Diana Vianney Mena Canul
Expediente 120/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 120/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Diana Vianney Mena Canul
- Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, del Poder Judicial del Estado de Yucatán
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede y por cuanto que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del acuerdo de ocho de febrero de dos mil diecinueve, por este Juzgado Federal, en la que se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado estado para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que mediante proveído de ocho de febrero de dos mil diecinueve, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo y no obran agregados documentos originales, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentado la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, autoridad responsable en este asunto, el cual se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda. En el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;...". En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado, en la omisión de la responsable, de acordar el escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, recibido el dieciséis del mismo mes y año, ante la Oficialía de partes del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, en el expediente laboral 42/2016, en el cual solicitó se abra el término de alegatos en el citado procedimiento. Ahora, del informe de cuenta y constancias anexas a dicho informe, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que mediante proveído de fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, dictado por la autoridad responsable, se les concedió a las partes el término de alegatos, el cual fue notificado a las partes, el seis de febrero del mismo año; esto es con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Por todo lo anterior, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Finalmente, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del siete de marzo de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
... CITATORIO ... Mérida, Yucatán, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, autoridad responsable en este asunto, el cual se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda. En el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;...". En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado, en la omisión de la responsable, de acordar el escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, recibido el dieciséis del mismo mes y año, ante la Oficialía de partes del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, en el expediente laboral 42/2016, en el cual solicitó se abra el término de alegatos en el citado procedimiento. Ahora, del informe de cuenta y constancias anexas a dicho informe, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que mediante proveído de fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, dictado por la autoridad responsable, se les concedió a las partes el término de alegatos, el cual fue notificado a las partes, el seis de febrero del mismo año; esto es con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Por todo lo anterior, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Finalmente, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del siete de marzo de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Diana Vianney Mena Canul, contra actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán; demanda exhibida con cuatro copias y sin anexos; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número 120/2019-VI. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I°, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 115 y 117 de la Ley de Amparo en vigor, SE ADMITE la demanda en sus términos. No se tramita el incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa y no encontrarse en los supuestos que prevé el artículo 127 de la ley de amparo, para su apertura de oficio. Con copia autorizada de la demanda de amparo y del presente acuerdo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 110 de la Ley de Amparo en vigor. Se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del siete de marzo del dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo en vigor, con copia de la demanda de amparo pídase el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicitó; asimismo, en el término señalado deberá acompañar la totalidad de las constancias que estime pertinentes para apoyar su informe o las que sean necesarias para probar las manifestaciones que se vierta en el mismo; apercibida que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, se presumirán ciertos los actos reclamados y con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la citada ley, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la presente fecha. Por otra lado, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo aplicable, se previene a las partes de este juicio de amparo, a efecto de que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia, lo hagan del conocimiento de este Órgano de Control Constitucional y de ser posible exhiban las constancias que así lo acrediten; con el apercibimiento que no acatar lo anterior, con fundamento en el artículo 251 del invocado ordenamiento legal, se les impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la presente fecha. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda y como sus autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto laboral y ser la parte trabajadora. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo aplicable, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que relaciona la parte quejosa en su demanda de amparo sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional relativa. Con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese y personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
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