Diego Armando Flores López

Expediente 893/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
893/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
21/10/2022

Partes del expediente

  • Diego Armando Flores López
  • Diego Armando Flores López y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido vía interconexión por la Jueza Titular del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual solicita se le remita el acuse de estilo respectivo respecto de la devolución del exhorto 299/2021 con número de orden 303/2021, del índice de este órgano jurisdiccional; lo anterior, a efecto de que dicho Juzgado este en aptitud de archivar el exhorto 190/2021, de su índice. En atención a ello, hágasele del conocimiento al Juzgado oficiante que dicho exhorto se tuvo por recibido en proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno; por tanto, como lo solicita, se acusa recibo -vía interconexión- de dicha comunicación oficial para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a primero de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de dos de diciembre del año próximo pasado, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, procédase a la destrucción de este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, en el presente juicio, no obran documentos aportados por la parte quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de juzgado Jesús Federico Rojas Pesquera que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con treinta y tres minutos del dos de diciembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 893/2021-II, promovido por Diego Armando Flores López, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Jesús Federico Rojas Pesquera, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo presentada por Diego Armando Flores López; auto admisorio de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno; informes respecto la suspensión de plano; informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se encuentra debidamente emplazado. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente los informes respecto a la suspensión de plano y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y ténganse por emplazado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario da cuenta con los anexos remitidos por la autoridad responsable Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo, en el Estado de Tlaxcala, consistentes en copia simple del oficio número BIE/100/319/2020 de fecha de fecha 1° de noviembre de 2020, y la constancia de nombramiento y/o asignación de remuneraciones de fecha veintiuno de diciembre de 2020, autorizada por la Unidad de Administración y finanzas; asimismo, con las pruebas consistentes en la instrumental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana; con el anexo remitido por el Titular de la Secretaría de Salud en el Estado de Tlaxcala, consistente en copia certificada del oficio 5018/DAPS/313/2021 de fecha veintinueve de septiembre del presente año, signado por la Directora de Atención Primaria a la Salud, con el anexo remitido por el Secretario de Salud en el Estado de Tlaxcala, consistente en copia certificada del acuse de recibo del oficio OCYA-173-2021. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes formuló alegatos de su intención y que el Agente del Ministerio Público adscrito, no presentó pedimento legal alguno; a lo que la Juez acuerda: con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, téngase a las partes como no formulando alegatos; y por otro lado, se tiene al Agente de Ministerio Público Federal adscrito sin presentar pedimento y al ser todo lo que hay que relacionar, se cierra la presente etapa y se procede a dictar la siguiente. S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 893/2021-III, promovido por Diego Armando Flores López, por propio derecho, contra actos del Titular de la Secretaría de Salud Federal y otras autoridades; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado en Tlaxcala, con sede en esta ciudad, y remitido a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado el mismo día, Diego Armando Flores López, por propio derecho; solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: Titular de la Secretaría de Salud Federal; Titular de la Secretaría de Salud en el Estado de Tlaxcala; Titular de la Secretaría del Bienestar Federal y Titular de la Secretaría del Bienestar en el Estado de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: El aviso de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, de la Secretaría de Bienestar en el Estado de Tlaxcala, donde se informa a la ciudadanía en general que para acceder a la vacuna, era indispensable presentar su INE con domicilio del municipio sede de vacunación. La negativa de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, por parte del personal de la Secretaría de Bienestar en el Estado de Tlaxcala, de vacunar al quejoso con la segunda dosis de la vacuna Pfizer. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. El veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional radicó la demanda con el número 893/2021 del índice de este juzgado, se admitió a trámite la demanda; se requirió el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, misma que fue diferida por diverso acuerdo, para tener verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 fracción I, 107 fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, emitido el quince de febrero de dos mil trece, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en razón de que la autoridad responsable ejerce su función dentro de los límites jurisdiccionales que corresponden a este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto. El acto reclamado por el promovente, consistente en: La negativa de las responsables de aplicar la vacuna Pfizer/Biontech segunda dosis. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Secretario de Salud del Estado de Tlaxcala, Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Tlaxcala, y Director de Procesos y Amparos de la Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos, en representación del Titular de la Secretaria del Bienestar y Secretario de Salud en el Estado de Tlaxcala, manifestaron la inexistencia de la omisión reclamada; sin embargo, del contenido de sus informes justificados y de las constancias que acompañaron a los mismo, se advierte su existencia; por lo que se tiene por cierto el acto reclamado. Por su parte, el Titular de la Secretaria de Salud Federal, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de estar debidamente notificado para ello, como se advierte del acuse de recibo que obra a foja 112 de autos, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene como presuntivamente cierto el acto reclamado. CUARTO. Causas de improcedencia fundada. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En principio, este órgano jurisdiccional advierte que en la especie, el acto reclamado de naturaleza omisiva del que se duele la parte quejosa, consistente en la negativa de las responsables de aplicar la vacuna Pfizer/Biontech segunda dosis, no existe. En el caso concreto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando h ayan cesado los efectos del acto reclamado; [...].". La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la omisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la parte quejosa, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte quejosa es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Ahora, en el caso, de las constancias remitidas mediante oficio sin número signado por el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Tlaxcala (promoción 14071) se adjuntó el original del "comprobante de vacunación contra el virus Sars-Cov2" de veintinueve de septiembre del año en curso a nombre del quejoso Diego Armando Flores López, teniendo así el esquema completo de vacunación contra el virus SARS-COV2. De lo anterior se sigue que la autoridad responsable aplicó la segunda dosis de la mencionada vacuna, en cumplimiento a la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV2, para la prevención de la COVID-19 en México.". Por tanto, resulta claro que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado por la quejosa, pues de lo que esencialmente se dolía en la presente instancia constitucional, es que las responsables habían omitido aplicarle la mencionada vacuna; de ahí que resulte notoria, manifiesta e indudable la improcedencia del juicio. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 242, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En virtud de lo expuesto, y ante lo expuesto con anterioridad, al haberse actualizado la causal de sobreseimiento que establece el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por Diego Armando Flores López. QUINTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SEXTO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de esta sentencia a cualquiera de las partes que la solicite, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que las partes estén en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de las constancias solicitadas, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníqueseles que deberán ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberán generar un Código QR que les permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas solicitadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención pueden, en caso de no tenerlo, solicitar el acceso electrónico al expediente en que se actúa, pues al imprimirse desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las actuaciones se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. SÉPTIMO. Se hace pública la sentencia Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 75 y 76 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo 893/2021, promovido por Diego Armando Flores López, por propio derecho, contra la autoridad precisada en el resultando primero y por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. CUARTO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. QUINTO. Conforme a lo expuesto en el último considerando de este fallo, al hacerse pública la presente resolución deberá tomarse en cuenta que las partes no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante el Licenciado Jesús Federico Rojas Pesquera, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término para que la autoridad responsable Titular de la Secretaría de Salud Federal, como se advierte del acuse de recibo de veintiocho de octubre del año que transcurre. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese.

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