Didier Adriel Couoh Marrufo

Expediente 745/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
745/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Didier Adriel Couoh Marrufo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso ********************a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el treinta y uno de octubre del año en curso; en tal virtud, con apoyo en los artículos 80, 81, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias del escrito de cuenta entre las partes. Por lo tanto, en términos del artículo 89 de la Ley de la Materia, dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el presente expediente, remítase el oficio correspondiente y el original del escrito de cuenta, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, informando sobre la interposición del recurso de mérito y así como la copia destinada al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado, para que la citada Superioridad acuerde lo que legalmente proceda. Por último, otórguese a la Superioridad y al Agente del Ministerio Público de su adscripción el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a fin de que se encuentren en aptitud de consultar los autos y constancias que obran en el sistema electrónico, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y personalmente a la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    (...) Vistos, para resolver el juicio de amparo número 745/2023-I, promovido por Didier Adriel Couoh Marrufo, en contra del acto que reclama de la Primera Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, por violación a los artículos 14, 16, 19 y 20 constitucionales y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. En demanda de amparo presentada el diez de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Mérida, Yucatán, turnada el once siguiente a la Oficialía de Partes del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, el promovente solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclamó de la Primera Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Segundo. Admisión de demanda. Por auto dictado el doce de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; asimismo, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete, se emplazó a la parte tercera interesada y, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 49 y 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el caso se reclama un acto que es atribuible a autoridad que reside dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama lo siguiente: - De la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintitrés dictada en el toca penal 230/2022, que al resolver el recurso de apelación, confirmó el auto de vinculación a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, a su vez dictado el once de octubre de dos mil veintidós por la Juez Primera de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, en la carpeta administrativa 252/2022. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Presidente de la Primera Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán (denominación correcta), al rendir el informe justificado admitió el acto que se le reclama, por lo que se tiene por existente, lo que se corrobora con la documental pública remitida como apoyo, consistente en copias certificadas del toca 230/2022, de la carpeta administrativa número 252/2022 y copia autorizada de audio y video de las audiencias de seis y once de octubre de dos mil veintidós, además, y de veintiocho de abril del año en curso, a las que se confiere eficacia demostrativa plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su precepto 2°, párrafo segundo. Cuarto. Conceptos de violación y análisis del fondo. Al no existir causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advertirla de oficio, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados en la demanda, que por economía procesal se tienen como reproducidos, al no ser obligatoria su transcripción . Al respecto, cabe puntualizar que el estudio de los conceptos de violación se efectuará en un orden distinto al en que fueron planteados, por razón de congruencia jurídica. Ahora, siendo la naturaleza de la resolución reclamada la de un auto de vinculación a proceso, el cual fue confirmado vía recurso de apelación, su regulación se encuentra establecida en el precepto 19 constitucional , estrechamente asociado con el derecho a la debida fundamentación y motivación de dicha resolución, que tutela el artículo 16 de la propia carta magna ; además, de los artículos 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales , de los que se desprende que debe reunir los requisitos siguientes: 1. Que se haya formulado la imputación. 2. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. 3. Que se precise el delito que se imputa y se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de su ejecución. 