Diana Ruby Lobato Valencia
Expediente 1236/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1236/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Diana Ruby Lobato Valencia
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la diligencia de ratificación levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado el dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, de la que se advierte que compareció el quejoso ********************, a ratificar la firma y el contenido del escrito de cumplimiento de prevención que presentó el nueve de octubre del año en curso; por tanto, se procede a proveer en cuanto al fondo. Atento a lo anterior, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de dos de octubre del año en curso, señaló los actos que le atribuye a la autoridad Juez de Oralidad Mercantil del Primer Circuito Judicial del Estado de Nuevo León, con sede en esta ciudad. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de la materia, SE ADMITE la demanda de amparo promovida por ********************, consistente en: "(.) IV.- ACTO DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMA. Del Juez Ordenador, Juez de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, le reclamo el auto de fecha 20 veinte día abril de 2023 dos mil veintitrés, emitido dentro del expediente número ********************, mediante el cual ordena "para que dentro del improrrogable término de 3 tres días, procedan a la desocupación y entrega material y jurídica de dicho inmueble a ********************, ya que por virtud a la adjudicación se le ha transmitido formal y materialmente la propiedad del mismo. Con el apercibimiento de que en caso de incumplir con lo anterior, se procederá a su lanzamiento forzoso, autorizándose para tal efecto los medios de apremio que establece la ley, consistentes en el uso de la fuerza pública y cateo con rompimiento de cerraduras, en caso de ser necesarios, en términos del artículo 1067 Bis del Código de Comercio." Del Juez Segundo de Primera Instancia en materia Civil, en Morelia, Michoacán. Le reclamo el auto de fecha 12 doce de mayo de 2023 dos mil veintitrés, emitido dentro del Exhorto ********************, mediante el cual ordena: "Y en términos de la encomienda, les notifique personalmente a la demandada ******************** y a cualquier tercer ocupante, en la ubicación del mencionado raíz, para que en el término de 3 tres días, procedan a la desocupación y entrega material y jurídica de dicho bien inmueble a ********************, ya que por virtud a la adjudicación se le ha transmitido formal y materialmente la propiedad del mismo. Con el apercibimiento que en caso de incumplir con lo anterior, se procederá a su lanzamiento forzoso, autorizándose para el efecto los medios de apremio que establece la ley, consistentes en el uso de la fuerza pública y cateo con rompimiento de cerraduras, en caso de ser necesario, en términos del artículo 1067 Bis del Código de Comercio." Del Actuario o Secretario, en funciones de Ejecutor, adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia Civil en Morelia, Michoacán, le reclamo la ejecución del auto de fecha 12 doce de mayo de 2023 dos mil veintitrés, emitido dentro del Exhorto ********************, mediante el cual ordena: "Y en términos de la encomienda, les notifique personalmente a la demandada ******************** y a cualquier tercer ocupante, en la ubicación del mencionado raíz, para que en el término de 3 tres días, procedan a la desocupación y entrega material y jurídica de dicho bien inmueble, a ********************, ya que por virtud a la adjudicación se le ha transmitido formal y materialmente la propiedad del mismo. Con el apercibimiento que en caso de incumplir con lo anterior, se procederá a su lanzamiento forzoso, autorizándose para el efecto los medios de apremio que establece la ley, consistentes en el uso de la fuerza pública y cateo con rompimiento de cerraduras, en caso de ser necesario, en términos del artículo 1067 Bis del Código de Comercio." Fundamentalmente, se reclama la ejecución forzosa de dicho auto.(.)" Escrito aclaratorio: "Del Juez Ordenador, Juez de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, le reclamo, además de los ya señalados, la audiencia de remate, celebrada en fecha fecha 24 veinticuatro de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, por la que se adjudicó a ******************** dentro del Fideicomiso irrevocable ********************, dentro del expediente número ********************, ello atendiendo, a que en el propio expediente citado, hay constancia que exhibió la parte actora del mismo, del certificado de gravamen, donde constan el relativo al Juicio que sobre alimentos promoví en contra de la C. ********************, por lo que atendiendo a lo dispuesto en los numerales 818 y 819 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, debí ser llamado a dicha diligencia, pues tenía el carácter de Acreedor preferente, en cuanto acreedor alimentario, como así se desprende claramente de la certificación aportada a los autos, y que se inscribió con los siguientes datos: registro número ********************, del tomo ********************, de fecha 17 de agosto del año 2016, correspondiente al Distrito de Morelia." Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. Fórmese por separado y sólo en original el incidente de suspensión por haberse solicitado, ello de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid 19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables su respectivo informe justificado, el cual deberán rendir dentro del término de quince días contados a partir del momento en que reciban el oficio en el que se les solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberán acompañar, en su caso, las constancias en que se hayan basado para emitir el acto o copia certificada legible y completa de las mismas, pero en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por la autoridad responsable. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte, serán sancionados en los términos que el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a las autoridades responsables informen a este juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tienen conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberá exhibir las constancias que la acrediten; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la Ley en consulta. Para la celebración de la audiencia Constitucional se fija las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciban provenientes de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se les requiera para que lo hagan. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa las documentales que adjunta a su ocurso de cuenta, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Asimismo, se reserva el emplazamiento de los terceros interesados hasta en tanto las autoridades responsables rindan su respectivo informe justificado. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades que se señalan como responsables y a las autoridades que en su caso les revista el carácter de tercero interesado, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, transcurrió del veintinueve de septiembre al cinco de octubre, ambos de dos mil veintitrés; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Luego, tomando en consideración que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Titulo Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; Capítulo Tercero numeral 14, fracción III, y, Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Sexto, artículo 20, fracción IV, del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Finalmente, virtud a que resulta innecesaria su conservación, mediante atento oficio, remítase al Juez Primero Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, las constancias en original que integran el juicio ejecutivo mercantil número **************, que anexo como complemento a su informe de ley, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio número 5436, signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo directo civil 717/2023, de su índice, en razón a que dicho órgano jurisdiccional determinó que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, contra actos del Juez Primero Menor en Materia Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y otra autoridad; que hizo consistir en: ".QUINTO.- ACTOS RECLAMADOS.- Del C. Juez Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, se reclama: 1.- La sentencia definitiva de fecha 11 once de julio de 2019 dos mil diecinueve. 2. La sentencia interlocutoria de fecha 15 quince de noviembre de 2019 dos mil diecinueve. 3. La sentencia interlocutoria de fecha 17 diecisiete de mayo de 2021 de dos mil veintiuno. 4. La sentencia interlocutoria de fecha 13 trece de junio de dos mil veintidós. 5. La sentencia interlocutoria de fecha 23 veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. 6. El auto de ejecución de fecha 05 cinco de junio de 2023 dos mil veintitrés, y los diversos autorizados dentro del expediente principal 1146/2018. 7. El acuerdo de fecha 14 catorce de agosto de 2023 dos mil veintitrés, mediante el cual el C. Juez Primero Menor de lo Civil, ordena el embargo del salario de la ahora quejosa. 8. Todas y cada una de las ilegales actuaciones que integran el Juicio Ejecutivo Mercantil que se tramitó bajo el número de expediente 1146/2018. Del C. Actuario o actuarios adscritos al H. Juzgado Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: 1. El ilegal emplazamiento realizado por la Lic. María Lucero Montoya Piñón, actuaria adscrita en dicha fecha al H. Juzgado Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. 2. Todas y cada una de las ilegales notificaciones realizadas por el C. Actuario o actuarios adscritos al H. Juzgado Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. 