a fin de emitir una resolución adecuada respecto de la suspensión definitiva. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables que tengan su residencia fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional a rendir su informe de ley a través del correo electrónico 1jdo23cto@correo.cjf.gob.mx. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Con apoyo en los numerales 9, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las personas que mencionen las responsables, toda vez que esa facultad está reservada para la parte quejosa y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables. CONSIDERACIONES RESPECTO A LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. En esta instancia constitucional, la parte poromovente en favor del directo quejoso señaló como autoridades responsables y acto reclamado el siguiente: PROCEDENCIA DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Ahora bien, el quejoso señala como autoridades responsables y actos reclamados lo siguiente: Autoridades responsables: Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos Zacatecas. Acto reclamado: Auto los autos de diecisiete y veintiuno de enero de dos mil veintidós, dictados en el expediente 115/2020, del índice de la responsable, donde en el primero de ellos se requiere a la parte quejosa haga entrega del menor al progenitor custodio; y en el segundo, se ordena realizar un cateo en el domicilio ubicado en la calle J. Carmen Campos número 9 de la Comunidad de Nigromante Municipio de Pinos Zacatecas, para efecto de materializar la entrega del mismo. Cabe puntualizar que para proveer acerca de la suspensión provisional solicitada, se tomará en cuenta el contenido de la fracción X del artículo 107 constitucional, así como los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, cuando la naturaleza del acto lo permita, y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable. El artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que exista la solicitud del quejoso (interés suspensional y afectación); b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En tanto que, el otro requisito se cumple, en conjunto con la exigencia de la ponderación de la apariencia del buen derecho, en razón de lo siguiente: De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que lo concede tiene por objeto restituir al quejoso el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, o bien, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, el juicio de amparo es el medio de control constitucional por excelencia con el que cuentan los ciudadanos para hacer posible la restitución de un derecho que hubiera sido desconocido o afectado. Sin embargo, muchas veces esta restitución puede no ser oportuna, por haberse consumado determinados actos de las autoridades responsables antes de que la autoridad de amparo se pronuncie con respecto a si realmente tuvo lugar o no la violación del derecho fundamental y sus garantías de protección. Precisamente para evitar lo anterior, es que el juicio de amparo contempla una figura jurídica como la suspensión del acto reclamado, cuya racionalidad es la conservación de la materia del juicio, atendiendo a las finalidades restitutorias del mismo, bajo los parámetros antes mencionados, establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el numeral 138 de la Ley de Amparo. De este modo, tomando en cuenta el contenido de esas disposiciones, que contemplan la obligación de los Jueces de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y el interés social, es claro que la suspensión debe entenderse como aquel medio eficaz que está al alcance de los juzgadores para evitar que se pierda la materia litigiosa. Al hilo de lo anterior, se enfatiza en que la apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido en el proceso; mientras que el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Bajo esas condiciones, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados, toda vez que se cumplen con los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa solicita la medida suspensional; no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues el acto cuestionado no se ubica en ninguno de los supuestos establecidos en el ordinal 129 de la ley de la materia, además, por ser necesario para conservar la materia del cuaderno principal. Al efecto, se precisa que el interés suspensional se encuentra indiciariamente acreditado con las manifestaciones ínsitas en la demanda bajo protesta de decir verdad. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis siguiente: "Octava Época Registro: 206395 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 68, Agosto de 1993 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 5/93 Página: 12 SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo.". Así pues, se concede la medida cautelar de mérito, para el efecto de que la responsable se abstengan de ejecutar cualquier acto que lleve a cabo la entrega material del menor al progenitor custodio incluyendo la orden de cateo que refiere la parte quejosa se dictó en auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, en el expediente 115/2020, del índice de la responsable, en el domicilio ubicado en la calle J. Carmen Campos número 9 de la Comunidad de Nigromante Municipio de Pinos Zacatecas, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. La suspensión surte efectos desde luego, siempre y cuando no se hubiera ejecutado el acto reclamado, o bien, si deriva de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo. Por otra parte, al estar involucrados derechos de menores de edad, debe prevalecer su interés superior, que no es otra cosa más que el conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan a los niños vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible, para lo cual deben observarse las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo psicológico y emocional, por lo que el Juzgador de origen debe dictar medidas que permitan la convivencia entre los padres con sus menores hijos. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio contenido en la tesis Tesis: VII.1o.C.23 C (10a.), cuyos datos de localización, rubro y contenido se transcriben: Registro digital: 2010314 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: VII.1o.C.23 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, página 4098 Tipo: Aislada SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO ÉSTA SE DECRETE Y EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN EL REQUERIMIENTO DE ENTREGA DE MENORES, CON APERCIBIMIENTO DE CATEO DEL DOMICILIO O EL EMPLEO DEL AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE FIJAR, COMO MEDIDA DE EFICACIA, UN RÉGIMEN DE CONVIVENCIA CON EL PROGENITOR NO CUSTODIO, EN TANTO DURE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE QUE DICHA MEDIDA NO RESULTE PERJUDICIAL PARA EL MENOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).El artículo 147 de la Ley de Amparo, en sus párrafos primero y tercero, establece: "En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. ...El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo.". Atento a ello y a que toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores de edad, debe resolverse atendiendo al principio básico del interés superior de la niñez, quienes, entre otros, tienen el derecho de convivir con sus padres, como lo disponen los artículos 9, numeral 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño(1) y 346, segundo párrafo, del Código Civil para el Estado de Veracruz;(2) en el supuesto de que en el juicio de amparo se decrete la suspensión definitiva del acto reclamado, con relación a las consecuencias que pudieran derivarse del requerimiento de la entrega de los menores, es decir, para que no se lleve a cabo la diligencia y el cateo del domicilio ordenado, o se emplee el auxilio de la fuerza pública, el Juez de Distrito debe fijar como medida de eficacia, en términos del citado 147, un régimen de convivencia con el progenitor no custodio, para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, siempre y cuando no se cause un perjuicio a éstos, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. En efecto, resulta pertinente destacar que en el presente asunto se ventilan cuestiones relacionadas directamente con derechos de menores de edad, por tanto debe priorizarse el interés superior del menor. Por lo que atendiendo al interés superior de la menor y con fundamento en los artículos 4°, Constitucional; 3° y 4° de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en concordancia con los diversos preceptos 3°, 4, 9° y 12°, de la Convención sobre los Derechos del Niño, ponderando que la convivencia entre los padres y los menores es un derecho preponderante de estos últimos, y tiene como fin último el fortalecer los lazos afectivos de los involucrados; sin embargo, dicha convivencia siempre tiene que encontrarse armonizada con el bienestar integró de los menores, esto es, tanto físico como emocional, por lo que al momento de que cualquier autoridad emita alguna determinación tendente al desarrollo de aquella, debe de hacerlo de forma particularizada y tomando en consideración la totalidad del entorno y circunstancias de vida del infante. Considerando que las reformas constitucionales, de seis de enero de dos mil once, reglamentadas en la Ley de Amparo, ampliaron la discrecionalidad de los jueces otorgándoles facultades, se estima necesario a la luz de la apariencia del buen derecho que se tutela en el artículo 138 de la Ley de Amparo, esto es, quien conozca de este tipo de asuntos por su naturaleza deben al decidir, allegarse de mayores elementos, que les permitan dictar resoluciones mejor informadas; siendo necesario en ocasiones aplicar un ejercicio de ponderación cuando la naturaleza del acto lo permita, entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Se entiende, por cuanto que el primer elemento, basado en un asomo superficial y provisional al fondo del asunto, permite verificar que asiste al quejoso el derecho que estima vulnerado y descartar, para efectos de la suspensión, lo infundado o frívolo de la pretensión; además de que tal proceder aportara elementos sobre el peligro en la demora y el mayor o menor riesgo de que las violaciones se tornen difícilmente reparables si se niega la medida y sobre el riesgo de pérdida de la materia del amparo, siendo posible, en función de esto último, una mejor definición de los alcances que tendría que imprimirse a la medida para evitar ambas consecuencias. En tanto que, el segundo, representa en el otro extremo el propósito de que se resuelva siempre teniendo en cuenta que la suspensión del acto no puede lastimar la sensibilidad social y que en las decisiones al respecto, siempre se considere que existen intereses jurídicamente relevantes de índole colectivo, cuya preservación, como fin último, se confía al Juez en uso de su discrecionalidad, en función de las particularidades del caso concreto. Así, se aprecia ajustado a derecho que ponderando esas circunstancias, se realice un examen de las condiciones en que podrían