Diana Velazquez Casales

Expediente 855/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
855/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
23/08/2019

Partes del expediente

  • Diana Velazquez Casales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 855/2019-VI, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el uno de agosto de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 855/2019-VI, promovido por DIANA VELÁZQUEZ CASALES, por derecho propio; y RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el once de marzo de dos mil diecinueve, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, y turnado el doce siguiente, al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este propio circuito, DIANA VELÁZQUEZ CASALES, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DEL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS EN FUNCIONES DEL EXTINTO CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MORELOS Y MAGISTRADO VISITADOR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, AMBOS CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO. IV.- ACTO RECLAMADO: La RESOLUCIÓN DEFINITIVA de fecha 6 de febrero del año 2019, emitida en los autos de la queja administrativa número 69/2018, radicado en la VISITADURÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS." EL trece de marzo de dos mil diecinueve, el aludido Segundo Tribunal Colegido, ordenó remitir la demanda a la Comisión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en funciones del extinto Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, a efecto de que se diera cumplimiento al artículo 178, de la Ley de Amparo. Mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dicho Tribunal Colegiado tuvo por recibió el oficio JUR/ABA/0550/2019 de la autoridad referida, mediante el cual remitió la demanda de amparo promovida por DIANA VELÁZQUEZ CASALES, su informe justificado, original del acuerdo de radicación, constancias de notificación realizadas a la quejosa, diversas documentales y el expediente de queja administrativa 69/2018. En tal virtud, la presidencia de ese tribunal colegiado, admitió a trámite la demanda, contra la resolución de seis de febrero de dos mil diecinueve, emitida en el expediente de responsabilidad administrativa 69/2018, por la Comisión nombrada mediante "Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que da cumplimiento a la disposición transitoria quinta, del decreto número dos mil quinientos noventa, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el dieciséis de febrero del presente año, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y abroga la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia para Adolescentes y Juzgados Especializados." En sesión de trece de junio de dos mil diecinueve, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, emitió sentencia en la que: "R E S U E L V E: PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, carece de competencia por razón de la vía para conocer de la demanda de amparo promovida por Diana Velázquez Casales, en contra del acto y por las razones expuestas en la consideración única de esta sentencia. SEGUNDO. Previo cuadernillo de copias certificadas que se forme, remítase la demanda de amparo y sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, a efecto de que la canalice al Juez de Distrito en el Estado de Morelos en Turno, para que se avoque a su conocimiento; solicitándole el acuse de recibo respectivo. SEGUNDO. El veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, este Juzgado tuvo por recibido el cuaderno de amparo directo 119/2019, formado con la demanda de DIANA VELÁZQUEZ CASALES, así como el expediente de queja administrativa 69/2018, de la Visitaduría General del Estado de Morelos; por tanto, el veinticinco siguiente, este Juzgado se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo y asumió jurisdicción. Demanda de amparo que quedó registrada bajo el número de expediente 855/2019-VI, se solicitó únicamente a la autoridad responsable Magistrado Visitador General del Poder Judicial del Estado de Morelos su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde residen las autoridades señaladas como responsables y se presentó la demanda. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en atención a la causa de pedir del quejoso, precisa que reclama: 1. De los integrantes de la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, la resolución emitida el seis de febrero de dos mil diecinueve, emitida en el expediente de responsabilidad administrativa 69/2018. 2. Del Magistrado Visitador General del Poder Judicial del Estado de Morelos, la ejecución de dicha resolución. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. Es cierto el acto reclamado, a la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, toda vez que así lo aceptó por conducto de su Presidenta al rendir el informe justificado; lo que se encuentra corroborado con la copia certificada del expediente de origen, a las que se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. También es cierto el acto de ejecución atribuido al Magistrado Visitador General del Poder Judicial del Estado de Morelos, pues así lo refirió al rendir el informe de ley; certeza que se corrobora con las constancias citadas. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. En relación al acto reclamado consistente en la resolución de seis de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente de responsabilidad administrativa 69/2018, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo; toda vez que el acto que se reclama se estima consentido tácitamente, al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, como enseguida se pondrá de manifiesto. Las disposiciones legales invocadas son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Para una mayor comprensión del asunto, se estima necesario citar los antecedentes del acto reclamado: 1. El dieciocho de enero de dos mil dieciocho, se recibió en la oficialía de partes de la Visitaduría General del Poder Judicial del Estado de Morelos, el oficio CJE/MCVCL/8130/2017, suscrito por la Magistrada Presidenta y Secretaria General del Consejo de la Judicatura del indicado poder, en cumplimiento al acuerdo dictado por dicho Consejo en sesión extraordinaria de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se ordenó iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa contra la servidora pública investigada, DIANA VELÁZQUEZ CASALES, aquí quejosa, en su carácter de Actuaria adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos. 2. El dieciocho de enero de dos mil dieciocho, el magistrado Visitador radicó el procedimiento de responsabilidad administrativa con el número 69/2018, contra la servidora pública investigada, a la que se ordenó emplazar para que rindiera declaración en relación con los hechos investigados. 