3. Todas y cada una de las ilegales actuaciones realizadas por el C. Actuario o actuarios adscritos al H. Juzgado Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán". Lo anterior, en razón a que el Tribunal de Alzada, declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el numeral 45 de la Ley de Amparo, este juzgado jurisdiccional SE AVOCA A SU CONOCIMIENTO; acúsese recibo. En tales condiciones, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, bajo el número 1236/2023-I En ese sentido, se advierte que el presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios.". De la interpretación de esa disposición se advierte que el supuesto de improcedencia que contempla, es el de litispendencia, con el cual se procura impedir que el diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso llegue a prosperar, lo que obedece a la necesidad de evitar que haya dos sentencias sobre la misma materia, con posible contradicción y, además, evitar la proliferación de juicios de amparo en que la controversia gire en torno a la misma litis. La doctrina procesal define a la litispendencia como un litigio que está en vida, es decir, pendiente de resolverse y se entenderá terminado una vez que exista cosa juzgada, en otras palabras, en el momento en que cause ejecutoria la sentencia que resuelva el juicio. Esta figura tiene como finalidad que se guarde la unidad del proceso, que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio y, sin duda, de evitar que se pronuncien resoluciones contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. La figura de litispendencia puede surtirse en dos momentos: 1.- Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio, y 2.- Aun cuando ya se haya dictado sentencia en un primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria. Además, para el surgimiento de esta figura procesal es necesario que se colmen los extremos, identidad de los elementos del litigio, es decir, se refiere a la igualdad de los sujetos, el objeto y la pretensión en dos juicios, esta triple identidad de los elementos, trasladados al juicio de amparo, son: el quejoso, el acto reclamado y la autoridad responsable, lo que se desprende claramente de la parte final de la fracción X del numeral 61 de la Ley de Amparo, antes transcrito. Esta igualdad de elementos que se debe dar entre los dos juicios de amparo promovidos, debe ser sólo de carácter formal, pues tanto la Ley de Amparo, como los criterios sustentados por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, indican que para que se configure la causal de improcedencia en comento no es necesario que las violaciones constitucionales reclamadas en los dos amparos sean idénticas. Así, del contenido de dicha disposición y de la interpretación que se ha dado a la misma se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia a que se refiere la fracción en cita, se requiere que se reúnan los requisitos siguientes: I) Que el acto se reclame en forma simultánea en dos juicios de amparo; II) Que estos juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, y III) Que ambos juicios de amparo se hubiesen promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Apoya lo anterior la jurisprudencia número P./J. 24/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, publicada en la página 265, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006145, de rubro y texto siguiente: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Asimismo, sirve de apoyo la tesis número I.11o.C.31 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil Del Primer Circuito, publicada en la página 3029, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019187, que a la letra dice: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Así como la tesis número XIX.20.12 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 312, tomo III, enero de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establecen: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable" Ahora, se tiene a la vista las constancias relativas al juicio de amparo número 1113/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por la propia promovente, contra los mismos actos aquí reclamados y mismas autoridades señaladas como responsables, como se describe a continuación: Juicio de amparo 1113/2023 Juicio de amparo 1236/2023 ".QUINTO. - ACTOS RECLAMADOS.- 1. - Del C. Juez Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, se reclama: a. La sentencia definitiva de fecha 11, once de julio de 2019 dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente número 1146/2018, tramitado en la vía ejecutiva mercantil. b. La sentencia interlocutoria de fecha 15 quince de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente número 1146/2018, tramitado en la vía ejecutiva mercantil. c. La sentencia interlocutoria de fecha 17 diecisiete de mayo de 2021 de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente número 1146/2018, tramitado en la vía ejecutiva mercantil. d. La sentencia interlocutoria de fecha 13 trece de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente número 1146/2018, tramitado en la vía ejecutiva mercantil. e. La sentencia interlocutoria de fecha 23 veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, dietada dentro del expediente número 1146/2018, tramitado en la vía ejecutiva mercantil. f. El auto de ejecución de fecha 05 cinco de junio de 2023 dos mil veintitrés, y los diversos autorizados dentro del expediente principal 1146/2018. g. El acuerdo de fecha 14 catorce de agosto de 2023 dos mil veintitrés, mediante el cual el C. Juez Primero Menor de lo Civil, ordena el embargo del salario de la ahora quejosa. h. Todas y cada una de las ilegales actuaciones que integran el Juicio Ejecutivo Mercantil que se tramitó bajo el número de expediente 1146/2018. 2.- Del C. Actuario o actuarios adscritos al H. Juzgado Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: a. El ilegal emplazamiento realizado por la Lic. María Lucero Montoya Piñón, actuaria adscrita en dicha fecha al H. Juzgado Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. La b. Todas y cada una de las ilegales notificaciones realizadas por el C. Actuario o actuarios adscritos al H. Juzgado Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. c. Todas y cada una de las ilegales actuaciones realizadas por el C. Actuario o actuarios adscritos al H. Juzgado Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán.". ".QUINTO.- ACTOS RECLAMADOS.- Del C. Juez Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, se reclama: 1.- La sentencia definitiva de fecha 11 once de julio de 2019 dos mil diecinueve. 2. La sentencia interlocutoria de fecha 15 quince de noviembre de 2019 dos mil diecinueve. 3. La sentencia interlocutoria de fecha 17 diecisiete de mayo de 2021 de dos mil veintiuno. 4. La sentencia interlocutoria de fecha 13 trece de junio de dos mil veintidós. 5. La sentencia interlocutoria de fecha 23 veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. 6. El auto de ejecución de fecha 05 cinco de junio de 2023 dos mil veintitrés, y los diversos autorizados dentro del expediente principal 1146/2018. 7. El acuerdo de fecha 14 catorce de agosto de 2023 dos mil veintitrés, mediante el cual el C. Juez Primero Menor de lo Civil, ordena el embargo del salario de la ahora quejosa. 8. Todas y cada una de las ilegales actuaciones que integran el Juicio Ejecutivo Mercantil que se tramitó bajo el número de expediente 1146/2018. Del C. Actuario o actuarios adscritos al H. Juzgado Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: 1. El ilegal emplazamiento realizado por la Lic. María Lucero Montoya Piñón, actuaria adscrita en dicha fecha al H. Juzgado Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. 2. Todas y cada una de las ilegales notificaciones realizadas por el C. Actuario o actuarios adscritos al H. Juzgado Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. 3. Todas y cada una de las ilegales actuaciones realizadas por el C. Actuario o actuarios adscritos al H. Juzgado Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán". En efecto, del libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional, se advierte una diversa demanda de amparo presentada el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, por la misma quejosa Diana Ruby Lobato Valencia, ante este órgano jurisdiccional, registrada con el número 1113/2023-III, la cual por auto de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, se admitió y, dicho asunto se encuentra en trámite; lo que constituye un hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimiento Civiles y lo expuesto en la jurisprudencia número XXII. J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 199531, del tenor literal siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." De ahí que, los actos reclamados al Juez Primero Menor en Materia Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, serán materia de estudio en el momento procesal en el que se resuelva el diverso juicio Constitucional 1113/2023, En consecuencia, se estima, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, dado que los actos aquí reclamados y partes son los mismos que en el referido juicio de amparo 1113/2023, el cual se encuentra en etapa de trámite y, evidentemente, de dictado de sentencia. Tiene aplicación sobre el particular en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con registro digital 202059, que textualmente dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el Juez responsable, remite como complemento a su informe de ley las constancias que integran el original del juicio ejecutivo mercantil 1146/2018; debido al volumen y para su mejor manejo, con tales constancias fórmese UN CUADERNO DE PRUEBAS con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle ..., en esta ciudad, autorizando únicamente para tal efecto a ..., toda vez que en esos términos fueron designados. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio número 5436, signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo directo civil 717/2023, de su índice, en razón a que dicho órgano jurisdiccional determinó que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, contra actos del Juez Primero Menor en Materia Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y otra autoridad; que hizo consistir en: ".QUINTO.- ACTOS RECLAMADOS.- Del C. Juez Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, se reclama: 1.- La sentencia definitiva de fecha 11 once de julio de 2019 dos mil diecinueve. 2. La sentencia interlocutoria de fecha 15 quince de noviembre de 2019 dos mil diecinueve. 3. La sentencia interlocutoria de fecha 17 diecisiete de mayo de 2021 de dos mil veintiuno. 4. La sentencia interlocutoria de fecha 13 trece de junio de dos mil veintidós. 5. La sentencia interlocutoria de fecha 23 veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. 6. El auto de ejecución de fecha 05 cinco de junio de 2023 dos mil veintitrés, y los diversos autorizados dentro del expediente principal 1146/2018. 7. El acuerdo de fecha 14 catorce de agosto de 2023 dos mil veintitrés, mediante el cual el C. Juez Primero Menor de lo Civil, ordena el embargo del salario de la ahora quejosa. 