Diana Trejo Hernández
Expediente 759/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 759/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Diana Trejo Hernández
Actuaciones
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio 1608/2017, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, residente en la ciudad de Zacatecas y el testimonio de la resolución de dos de febrero del año en curso, pronunciada por ese Tribunal Colegiado, de la que se desprende que la superioridad, declaró infundado el recurso de queja, interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dictado por este Juzgado, bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja" acúsese recibo. En consecuencia, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, ni documentos originales o copia certificada que deban ser devueltos a las partes, y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias derivadas del mismo, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previo las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. En la inteligencia que para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico; por ende destruible.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para obrar como corresponda el escrito que suscribe Diana Trejo Hernández, mediante el cual interpone recurso de queja. Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja contra el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Por tanto, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado a la Superioridad, haciéndole saber que es cierto que el veinticuatro de noviembre del año en curso, se desechó de plano la demanda de garantías; con base en los fundamentos y por los motivos en el mismo asentados, remítase, el escrito original de expresión de agravios, presentado por la citada parte quejosa, así como copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, para lo que tenga a bien determinar dicho Tribunal.
- Principal
PUBLICO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, CON EFECTOS DE NOTIFICAR PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA: Vista, la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Titular de la Unidad Investigadora Mixta de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Juez acuerda: Regístrese en el libro de gobierno bajo el número que legalmente le corresponda y fórmese el expediente respectivo. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ". XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. ..." En el caso, la quejosa hace consistir el acto reclamado en: ". El auto de siete de noviembre del año de dos mil dieciséis, dictado dentro de la Carpeta Única de Investigación marcada con el número *****. Y, del contenido íntegro de los antecedentes de la demanda de amparo, se desprende que: 1. Ante la Unidad Investigadora Mixta de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se está integrando la carpeta de investigación ****. 2. El tres de noviembre de dos mil dieciséis, *****, compareció ante el Titular de la Unidad Investigadora Mixta de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a solicitar le expidiera copia certificada de la carpeta de investigación, con el objeto de presentarse a declarar dentro de la misma. 3. En siete de noviembre de dos mil dieciséis, la Titular de la Unidad Investigadora Mixta de la Procuraduría General de Justicia del Estado, emite un acuerdo en el cual señala que no es procedente su petición, en atención a que no se encuentra dentro de alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 20, inciso B), Constitucional, pues, a) no ha sido citado a declarar por algún Juez de Control, b) no ha sido detenido por los hechos que se investigan en la carpeta de investigación ****** y c) no se la he requerido para que declare por esa autoridad; lo que constituye los actos reclamados. De lo anterior se desprende que en el caso concreto, el acto reclamado deriva de la carpeta de investigación ******* que se encuentra integrando la Titular de la Unidad Investigadora Mixta de la Procuraduría General de Justicia del Estado, respecto a la investigación de hechos que probablemente se han cometido y que probablemente constituyan un delito. Y por tanto, que el auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis, pronunciado por la Titular de la Unidad Investigadora Mixta de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la carpeta de investigación ******, que niega a la aquí quejosa ******, la expedición de la copia certificada de la referida carpeta, que la quejosa reclama; no es un acto que pueda tener como sustento el juicio de garantías, en atención a que ésta carece de interés legítimo y jurídico para combatir dicho acto ante esta instancia constitucional, pues esa actuación no causa alguna afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico. Ello en atención a que sería en todo caso, hasta que el juez competente ante quien se realice la gestión correspondiente, resuelva en su caso sobre el pedimento del representante social, cuando se afectaría la esfera jurídica de la quejosa y, cuando en su caso procedería el juicio de amparo indirecto; mientras tanto, contra actos relativos a la integración de la carpeta de investigación; es improcedente el juicio de amparo. Además que, de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Pues como antes se señaló, ante el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, la quejosa carece de interés jurídico y legitimo para instar la acción constitucional, ya que ello no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que las investigaciones o tramites que ahí se realicen son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Al respecto, cabe señalar que el interés legítimo para la promoción del amparo requiere que el acto reclamado viole los derechos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo, para que con ello se produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del peticionario de garantías, de ahí que se arriba a la evidente conclusión, en el sentido de que la peticionaria de la copia ahora quejosa, no tiene interés legítimo para reclamar en amparo, la determinación de la Titular de la Unidad Investigadora Mixta de la Procuraduría General de Justicia del Estado. En esta lógica, deviene incuestionable que, en la especie, no se satisface el presupuesto procesal, consistente en que la quejosa y probable indiciada tenga un interés jurídico o interés legítimo, lo que resulta evidente, notorio, manifiesto y de inicio en el juicio de amparo, habida cuenta que la pretensión del peticionario de amparo es absolutamente inviable. A mayor abundamiento, cabe añadir que a nada práctico conduciría admitir la demanda de amparo y darle oportunidad a la quejosa de ofrecer pruebas, toda vez que no se trata de una cuestión de hecho, sino de una interpretación de derecho y, por ello, en la sentencia tendría que decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico o interés legítimo. Sirve de apoyo a la anterior determinación en lo conducente, la tesis (X Región)2o.1 P (10a.), con registro 2012423, visible en la página 2592, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Materia Común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." En las narradas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con los numerales 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por *****, por propio derecho, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Como lo solicita la parte quejosa, téngase por autorizado al licenciado ***, únicamente para oír y recibir notificaciones, más no así para promover toda vez que no acredita ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho; y, como domicilio para tal efecto el ubicado en calle ******** de Zacatecas.
