Diego Antony Sánchez

Expediente 156/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 2 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
156/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
02/10/2020

Partes del expediente

  • Diego Antony Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario Judicial del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 315/2020 (orden 657/2020), deducido del presente sumario; por consiguiente, dese de baja la citada comunicación oficial en el libro de gobierno. Sin que sea necesario acusar recibo de la recepción de dicho exhorto, en razón que el mismo se generó al momento de su envío por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de veintinueve de mayo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió contra actos del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y otras autoridades, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. En consecuencia, atendiendo a la certificación de cuenta, y toda vez que en el presente expediente no quedan cuestiones pendientes por acordar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto totalmente concluido. Asimismo, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve; de igual manera, se destaca que en el presente expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales y el auto que desechó la demanda de amparo, dio por concluido este juicio, sin decidirlo en lo principal; como consecuencia de lo anterior, con fundamento en la fracción I del punto vigésimo primero, del referido acuerdo 1/2009, transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y carátula de este expediente. Hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional (.)"; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

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