Diana Pamela Hernández Guajardo
Expediente 551/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 28 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 551/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 08/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Diana Pamela Hernández Guajardo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, ocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de doce de mayo de dos mil veintiuno, en la que sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se concedió y por otra se negó la medida cautelar solicitada; debiendo conservar las constancias relativas a su otorgamiento. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitiera la autoridad responsable, 9. Fiscal Primera en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, XV Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz, por tanto, devuélvanse a su lugar de origen.
- Principal
Córdoba, Veracruz, ocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de doce de mayo de dos mil veintiuno, en la que sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se concedió y por otra se negó la medida cautelar solicitada; debiendo conservar las constancias relativas a su otorgamiento. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitiera la autoridad responsable, 9. Fiscal Primera en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, XV Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz, por tanto, devuélvanse a su lugar de origen.
- Principal
...AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Córdoba, Veracruz, a las diez horas con treinta minutos del doce de mayo de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 551/2020 promovido por .., con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ... A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente: escrito de demanda de amparo presentado por ..; y con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Acto seguido, la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Abierto el periodo probatorio, la Secretaria da cuenta con las constancias remitidas por la 9. Fiscal Primera en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, XV Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz, con las cuales por proveído de veintiséis de enero del año en curso, se ordenó formar un tomo de pruebas. Acto continuo, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas relacionadas, dada su especial naturaleza; luego al no haber más pruebas que relacionar, se da por concluida esta etapa. Abierto el período de alegatos, la Secretaria hace constar que mediante proveídos de diecinueve de noviembre, uno y tres de diciembre de dos mil veinte, se tuvo a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público adscrito, formulando manifestaciones a título de alegatos; sin que las demás partes hayan realizado manifestación alguna. Acto continuo, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de la Materia, se tienen realizadas las manifestaciones de la parte quejosa y del representante social de la adscripción; luego, al no existir alegatos formulados por las partes, se da por concluido este periodo procesal. Con lo que concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional, por lo anterior se levanta esta acta para constancia, y se pasa al estudio del expediente con el propósito de dictar sentencia. Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 551/2020, promovido por ., contra los actos reclamados del Juez de Control de Proceso y Juicio Oral adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, Licenciado ., Distrito Judicial XV Orizaba del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el diez de noviembre de dos mil veinte, ., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos reclamados del Juez de Control de Proceso y Juicio Oral adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, Licenciado ., Distrito Judicial XV Orizaba del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, señalando como actos reclamados los siguientes: La emisión de alguna orden de aprehensión y/o comparecencia y/o presentación girada en su contra; y su ejecución. La omisión de las autoridades de notificarle la existencia de una averiguación previa o carpeta de investigación. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en esta ciudad, al que por cuestión de turno correspondió conocer del asunto, admitió la demanda en auto de diez de noviembre de dos mil veinte, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en razón de que el acto reclamado, de ser cierto, tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que aquéllos consisten en: La emisión de alguna orden de aprehensión y/o comparecencia y/o presentación girada en su contra; y su ejecución. La omisión de las autoridades de notificarle la existencia de una averiguación previa o carpeta de investigación. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado consistente en la emisión de alguna orden de aprehensión y/o comparecencia y/o presentación girada en su contra; y su ejecución. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables . todos Jueces de Control de Procedimiento Penal, Oral y Enjuiciamiento, con sede en Orizaba, Veracruz; 5. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, con residencia en Amatlán de los Reyes, Veracruz, por sí y como sustituta de las autoridades 6. Juez Tercero de Primera Instancia y 7. Juez Primero Menor, del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz; 8. Fiscal de Distrito, por sí y como encargada de la 15. Fiscalía Séptima Investigadora; 10. Fiscal Segunda Investigador; 11. Fiscal Tercero; 12. Fiscal Cuarto Investigador en Delitos Diversos; 13. Fiscal Quinta; 14. Fiscal Sexta; los siete adscritos a la Unidad Integral de Procuración de Justicia, XV Distrito Judicial, todos con residencia en Orizaba, Veracruz; 16. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro, de esta ciudad; 17., 18., y 19. Policía Ministerial Encargado de la Jefatura de Detectives; todos con residencia en Orizaba, Veracruz, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en las órdenes aprehensión, comparecencia y/o presentación, y su ejecución; así como la existencia de alguna averiguación previa o carpeta de investigación iniciada en contra de la quejosa. Por su parte la autoridad responsable 9. Fiscalía Primera en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, XV Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz, negó la existencia de las órdenes aprehensión, comparecencia y/o presentación, y su ejecución, reclamadas. Lo anterior, dado que así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa. Por lo que respecta a la diversa autoridad responsable 20. Inspector de la Policía Municipal, con sede en Orizaba, Veracruz, fue omisa en rendir su respectivo informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente notificada del oficio 22348/2020, por medio del cual se le requirió el mismo, tal como se advierte del acuse de recibo que obra agregado en autos; sin embargo, no ha lugar a presumirse ciertos los actos reclamados por la parte quejosa, toda vez que las autoridades señaladas como ordenadoras negaron la existencia de los actos reclamados, y su actuar se encuentra subordinado a las decisiones de éstas. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto a los actos y autoridades de que se trata en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 181, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia: Común, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También es aplicable la jurisprudencia número I.2o. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." No es óbice lo manifestado por el 1. Licenciado . Control de Procedimiento Penal, Oral y Enjuiciamiento, con sede en Orizaba, Veracruz, al rendir su informe justificado, en el sentido de que a la quejosa, . se le instruye el proceso penal . de su índice, como probable responsable del delito de fraude específico y uso de documento falso, cometido en agravio de ., sin embargo, precisó que solicitó a la Fiscal Primera de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, XV Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz, para que de manera fundada y motiva solicitara la audiencia privada para acordar lo procedente a su petición del libramiento de la orden de captura, sin que lo haya hecho; toda vez que ello no demuestra la existencia de alguna orden de aprehensión y/o comparecencia y/o presentación, girada en contra de la citada quejosa. CUARTO. Análisis del acto reclamado consistente en la omisión de notificar a la quejosa la existencia de una averiguación previa o carpeta de investigación. La 9. Fiscal Primera en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, XV Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que se le reclaman y agregó que en esa Fiscalía se encuentra radicada la carpeta de investigación ., en contra de la aquí quejosa ., quien el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, compareció, por lo que señala que ya se encuentra notificada de la radicación de la citada carpeta. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas que remitió en apoyo a su informe justificado; documentales que cuentan con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al haber sido expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo expuesto deriva que la omisión reclamada a la 9. Fiscal Primera en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, XV Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz, resulta inexistente dado que el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, la aquí quejosa . compareció a la lectura de sus garantías, tal como se desprende de la constancia que obra a foja sesenta y nueve del tomo de pruebas. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, expone: ".ARTÍCULO 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) De la interpretación del anterior precepto, en sentido contrario, se obtiene que para que los actos sean reclamables en la vía constitucional, deben existir a la fecha en que sea solicitada la protección de la Justicia Federal, pues constituye un presupuesto lógico para que éstos puedan ocasionar una afectación en la esfera jurídica del gobernado. Por tanto, la omisión de notificarle la existencia de la carpeta de investigación ., era inexistente, pues la responsable acreditó que el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, la quejosa ., compareció a la lectura de sus garantías; por lo que, se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, ante tal circunstancia procede sobreseer en el presente juicio. Por último, no pasa inadvertido que mediante autos de diecinueve de noviembre, uno y tres de diciembre de dos mil veinte, se tuvo a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público adscrito, formulando diversas manifestaciones en vía de alegatos, sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio obligatorio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, tomo 80, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por acuerdo de diez de noviembre de dos mil veinte, se hizo del conocimiento de las partes que para permitir el acceso a información confidencial, se requería de su consentimiento; y que de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, dado que de autos se advierte que ninguna de las partes realizó manifestación alguna en relación al acceso a la información confidencial, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; y al no existir manifestación alguna de las partes en ese sentido, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ., contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia, y por los motivos ahí expuestos. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia...
- Principal
Córdoba, Veracruz, doce de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el licenciado Urbino Alcaraz García, Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Décimo Quinto Distrito Judicial, con sede en Orizaba, Veracruz; toda vez que mediante proveído de siete de los actuales, se tuvo por rendido su informe justificado y se acordó lo conducente. Por otro lado, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene por señalado correo electrónico y teléfono móvil, para entablar comunicaciones no procesales.
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