Diana Trejo Hernández

Expediente 953/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
953/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
16/11/2017

Partes del expediente

  • Diana Trejo Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, previsto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la referida Ley, contra el auto dictado el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible.

  2. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por ********, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero del Ramo Familiar, del Distrito Judicial de la Capital del Estado, por violación al artículo 1,14 y 16 de la Constitución General de la República, el juez acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 953/2017-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone: que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si la desecha, previene o la admite; por ende, considerando que el artículo 113, de la ley en cita establece que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la quejosa ******, reclama del Juez Tercero del Ramo Familiar, del Distrito Judicial de la Capital del Estado, el auto de que resuelve de plano el recurso de revocación, de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, interpuesto por la quejosa contra el diverso de tres de agosto del mismo año, en el que con motivo de la recepción del informe que como prueba le solicitó hiciera a la Unidad de Investigación Especializada en el delito de Robo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que enviara la carpeta única de investigación marcada con el número 2338/2015, y que le admitió en auto de trece de noviembre de dos mil quince. Puntualizado lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, éste último aplicado en sentido contrario y 172, fracciones III y XII, del citado numeral, y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: .III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; . XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Establecido lo anterior, se reitera que en el caso a estudio el acto reclamado se hace consistir el auto de que resuelve de plano el recurso de revocación de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la quejosa contra el diverso de tres de agosto del mismo año, en el que con motivo de la recepción del informe que como prueba le solicitó hiciera a la Unidad de Investigación Especializada en el delito de Robo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que enviara la carpeta única de investigación marcada con el número 2338/2015, y que le admitió en auto de trece de noviembre de dos mil quince. Previamente, debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo se pedirá ante el juez de distrito, contra actos en juicio, que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación. Por ende, necesario es dejar establecido que, por actos que producen ejecución irreparable, debe entenderse aquéllos que dentro del juicio afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y en los tratados internacionales de lo que el Estado Mexicano, sea parte, cuyos efectos no se pueden reparar en el curso del juicio, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable al quejoso, en razón de que los daños o perjuicios que pudiera resentir el particular con esa clase de actos, no se le pueden resarcir en ninguna actuación posterior. Por consiguiente, no puede considerarse como actos de imposible reparación los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, puesto que en éstos, el perjuicio que en su caso se ocasione, puede ser reparado al momento de dictarse la sentencia definitiva, en caso de ser favorable a los intereses del quejoso, o no siéndolo mediante la impugnación de la misma, haciéndose valer aquélla violación procesal. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley de Amparo, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Pues, se reitera que los actos en el juicio tienen una ejecución de imposible reparación, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, cuando de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone nuestra Constitución. Es el juicio de amparo indirecto el medio para hacer efectiva esa finalidad, mediante la restitución a la parte quejosa en el goce de esos derechos fundamentales en los que sufra una perturbación, restricción, privación, etcétera, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidos como garantías individuales, pero nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. Luego, si como ya se precisó, el acto reclamado consiste en el auto de que resuelve de plano el recurso de revocación de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la quejosa contra el diverso de tres de agosto del mismo año, en el que con motivo de la recepción del informe que como prueba la quejosa solicitó hiciera la autoridad que señala como responsable, a la Unidad de Investigación Especializada en el delito de Robo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que enviara la carpeta única de investigación marcada con el número *****, y que le admitió en auto de trece de noviembre de dos mil quince, es evidente que solo produce efectos intraprocesales, que pueden ser reclamados una vez que se dicte el fallo definitivo en caso de que éste sea desfavorable a la parte inconforme, mediante el juicio de amparo directo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, pues no tiene una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, a través de las garantías individuales. En efecto, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; y, en el caso a estudio, el acto que se impugna no reúne esa característica, pues la determinación tomada, es un acto procesal que no tiene una ejecución irreparable, en la medida que, como ya se ha dicho, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados por las garantías individuales, como la vida, la libertad, propiedad, posesión o cualquier otro de ese tipo, sino que, en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal y el amparo indirecto sólo procederá cuando el acto que pretenda reclamarse tenga una ejecución que sea de imposible reparación. De lo anterior, podemos establecer como actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la agraviada. Luego, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento de que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas de la quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso. Entonces, dadas las consideraciones antes expuestas, se concluye que el acto controvertido en la presente instancia constitucional no tiene ejecución de imposible reparación en perjuicio del impetrante de garantías, pues se reclama el auto de que resuelve de plano el recurso de revocación de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la quejosa contra el diverso de tres de agosto del mismo año, en el que con motivo de la recepción del informe como que prueba la quejosa solicitó hiciera la autoridad que señala como responsable a la Unidad de Investigación Especializada en el delito de Robo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que enviara la carpeta única de investigación marcada con el número ****, y que le admitió en auto de trece de noviembre de dos mil quince. Lo anterior; es así, porque el acto reclamado no es la resolución que ponga fin a la etapa procesal que se advierte que se encuentra ese juicio, sino que se trata de un auto en que se determina sobre la admisión de pruebas dentro de un expediente civil. Por consiguiente, como ya se indicó, resulta incuestionable que los actos controvertidos en la presente instancia constitucional, no tienen una ejecución de imposible reparación sobre la impetrante de garantías en sus derechos personales o reales, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que emana tal acto procesal, aunque se obtuviera una resolución favorable, pues éstos no afectan directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela nuestra Carta Magna por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, sino sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Establecido lo anterior, y una vez acreditada la causa de improcedencia en análisis, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por *******, por su propio derecho, con sustento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con lo dispuesto por el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Como lo solicita la parte quejosa, téngase por autorizados a los licenciados Roberto Jiménez Estrada, Julio Octavio Hernández Mercado y Vicente García Rentaría, únicamente para oír y recibir notificaciones, más no así para promover toda vez que no acreditan ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho; y, como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Del Niño número doscientos treinta y cuatro letra "A", en la ciudad de Zacatecas.

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