8. Todas y cada una de las ilegales actuaciones que integran el Juicio Ejecutivo Mercantil que se tramitó bajo el número de expediente 1146/2018. Del C. Actuario o actuarios adscritos al H. Juzgado Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: 1. El ilegal emplazamiento realizado por la Lic. María Lucero Montoya Piñón, actuaria adscrita en dicha fecha al H. Juzgado Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. 2. Todas y cada una de las ilegales notificaciones realizadas por el C. Actuario o actuarios adscritos al H. Juzgado Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. 3. Todas y cada una de las ilegales actuaciones realizadas por el C. Actuario o actuarios adscritos al H. Juzgado Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán". Lo anterior, en razón a que el Tribunal de Alzada, declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el numeral 45 de la Ley de Amparo, este juzgado jurisdiccional SE AVOCA A SU CONOCIMIENTO; acúsese recibo. En tales condiciones, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, bajo el número 1236/2023-I En ese sentido, se advierte que el presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios.". De la interpretación de esa disposición se advierte que el supuesto de improcedencia que contempla, es el de litispendencia, con el cual se procura impedir que el diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso llegue a prosperar, lo que obedece a la necesidad de evitar que haya dos sentencias sobre la misma materia, con posible contradicción y, además, evitar la proliferación de juicios de amparo en que la controversia gire en torno a la misma litis. La doctrina procesal define a la litispendencia como un litigio que está en vida, es decir, pendiente de resolverse y se entenderá terminado una vez que exista cosa juzgada, en otras palabras, en el momento en que cause ejecutoria la sentencia que resuelva el juicio. Esta figura tiene como finalidad que se guarde la unidad del proceso, que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio y, sin duda, de evitar que se pronuncien resoluciones contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. La figura de litispendencia puede surtirse en dos momentos: 1.- Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio, y 2.- Aun cuando ya se haya dictado sentencia en un primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria. Además, para el surgimiento de esta figura procesal es necesario que se colmen los extremos, identidad de los elementos del litigio, es decir, se refiere a la igualdad de los sujetos, el objeto y la pretensión en dos juicios, esta triple identidad de los elementos, trasladados al juicio de amparo, son: el quejoso, el acto reclamado y la autoridad responsable, lo que se desprende claramente de la parte final de la fracción X del numeral 61 de la Ley de Amparo, antes transcrito. Esta igualdad de elementos que se debe dar entre los dos juicios de amparo promovidos, debe ser sólo de carácter formal, pues tanto la Ley de Amparo, como los criterios sustentados por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, indican que para que se configure la causal de improcedencia en comento no es necesario que las violaciones constitucionales reclamadas en los dos amparos sean idénticas. Así, del contenido de dicha disposición y de la interpretación que se ha dado a la misma se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia a que se refiere la fracción en cita, se requiere que se reúnan los requisitos siguientes: I) Que el acto se reclame en forma simultánea en dos juicios de amparo; II) Que estos juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, y III) Que ambos juicios de amparo se hubiesen promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Apoya lo anterior la jurisprudencia número P./J. 24/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, publicada en la página 265, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006145, de rubro y texto siguiente: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Asimismo, sirve de apoyo la tesis número I.11o.C.31 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil Del Primer Circuito, publicada en la página 3029, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019187, que a la letra dice: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Así como la tesis número XIX.20.12 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 312, tomo III, enero de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establecen: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable" Ahora, se tiene a la vista las constancias relativas al juicio de amparo número 1113/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por la propia promovente, contra los mismos actos aquí reclamados y mismas autoridades señaladas como responsables, como se describe a continuación: Juicio de amparo 1113/2023 Juicio de amparo 1236/2023 ".QUINTO. - ACTOS RECLAMADOS.