Diana Berenice Melendez Armas
Expediente 1183/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1183/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Diana Berenice Melendez Armas
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Se agrega a los autos, el oficio signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta localidad; por el cual, acusa de recibo de la demanda de amparo y copias de * * * * * * , enviada por la incompetencia decretada en auto de catorce de octubre pasado. Asimismo, informa que previo a determinar si acepta la competencia declinada por este juzgado, remitió la demanda de amparo a la autoridad responsable Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial del Centro, Oaxaca, para que dé cumplimiento a lo dispuesto a lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
(notificación por lista a la parte quejosa)San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintidós. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este municipio el once de octubre en curso y turnada a este órgano jurisdiccional, al día siguiente hábil, que promovió * * * * * * * * *, contra actos del Juez Segundo Laboral del Circuito Judicial del Centro; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 1183/2022. Expediente Electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e . firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Análisis de la demanda e incompetencia. Ahora, es pertinente destacar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juzgado de Distrito, previo a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juzgado Federal, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Desde esa perspectiva, el artículo 107, fracción V, de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [ . ] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: [ . ]" A su vez, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. [ . ]" De lo anterior, se concluye que corresponde conocer los Tribunales Colegiados de Circuito, mediante el juicio de amparo directo, de las demandas que se promuevan contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. En el entendido que por sentencia definitiva se comprende aquella resolución en sentido amplio, que resuelve el fondo de la cuestión debatida, es decir, que se pronuncia acerca de la relación material que constituye la litis; en otras palabras, en ella debe existir pronunciamiento referente a las acciones y a las defensas y excepciones opuestas (en su caso) dentro del procedimiento; y contra la que no proceda recurso ordinario alguno (principio de definitividad); por el contrario, las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido. Ahora bien, en el caso concreto, tomando en consideración que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa Diana Berenice Meléndez Armas señala como acto reclamado el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral * * * * * * * * *, del índice del juzgado responsable. En el que, en esencia, no se tuvo a la quejosa cumplimiento con la prevención dictada el auto de uno de abril del año en curso -en la que se requirió para aclarara el nombre del demandado que señaló en su escrito de demanda laboral-, ya que fue presentada fuera del plazo otorgado para dicho efecto; en consecuencia, se hizo efectivo el apercibimiento dictado en proveído antes señalado -uno de abril pasado-, y remitió el juicio laboral * * * * * * * * * al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca. Finalmente, la responsable archivo dicho juicio como total y definitivamente concluido. . En ese sentido, el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma Constitucional en materia de justicia laboral que, entre otras disposiciones, reformó y adicionó la fracción XX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se estableció que cualquier conflicto entre los patrones y los trabajadores, deberá ser del conocimiento de una instancia conciliatoria que, en el orden local estará a cargo de los Centros de Conciliación y, en el federal, de un organismo descentralizado federal, que es el actual Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Entonces, la constancia de no conciliación, en tanto requisito que debe exhibirse en la demanda, es un presupuesto procesal -salvo las excepciones legales- para el acceso a la etapa jurisdiccional, pues de no presentarse impide la continuación del juicio. Por tanto, la resolución por la cual el Juzgado remitió el expediente laboral al Centro de Conciliación Laboral, para que se iniciara el procedimiento de conciliación establecido en el Título Trece Bis de la Ley Federal del Trabajo, respecto de las personas físicas codemandadas, pone fin al juicio laboral, para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, ya que no está previsto recurso ordinario alguno que pueda modificar o revocar esa decisión; el juicio no continúa ante la autoridad conciliadora, sino que ésta inicia un procedimiento administrativo conciliatorio de naturaleza prejudicial; y, no se estaría ante dos órganos jurisdiccionales que puedan conocer -o plantear un conflicto competencial para no hacerlo- en relación con un mismo juicio, sino frente a un órgano jurisdiccional y otro administrativo que conocen de procedimientos de naturaleza distinta. Apoya lo anterior la tesis aislada X . 1 o . T . 5 L (11 a .), Registro digital: 2023712, del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Octubre de 2021, Tomo IV, página 3854, que señala: "RESOLUCIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LO ES AQUELLA POR LA QUE EL TRIBUNAL LABORAL REMITE LA DEMANDA AL CENTRO DE CONCILIACIÓN, FEDERAL O ESTATAL, PARA QUE SE AGOTE LA ETAPA CONCILIATORIA PREJUDICIAL Y NO EL ACUERDO DE ARCHIVO DEFINITIVO QUE EMITE UNA VEZ QUE EL CENTRO RESPECTIVO ACUSA RECIBO DEL EXPEDIENTE. Hechos: Diversos trabajadores promovieron juicio laboral sin exhibir las constancias de no conciliación, por lo cual el Tribunal Laboral, previa prevención, ordenó remitir el asunto al Centro de Conciliación respectivo, para agotar el procedimiento prejudicial. Una vez que el Centro acusó recibo, el tribunal dictó un acuerdo de archivó del asunto como concluido. Contra esa determinación los trabajadores promovieron juicio de amparo indirecto; sin embargo, el Juez Federal consideró que su conocimiento correspondía a un Tribunal Colegiado de Circuito. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, es aquella por la que el Tribunal Laboral remite la demanda al Centro de Conciliación, Federal o Estatal, ante la falta de exhibición de la constancia de no conciliación, para que se agote la etapa conciliatoria prejudicial y no el acuerdo de archivo definitivo una vez que el Centro respectivo acusa recibo del expediente, al ser un acto emitido después de concluido el juicio. Justificación: Lo anterior es así, pues el juicio de amparo directo procede contra la resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, impidiendo su continuación, y respecto de la cual las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, por lo que las resoluciones que impiden en forma total la continuación de un juicio por la falta de algún presupuesto procesal, como pueden ser los requisitos de la demanda, constituyen una manera en que puede concluir un juicio sin resolverse en lo principal. En ese sentido, la reforma constitucional al sistema de justicia laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017, originó el principio de conciliación prejudicial obligatoria, el cual posee dos dimensiones: a) como directriz para guiar los actos de interpretación vinculados con ese tema; y, b) como presupuesto procesal para el acceso a los tribunales, al crear una instancia previa, administrativa y obligatoria que busca solucionar los conflictos de naturaleza laboral de forma breve, cercana y especializada a través de métodos alternos. Bajo esta dimensión, la constancia de no conciliación, en tanto requisito que debe exhibirse en la demanda, es un presupuesto procesal -salvo las excepciones legales- para el acceso a la etapa jurisdiccional, pues de no presentarse impide la continuación del juicio. Por tanto, la resolución por la cual el tribunal remite el asunto al Centro de Conciliación ante el incumplimiento de ese requisito, pone fin al juicio laboral, para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, ya que: i) no está previsto recurso ordinario alguno que pueda modificar o revocar esa decisión; ii) el juicio no continúa ante la autoridad conciliadora, sino que ésta inicia un procedimiento nuevo, especial y ajeno al jurisdiccional; iii) no podrían seguirse las reglas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para los casos en que se declina la competencia, ya que se trata de un presupuesto procesal distinto (requisitos de la demanda y no competencia); y, iv) en todo caso, no se estaría ante dos órganos jurisdiccionales que puedan conocer -o plantear un conflicto competencial para no hacerlo- en relación con un mismo juicio, sino frente a un órgano jurisdiccional y otro administrativo que conocen de procedimientos de naturaleza distinta. En ese sentido, el acuerdo de archivo definitivo dictado con posterioridad, es una resolución emitida después de concluido el juicio, competencia de un Juzgado de Distrito." En consecuencia este órgano judicial resulta legalmente incompetente para resolver este asunto, de ahí que su conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 47 y 48 de la ley de la materia, remítase la demanda de amparo y sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Décimo Tercer Circuito, con sede en este municipio, para que la remita al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, de este circuito, en turno, para que proceda conforme a sus facultades legales. Solicítese atentamente el acuse de recibo correspondiente. Se ordena formar cuaderno de antecedentes, realizar las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio, autorizados y acceso expediente electrónico. Por otra parte, téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo. Y el número telefónico, únicamente para comunicación no procesal. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, aun cuando la parte quejosa no lo solicitó expresamente, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Cabe precisar, que en caso de solicitar copiar solo una parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará en cualquier hora dentro del horario de atención al público. Protección de datos personales. Con fundamento en los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se tiene a la parte quejosa, oponiéndose a la publicación de sus datos personales en este juicio; por lo que de conformidad con el artículo 30 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, este Juzgado toma nota de dicha circunstancia, por ser el responsable de elaborar la versión pública de la información que se encuentra bajo resguardo. En tales condiciones, en las resoluciones que se emitan durante el trámite de este asunto y en las notificaciones que se practiquen se ordena suprimir los datos personales de la parte quejosa. Hágase el trámite correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad competente.
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