4. Que se dicte únicamente por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, con la posibilidad de que el Juez les otorgue una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. 5. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia respectiva, se adviertan datos de prueba -indicios razonables- que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, 6. Que no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Además, del referido numeral 19 constitucional y del diverso 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales , se desprende que una de las características del sistema acusatorio, es diferenciar el estándar probatorio en función de las etapas en la secuela procedimental, de esta forma no será el mismo estándar necesario para etapas donde se discuten cuestiones preliminares a la del juicio oral, esto es, no será el mismo estándar que se requiere para la vinculación a proceso que para una sentencia definitiva. Así, el dato de prueba está referido al contenido de un determinado medio de prueba, aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, entendido como el Juez de control, el Tribunal de enjuiciamiento o el Tribunal de alzada ya sea del fuero federal o común . Respecto a la valoración de los datos y pruebas, los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales , prevé el sistema de la libre apreciación de manera libre y lógica, y que el juez tiene la obligación de fundamentar su decisión y para ello, de manera explícita, debe dar las razones que la ha motivado sobre la explicación estricta de las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia a la luz de la sana crítica. Una vez fijado el marco jurídico del auto de vinculación a proceso que fue confirmado en la resolución reclamada, es destacable que de la reproducción de los DVD's remitidos por la autoridad responsable, en los que obra la copia del registro de video y audio de las audiencias de seis de octubre de dos mil veintidós y once de octubre citado, siendo esta última en la que resolvió dictar dicha vinculación, así como la diversa de veintiocho de abril del presente año en la que se dictó la resolución de recurso de apelación confirmatoria reclamada, las cuales fueron reproducidas previamente a este fallo y a las que se otorga pleno valor en términos de los artículos 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, por ser idóneo para acreditar lo acontecido en esas diligencias. Particularmente, en la grabación de la resolución de la audiencia inicial de seis de octubre de dos mil veintidós, quedó registrado que el fiscal investigador formuló imputación en contra del ahora quejoso, por hechos que a su parecer actualizan el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto y sancionado con pena privativa de la libertad en el artículo 255 párrafo penúltimo en relación con el 255 fracción II, inciso b), del Código Penal del Estado de Yucatán (primer requisito previsto en la fracción I del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Luego, al ser enterado por el Juez de su derecho de declarar o a guardar silencio, en términos del numeral 20, fracción II, del apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa consulta con su defensor particular, el imputado expresó verbalmente su decisión de reservarse el derecho a declarar (segundo requisito señalado la fracción II del citado artículo 316). Asimismo, a solicitud del fiscal de la causa, se le impuso las medidas cautelares de presentación a firmar mensualmente, de exhibir garantía económica, de prohibición de salir del Estado, de someterse a cuidado y vigilancia por el tiempo del proceso. En audiencia de once de octubre de dos mil veintidós, se emitió auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, por su probable participación en el hecho delictuoso antes precisado, el cual recurrió y fue confirmado en la resolución que combate en el presente juicio de amparo. Por lo que respecta a los demás requisitos legales, se analizan, por su orden, como sigue: De los datos de prueba relacionados por el Fiscal en la audiencia inicial, permiten establecer los hechos que consisten en: que durante el periodo comprendido del diez al veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, Didier Adriel Couoh Marrufo, en su calidad de contratista y administrador único de la persona moral Mafe Diseños 1007, S. A. de C. V., participó en que el ciudadano Erick Martín Acosta Palma se abstuviera de cumplir con la obligación que tenía como residente de obra del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, en cuando a administrar y verificar directamente el cumplimiento de los términos del referido contrato de obra pública, consistente en la impermeabilización de las azoteas de los edificios públicos del DIF municipal y el mercado Felipe Carrillo Puerto del citado municipio, ya que Couoh Marrufo firmó y remitió toda la documentación que reflejaba el avance y la conclusión de la totalidad de los trabajos; además recibió el pago correspondiente por la supuesta conclusión