Diana Trujillo Vargas
Expediente 629/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 629/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Diana Trujillo Vargas
- Congreso del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito en el Estado de Morelos, por el cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de catorce de julio de dos mil veintiuno, en autos del recurso de queja ********************, concluyendo en su único punto resolutivo que es del tenor siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." En mérito de lo anterior; como lo solicita el tribunal de Alzada, acúsese recibo; asimismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año que transcurre; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, dos de julio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que dio entrada al recurso de queja y quedó registrado con el número 104/2021; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.YARIGH*
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por DIANA TRUJILLO VARGAS, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de siete de junio de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da trámite al recurso de queja en contra del proveído de siete de junio citado. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 101 párrafo segundo de la Ley de Amparo, en vía de informe con relación a la materia de la queja, comuníquese a la Superioridad que es cierto el acto, toda vez que mediante acuerdo de siete de junio de dos mil veintiuno, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, en virtud de que se advirtieron motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones que ahí se expusieron. En ese sentido, acorde con lo dispuesto por los artículos 73 y 74 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que en lo concerniente señalan que en los casos de la interposición de recursos los órganos jurisdiccionales del PJF pondrán a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda, incluida la SCJN, la consulta de los expedientes electrónicos respectivos a través del Sistema Electrónico del PJF, vía interconexión. Establecido lo anterior, efectúese la remisión vía interconexión al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, en turno, del aludido expediente para la substanciación de la queja interpuesta. Por tanto, mediante oficio que al efecto se libre efectúese el turno del asunto por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, al que deberá adjuntarse el original y copia del escrito de expresión de agravios, para la substanciación de la queja interpuesta. Se instruye al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, para que habilite la consulta del expediente electrónico al Tribunal de Alzada. En caso de que sean requeridas las constancias impresas del asunto, se ordena eventualmente formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo. Por último, por cuanto a su solicitud de que este juzgado federal decreté la suspensión provisional del acto reclamado, indíquese que dado el sentido del auto de siete de junio de dos mil veintiuno, emitido en el presente expediente de amparo, no ha lugar a proveer de conformidad. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN. Visto el escrito de demanda presentado por DIANA TRUJILLO VARGAS, por su propio derecho contra actos del CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS y otra autoridad; fórmese el expediente 629/2021-III. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que, de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, 5, fracción II, de la de la Ley de Amparo, interpretando el último precepto a contrario sensu, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...)" De los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo no es procedente, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque tal y como enseguida se observará, tiene el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: I.- Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual estos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. II.- Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte; y, por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que, si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Ahora bien, se estima necesario establecer que la parte quejosa en su escrito de demanda en esencia reclama el acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, por el que se negó la procedencia de su solicitud de pensión por jubilación y como consecuencia de ello, la omisión del Congreso de emitir el decreto concesorio. Se estima necesario determinar la naturaleza del acto reclamado. De ahí que, si la parte quejosa refiere estar en desacuerdo con el proveído que le negó la procedencia de su solicitud de pensión, entonces será en alguna otra instancia en donde se ventile tal problemática y no mediante esta vía constitucional, ello con base en que se encuentran prestaciones derivadas de una relación laboral. Se arriba a la anterior consideración de la lectura sistemática que se efectúa a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que impone el procedimiento a través del cual se otorgaran o negaran las pensiones a los trabajadores del Estado, como en el caso acontece. Ello es así, pues como se destacará el Congreso del Estado y la Comisión que la integra, sólo cumplen con una de las funciones que se encuentran a su cargo sin que pueda estimarse que se trata de una manifestación derivada de su potestad soberana, como ocurre cuando expide leyes, supuesto en el que se constituye como un órgano del Estado que emite un acto unilateralmente a través del cual crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica de los gobernados, sin acudir a los órganos judiciales del Estado, ni precisa del consenso de la voluntad de los afectados; lo que no acontece en el acuerdo y consecuencia por esta vía combatidos. De esta forma, los artículos 54, fracción VII, 56 y 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado, disponen en lo que al caso interesa, que los trabajadores al servicio del Estado de Morelos, en materia de seguridad social tienen derecho a una pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia, las que se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos que establece la ley en comento y los demás ordenamientos que resulten aplicables. Para disfrutar de la pensión señalada, la peticionaria deberá presentar su solicitud acompañada de los documentos que se describen en el artículo 57 de la ley en mención; en tanto que el Congreso del Estado deberá expedir el decreto correspondiente. Además, en los artículos 2, 53 y 67, fracción, I , de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, y el diverso 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, establece que cuando el aludido Congreso conoce de las solicitudes de jubilaciones o pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y de los Municipios, debe emitir por conducto de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, el dictamen respectivo en el que determine lo conducente; en tanto que, en el diverso 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado, establece que la pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia, se otorgarán mediante el decreto respectivo. Ahora bien, conforme lo expuesto en materia de seguridad social el Estado de Morelos, legalmente se encuentra obligado con sus trabajadores en otorgarles ciertas prestaciones -entre ellas las descritas en el artículo 54 de la Ley del Servicio Civil-, en el caso del recurrente, una pensión por jubilación; con la particularidad de que el Congreso del Estado de Morelos, es el órgano del propio Estado que conoce de las solicitudes de jubilaciones o pensiones quien debe emitir, por conducto de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, el decreto respectivo en el que determine lo conducente, pues dicha encomienda se encuentra expresamente prevista en el diverso 56 de la ley en mención, esto es, la pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez, viudez, orfandad o por ascendencia, se otorgan mediante decreto. Esta particularidad que legalmente se ha impuesto al Congreso del Estado, consistente básicamente en determinar si procede otorgar o negar al trabajador la pensión que solicita, constituye una manifestación del propio Estado que ejerce a través de la referida legislatura, entonces, los actos u omisiones que en dicha tramitación se verifiquen, no constituyen un ejercicio de poder público basado en una relación de supra a subordinación que afecte de manera unilateral la esfera jurídica del inconforme, sino de una decisión adoptada por el poder público derivada precisamente de la relación que subsistió entre el recurrente y el ente del Gobierno del Estado de Morelos, en el caso el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, con motivo del desempeño de las labores que la quejosa prestó durante cierto tiempo para éste. En ese sentido, la justiciable se encuentra en posibilidad de alegar lo que es conveniente ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, quien es la autoridad competente para resolver las controversias entre las autoridades estatales y sus trabajadores, de acuerdo con lo estipulado en los numerales 1 y 114 de la ley relativa, que dice: "Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio. Artículo 114.- El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores; para conocer de los conflictos respectivos que surjan entre el sindicato y un Poder Estatal o Municipio, incluido el procedimiento de huelga; para conocer de los conflictos que surjan entre los diversos sindicatos y para llevar a cabo el registro y cancelación de los sindicatos de trabajadores al servicio de los tres Poderes del Estado o de los Municipios." Ello es así, pues acorde con el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los trabajadores al servicio del Estado tienen derecho a gozar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, entre otras, como parte de la seguridad social que deben proporcionar a sus empleados. Y en el caso el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, es la autoridad competente para resolver las controversias entre las autoridades estatales y sus trabajadores en materia de seguridad social, máxime la promovente de amparo, como se advierte de las constancias anexas, prestó sus servicios para el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. En ese orden de ideas, se debe de citar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, que en su artículo 3º establece que la Administración Pública del Estado de Morelos, será central y paraestatal, asimismo, su artículo 4, fracción II prevé como administración pública al conjunto de entidades u organismos auxiliares del Poder Ejecutivo, que se clasifican a su vez en organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos. Asimismo, el artículo 1º del decreto que crea al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial el diez de junio de mil novecientos noventa y dos, establece la creación de dicho instituto como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios, con domicilio en la Ciudad de Cuernavaca; dicho decreto en su artículo 14 también establece que los conflictos que se susciten entre el instituto y sus trabajadores serán de la competencia del Tribunal de Arbitraje del Estado de Morelos, por lo tanto, es ante dicha autoridad que se deben de ventilar los conflictos derivados de un vínculo laboral en materia de seguridad social, como en el caso acontece. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2020777, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, página 2515, del siguiente rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LOCALES Y SUS TRABAJADORES. POR REGLA GENERAL, CORRESPONDE AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), de título y subtítulo: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)].", estableció que los servidores públicos de un organismo descentralizado local se catalogan como trabajadores de un Estado de la República -como orden jurídico- y, por ello, sus relaciones no se asemejan necesariamente a las de los contratos de trabajo reglamentados en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, sino que se incluyen de manera expresa en el ámbito de aplicación de la facultad prevista en el artículo 116, fracción VI, de dicho Ordenamiento Supremo. Ahora bien, la interpretación lógica, sistemática y teleológica de los artículos 1, 2, 8 y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos revela que la voluntad del legislador local, expresada en uso de la citada facultad, fue incluir dentro del ámbito de aplicación de la mencionada legislación burocrática a las relaciones entabladas entre los organismos descentralizados (como el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos) y sus trabajadores y, por ende, que la autoridad jurisdiccional competente para resolver las controversias que se susciten entre ellos es, por regla general, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; al margen de lo anterior, es necesario verificar si la Legislatura Estatal, en uso de la referida facultad configurativa, previó un tratamiento específico distinto al de la regla general aludida, ya que tiene la potestad constitucional para regular las relaciones entre los distintos órganos locales y sus trabajadores, según cada caso, de acuerdo con los apartados A o B del multicitado artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin obligación de sujetarse a alguno de ellos. Cabe precisar que la regla competencial indicada no significa que las prerrogativas de los trabajadores del Estado, como derechos de índole sustantivo, se restrinjan indefectiblemente al marco de regulación de la legislación burocrática, ya que como derechos mínimos pueden ser ampliados de común acuerdo por las partes contratantes (por ejemplo, a través de un contrato colectivo), remitiéndose, incluso, a ordenamientos distintos a la referida ley burocrática; empero, ello no conlleva a que un tribunal diferente al burocrático sea el que conozca de las controversias correspondientes, si así no lo señala expresamente una ley expedida por el Congreso Local de igual jerarquía a la Ley del Servicio Civil del Estado, ya que los ordenamientos con los que se amplían las prestaciones laborales pueden ser aplicados por el tribunal estatal, además de que en materia laboral no existe disposición legal alguna que permita la prórroga de la competencia por voluntad de las partes." Conforme a lo anterior, resulta inconcuso que en la especie el acto materia del presente juicio deriva del reclamó de una prestación social de un trabajador al servicio del Estado a su patrón -Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos-, empero, por conducto de las autoridades aquí señaladas como responsables, quien, en el caso, como ya se explicó no actúan con facultad de imperio, sino en términos de los previsto por el artículo 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Por lo que es evidente que, en el caso, el juicio de amparo es improcedente, ya que, como puede verse, la actuación reclamada a las señaladas como responsables, es revisable mediante juicio contradictorio ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje que se promueva en su contra, pues el citado tribunal es la autoridad competente para dilucidar cualquier inconformidad que surja con motivo de lo solicitado en relación al otorgamiento de una pensión por jubilación de un trabajador del Estado, en virtud de que el juicio laboral es el medio ordinario para resolver cualquier inconformidad que surja, como podría ser alguna de las expresamente contempladas en los artículos 54 a 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado, que se refieren expresamente al otorgamiento de la prestación de seguridad social cuya no atención se reclama. De ahí que deba establecerse que, cuando los trabajadores al servicio del Estado de Morelos promueven juicio de amparo contra actos del Congreso del Estado en los que controvierte su actuación u omisión en relación al otorgamiento de la pensión por jubilación derivada precisamente de la relación de trabajo que subsistió, como acontece en la especie, el referido juicio resultará improcedente, porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5º de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo, por lo que corresponde conocer de la demanda relativa al órgano especializado. Además porque, el apartado B, del artículo 123, Constitucional, equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, y establece las bases para que aquél asuma una posición jurídica similar a la de un patrón, por lo que el Estado, en este caso actuando por conducto del Congreso, no actúa con la potestad e imperio que derivan de su soberanía y que constituyen las características propias de los actos de autoridad, sino