Diana Cisneros Pitalua

Expediente 496/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
496/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Diana Cisneros Pitalua

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a catorce de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), del mismo ordenamiento, contra el auto de diecinueve de mayo del año en curso, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo,, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado el auto de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Roberto César Morales Corona, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios suscritos por el Presidente y Representante Legal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y del Actuario adscrito a ésta; al que se adjunta copia certificada del auto de cuatro de mayo del año en curso, dictado en el expediente laboral C.D.T. 369/2016; así como de su respectiva notificación; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos sus informes justificados. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que se adjuntan al informe de cuenta, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. De autos se advierte que el acto reclamado por la quejosa consiste en la omisión de acordar la promoción presentada el veintidós de febrero de dos mil veintidós, dentro de los autos del expediente laboral C.D.T. 369/2016-9, así como de notificar el acuerdo que le recaiga. Ahora, como lo informan y acreditan las autoridades responsables, el cuatro de mayo de dos mil veintidós la Auxiliar de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala emitió el acuerdo correspondiente a las peticiones contenidas en el escrito presentado por la aquí quejosa, a través de su apoderada legal, el veintidós de febrero del año en curso, en el que solicitó que se realizara la correspondiente certificación, se declarara cerrado el periodo de instrucción y se turnara el expediente al proyectista para que elabore la resolución en forma de laudo. En ese sentido, se tiene que a través del acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintidós, se certificó que en el juicio laboral no existían pruebas pendientes por desahogar, y se dio vista a las partes por el término de tres días hábiles para que expresaran su inconformidad con la aludida certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el plazo, no hicieren manifestación alguna al respecto, y hubiese pruebas por desahogar se les tendría por desistidos de las mismas y se declararía cerrada la instrucción ordenándose turnar los autos al auxiliar proyectista, para que formule el proyecto de resolución de forma de laudo; no obstante, atento a los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, el expediente laboral no guarda estado para la emisión del laudo correspondientes, toda vez que no han transcurrido los plazos que prevé los artículos 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo. De igual manera, de las constancias remitidas por las autoridades responsables se observa que el mencionado acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintidós, se notificó a la parte quejosa el doce siguiente. Por tanto, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El citado numeral establece que el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto es, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional; de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello, el acto no agravie al quejoso. Es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo: por lo que el juicio de amparo carece de materia sobre la que pueda hacerse un pronunciamiento de fondo. En el presente caso, como se dijo, la quejosa reclama la omisión de dictar el acuerdo correspondiente a la promoción presentada por su apoderada el veintidós de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral C.D.T 369/2016-9 y de notificarle dicho acuerdo; que atribuyó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y al Actuario adscrito. En ese sentido, como se indicó, mediante auto de cuatro de mayo de esta anualidad, la responsable dictó el acuerdo en el que proveyó sobre lo solicitado en el escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintidós; esto es, certificó que en el juicio laboral no existían pruebas pendientes por desahogar y dio vista a las partes por el término de tres días hábiles para que expresaran su inconformidad con la aludida certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el plazo, no hicieren manifestación alguna al respecto, y hubiese pruebas por desahogar se les tendría por desistidos de las mismas y se declararía cerrada la instrucción ordenándose turnar los autos al auxiliar proyectista, para que formule el proyecto de resolución de forma de laudo; y atendiendo a los términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo estableció que el expediente no guarda estado para la emisión del laudo correspondientes, toda vez que no han transcurrido los plazos que prevé los artículos 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo; además, dicho proveído se le notificó personalmente a la quejosa a través de su autorizada para oír y recibir notificaciones. Por virtud de lo expuesto, puede estimarse que la omisión reclamada fue subsanada y se colocó a la quejosa en la situación que se ubicaría en caso de haberse concedido el amparo solicitado. Por lo que es dable establecer que los efectos de dicho acto negativo fueron destruidos de manera absoluta, completa e incondicional. En mérito de lo anterior, es dable concluir que cesaron los efectos de la omisión reclamada y, por tanto, no existe materia para realizar un pronunciamiento de fondo. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia analizado, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que se fijaron las diez horas con cuarenta y seis minutos del veintitrés de mayo del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, dadas las consideraciones precisadas en líneas que anteceden, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la misma. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por oficio a las autoridades responsables y terceros interesados. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Roberto César Morales Corona, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a nueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Devuélvase a los Magistrados que integran la Sala Civil- Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, el expediente ********************(en dos tomos) y el Toca Civil de Apelación número ********************(en un tomo), mismos que adjuntó a su informe justificado, de los cuales se ordenó formar tres cuadernos de pruebas. Se precisa que en el presente juicio de amparo no obran documentos aportados por las partes quejosa y tercera interesada. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Ernesto Argüello Melgar que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintidós de abril de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el perito oficial José Silvano Sergio Cirio Sánchez; visto su contenido, y dadas las manifestaciones que vierte, por conducto del Jefe del Departamento de Servicio Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en Tlaxcala, hágase de su conocimiento que se le concede un nuevo plazo de diez días a efecto de que esté en aptitud de emitir su dictamen. Apercibido que de omitir hacerlo o de no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa por la cantidad que resulte equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

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