Diana Téllez Píñón

Expediente 684/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
684/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • Diana Téllez Píñón

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que concluyó el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera. En consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; y Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente auto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo sexto, artículo 20, fracción IV, del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número SSP/UAJDH/2549/2022, signado por el Jefe de Departamento de Amparo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos a las autoridades responsables Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán y Subsecretario de Operación Policial del Estado, ambos con sede en esta ciudad, insiste en que no son ciertos los actos reclamados a dichas autoridades, a manera de aclaración de su informe justificado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; con lo anterior, dese vista a las partes para los efectos legales conducentes. Finalmente, dígasele que no ha lugar a otorgar copia del contenido que obra en el dispositivo "USB" que el quejoso adjuntó como prueba de su parte; sin embrago, si es su deseo, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional, a fin de que se reproduzca en las computadoras que para tal efecto cuenta este juzgado; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda signado por******, por propio derecho, contra actos del Juez Octavo Oral Familiar con sede en esta ciudad. En tales condiciones, y en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrará el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. En esos términos se ordena formar y registrar los expedientes impreso, y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 684/2023. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio se advierte que resulta notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, interpretada en sentido contrario del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sea parte; Cabe precisar que la parte quejosa, hace consistir el acto reclamado en: ". La Sentencia interlocutoria de fecha 5 cinco de mayo del 2023 dos mil veintitrés, emitida por la Juez del Juzgado octavo Oral Familiar de Morelia, Michoacán" Determinación emitida en el incidente de justas causas, en el que se determinó que no obstante la prescripción médica con la que se pretendió justificar su ausencia en el desahogo de la prueba confesional a su cargo, se encontraba en condiciones de acudir, pues únicamente se trataba de una simple gripa. De lo anteriormente expuesto se sigue que los actos reclamados no se ubican dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativos a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que éste no afectan de manera directa dichos derechos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b) y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, en relación a lo anterior el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tales actos son aquéllos que causan una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por las garantías constitucionales. En efecto, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de cinco de mayo del año en curso, que declaró infundado el incidente de justas causas, derivado del juicio familiar 243/2020, a efecto de justificar su inasistencia a la prueba confesional. De ahí que el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con el citado acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que la determinación de la autoridad responsable, de declarar infundado el incidente de justas causas, derivado del juicio familiar 243/2020, del índice del juez responsable, a efecto de justificar su inasistencia a la prueba confesional, solo constituyen violaciones procesales, cuya ejecución no son de imposible reparación, en términos de la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, porque no afectan los derechos sustantivos de la agraviada ni decide el fondo de la Litis planteada, pues constituyen actuaciones intraprocesales que no trascienden a la esfera de la parte quejosa en detrimento material de sus derechos humanos; de ahí que dichas violaciones de derechos adjetivos únicamente producen efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del juico de origen, con lo cual quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con las resolución que ahora se impugna. En otras palabras, para que los actos reclamados sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias han de ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del juicio y en caso de ser así, es decir, que la sentencia que se llegue a dictar sea contrario a sus intereses, por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afecta sus defensas. Esto es, los efectos y las violaciones procesales cometidas durante su trámite, antes indicados, se actualizan hasta el dictado de la sentencia dentro del juicio de origen, toda vez que en ese momento se podrá apreciar si con motivo de la emisión de las mismas, se vulneraron las defensas del afectado y, con ello, se incurrió en violaciones procesales que trascendieron al resultado del fallo, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación. De igual forma, sustenta lo anterior, la Jurisprudencia, por contradicción número 891, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 995, Apéndice de 2011, Tomo II del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 1002957, de rubro y texto siguiente: Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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