3. El veintinueve de enero de dos mil dieciocho, fue emplazada la aquí quejosa y el ocho de febrero del indicado año, rindió su declaración, opuso defensas y excepciones y ofreció pruebas. 4. El treinta de abril de dos mil dieciocho tuvo verificativo la audiencia de alegatos y se ordenó turnar los autos al titular de la Visitaduría General del Poder Judicial del Estado de Morelos, para que emitiera el dictamen correspondiente. 5. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho el indicado Visitador General remitió la queja administrativa 69/2018, así como el dictamen que emitió, a los integrantes de la Comisión de Magistrados nombrados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para los efectos previstos en la fracción XIII del artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. 6. El seis de febrero de dos mil diecinueve, se emitió la resolución definitiva en el procedimiento de responsabilidad administrativa indicado. Esa resolución se dictó por la Comisión nombrada mediante "Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que da cumplimiento a la disposición transitoria quinta, del decreto número dos mil quinientos noventa, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el dieciséis de febrero del presente año, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y abroga la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia para Adolescentes y Juzgados especializados", en la que se resolvió: "PRIMERO. Esta Comisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente asunto, y la vía elegida es la correcta, acorde a lo establecido en el considerando primero de este fallo. (Lo destacado es propio) SEGUNDO. Son FUNDADOS los hechos por los que se inició procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la servidora público investigada Licenciada Diana Velázquez Casales, en su carácter de Actuaria adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por lo (sic) razonamientos plasmados en el considerando VII de la resolución. TERCERO. Se declara la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, que se le atribuyó a la servidora público (sic) investigada Licenciada Diana Velázquez Casales en su carácter de Actuaria adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por los razonamientos plasmados en el considerando VII del presente fallo. CUARTO. Se impone como sanción administrativa a la servidora público investigada Licenciada Diana Velázquez Casales, la prevista en la fracción III, del artículo 194, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, consistente en una SANCIÓN ECONÓMICA EQUIVALENTE A CUARENTA UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), a razón de $75.49 (SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.), correspondiente al año dos mil diecisiete, resultando la cantidad de $3,019.60 (TRES MIL DIECINUEVE PESOS 60/100 M.N.); cantidad que deberá ser depositada en el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. Conforme al numeral 691 del Código Procesal Civil vigente del Estado de Morelos, aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, notifíquesele a la Licenciada Diana Velázquez Casales, que cuenta con un plazo de CINCO DÍAS, para el cumplimiento de la presente resolución; apercibida que en caso de incumplimiento a lo anterior, se hará dicha retención vía nómina. QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, se ordena girar atento oficio al Director General de Administración de esta Institución, para que ordene a quien corresponda se agregue al expediente personal de la citada funcionaria responsable, la sanción correspondiente, debiendo anexar al mismo copia autorizada de este fallo. SEXTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se ordena remitir copia certificada del presente fallo, a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, para su registro correspondiente. SÉPTIMO. Se ordena remitir la presente Queja Administrativa a la Visitaduría General a efecto de que proceda a la ejecución del presente fallo. OCTAVO. Previa anotación respectiva que se haga en el Libro de Gobierno de este cuerpo colegiado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido." NOVENO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE." 7. Resolución que fue notificada a la aquí quejosa, mediante cédula de notificación personal el quince de febrero de dos mil diecinueve. Dicha resolución constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora bien, a efecto de explicar la actualización de la causal de improcedencia invocada, se estima necesario establecer que la resolución reclamada le fue notificada a la parte quejosa el quince de febrero de dos mil diecinueve, pues además de así admitirlo en su escrito de demanda, se encuentra corroborado con las copias certificadas del expediente de responsabilidad administrativa 69/2018 (anexo I), que remitió la autoridad responsable, del que se advierte la cédula de notificación personal de la mencionada resolución en la que consta que se notificó personalmente a la aquí parte quejosa el día viernes quince de febrero de dos mil diecinueve. Cédula de notificación levantada a las diez horas con diecisiete minutos del quince de febrero de dos mil diecinueve, que se dejó en poder de Mario Carrera Mateo, quien dijo ser abogado del despacho, cerciorándose la fedataria adscrita a la autoridad responsable, de estar en el domicilio señalado; además, dijo dicha persona sí ser el domicilio correcto y sí recibir la notificación de la persona buscada, en tanto que la notificadora asentó que entendió la diligencia con aquel