respetar el derecho tanto de los progenitores como de los menores en relación con su convivencia, aunado a que debe considerarse que la medida decretada es cautelar, la cual puede modificarse en la suspensión definitiva, de tener medios demostrativos que acrediten fehacientemente como se lleva a cabo la convivencia. Lo anterior encuentra apoyo en la siguiente jurisprudencia: "Octava Época Registro: 394484 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 528 Página: 347 "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo". De lo antes expuesto, es de concluir que, en la especie se satisfacen en su integridad los requisitos exigidos por los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo; pues, si bien la convivencia paterno-filial es una cuestión de orden público e interés social, puesto que de ello depende el desarrollo armónico e integral de las menores, además de que se encamina a la conservación de un entorno familiar saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional; empero, ello debe tener ciertas características que van de la mano con la edad de los menores y su entorno. Por su idea jurídica sustancial, se invoca la siguiente jurisprudencia: "Novena Época Registro: 177259 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Septiembre de 2005 Materia(s): Civil Tesis: I.6o.C. J/49 Página: 1289 "MENORES DE EDAD. EL DERECHO DE VISITA Y CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL Y, EN CASO DE OPOSICIÓN, EL JUZGADOR RESOLVERÁ LO CONDUCENTE EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS. De una sana interpretación del artículo 417 del Código Civil para el Distrito Federal, se aprecia que la eficacia del derecho de visita y convivencia contenido en ese numeral, que tiene por objeto lograr la protección, estabilidad personal y emocional del menor dándole afecto, calor humano, presencia personal, respaldo espiritual y respeto a su persona e intimidad, es una cuestión de orden público e interés social, dado que en su observancia está interesada la sociedad y el Estado, porque de su efectivo cumplimiento, depende el desarrollo armónico e integral del menor que, en ocasiones, por causas ajenas a su voluntad, vive separado de uno o ambos progenitores. Es por eso que el propio numeral contiene normas tendentes a lograr dicha función, ya que el goce y disfrute de esos derechos, no podrá impedirse sin justa causa, pero en caso de oposición de uno de los padres, la autoridad jurisdiccional determinará lo que más convenga al interés preponderante del menor que sólo podrá suspenderse, limitarse o perderse por resolución judicial expresa y cuando se haya perdido la patria potestad. Como se advierte, la teleología del artículo 417, en comento, se encamina a la conservación de un entorno familiar saludable y favorable para el pleno desarrollo personal y emocional de los menores que, se reitera, por causas ajenas a ellos, viven separados de alguno de sus padres o de ambos, estableciendo que aun cuando no se encuentren bajo su custodia, si ejercen la patria potestad, tendrán derecho a convivir y disfrutar de momentos en común, en aras de tutelar el interés preponderante del menor, teniendo sólo como limitante para que se suspenda el ejercicio del derecho de visita y convivencia, que exista peligro para el menor, caso en que el juzgador podrá aplicar las medidas correspondientes a fin de salvaguardar el interés superior del menor, contra alguno de los progenitores". En esas condiciones, se conmina al Juez de origen, que de no haberlo realizado, establezca un régimen de convivencia provisional en el juicio de origen. Haciendo lo necesario para que la convivencia tenga lugar de manera supervisada en los términos que ya hubiere fijado o que fije al momento de establecer la convivencia el Juzgador de origen, visitas y convivencias que deberán realizarse atendiendo a sus particularidades y observando en todo momento el bienestar de los infantes, lo anterior, bajo su más estricta responsabilidad. En la inteligencia que, al momento de rendir su informe previo, deberá informar a este Juzgado Federal, sobre los actos y diligencias que realice para tales efectos, en los términos destacados en el presente proveído; bajo el apercibimiento que de incumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido con los artículos 237, fracción I, y 238, con relación al diverso numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis CCCLXVIII/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD. El derecho a las visitas y convivencias de los padres con los hijos menores es un derecho fundamental de estos que se encuentra contemplado en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del niño e implícitamente en el artículo 4º. Constitucional, toda vez que está vinculado directamente con el interés superior del menor, principio que si está contemplado expresamente en el citado precepto constitucional. En este sentido, es evidente que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que solo uno de ellos detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual solo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio.". USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado de la parte quejosa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José López Velázquez, ello porque cuenta con cédula profesional de abogado registrada en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, y en términos restringidos a José Cortez Carrillo, por así haberlos solicitado expresamente. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano