Diego Armando Rodríguez Iturbe
Expediente 535/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 535/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Diego Armando Rodríguez Iturbe
Actuaciones
- Principal
Vista la razón actuarial de cuenta, asentada por la Actuaria judicial adscrita a este Juzgado, donde hace constar que no le fue posible dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de diecisiete de diciembre de esta anualidad, en el sentido de notificar personalmente a la parte quejosa el citado acuerdo,...se ordena notificar a la parte quejosa el presente proveído y el diverso de diecisiete del actual, y las demás notificaciones que surjan en este juicio de amparo, incluidas las de carácter personal, por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Juzgado, en tanto señale domicilio cierto en esta ciudad para recibir notificaciones....agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponde, el oficio signado por la Encargada de la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite la boleta de turno de la demanda de amparo...
- Principal
Por recibida la demanda de amparo promovida por Diego Armando Rodríguez Iturbe, contra actos del Encargado de la Zona Sureste de Comisión Federal de Electricidad en el Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo, y fórmese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Por otra parte, atendiendo a lo establecido en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y cumpliendo con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, específicamente a lo previsto en sus artículos 90 y 92, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones, para su debida integración. En el entendido que se instruye al Secretario (a) de Juzgado, al oficial administrativo, al actuario judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, que llevan el trámite de este expediente, a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, documentos, diligencias y notificaciones que obren en el mismo. Cabe destacar que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92, del acuerdo mencionado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y, por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial". Lo anterior, a fin de que tanto el expediente impreso como el electrónico coincidan y, una vez concluido el asunto, se realice la certificación correspondiente. Ahora, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, primeramente se analizará si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 113 que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Pues bien, en el caso, del escrito de demanda se advierte que el quejoso Diego Armando Rodríguez Iturbe, promueve demanda de amparo contra actos del Encargado de la Zona Sureste de Comisión Federal de Electricidad en el Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. De quien reclama: ".Señalo como acto reclamado de la autoridad mencionada como ordenadora y ejecutora, el negarme la instalación del servicio de energía eléctrica, argumentando que tengo un adeudo por $42,000.00, (cuarenta y dos mil pesos) con la empresa, el cual desconozco pues a la fecha no me han instalado el medidor" Precisado lo anterior, se advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1, fracción I, 5, fracción II, y 217 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que el acto que se señala como reclamado no es susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo, en virtud que no deriva de una relación de supra a subordinación, sino de una relación entre particulares. Los preceptos legales citados, por su orden, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;(...)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...) "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. --- La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. --- La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. --- La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos que provengan de entes que no tengan el carácter de autoridad. Así como que la jurisprudencia emitida por el Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son de observancia obligatoria, entre otros órganos jurisdiccionales, para los Juzgados de Distrito. En ese sentido, se considera que los actos reclamados no revisten las características de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, conforme a las consideraciones siguientes: Se estima pertinente destacar lo que nuestro Máximo Tribunal de Justicia, resolvió en la contradicción de tesis 4/2014 en relación con la autoridad y actos que por esta vía se tildan de inconstitucionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó que tratándose de la determinación y el cobro del servicio de suministro de energía eléctrica, inclusive cuando contenga una advertencia de corte o suspensión del servicio, cuando deriva de una oposición al pago contenida en un aviso-recibo, no es procedente el juicio de amparo por no estar en presencia de un acto de autoridad, ello toda vez que el origen de dicha actuación proviene de la existencia de un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario, adquieren derechos y obligaciones recíprocas; por lo que la relación jurídica existente se regula por el derecho privado y no así por una relación de subordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio. Ello es así, porque tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Por tanto, el corte en el suministro de energía eléctrica reclamada a la Comisión Federal de Electricidad por conducto de alguna de sus dependencias, no implica que la relación contractual de la que proviene dicha actuación, entre el usuario y dicho organismo se transforme en un acto de autoridad para efectos del amparo. Por ello, el juicio constitucional es improcedente contra los actos de la Comisión Federal de Electricidad o sus dependencias, consistente en el corte del suministro de energía eléctrica, ya que dicho acto no es de autoridad, ni se equipara a ello, puesto que se reitera, las características de esos actos siguen siendo las mismas, a saber: 1. Su origen es un acuerdo de voluntades. 2. La relación jurídica que existe entre este organismo y la otra parte no es de supra subordinación, sino de coordinación, entre dos sujetos que se encuentran obligados por el acuerdo que asumieron; uno obligado al suministro de energía, y otro al pago del servicio prestado. 3. El corte de suministro de energía eléctrica, en su caso, implica que ante el incumplimiento del usuario con el acuerdo de voluntades, se deja de prestar el servicio contratado en ejercicio del derecho legítimo de retención de la obligación, presente en cualquier relación contractual. En ese tenor, los actos aquí reclamados no provienen de una autoridad, porque la Comisión Federal de Electricidad o sus dependencias, no actúan en ejercicio de una potestad administrativa, que les otorguen atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realicen actos equiparables a dicha relación. Lo anterior, pese a que el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que: "...Para los efectos de esta Ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."; pues lo cierto es que la procedencia del juicio, en esos términos, está condicionada a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación. Lo que no ocurre en la especie, porque o la negativa de instalar el servicio de energía eléctrica o el corte en el suministro de la misma, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa productiva del estado y el usuario del servicio, emanada de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por tanto, se sostiene que la Comisión Federal de Electricidad o sus dependencias, no realizan actos equivalentes a los de autoridad y, por tanto, el juicio de amparo es notoria y manifiestamente improcedente, pues los actos que aquí se reclaman derivan de la relación contractual en una relación de coordinación entre la señalada como responsable y el quejoso, pues la actuación reprochada es con motivo de un contrato de suministro de energía eléctrica y el acto que pretende reclamar deriva del acuerdo de voluntades mismo. Robustece lo anterior, por las razones que las informan, la jurisprudencia 2a./J. 44/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2006544, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El corte o la suspensión del fluido de energía eléctrica contratado por falta de pago oportuno, no puede ser considerado por esa sola circunstancia, un acto de autoridad ni uno equiparable a uno de tal naturaleza para efectos del juicio de amparo, porque tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Por tanto, el corte del suministro de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad o equiparable a éste." En esas condiciones, toda vez que los actos reclamados por el quejoso están directamente relacionados con el contrato de prestación de servicio de suministro de energía eléctrica celebrado entre él y la Comisión Federal de Electricidad, lo que revela que es de naturaleza materialmente mercantil. En este sentido, queda de manifiesto el vínculo contractual que existe entre el solicitante de amparo y la autoridad responsable; en consecuencia, la controversia que plantea el promovente, en todo caso, se debe ventilar en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los Tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses de particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquellas los jueces y Tribunales del orden común. Es aplicable a lo expuesto, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J.30/2018 (10a.), consultable en la página 532, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. Énfasis añadido." De igual manera, cobra especial relevancia la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 336, del Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dispone: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." En consecuencia, es indudable y manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia antes analizada, dado que el acto reclamado no es susceptible de ser impugnado en la vía Constitucional del amparo indirecto, al no emanar de una autoridad con carácter de responsable para efectos del juicio de amparo; es decir, no se trata de actos que hubieran sido emitidos en ejercicio de su imperio o sus atribuciones de mando, que por ley le resultare ineludible su aplicación; ni mucho menos se trata de un acto que implique que en ejercicio de las facultades, de forma unilateral, hubiere creado, modificado o extinguido situación jurídica alguna que afecte la esfera legal del solicitante de amparo; sino que se trata de actos relacionados con los derechos y obligaciones derivados del contrato de suministro de energía eléctrica que proporciona Comisión Federal de Electricidad, por lo que se trata de cuestiones formal y materialmente mercantiles, ya que la entidad señalada como responsable actuó en carácter de proveedor de un servicio y no como ente gubernamental y se insiste, en todo caso, tales cuestiones deben ser atendidas y resueltas por la autoridad judicial que corresponda. Sin que pase inadvertido que el peticionario aduce que la actuación de la autoridad violenta sus derechos fundamentales, toda vez que, aún en esos supuestos la citada Comisión actúa en un plano de coordinación, dado que su objetivo es garantizar la prestación del servicio en un sistema de libre competencia y como se determinó en párrafos que anteceden, la actuación que aquí se le reclama, corte de la prestación del servicio eléctrico, deriva del acuerdo de voluntades que le dio origen, lo que demuestra que a la autoridad señalada como responsable, no le reviste el aducido carácter. Apoya lo anterior, por los motivos que la contienen, la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), de la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, registro 2016656, de rubro y texto: 'COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo.' Bajo las anotadas condiciones, se evidencia que los actos reclamados no fueron emitidos por organismos a los que les revista la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuestión que al haber sido analizada en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es dable considerar en el auto inicial relativo a la demanda con que se da cuenta, conforme al criterio emitido en la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, octubre de 2014, Tomo II, Materia Común, página 1224, del rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)". Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que el peticionario promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sin que en el caso sean aplicables los criterios jurisprudenciales que cita el promovente de amparo, toda vez que por jurisprudencias 2a./J. 156/2017 (10a.) y 2a/.J. 30/2018 (10a.) emitidas por la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, delimitó que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para los efectos del juicio de amparo, contra actos previstos en el contrato de suministro de energía. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Diego Armando Rodríguez Iturbide. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en su escrito de demanda y por autorizados únicamente para imponerse de autos a las personas que menciona porque en esos términos lo solicita. Atento a lo que dispone el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que se pueda llevar a cabo cualquier tipo de diligencia en el presente juicio de amparo; asimismo, para que con fundamento en los artículos 27, fracción II y 28 fracción II de la ley de la materia, se realicen notificaciones personales y a las autoridades, en zona conurbada; es decir, fuera de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional, en casos urgentes, en atención a la obligación establecida en el artículo 17 constitucional, de administrar justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Hágase saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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