de la obra, máxime que la labor de ambas estaba estrechamente vinculada, ya que uno era la parte que debía de hacer los trabajos y la otra era la parte que debía de cerciorarse y supervisarlos; por lo tanto a sabiendas de la ilicitud de su acto ocasionó con su conducta un perjuicio al patrimonio de Motul, por haber recibido la cantidad de $280,000.00 Moneda Nacional, que no le correspondían. Así, de conformidad con esos hechos, en la audiencia de once de octubre de dos mil veintidós, el Juez de Control responsable consideró que encuadraba en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto y sancionado con pena privativa de la libertad en el artículo 255 párrafo penúltimo en relación con el 255 fracción II, inciso b), del Código Penal del Estado de Yucatán, que establecen lo siguiente: "Artículo 255. Comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades: I. II. El servidor público que a sabiendas de la ilicitud del acto, y en perjuicio del patrimonio o del servicio público o de otra persona: a)... b) Siendo responsable de administrar y verificar directamente el cumplimiento de los términos de una concesión, permiso, asignación o contrato, se haya abstenido de cumplir con dicha obligación." (penúltimo párrafo del artículo 255) "Se impondrán las mismas sanciones previstas a cualquier persona que a sabiendas de la ilicitud del acto, y en perjuicio del patrimonio o el servicio público o de otra persona participe, solicite o promueva la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en este artículo." "Al que cometa el delito a que se refiere el presenta artículo, se le impondrán de seis meses a doce años de prisión y multa de treinta a ciento cincuenta días-multa." Enseguida, el Juez del conocimiento se pronunció dictando el auto de vinculación a proceso en contra del ahora quejoso, posteriormente confirmado mediante resolución de apelación, aquí combatida, con base en los datos de prueba siguientes: 1. Testimonio de escritura pública relativa al acta número 827 pasada ante la fe del abogado Carlos Goff Rodríguez, notario público del Estado y titular de la notaría número 97 del Estado de Yucatán, relativa a la constitución de la persona moral denominada Mafe Diseños 1007 S. A. de C. V., constituida por Didier Adriel Couoh Marrufo y Juan José Chijum Cruz, siendo el primero de éstos, el administrador único de la misma. 2. Oficio con terminación 373-2022 fechado el cinco de julio de dos mil veintidós, suscrito por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, el que señala que la persona moral antes mencionada se encuentra inscrita en el Registro de Comercio, que su socio y accionista es Didier Adriel Couoh Marrufo, y que este es el administrador único. 3. El contrato de obra pública de ocho de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por el imputado Didier Adriel Couoh Marrufo, con el carácter de contratista y representante legal de la empresa Mafe Diseños 1007 S. A. de C. V., en el que contrajo como obligaciones, la realización de la obra pública "Mantenimiento de azotea en edificios públicos ubicados en diversos puntos de la localidad y municipios de Motul, Yucatán". En dicho contrato de obra pública, en la cláusula décima primera denominada supervisión de los trabajos, se señaló: que el contratista se obliga a establecer anticipadamente la iniciación de los trabajos en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecución, a un representante quien deberá conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, así como para aceptar u objetar dentro del plazo fijado anteriormente las estimaciones objeto de trabajo o liquidaciones que se formulen en general para actuar en nombre y por cuenta del contratista, previamente su intervención en los trabajos deberá ser aceptada por el municipio quien calificará que sí reúne los requisitos señalados, lo cual deberá quedar registrado en la bitácora correspondiente, así como las firmas de dicho representante en cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, el municipio podrá solicitar el cambio de representante del contratista y este se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados. 4. La bitácora de obra abierta el diez de mayo y cerrada el veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, en el cual Erick Martín Acosta Palma (coimputado), residente de obra, hizo constar que verificó que el contratista, aquí imputado, había concluido en tiempo y forma la obra pública, siendo firmada conjuntamente por ambos. 5. El escrito de terminación de los trabajos del contratista (imputado) a la dependencia, fechado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, y suscrito por el contratista en el que comunicó a Roger Rafael Arroyo Presidente Municipal, que la obra pública había sido concluida al cien por ciento en tiempo y forma, y solicitó se recibiera físicamente. 