Diana Tiburcia Guadalupe Herrera Villagómez
Expediente 847/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 847/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Diana Tiburcia Guadalupe Herrera Villagómez
- Diana Tiburcia Guadalupe Herrera Villagómez y Otros.
Actuaciones
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto, mismo que quedó registrado con el número ******************** de su índice. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Se agrega a los autos el escrito firmado por ********************parte quejosa en el presente juicio, por el que interponen recurso de queja y expresan agravios, en consecuencia, se provee: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se les tiene interponiendo recurso de queja contra el proveído de doce de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual se desechó la demanda de amparo promovida. Por lo que, se ordena agregar una copia de tal escrito a este expediente, y remítase el informe sobre la materia de la queja interpuesta al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Decimotercer Circuito, para la substanciación de ese medio de impugnación, al cual se adjuntará: 1) El expediente principal de este juicio de amparo ********************/********************; 2) El escrito de interposición y expresión de agravios del recurso interpuesto, y una copia. Fórmese cuaderno de antecedentes, con las constancias respectivas. Con independencia de ello, se instruye al oficial judicial "A", para que haga disponible el presente expediente para su consulta electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que el Tribunal de Alzada pueda vincularlo al expediente respectivo e imponerse de las constancias electrónicas, si así lo considera necesario. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
notificación a la parte quejosa por no acudir a notificarse pese dejar aviso.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Cumplimiento de prevención. Agréguese a los autos el escrito presentado por *** y otros; visto su contenido se provee: Téngase a la parte quejosa dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, pues precisa que el acto reclamado en este juicio lo hace consistir en: "1.- La resolución de fecha Veinticuatro de Agosto del año Dos Mil Veintitrés, que recayó al Recurso de Revocación que interpusimos en contra del acuerdo de la propia fecha Veinticuatro de Agosto del año Dos Mil Veintitrés, dictado dentro de la Audiencia en la que tendría verificativo la Primera Junta de Herederos del Juicio Sucesorio Intestamentario 318/2019." Desechamiento. Ahora, es pertinente señalar que el escrito inicial de demanda y su aclaración, deben ser analizados en su integridad, a efecto de determinar lo que en derecho corresponda. Es de aplicación, la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXIII, Materia(s): Civil, página 716, con registro digital 363344, que establece: "DEMANDA, ADMISIÓN DE LA. Los Jueces y tribunales están facultados para normar sus actos conforme a la ley del procedimiento, y cuidar de que las demandas se formulen con la claridad, precisión y demás requisitos de ley que los códigos exigen, cuidando, también de que la acción respectiva se ejercite en la vía y forma que legalmente procede, y cuando la demanda no se entabla en la vía legal pertinente, debe desecharse de plano, sin que obste el razonamiento de que la parte contraria no alegue esa improcedencia, toda vez que esto solamente podrá hacerlo en la forma de excepción, lo cual no es posible, puesto que no se le da entrada a la demanda". Marco legal. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 del ordenamiento legal en cita. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, Materia(s): Común, con registro digital 196196, que es del tenor siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario; numerales que en su orden establecen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". De los artículos y fracciones citadas se advierte que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales de los que México sea parte. De tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación reclamada, distinguiéndolos de los que producen efectos meramente intraprocesales, al afectar derechos adjetivos, ya que éstos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la parte quejosa, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. La razón de dichos derechos encuentra su fin último, precisamente, en la obtención de una resolución a su favor; por lo que, si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen de la realidad; estableciéndose así los lineamientos básicos que han de tomarse en cuenta siempre que se estudie la procedencia del juicio de amparo indirecto. Asimismo, para dar claridad a la determinación que se emite, es conveniente destacar lo considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en concordancia con la reforma al artículo 107 Constitucional, y lo relativo a los actos de imposible reparación. De la jurisprudencia en cita se obtienen las siguientes premisas: A. Previo a la emisión de la Ley de Amparo vigente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, determinaba en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. B. En el artículo 107, fracciones III y V, de la Ley de Amparo vigente se establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. C. Un acto será calificado como de imposible reparación si produce una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no, necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicable. Asimismo, es preciso señalar que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País determinó que, en tratándose de procedimientos jurisdiccionales, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro del juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste; como puede ser la falta de desahogo de una audiencia o de prosecución del trámite. Por lo que concluyó que el criterio general es que la demanda de amparo que se promueva contra actos de esa naturaleza omisiva es notoriamente improcedente, y debe desecharse de plano, debido a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Las consideraciones destacadas dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, Materia(s): Constitucional, Común, con registro digital 2011580, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Caso en particular. En el caso, de la demanda de amparo y su aclaración, se advierte que la parte quejosa, señala como autoridad y acto reclamado lo siguiente: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. A) C. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca (.). IV. ACTO RECLAMADO. 1.- La resolución de fecha Veinticuatro de Agosto del año Dos Mil Veintitrés, que recayó al Recurso de Revocación que interpusimos en contra del acuerdo de la propia fecha Veinticuatro de Agosto del año Dos Mil Veintitrés, dictado dentro de la Audiencia en la que tendría verificativo la Primera Junta de Herederos del Juicio Sucesorio Intestamentario 318/2019." Según los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, dicho reclamo se basa esencialmente porque se ha intentado llevar a cabo la primera junta de herederos (en doce ocasiones), sin lograrlo, toda vez que uno de los presuntos herederos ha impedido la prosecución del procedimiento legal presentando certificados médicos para justificar sus inasistencias e impedir que se lleve a cabo la diligencia en comento; y además, en la última ocasión el representante social adscrito al Juzgado tampoco asistió. Particularmente en el punto 4 del capítulo de antecedentes, se destacó: "4. Es el caso que a la fecha, se ha intentado llevar a cabo la Primera Junta de Herederos hasta por doce ocasiones sin éxito, ya que el presunto heredero y señalado como tercero interesado, por medio de argucias legales y violentando el estado de derecho ha impedido a toda costa la prosecución del procedimiento legal, terceras personas han tomado las instalaciones del Juzgado Mixto de Primera Instancia donde se conoce del Expediente para impedir labores en dicho juzgado, y ha presentado supuestos certificados médicos para justificar su inasistencia e impedir que se lleve a cabo dicha diligencia. Ahora, el tercero interesado en contubernio con el actual representante social adscrito LIC. MISAEL ANTONIO SILVA, éste no compareció a la audiencia señalada para las TRECE HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, por lo que ante su incomparecencia el C. Juez señalado como responsable no llevó a cabo dicha primera junta de herederos por no estar representados los intereses de los ausentes e ignorados, todo ello, se encuentra documentado en el expediente señalado. Ante la incomparecencia del representante social se suspendió la Junta de Herederos, a pesar de estar representados los siete de los ocho herederos apersonados al juicio, ya que como siempre no compareció el tercero interesado PEDRO CRUZ GUADALUPE HERRERA VILLAGÓMEZ, ante su acuerdo de suspender y diferir la audiencia, las suscritas en el acto de la diligencia presentamos RECURSO DE REVOCACIÓN a la determinación de no llevar a cabo la primera junta de herederos ante la incomparecencia del Representante Social, recurso que a criterio del Juzgador y autoridad señalada como responsable no prosperó. Es por ello que, ante la reiterada violación a nuestros derechos fundamentales, es que acudimos a solicitar el amparo y protección federal a efecto de que se nos proteja, ya que por doce ocasiones no ha tenido verificativo la primera junta de herederos dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario radicado con el número de Expediente 318/2019 en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca". En ese sentido, el acto reclamado no produce afectación a derechos sustantivos, pues constituye un acto procesal, porque la pretensión sustancial en esta vía constitucional es la determinación del Juzgado responsable de no llevar a cabo la primera junta de herederos en el Juicio Sucesorio Intestamentario 318/2019, ante las eventualidades acontecidas en el juicio de origen. Actuación que no se considera de imposible reparación para los efectos del juicio de amparo, pues no produce una afectación irreparable de algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, en los que el Estado Mexicano sea parte, en perjuicio de la parte inconforme. Lo anterior, debido a que la violación que aduce la parte promovente es de carácter adjetivo, ya que no se trata de una determinación autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, para su debido desahogo. De ahí que la parte quejosa está en condiciones de promover, dentro del propio expediente de origen, lo que a sus intereses convenga, a fin de dar continuidad al juicio natural (como podría ser el caso de solicitar al juez responsable el empleo de medidas de apremio, acorde con lo dispuesto en el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca); más porque de acuerdo a la actividad procesal de las partes y al contexto en que se desarrolla el juicio, la autoridad responsable ha proveído lo correspondiente. Determinación. En esas condiciones, al quedar actualizada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V (interpretado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Diana Tiburcia Guadalupe Herrera Villagómez y otras, por notoriamente improcedente. Es aplicable, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX del Septiembre de 2004, página 1631, Materia(s): Común, con registro digital 180663, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Acceso a la justicia. Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales. Pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia. Al caso es aplicable la tesis aislada 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 324, Materia(s): Común, con registro digital 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA" Notifíquese personalmente a la parte quejosa."
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