- 1. - Del C. Juez Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, se reclama: a. La sentencia definitiva de fecha 11, once de julio de 2019 dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente número 1146/2018, tramitado en la vía ejecutiva mercantil. b. La sentencia interlocutoria de fecha 15 quince de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente número 1146/2018, tramitado en la vía ejecutiva mercantil. c. La sentencia interlocutoria de fecha 17 diecisiete de mayo de 2021 de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente número 1146/2018, tramitado en la vía ejecutiva mercantil. d. La sentencia interlocutoria de fecha 13 trece de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente número 1146/2018, tramitado en la vía ejecutiva mercantil. e. La sentencia interlocutoria de fecha 23 veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, dietada dentro del expediente número 1146/2018, tramitado en la vía ejecutiva mercantil. f. El auto de ejecución de fecha 05 cinco de junio de 2023 dos mil veintitrés, y los diversos autorizados dentro del expediente principal 1146/2018. g. El acuerdo de fecha 14 catorce de agosto de 2023 dos mil veintitrés, mediante el cual el C. Juez Primero Menor de lo Civil, ordena el embargo del salario de la ahora quejosa. h. Todas y cada una de las ilegales actuaciones que integran el Juicio Ejecutivo Mercantil que se tramitó bajo el número de expediente 1146/2018. 2.- Del C. Actuario o actuarios adscritos al H. Juzgado Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: a. El ilegal emplazamiento realizado por la Lic. María Lucero Montoya Piñón, actuaria adscrita en dicha fecha al H. Juzgado Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. La b. Todas y cada una de las ilegales notificaciones realizadas por el C. Actuario o actuarios adscritos al H. Juzgado Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. c. Todas y cada una de las ilegales actuaciones realizadas por el C. Actuario o actuarios adscritos al H. Juzgado Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán.". ".QUINTO.- ACTOS RECLAMADOS.- Del C. Juez Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, se reclama: 1.- La sentencia definitiva de fecha 11 once de julio de 2019 dos mil diecinueve. 2. La sentencia interlocutoria de fecha 15 quince de noviembre de 2019 dos mil diecinueve. 3. La sentencia interlocutoria de fecha 17 diecisiete de mayo de 2021 de dos mil veintiuno. 4. La sentencia interlocutoria de fecha 13 trece de junio de dos mil veintidós. 5. La sentencia interlocutoria de fecha 23 veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. 6. El auto de ejecución de fecha 05 cinco de junio de 2023 dos mil veintitrés, y los diversos autorizados dentro del expediente principal 1146/2018. 7. El acuerdo de fecha 14 catorce de agosto de 2023 dos mil veintitrés, mediante el cual el C. Juez Primero Menor de lo Civil, ordena el embargo del salario de la ahora quejosa. 8. Todas y cada una de las ilegales actuaciones que integran el Juicio Ejecutivo Mercantil que se tramitó bajo el número de expediente 1146/2018. Del C. Actuario o actuarios adscritos al H. Juzgado Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: 1. El ilegal emplazamiento realizado por la Lic. María Lucero Montoya Piñón, actuaria adscrita en dicha fecha al H. Juzgado Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. 2. Todas y cada una de las ilegales notificaciones realizadas por el C. Actuario o actuarios adscritos al H. Juzgado Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. 3. Todas y cada una de las ilegales actuaciones realizadas por el C. Actuario o actuarios adscritos al H. Juzgado Primero Menor de lo Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán". En efecto, del libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional, se advierte una diversa demanda de amparo presentada el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, por la misma quejosa Diana Ruby Lobato Valencia, ante este órgano jurisdiccional, registrada con el número 1113/2023-III, la cual por auto de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, se admitió y, dicho asunto se encuentra en trámite; lo que constituye un hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimiento Civiles y lo expuesto en la jurisprudencia número XXII. J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 199531, del tenor literal siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." De ahí que, los actos reclamados al Juez Primero Menor en Materia Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, serán materia de estudio en el momento procesal en el que se resuelva el diverso juicio Constitucional 1113/2023, En consecuencia, se estima, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, dado que los actos aquí reclamados y partes son los mismos que en el referido juicio de amparo 1113/2023, el cual se encuentra en etapa de trámite y, evidentemente, de dictado de sentencia. Tiene aplicación sobre el particular en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con registro digital 202059, que textualmente dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el Juez responsable, remite como complemento a su informe de ley las constancias que integran el original del juicio ejecutivo mercantil 1146/2018; debido al volumen y para su mejor manejo, con tales constancias fórmese UN CUADERNO DE PRUEBAS con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle ..., en esta ciudad, autorizando únicamente para tal efecto a ..., toda vez que en esos términos fueron designados. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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