6. Acta de entrega-recepción de la obra pública, en la cual se manifiesta que el imputado Couoh Marrufo hizo entrega física de la referida obra pública concluida, en presencia de cuatro supuestos testigos pertenecientes al comité de obra. 7. Comparecencia ministerial del imputado Didier Adriel Couoh Marrufo, quien expresó contar con una licenciatura en administración, que es el administrador único de la empresa Mafe Diseños 1007 S. A. de C. V., y que se encuentra dedicado al ramo de la construcción. 8. Escrito de diez de mayo de dos mil veintiuno firmado por el imputado Couoh Marrufo, dirigido al Presidente Municipal Roger Rafael Aguilar Arroyo, en el que comunicó que fue designado superintendente por parte del contratista y citó como fundamentó de ello, el artículo 111 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, y precisó que él se encontraba facultado para la toma de decisiones en lo relativo al cumplimiento del contrato, señalando que dicha designación conlleva a dar cumplimiento a la ley de obra pública y su reglamento. 9. Que por la conclusión de la totalidad de los trabajos relativos a la citada obra pública, recibiendo el pago de su supuesta conclusión, consistente en la cantidad de $280,000.00 doscientos ochenta mil pesos moneda nacional. De lo expuesto y de conformidad con esos datos de prueba relacionados, se establecen el hecho que la ley señala como ilícito, que es, uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto y sancionado en el artículo 255 párrafo penúltimo en relación al 255 fracción II inciso b) del Código Penal del Estado, denunciados por el Auditor Superior del Estado de Yucatán, cometido en agravio del Ayuntamiento de Motul, Yucatán. Lo anterior se considera, con base en los referidos datos de prueba invocados por la Fiscalía, apreciados por el Juez de Control natural y que correctamente fueron ponderados por la Sala responsable al resolver el recurso de apelación, los cuales son lícitos, legales y legítimos, y que resultan pertinentes, esto es, idóneos y útiles para establecer razonablemente, los hechos que podrían constituir el delito mencionado, denunciado y querellado por la parte pasivo e imputado por la Representación Social. También con dichos datos se estableció la probabilidad de la autoría del imputado, en términos de la fracción I del artículo 15 del Código Penal del Estado; además, que no se actualizó alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito; con lo que resultaron satisfechos los requisitos previstos en las fracciones III y IV del numeral 316 del código citado. Lo cual efectivamente quedó convalidado mediante los datos de prueba siguientes: La denuncia del Auditor Superior del Estado, Mario Can Marín, quien reportó el proceso de fiscalización de la cuenta pública de Motul, Yucatán, del que se advirtió que no se ejecutó la obra pública derivada de un contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Motul Yucatán y la persona moral Mafe Diseños 1007, S. A. de C. V., representada legalmente por Didier Adriel Couoh Marrufo, quien recibió de aquél el pago de $280,000.00 (doscientos ochenta mil pesos, moneda Nacional). Con el levantamiento físico de la obra pública realizado por Karla Isabel Altamirano García y Jorge Alberto Sosa Buenfil, personal de la Auditoría Superior del Estado, que tuvo la observación de que en el edificio público DIF municipal, los trabajos no fueron ejecutados, y que en el edificio público Mercado Felipe Carrillo Puerto, aun cuando tenía trabajos de ejecución en el área de locales, no correspondían a las especificaciones del contrato, pues no se realizaron en las áreas de abastecedores, pasillos frutas y verduras; esto ilustrado con el reporte fotográfico de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, concluyéndose que la obra no se encuentra ejecutada. Con el informe técnico de valuación de trabajos especializados en mantenimiento de azoteas, de treinta de junio de dos mil veintidós, signado por Jorge de Jesús Briceño Heredia, perito especializado en construcción y acabados, quien concluyó que en dichas azoteas se apreció un alto grado de deterioro y moho. La bitácora de la obra mencionada, firmada por el coimputado Acosta Palma, director de obras públicas y desarrollo urbano del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, en donde asentó los avances en la ejecución de la impermeabilización objeto de la referida obra, específicamente en la nota número: ".y una vez verificado que el contratista ha cumplido en tiempo y forma como establece el presente contrato, se cierra la presente bitácora.", donde también aparece la firma del imputado Didier Adriel Couoh Marrufo. El escrito de terminación de trabajos realizados por el contratista a la dependencia, de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en el que el imputado Didier Adriel Couoh Marrufo, comunicó al Presidente del citado Municipio, que la obra pública había sido concluida al cien por ciento en tiempo y forma. El acta de entrega-recepción de la referida obra pública, en la que el imputado