y le notificó la resolución de seis de febrero de dos mil diecinueve así como el diverso acuerdo de doce del mismo mes y año, firmando de recibido, por lo dejó en su poder la cédula de notificación (fojas 214 y 215, anexo I). Documental que, al margen de constituir una impresión certificada por servidor público, en el intrínseco constituye la actuación de una funcionaria pública (Actuaria notificadora) en ejercicio de sus funciones con valor probatorio pleno, salvo prueba en contra o declaratoria de nulidad, que en el particular no existe y por ende, produce de manera plena los efectos jurídicos conducentes; además, la notificación es un acto procesal a cargo de una autoridad que se encuentra revestida de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por una funcionaria pública en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario, lo que tampoco ocurrió en este asunto. Es aplicable por analogía la tesis jurisprudencial número IV.2º. J/4, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 265, Tomo I, mayo de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES". Ahora, el artículo 61, en su fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En ese orden de ideas, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de la materia, dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, se computarán de la siguiente manera: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento, haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la materia para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Lo anterior, por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2º.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establecen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).". Entonces, de conformidad con el párrafo segundo del artículo quinto transitorio de la Ley de Amparo, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de dicha Ley, comienza a computarse a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo. Por tanto, a efecto de determinar el momento en el que comenzará a computarse el plazo aludido conforme a la fecha de la notificación, es necesario precisar que el Capítulo II Notificaciones y Términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos fue derogado por la disposición transitoria octava de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, y ésta a su vez, en su artículo 72 establece que las notificaciones se tramitarán de conformidad con lo que establece la Ley General o el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. Ahora bien, tanto del Capítulo VI de las Notificaciones como del Capítulo VII de los Plazos y Términos del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos no se advierte disposición alguna del momento en que surten efectos las notificaciones; únicamente en el artículo 144 Cómputo de los plazos de dicha ley, se señala que los plazos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación personal o a través de la lista o del Boletín Judicial; por consiguiente, debe estimarse que el momento en que surten sus efectos las notificaciones ocurre en el instante mismo de la notificación, en ese orden de ideas el cómputo para la presentación de la demanda de amparo inicia a partir del día siguiente al en que se notificó el acto y ésta surtió efectos. En ese orden de ideas, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo inició el dieciocho de febrero y abarcó hasta el ocho de marzo de dos mil diecinueve (descontando el dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de febrero, así como el dos y tres de marzo por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo), por lo que a la fecha de la presentación de la demanda once de marzo del año que transcurre, había fenecido el referido término. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 11/2017 (10ª.), emitida por el Pleno, visible en la página 7, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Materia: Común, Décima época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 2014199, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA." Por tanto, resulta evidente que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea al plazo de quince días, que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que se actualice alguna de las hipótesis a que se refiere el aludido artículo, toda vez que la quejosa no reclama una norma general autoaplicativa, ni un procedimiento de extradición, tampoco impugna una sentencia definitiva condenatoria que imponga pena de prisión, ni reclama contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, tampoco un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Lo anterior resulta indudable, en razón de que la parte quejosa consintió tácitamente los actos reclamados al no haber presentado la demanda dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues conforme al sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimoctavo Circuito, DIANA VELÁZQUEZ CASALES presentó su demanda hasta el once de marzo de dos mil diecinueve, es decir, fuera de ese término legal. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J. 25/2006, con registro 175619, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 251, de rubro. "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO." Asimismo, es aplicable por similitud jurídica la tesis número 216152, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 235, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo establece: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS." Consecuentemente, se itera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo al acto de aplicación reprochado al Magistrado Visitador General del Poder Judicial del Estado de Morelos, al no haberse reclamado por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por DIANA VELÁZQUEZ CASALES, contra la resolución dictada el seis de febrero de dos mil diecinueve, en el expediente de responsabilidad administrativa 69/2018, por la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, cuya ejecución se reclamó al Magistrado Visitador General del Poder Judicial del Estado de Morelos. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy uno de agosto de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este juzgado, asistido del secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, la resolución de uno de agosto del dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 855/2019-VI, promovido por DIANA VELÁZQUEZ CASALES, por derecho propio; y RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el once de marzo de dos mil diecinueve, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, y turnado el doce siguiente, al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este propio circuito, DIANA VELÁZQUEZ CASALES, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DEL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS EN FUNCIONES DEL EXTINTO CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MORELOS Y MAGISTRADO VISITADOR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, AMBOS CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO. IV.- ACTO RECLAMADO: La RESOLUCIÓN DEFINITIVA de fecha 6 de febrero del año 2019, emitida en los autos de la queja administrativa número 69/2018, radicado en la VISITADURÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS." EL trece de marzo de dos mil diecinueve, el aludido Segundo Tribunal Colegido, ordenó remitir la demanda a la Comisión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en funciones del extinto Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, a efecto de que se diera cumplimiento al artículo 178, de la Ley de Amparo. Mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dicho Tribunal Colegiado tuvo por recibió el oficio JUR/ABA/0550/2019 de la autoridad referida, mediante el cual remitió la demanda de amparo promovida por DIANA VELÁZQUEZ CASALES, su informe justificado, original del acuerdo de radicación, constancias de notificación realizadas a la quejosa, diversas documentales y el expediente de queja administrativa 69/2018. En tal virtud, la presidencia de ese tribunal colegiado, admitió a trámite la demanda, contra la resolución de seis de febrero de dos mil diecinueve, emitida en el expediente de responsabilidad administrativa 69/2018, por la Comisión nombrada mediante "Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que da cumplimiento a la disposición transitoria quinta, del decreto número dos mil quinientos noventa, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el dieciséis de febrero del presente año, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y abroga la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia para Adolescentes y Juzgados Especializados." En sesión de trece de junio de dos mil diecinueve, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, emitió sentencia en la que: "R E S U E L V E: PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, carece de competencia por razón de la vía para conocer de la demanda de amparo promovida por Diana Velázquez Casales, en contra del acto y por las razones expuestas en la consideración única de esta sentencia. SEGUNDO. Previo cuadernillo de copias certificadas que se forme, remítase la demanda de amparo y sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, a efecto de que la canalice al Juez de Distrito en el Estado de Morelos en Turno, para que se avoque a su conocimiento; solicitándole el acuse de recibo respectivo. SEGUNDO. El veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, este Juzgado tuvo por recibido el cuaderno de amparo directo 119/2019, formado con la demanda de DIANA VELÁZQUEZ CASALES, así como el expediente de queja administrativa 69/2018, de la Visitaduría General del Estado de Morelos; por tanto, el veinticinco siguiente, este Juzgado se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo y asumió jurisdicción. Demanda de amparo que quedó registrada bajo el número de expediente 855/2019-VI, se solicitó únicamente a la autoridad responsable Magistrado Visitador General del Poder Judicial del Estado de Morelos su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde residen las autoridades señaladas como responsables y se presentó la demanda. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en atención a la causa de pedir del quejoso, precisa que reclama: 1. De los integrantes de la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, la resolución emitida el seis de febrero de dos mil diecinueve, emitida en el expediente de responsabilidad administrativa 69/2018. 2. Del Magistrado Visitador General del Poder Judicial del Estado de Morelos, la ejecución de dicha resolución. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. Es cierto el acto reclamado, a la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, toda vez que así lo aceptó por conducto de su Presidenta al rendir el informe justificado; lo que se encuentra corroborado con la copia certificada del expediente de origen, a las que se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. También es cierto el acto de ejecución atribuido al Magistrado Visitador General del Poder Judicial del Estado de Morelos, pues así lo refirió al rendir el informe de ley; certeza que se corrobora con las constancias citadas. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. En relación al acto reclamado consistente en la resolución de seis de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente de responsabilidad administrativa 69/2018, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo; toda vez que el acto que se reclama se estima consentido tácitamente, al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, como enseguida se pondrá de manifiesto. Las disposiciones legales invocadas son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Para una mayor comprensión del asunto, se estima necesario citar los antecedentes del acto reclamado: 1. El dieciocho de enero de dos mil dieciocho, se recibió en la oficialía de partes de la Visitaduría General del Poder Judicial del Estado de Morelos, el oficio CJE/MCVCL/8130/2017, suscrito por la Magistrada Presidenta y Secretaria General del Consejo de la Judicatura del indicado poder, en cumplimiento al acuerdo dictado por dicho Consejo en sesión extraordinaria de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se ordenó iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa contra la servidora pública investigada, DIANA VELÁZQUEZ CASALES, aquí quejosa, en su carácter de Actuaria adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos. 2. El dieciocho de enero de dos mil dieciocho, el magistrado Visitador radicó el procedimiento de responsabilidad administrativa con el número 69/2018, contra la servidora pública investigada, a la que se ordenó emplazar para que rindiera declaración en relación con los hechos investigados. 