- Principal
Vista, la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Titular de la Unidad Investigadora Mixta de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Juez acuerda: Regístrese en el libro de gobierno bajo el número que legalmente le corresponda y fórmese el expediente respectivo. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ". XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. ..." En el caso, la quejosa hace consistir el acto reclamado en: ". El auto de siete de noviembre del año de dos mil dieciséis, dictado dentro de la Carpeta Única de Investigación marcada con el número *****. Y, del contenido íntegro de los antecedentes de la demanda de amparo, se desprende que: 1. Ante la Unidad Investigadora Mixta de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se está integrando la carpeta de investigación ****. 2. El tres de noviembre de dos mil dieciséis, *****, compareció ante el Titular de la Unidad Investigadora Mixta de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a solicitar le expidiera copia certificada de la carpeta de investigación, con el objeto de presentarse a declarar dentro de la misma. 3. En siete de noviembre de dos mil dieciséis, la Titular de la Unidad Investigadora Mixta de la Procuraduría General de Justicia del Estado, emite un acuerdo en el cual señala que no es procedente su petición, en atención a que no se encuentra dentro de alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 20, inciso B), Constitucional, pues, a) no ha sido citado a declarar por algún Juez de Control, b) no ha sido detenido por los hechos que se investigan en la carpeta de investigación ****** y c) no se la he requerido para que declare por esa autoridad; lo que constituye los actos reclamados. De lo anterior se desprende que en el caso concreto, el acto reclamado deriva de la carpeta de investigación ******* que se encuentra integrando la Titular de la Unidad Investigadora Mixta de la Procuraduría General de Justicia del Estado, respecto a la investigación de hechos que probablemente se han cometido y que probablemente constituyan un delito. Y por tanto, que el auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis, pronunciado por la Titular de la Unidad Investigadora Mixta de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la carpeta de investigación ******, que niega a la aquí quejosa ******, la expedición de la copia certificada de la referida carpeta, que la quejosa reclama; no es un acto que pueda tener como sustento el juicio de garantías, en atención a que ésta carece de interés legítimo y jurídico para combatir dicho acto ante esta instancia constitucional, pues esa actuación no causa alguna afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico. Ello en atención a que sería en todo caso, hasta que el juez competente ante quien se realice la gestión correspondiente, resuelva en su caso sobre el pedimento del representante social, cuando se afectaría la esfera jurídica de la quejosa y, cuando en su caso procedería el juicio de amparo indirecto; mientras tanto, contra actos relativos a la integración de la carpeta de investigación; es improcedente el juicio de amparo. Además que, de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Pues como antes se señaló, ante el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, la quejosa carece de interés jurídico y legitimo para instar la acción constitucional, ya que ello no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que las investigaciones o tramites que ahí se realicen son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Al respecto, cabe señalar que el interés legítimo para la promoción del amparo requiere que el acto reclamado viole los derechos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo, para que con ello se produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del peticionario de garantías, de ahí que se arriba a la evidente conclusión, en el sentido de que la peticionaria de la copia ahora quejosa, no tiene interés legítimo para reclamar en amparo, la determinación de la Titular de la Unidad Investigadora Mixta de la Procuraduría General de Justicia del Estado. En esta lógica, deviene incuestionable que, en la especie, no se satisface el presupuesto procesal, consistente en que la quejosa y probable indiciada tenga un interés jurídico o interés legítimo, lo que resulta evidente, notorio, manifiesto y de inicio en el juicio de amparo, habida cuenta que la pretensión del peticionario de amparo es absolutamente inviable. A mayor abundamiento, cabe añadir que a nada práctico conduciría admitir la demanda de amparo y darle oportunidad a la quejosa de ofrecer pruebas, toda vez que no se trata de una cuestión de hecho, sino de una interpretación de derecho y, por ello, en la sentencia tendría que decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico o interés legítimo. Sirve de apoyo a la anterior determinación en lo conducente, la tesis (X Región)2o.1 P (10a.), con registro 2012423, visible en la página 2592, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Materia Común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." En las narradas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con los numerales 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por *****, por propio derecho, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Como lo solicita la parte quejosa, téngase por autorizado al licenciado ***, únicamente para oír y recibir notificaciones, más no así para promover toda vez que no acredita ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho; y, como domicilio para tal efecto el ubicado en calle ******** de Zacatecas. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Miguel Ángel Mancilla Núñez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de la secretaria de juzgado, Ma. de los Ángeles Huerta Vázquez, con quien actúa y da fe.
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