Couoh Marrufo (designado superintendente por el contratista) hizo entrega física de la misma. El finiquito de la obra pública mencionada, autorizado por Erick Martín Acosta Palma, como residente de obra y director de obra pública del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, por un monto de $280,000.00 (doscientos ochenta mil pesos moneda nacional), pagado al imputado Couoh Marrufo, por la supuesta ejecución de los trabajos de impermeabilización de diversas azoteas. En ese sentido, a criterio de este resolutor de amparo, se considera que la Sala responsable actuó correctamente y ajustada a derecho al resolver el recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso y confirmar éste, y analizar los datos de prueba existentes, pues efectivamente de aquellos se advierte que son suficientes, pertinentes e idóneos acorde al numeral 259 en relación al 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para establecer por el momento la probabilidad de la participación del imputado Didier Adriel Couoh Marrufo, como representante y administrador único de MAFE DISEÑOS 1007 S. A. de C. V., al intervenir generando la documentación que junto a su coimputado Acosta Palma, firmó y remitió, la cual reflejaba el avance y la supuesta conclusión de la totalidad de los trabajos de la obra pública consistente en la impermeabilización de azoteas de diversos edificios públicos del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, sin que en realidad se hubieran ejecutado, pero de lo cual había recibido el pago correspondiente, lo que causó un perjuicio patrimonial a dicho Ayuntamiento; esto es, se establecieron los supuestos de lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, la relación de datos o antecedentes expuestos por la autoridad investigadora, de la probable autoría en el hecho señalado como el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto y sancionado en el artículo 255 párrafo penúltimo, en relación al 255 fracción II inciso b) del Código Penal del Estado. Con base en lo acabado de exponer, contrariamente a lo aducido por el quejoso en los conceptos de violación, es evidente que hasta el momento de resolver el recurso de apelación y emitir el acto reclamado en el que se estableció la existencia de datos de prueba en cuanto a la probable autoría del imputado, ahora quejoso, en la realización del hecho considerado ilícito antes señalado. Por su parte, en los conceptos de violación formulados por el quejoso, se duele de que al emitir la resolución reclamada, la Sala responsable vulneró sus derechos fundamentales, al no tomar en consideración que en la audiencia de vinculación a proceso la Fiscal del Ministerio Público Especializada en Combate a la Corrupción le atribuyó que el Ayuntamiento de Motul, Yucatán, no le adjudicó directamente el contrato, sino que lo obtuvo de manera irregular; sin embargo, la autoridad no apreció que con el dictamen de análisis detallado de adjudicación, de cinco de mayo de dos mil veintiuno, se acreditaba que el contrato se realizó como dispone el artículo 25, fracción I de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, y que él no se había puesto de acuerdo con su coimputado para beneficiar a la persona moral que representa; además que no existió acuerdo previo con él ni con ningún funcionario del Ayuntamiento citado, como referían los hechos por los que fue vinculado. Los argumentos anteriores son infundados. Esto, ya que fue ajustado a derecho que la autoridad responsable al emitir la resolución reclamada que confirmó el auto de vinculación a proceso, estableciera que era incorrecta la afirmación del entonces apelante, en cuanto a que la adjudicación del contrato y la ilicitud del acto guardaban relación con los hechos imputados. Efectivamente, este resolutor de amparo considera que el razonamiento expuesto en el acto reclamado es acorde a derecho, porque la ilicitud del tipo penal atribuido al imputado en el auto de vinculación a proceso, no recayó en la ilegalidad de la adjudicación de la obra pública señalada, ni en un previo acuerdo con su coimputado, ni en la constitución de la persona moral contratada, sino que los hechos que se le imputaron consistieron en la participación que tuvo respecto a la abstención de su coimputado de cumplir su obligación de residente de obra del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, de verificar el cumplimiento del contrato de obra pública, pues con la calidad de representante legal y administrador de la persona moral, generó documentos que reflejaba la conclusión total de los trabajos de impermeabilización, lo que era una simulación, pues la realidad era que no se habían ejecutado los mismos, lo que ocasionó un perjuicio patrimonial, al haber recibido el pago de $280,000.00 (doscientos ochenta mil pesos moneda nacional) por esos trabajos. Por las razones anteriores, es claro que las afirmaciones del aquí quejoso carecen de sustento, de ahí lo infundado de