3. El veintinueve de enero de dos mil dieciocho, fue emplazada la aquí quejosa y el ocho de febrero del indicado año, rindió su declaración, opuso defensas y excepciones y ofreció pruebas. 4. El treinta de abril de dos mil dieciocho tuvo verificativo la audiencia de alegatos y se ordenó turnar los autos al titular de la Visitaduría General del Poder Judicial del Estado de Morelos, para que emitiera el dictamen correspondiente. 5. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho el indicado Visitador General remitió la queja administrativa 69/2018, así como el dictamen que emitió, a los integrantes de la Comisión de Magistrados nombrados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para los efectos previstos en la fracción XIII del artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. 6. El seis de febrero de dos mil diecinueve, se emitió la resolución definitiva en el procedimiento de responsabilidad administrativa indicado. Esa resolución se dictó por la Comisión nombrada mediante "Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que da cumplimiento a la disposición transitoria quinta, del decreto número dos mil quinientos noventa, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el dieciséis de febrero del presente año, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y abroga la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia para Adolescentes y Juzgados especializados", en la que se resolvió: "PRIMERO. Esta Comisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente asunto, y la vía elegida es la correcta, acorde a lo establecido en el considerando primero de este fallo. (Lo destacado es propio) SEGUNDO. Son FUNDADOS los hechos por los que se inició procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la servidora público investigada Licenciada Diana Velázquez Casales, en su carácter de Actuaria adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por lo (sic) razonamientos plasmados en el considerando VII de la resolución. TERCERO. Se declara la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, que se le atribuyó a la servidora público (sic) investigada Licenciada Diana Velázquez Casales en su carácter de Actuaria adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por los razonamientos plasmados en el considerando VII del presente fallo. CUARTO. Se impone como sanción administrativa a la servidora público investigada Licenciada Diana Velázquez Casales, la prevista en la fracción III, del artículo 194, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, consistente en una SANCIÓN ECONÓMICA EQUIVALENTE A CUARENTA UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), a razón de $75.49 (SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.), correspondiente al año dos mil diecisiete, resultando la cantidad de $3,019.60 (TRES MIL DIECINUEVE PESOS 60/100 M.N.); cantidad que deberá ser depositada en el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. Conforme al numeral 691 del Código Procesal Civil vigente del Estado de Morelos, aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, notifíquesele a la Licenciada Diana Velázquez Casales, que cuenta con un plazo de CINCO DÍAS, para el cumplimiento de la presente resolución; apercibida que en caso de incumplimiento a lo anterior, se hará dicha retención vía nómina. QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, se ordena girar atento oficio al Director General de Administración de esta Institución, para que ordene a quien corresponda se agregue al expediente personal de la citada funcionaria responsable, la sanción correspondiente, debiendo anexar al mismo copia autorizada de este fallo. SEXTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se ordena remitir copia certificada del presente fallo, a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, para su registro correspondiente. SÉPTIMO. Se ordena remitir la presente Queja Administrativa a la Visitaduría General a efecto de que proceda a la ejecución del presente fallo. OCTAVO. Previa anotación respectiva que se haga en el Libro de Gobierno de este cuerpo colegiado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido." NOVENO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE." 7. Resolución que fue notificada a la aquí quejosa, mediante cédula de notificación personal el quince de febrero de dos mil diecinueve. Dicha resolución constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora bien, a efecto de explicar la actualización de la causal de improcedencia invocada, se estima necesario establecer que la resolución reclamada le fue notificada a la parte quejosa el quince de febrero de dos mil diecinueve, pues además de así admitirlo en su escrito de demanda, se encuentra corroborado con las copias certificadas del expediente de responsabilidad administrativa 69/2018 (anexo I), que remitió la autoridad responsable, del que se advierte la cédula de notificación personal de la mencionada resolución en la que consta que se notificó personalmente a la aquí parte quejosa el día viernes quince de febrero de dos mil diecinueve. Cédula de notificación levantada a las diez horas con diecisiete minutos del quince de febrero de dos mil diecinueve, que se dejó en poder de Mario Carrera Mateo, quien dijo ser abogado del despacho, cerciorándose la fedataria adscrita a la autoridad responsable, de estar en el domicilio señalado; además, dijo dicha persona sí ser el domicilio correcto y sí recibir la notificación de la persona buscada, en tanto que la notificadora asentó que entendió la diligencia con aquel y le notificó la resolución de seis de febrero de dos mil diecinueve así como el diverso acuerdo de doce del mismo mes y año, firmando de recibido, por lo dejó en su poder la cédula de notificación (fojas 214 y 215, anexo