que la evolución del derecho positivo ha hecho que en la relación con diversos servidores se conduzca como si fuera un patrón. De esta forma, aún y cuando el Congreso del Estado tiene entre otras funciones, resolver sobre las solicitudes para determinar la pensión y la forma en que habrá de pagarse a los servidores públicos de la entidad federativa; no debe perderse de vista que ese pago se efectúa por quien fue el patrón de la operaria; además, no se desconoce que si bien con la jubilación la relación de trabajo termina, lo cierto es que se inicia otra en donde las contraprestaciones que se otorgan las partes ya no son por el intercambio de fuerza de trabajo por salario, sino que ahora el Estado otorga una pensión en reconocimiento del desgaste que sufrió el trabajador, a lo largo del tiempo mínimo acumulado de servicios durante su vida económicamente productiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 17/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 308, cuyo rubro es "JUBILACIÓN. LA LIQUIDACIÓN DEL TRABAJADOR, AUNQUE PONE FIN A LA RELACIÓN DE TRABAJO, NO HACE IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE OTORGAMIENTO Y PAGO DE PENSIÓN JUBILATORIA." En ese orden de ideas, los actos que aquí se reclaman no constituyen, de acuerdo a su naturaleza, un acto de persona de derecho público o de autoridad, pues la legislatura estatal responsable no obró con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclaman actos de esta especie resulta improcedente, por actualizarse la causa de improcedencia, que es concretamente la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, estos últimos interpretados en sentido contrario, de la Ley de Amparo. En efecto, se reitera, los actos que se reclaman, atendiendo a las razones por las que está inconforme la parte quejosa, no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en razón de que corresponden al vínculo entre patrón y trabajador; caso en el que se insiste, actúan en un plano de igualdad. Y, por tanto, tampoco se está en el supuesto señalado por el artículo 5° fracción II, de la Ley de Amparo, que al respecto señala que un particular tendrá el carácter de autoridad responsable cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, y cuyas funciones estén determinadas por una noma general. En esa tesitura, los actos reclamados en el juicio de amparo, tienen una naturaleza eminentemente laboral, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; por tanto, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado, también quedan sometidos a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, congruentemente con la doble personalidad del Estado. Por ende, los actos de que se duele la peticionaria de derechos humanos no pueden ser considerados como de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Se robustece lo antes considerado, por identidad jurídica sustancial, en la jurisprudencia PC.XVIII.L. J/3 L, de la Décima Época, con registro 2014236, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, mayo de 2017, Tomo II, Materia Laboral, página: 1426, de rubro: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS." Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113 en relación con los diversos 61 fracción XXIII, 1 fracción I y 5 fracción II estos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. El anterior criterio comparte el Segundo Tribunal Colegido en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito en el Estado de Morelos, por las razones que integran el testimonio de las ejecutorias dictadas el ocho y veintidós de abril de dos mil veintiuno, dentro de los autos de los recursos de revisión 2/2021 y 8/2021 de su índice. Se estima oportuno señalar que, si bien el acto reclamado que nos ocupa, no es susceptible de analizarse a través del juicio de amparo, ello no significa que se deje a la parte promovente en estado de indefensión, ya que tiene expedito el derecho de acudir ante la autoridad correspondiente para deducir lo que a través de esta vía pretende. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. Asimismo, se toma nota del número de teléfono y correo electrónico que proporciona para entablar comunicación no procesal. Respecto a la solicitud en el sentido que se autorice el correo electrónico y un número telefónico que proporciona; en su atención, se toma del conocimiento los medios que proporciona a través de los cuales se puede entablar comunicaciones no procesales y acorde a lo dispuesto en el citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado para que establezca contacto con dicha parte procesal en caso de considerarlo necesario para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá ser registrado y su caso asentar la razón respectiva para los efectos legales a que haya lugar. Por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos para copiar y reproducir las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se le autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, de rubro "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.", localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. EXHORTACIÓN PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA. Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Asimismo, atendiendo al artículo 22 del citado Acuerdo General se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. RECOMENDACIÓN PARA TRANSITAR HACIA EL ESQUEMA DE JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. Por último, se hace del conocimiento de las partes que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
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