ellas. El peticionario de amparo también argumentó en diverso concepto de violación, que la Sala no consideró como confesión sus manifestaciones vertidas en entrevista ministerial, relativas a que se dedicaba a la construcción, no obstante que en el objeto social no estaba señalada esa situación, era irrelevante para los hechos imputados, porque en la cláusula segunda del acta constitutiva de la persona moral, se establece que puede suscribir cualquier clase contratos; y que la designación fechada el diez de mayo de dos mil veintiuno, de superintendente de obra, derivó de las obligaciones del contrato de obra pública celebrado con el Ayuntamiento de Motul, Yucatán, obedece a un requisito en el procedimiento de ejecución de la obra para la que contrataron a la persona moral que él representa. El señalamiento de dicho argumento es infundado. Así se considera, a criterio de quien esto resuelve, que no irroga violación a sus derechos fundamentales, que la Sala responsable no valorara el dicho ministerial del aquí solicitante de amparo, como una confesión, ya que fue legalmente correcto que al examinar en vía de apelación, las apreciaciones que a su vez hizo la Juez de origen sobre los datos existentes al vincular a proceso al imputado de atención. Lo que se afirma en la medida que para emitir el auto de vinculación a proceso, se exigen que para su posible dictado se cumpla con la obligación de justificar ante el Juez respectivo, acorde con las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en los artículos 16 y 19 constitucionales, que se ha cometido un hecho, comportamiento o conducta que la ley señala como delito, es decir, "un hecho delictivo". Esto porque, dicho auto de vinculación a proceso corresponde a las etapas preliminares del procedimiento penal, por lo tanto, no se requiere un acreditamiento pleno, cabal o inamovible del delito, lo cierto es que para hablar de un "hecho delictivo", se exige que al menos se aporten datos básicos o elementales para justificar que el hecho fáctico corresponde con las características de la conducta descrita en el tipo penal, pues sólo así puede diferenciarse la presencia selectiva de hechos relevantes para el derecho penal de aquellos que no lo son y que conforman el universo potencial de acciones atípicas o no criminalizables. Orienta al respecto, el criterio jurídico con Registro digital: 2026277, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): Penal, Tesis: II.2o.P.17 P (11a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Abril de 2023, Tomo III, página 2570, Tipo: Aislada, de rubro siguiente: "HECHO DELICTIVO. SUS COMPONENTES BÁSICOS SE OBTIENEN DE LA CONFRONTA DEL HECHO ATRIBUIDO CON LA CONDUCTA DESCRITA COMO DELICTIVA EN EL TIPO PENAL RESPECTIVO, A FIN DE JUSTIFICAR SU DIFERENCIA CON HECHOS NO RELEVANTES PARA EL DERECHO PENAL (FUNCIÓN GARANTISTA DEL TIPO)." De esas consideraciones, se obtiene que los datos de prueba requeridos para el dictado del auto de vinculación a proceso, son los que justifiquen que en el mundo fáctico se ha cometido un comportamiento o hecho que reviste de esas condiciones indispensables para poder considerarlo, asimilarlo o identificarle como "hecho delictivo", es decir, como "hecho que la ley señale como delito" al que como garantía se refieren los citados artículos 16 y 19 constitucionales y cualquier otra normativa derivada de ellos. Dichos datos son los que deben exponerse como motivos, que por mínimos que éstos sean, permitan conocer que la decisión de dictar un auto de vinculación a proceso, se funda sobre bases racionales idóneas para hacerla aceptable. Así, la Sala emisora de la resolución que confirmó el auto vinculatorio, decidió de manera correcta al respaldar la valoración libre y lógica, fundada en el numeral 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales , efectuada por la Juez de Control de origen, de la serie de datos relacionados, entre ellos la declaración del imputado en la que proporcionó datos generales (dedicarse a la construcción), que unidos a los otros datos aportados por la Fiscalía, permitieron establecer que aquél poseía conocimientos de la normatividad reglamentaria de la obra pública y la experiencia en el ramo de la construcción, por lo que conocía la ilicitud en que incurría su coimputado con su actuar omisivo de abstenerse de cumplir sus obligaciones como superintendente, y no obstante ello, participó simulando la ejecución de la obra pública, con actos propicios a ello. Por lo tanto, al margen de lo argüido, aquellos datos expuestos, razonablemente sustentaron un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, sin que con ello se advierta vulneración al principio de presunción de inocencia, al debido proceso u otro, como aduce el quejoso. Máxime que la aludida declaración y manifestaciones del imputado, como ya se vio de la resolución reclamada, únicamente se estimaron como referencias, dada la etapa del procedimiento penal en que se