I). Documental que, al margen de constituir una impresión certificada por servidor público, en el intrínseco constituye la actuación de una funcionaria pública (Actuaria notificadora) en ejercicio de sus funciones con valor probatorio pleno, salvo prueba en contra o declaratoria de nulidad, que en el particular no existe y por ende, produce de manera plena los efectos jurídicos conducentes; además, la notificación es un acto procesal a cargo de una autoridad que se encuentra revestida de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por una funcionaria pública en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario, lo que tampoco ocurrió en este asunto. Es aplicable por analogía la tesis jurisprudencial número IV.2º. J/4, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 265, Tomo I, mayo de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES". Ahora, el artículo 61, en su fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En ese orden de ideas, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de la materia, dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, se computarán de la siguiente manera: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento, haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la materia para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Lo anterior, por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2º.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establecen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).". Entonces, de conformidad con el párrafo segundo del artículo quinto transitorio de la Ley de Amparo, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de dicha Ley, comienza a computarse a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo. Por tanto, a efecto de determinar el momento en el que comenzará a computarse el plazo aludido conforme a la fecha de la notificación, es necesario precisar que el Capítulo II Notificaciones y Términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos fue derogado por la disposición transitoria octava de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, y ésta a su vez, en su artículo 72 establece que las notificaciones se tramitarán de conformidad con lo que establece la Ley General o el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. Ahora bien, tanto del Capítulo VI de las Notificaciones como del Capítulo VII de los Plazos y Términos del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos no se advierte disposición alguna del momento en que surten efectos las notificaciones; únicamente en el artículo 144 Cómputo de los plazos de dicha ley, se señala que los plazos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación personal o a través de la lista o del Boletín Judicial; por consiguiente, debe estimarse que el momento en que surten sus efectos las notificaciones ocurre en el instante mismo de la notificación, en ese orden de ideas el cómputo para la presentación de la demanda de amparo inicia a partir del día siguiente al en que se notificó el acto y ésta surtió efectos. En ese orden de ideas, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo inició el dieciocho de febrero y abarcó hasta el ocho de marzo de dos mil diecinueve (descontando el dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de febrero, así como el dos y tres de marzo por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo), por lo que a la fecha de la presentación de la demanda once de marzo del año que transcurre, había fenecido el referido término. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 11/2017 (10ª.), emitida por el Pleno, visible en la página 7, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Materia: Común, Décima época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 2014199, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA." Por tanto, resulta evidente que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea al plazo de quince días, que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que se actualice alguna de las hipótesis a que se refiere el aludido artículo, toda vez que la quejosa no reclama una norma general autoaplicativa, ni un procedimiento de extradición, tampoco impugna una sentencia definitiva condenatoria que imponga pena de prisión, ni reclama contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, tampoco un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Lo anterior resulta indudable, en razón de que la parte quejosa consintió tácitamente los actos reclamados al no haber presentado la demanda dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues conforme al sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimoctavo Circuito, DIANA VELÁZQUEZ CASALES presentó su demanda hasta el once de marzo de dos mil diecinueve, es decir, fuera de ese término legal. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J. 25/2006, con registro 175619, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 251, de rubro. "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO." Asimismo, es aplicable por similitud jurídica la tesis número 216152, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 235, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo establece: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS." Consecuentemente, se itera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo al acto de aplicación reprochado al Magistrado Visitador General del Poder Judicial del Estado de Morelos, al no haberse reclamado por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por DIANA VELÁZQUEZ CASALES, contra la resolución dictada el seis de febrero de dos mil diecinueve, en el expediente de responsabilidad administrativa 69/2018, por la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, cuya ejecución se reclamó al Magistrado Visitador General del Poder Judicial del Estado de Morelos. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy uno de agosto de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este juzgado, asistido del secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con la constancia que a él se anexa, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.

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