encuentra, que sólo amerita satisfacer un mínimo estándar probatorio, para justificar los requisitos constitucionales para su emisión, pues se reitera, el dicho del imputado no se encuentra controvertido de manera contundente. Brinda apoyo a las consideraciones precedentes, el criterio con datos de identificación, Registro digital: 2023151, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, Tesis: XVIII.2o.P.A.5 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2558, Tipo: Aislada, del título siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDE DICHO PRINCIPIO AL DICTAR EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI ÉSTE SE SUSTENTA EN LOS DATOS DE PRUEBA APORTADOS POR LA FISCALÍA." Por su parte, en diversos conceptos de violación, el demandante de amparo, se duele que en la resolución reclamada la autoridad responsable no tomó en cuenta el argumento formulado ante ella, en el sentido de que el incumplimiento del contrato de obra pública señalado en los hechos imputados en su contra, no tiene la naturaleza penal, sino que la exigibilidad del mismo debió dilucidarse en un procedimiento civil, y porque en dicho contrato se estableció cláusula para el caso de incumplimiento; que además, que no fue valorado un escrito donde la autoridad Municipal le requería la ejecución de la obra pública de referencia, y que a manera de respuesta se solicitó una prórroga para tal efecto y que ésta le fue otorgada. Son inoperantes tales motivos de inconformidad. Así se considera, porque de las consideraciones contenidas en la resolución reclamada, se evidencia que al atenderse los diversos agravios formulados en el recurso de apelación por el ahora quejoso, específicamente a foja 41 de aquella resolución, la Sala abordó el análisis sobre el planteamiento relativo a la naturaleza civil y no penal, de los hechos, atinentes a un contrato. También se observa que al analizar el punto tratado, la citada autoridad responsable se pronunció en consecuencia, esto es, explicó y razonó los motivos y fundamentos que rigen y por los que los hechos sí actualizan el ilícito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto y sancionado en el artículo 255 párrafo penúltimo en relación al 255 fracción II inciso b) del Código Penal del Estado. Situación similar se aprecia en cuanto al señalamiento de haber sido soslayadas las piezas documentales alusivas a requerimiento de ejecución de obra pública materia del contrato y la prórroga solicitada al ente Municipal contratante y que fue otorgada por éste, pues la Sala en su pronunciamiento en el que sostuvo la naturaleza penal de los hechos atribuidos al imputado, hoy quejoso, sí se refirió y atendió a los argumentos apoyados en el contrato referido y la citada prórroga. Por tanto, como contrariamente a lo afirmado por el quejoso, la autoridad responsable sí se ocupó de analizar y decidir una cuestión planteada, deviene inoperante el argumento de que se trata. Ahora bien, en otros de los conceptos de violación, la parte quejosa resintió la vulneración a sus derechos fundamentales, al aducir que la autoridad responsable omitió atender la totalidad de agravios que planteó en el recurso de apelación, pues no se pronunció sobre el reintegro realizado por la persona moral que representa, a la cuenta bancaria del Ayuntamiento de Motul, Yucatán. Que de existir una afectación patrimonial al Ayuntamiento citado, ya le fue resarcida mediante la devolución de la cantidad de $280,000.00 (doscientos ochenta mil pesos, moneda nacional), a la cuenta 0118219656 del Municipio de Motul, Yucatán, correspondiente al monto que éste había pagado a la persona moral que representa el quejoso, por concepto del contrato que fue adjudicado el ocho de mayo de dos mil veintidós; que inclusive, el Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de dicho Municipio, dirigió escrito al Tesorero del mismo, informándole del reintegro de la cantidad, lo que estima trascendente para el proceso, pues uno de sus objetos es la reparación del daño, el cual acreditó que quedó cubierto. Que al respecto, la autoridad emisora de la resolución reclamada, sin pronunciarse respecto al reintegro de aquella cantidad, se limitó a señalar que podría ser considerado en fases posteriores del proceso, con lo que a decir del quejoso, faltó a su deber de pronunciarse de la totalidad de los agravios expuestos, y a los principios de congruencia y exhaustividad que constitucionalmente la autoridad estaba obligada a observar. Por lo que afirma que existe deficiente motivación y fundamentación de la resolución reclamada. Los argumentos antes sintetizados son infundados. Al respecto, es pertinente destacar que de la lectura de la resolución reclamada se puede advertir con claridad que la Sala del conocimiento sí atendió el agravio del apelante, atinente a que fue reintegrada la cantidad de dinero que el Municipio de Motul, Yucatán, le había entregado por concepto de pago de la obra pública contratada. Lo anterior puede corroborarse de la lectura de la foja 42 de la resolución de mérito, donde se plasmó el agravio y se emitió el pronunciamiento correspondiente, en el sentido de que las manifestaciones vertidas al respecto por el apelante, no se encontraban dirigidas a combatir las razones lógico jurídicas que emitió la juzgadora al dictar el auto apelado; sin embargo, la Sala responsable consideró que el depósito comentado, en su caso, podría tomarse en cuenta en una etapa subsecuente, para los fines correspondientes. Dicho pronunciamiento de la autoridad responsable, a criterio de este resolutor de amparo, es una determinación lógica y jurídicamente sustentada, y no es incongruente ni carece de exhaustividad, en oposición a las estimaciones del quejoso, en la medida que el resarcimiento de la cantidad de dinero inicialmente recibida, que en determinado caso pudiera considerarse como reparación del daño, resultado de los hechos considerados ilícitos, cuestión que no es oportuna de analizar en la etapa en que se encuentra el procedimiento penal de origen, al haberse dictado un auto de vinculación a proceso en contra del imputado y quejoso. Lo anterior, habida cuenta que en términos del artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales , la reparación del daño tiene la naturaleza de pena pública en la sentencia. Por lo tanto, si la autoridad responsable sí atendió la cuestión atinente a que la parte quejosa depositó la suma de dinero mencionada, al Ayuntamiento que otorgó la obra pública, pues al respecto señaló que ese aspecto sería factible de analizar en etapas posteriores del proceso, no incurrió en falta de exhaustividad, menos en incongruencia, ya que expuso porqué motivo no se examinaba en la citada resolución reclamada. En tanto que la Sala emisora del acto reclamado, sí se ocupó de analizar sobre la probabilidad de la autoría del imputado, en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, en la forma ya analizada en párrafos anteriores de este fallo, con lo cual se advierte satisfecha la motivación y fundamentación de dicho acto de autoridad, al resolver el recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso. Orienta respecto a las consideraciones que anteceden, por identidad jurídica, la tesis de Registro digital: 2018123, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Penal, Tesis: I.9o.P.226 P (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2188, Tipo: Aislada, del rubro siguiente: "APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL TRIBUNAL DE ALZADA QUE CONOZCA DE DICHO RECURSO DEBE ESTUDIAR DE OFICIO LA DEMOSTRACIÓN DEL HECHO SEÑALADO POR LA LEY COMO DELITO, ASÍ COMO LA PROBABLE PARTICIPACIÓN DEL IMPUTADO EN SU REALIZACIÓN, AUN CUANDO ÉSTE NO LO HUBIERE ALEGADO EN SUS AGRAVIOS [ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LAS TESIS AISLADAS I.9o.P.164 P (10a.) Y I.9o.P.165 P (10a.)]." En esas consideraciones, al haber resultado infundados e inoperantes los conceptos de violación planteados por el quejoso, sin que se advierta alguna queja deficiente que suplir, en los términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, procede negar el amparo solicitado. Quinto. Publicación de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Didier Adriel Couoh Marrufo, contra el acto que reclama de la Primera Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. (...)

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente del que se advierte, que al Agente del Ministerio Público adscrito a la Primera Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, le existe el carácter de tercero interesado en este asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 5, fracción III, inciso c), 26, fracción I, inciso b), 27, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se tiene como tal al citado Agente del Ministerio Público adscrito a la Primera Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien deberá ser emplazado mediante oficio que al efecto se gire, haciéndole saber que con tal carácter puede comparecer en el presente juicio en defensa de sus derechos si así lo estimare pertinente, entregándole copia autorizada de la demanda de amparo. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija como nueva hora y fecha para su celebración las doce horas con diez minutos del uno de septiembre de dos mil veintitrés. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a la autoridad responsable, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/1003/2023, de trece de marzo de dos mil veintitrés, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio remitido por el Auditor Superior del Estado de Yucatán, tercero interesado en el presente asunto, con el que comparece a este asunto señalando delegados, el cual se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a los designados en el mismo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

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