Diana Mayte Mejía Serna

Expediente 336/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 30 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
336/2020
Año
2020
Actuaciones
30
Última actuación
21/04/2022

Partes del expediente

  • Diana Mayte Mejía Serna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintiuno de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia autorizada el ocho de febrero del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obren en autos el acuse de recibo de la notificación a la autoridad responsable foránea, toda vez que ésta carece de legitimación para interponer recurso de revisión, pues su sentido no les causa agravio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se determina que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos originales exhibidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 18, del referido Acuerdo General, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos correrán la misma suerte que este expediente.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, a veintiuno de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia autorizada el ocho de febrero del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obren en autos el acuse de recibo de la notificación a la autoridad responsable foránea, toda vez que ésta carece de legitimación para interponer recurso de revisión, pues su sentido no les causa agravio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se determina que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos originales exhibidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 18, del referido Acuerdo General, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos correrán la misma suerte que este expediente.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, y en atención a su contenido, como lo solicita, acúsese recibo del exhorto 313/2021 orden 1324/2021 para los efectos a que haya lugar. Cúmplase.

  4. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 336/2020, promovido por. contra actos del 1. Director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Xalapa, Veracruz, y otras autoridades, los cuales consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 20 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, Diana Mayte Mejía Serna solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados que precisa en su demanda, atribuidos a las autoridades responsables siguientes. AUTORIDADES RESPONSABLES. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Por auto de cinco de agosto de dos mil veinte, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al que por razón de turno correspondió conocer de este asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional la intervención legal que le compete y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Emplazamiento de los terceros interesados. El once de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar como terceros interesados a la 1. Víctima de identidad reservada. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. El seis de enero de dos mil veintidós, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. comprendido dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura integral de la demanda se advierte que aquéllos consisten en. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables denominadas 1. Director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, 2. Licenciada Laura Vázquez Alducin, Fiscal Especializada de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, ambos con residencia en Xalapa, Veracruz, y 4. Licenciado José Bricio Jiménez Martínez, Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, Veracruz, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa haya aportado medio de convicción alguno tendente a desvirtuar dichas negativas. Por tanto, al no demostrarse la existencia de los actos reclamados en relación con las citadas autoridades, procede sobreseer en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados atribuidos a la autoridad responsable 3. Licenciada Shugeey Munguía Tovar, Fiscal Especializada de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en esta ciudad. Lo anterior, pues por lo que respecta al consistente en. el acuerdo de catorce de julio de dos mil veinte, dictado en la carpeta de investigación. así lo reconoció expresamente al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las copias certificadas deducidas de dicha carpeta de investigación, que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación; documentales que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido autentificadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Por cuanto hace al acto reclamado consistente. la integración de carpetas de investigación diversas a la número. con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto, toda vez que de la lectura integral del informe justificado rendido por la autoridad responsable de mérito se advierte que fue omisa en pronunciarse respecto de su existencia o inexistencia. QUINTO. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo fue promovida en tiempo por lo que respecta al acto reclamado precisado en el inciso a) del considerando segundo de esta sentencia, toda vez que fue notificado personalmente a la parte quejosa el quince de julio de dos mil veinte, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha notificación surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el dieciséis de los citados mes y año, y el término de quince días hábiles que tenía el peticionario para instar esta vía constitucional inició el diecisiete de julio y concluyó el seis de agosto de la referida anualidad. En el entendido de que de dicho término se excluyen los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de julio, así como uno y dos de agosto, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia. Luego, si la demanda fue presentada el tres de agosto de dos mil veinte, ésta resulta oportuna. Por cuanto hace al acto reclamado precisado en el inciso b) del considerando segundo de esta resolución, como se expuso en el considerando anterior, su existencia se presumió al no haberse pronunciado al respecto la fiscal responsable, por lo que no se tiene fecha precisa de su conocimiento por parte de la inconforme. De ahí que la demanda también deba considerarse oportuna por lo que respecta a dicho acto. SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el juicio de amparo es improcedente respecto de los dos actos que se reclaman, y toda vez que las causas de improcedencia que se actualizan son diferentes, por razón de método, se analizarán en apartados distintos. Improcedencia en relación con a) el acuerdo de catorce de julio de dos mil veinte, dictado en la carpeta de investigación diversa a la número. En relación con este acto se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, del citado ordenamiento legal, que establecen. De conformidad con el criterio anterior, para los efectos del juicio de amparo, las notas distintivas de acto de autoridad se rigen por los siguientes elementos. si el amparo procede sólo contra actos de autoridad, es dable concluir que quedan excluidos los actos de particulares, siempre y cuando no se trate de actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese entendido, es pertinente destacar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para dirimirlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Por otro lado, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos; y se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para dirimir los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Por tanto, la naturaleza jurídica de la relación entre la promovente y aquél a quien señala como autoridad responsable, son determinantes para efectos de la procedencia del presente juicio, pues se requiere que el acto que se reclame sea el que emita un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. Ahora, si bien el Ministerio Público es la autoridad que tiene a su cargo la investigación del delito, y el ejercicio de la acción penal, en términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez que el representante social judicializa la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte, como se desprende de lo dispuesto en el artículo 105 del referido código. En ese entendido, los actos que la Representación Social despliega una vez judicializada la carpeta de investigación respectiva, se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. En efecto, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece. Del artículo transcrito se advierte que el proceso penal acusatorio comprende las siguientes etapas: 1. De investigación: a) inicial y b) complementaria, 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y 3. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento Asimismo, que el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme, procedimiento que se decanta por una clara separación de funciones, pues aquellas de acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí. De ello se obtiene que desde que se recibe la denuncia o querella respectivas y hasta el momento de formular imputación (fase de investigación inicial), el Ministerio Público reviste el carácter de autoridad, pero posteriormente, dentro de la etapa de investigación complementaria, el representante social pierde ese carácter, pues quien tiene la dirección del procedimiento es el Juez de control, a cuya disposición se encuentra el imputado. Esto es, el Ministerio Público se convierte en parte en el proceso penal y carece de atribuciones para seguir actuando motu proprio como autoridad. Bajo esa premisa, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, del citado ordenamiento legal, el juicio de amparo es improcedente contra los actos realizados por el Ministerio Público en la fase de investigación complementaria, pues éstos se verifican en un plano de coordinación entre la Representación Social y las demás partes que intervienen en el proceso penal, como son el imputado y su defensor o defensores. En el caso, la quejosa reclama el a) el acuerdo de catorce de julio de dos mil veinte, dictado en la carpeta de investigación diversa a la número. en el que la fiscal responsable negó acordar favorable la petición de la quejosa de designar como sus defensores particulares a los licenciados. con motivo de que el órgano jurisdiccional competente no le había notificado sobre el reconocimiento de la personalidad de dichos profesionistas; en consecuencia, negó la expedición de copias autentificadas de todo lo actuado en dicha carpeta para ser entregadas a los antes nombrados. La citada carpeta de investigación ya fue judicializada por el Ministerio Público dando lugar a la formación del proceso penal. del índice del Juzgado de Procedimiento y Proceso Penal Oral del Décimo Quinto Distrito Judicial, con residencia en Orizaba, Veracruz, el cual, al momento de emitirse el acto reclamado se encontraba en fase de investigación complementaria. Lo que se corrobora con las copias certificadas deducidas de dicha carpeta de investigación remitidas por la fiscal responsable, cuyo valor probatorio fue determinado en el considerando cuarto de esta resolución; y con lo manifestado en ese sentido por la impetrante en su demanda, tanto en el apartado relativo a la precisión de los actos reclamados como al narrar, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de éstos. Luego, atento a lo previamente expuesto, se concluye que si bien la fiscal responsable emitió el referido acuerdo, lo hizo en su carácter de parte en el proceso penal. en el que se encuentra judicializada la multicitada carpeta de investigación, y no como autoridad. Lo que se sustenta además en el contenido de los artículos 218, párrafo tercero, y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen. Los preceptos disponen que, una vez convocados a la audiencia inicial, debe permitirse el acceso a los registros de investigación al imputado y su defensor, y que partir de ese momento ya no pueden mantenerse en reserva para ellos; asimismo, que en caso de que el Ministerio Público niegue permitir el acceso a los registros o a la obtención de copias, aquéllos podrán acudir ante el Juez de Control para que resuelva lo conducente. Esto es, dichos artículos corroboran que una vez judicializada la carpeta de investigación, la actuación del Ministerio Público se encuentra ceñida a la autorización y dirección de la autoridad judicial, específicamente a la del Juez de Control tratándose de la fase de investigación complementaria, pues el segundo de ellos dispone que en caso de la Representación Social niegue al imputado y su defensor el acceso a la carpeta de investigación o la obtención de copias de ésta, éstos podrán acudir ante dicho Juez para que resuelva lo conducente. En el caso, de la lectura de la demanda se obtiene que de lo que medularmente se duele la inconforme es que como consecuencia de la negativa de dar intervención como sus defensores a los licenciados. se les haya negado la expedición de copias de la carpeta de investigación, el cual, como se ve, es un acto emitido por la fiscal responsable, pero actuando como parte en el procedimiento penal de origen, al encontrarse el proceso en fase de investigación complementaria. De ahí que, en relación con este acto reclamado se actualice la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, en con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, del citado ordenamiento legal. Improcedencia en relación con b) la integración de la carpeta de investigación diversa a la número. Por cuanto hace a este acto se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 5, fracción I, párrafo primero, y 6, de la Ley de Amparo, ya que, por regla general, las actuaciones y diligencias tendientes a integrar una carpeta de investigación, no causan una afectación real y actual a la esfera jurídica del investigado. Los indicados preceptos establecen. De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, aplicados en sentido contrario, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso. Por su parte, el artículo 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece. Del precepto constitucional en cita se desprende que al Ministerio Público le corresponde la investigación y persecución de los delitos. De igual modo, consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal correspondiente, de buscar y presentar pruebas que acrediten la responsabilidad de los inculpados, así como ejercer acción penal ante la autoridad judicial. Lo que se corrobora con el contenido del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales previamente transcrito, el cual define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez se divide en dos fases: la inicial y la complementaria. En la primera de dichas fases el Ministerio Público tiene la obligación de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. En esa guisa, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado. Esto último, a excepción de que se reclame un acto concreto emitido en la carpeta de investigación en su fase inicial, que involucre la afectación de algún derecho humano del peticionario, a guisa de ejemplo: una orden de cateo, intervención de comunicación privadas, toma de muestras y otras análogas. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama, en términos generales, la integración de la carpeta de investigación. esto es, no precisa un acto concreto derivado de la misma que afecte directamente un derecho humano. Luego, la sola integración de la carpeta de investigación a la que se contrae este acápite, no causa una afectación real y actual a la esfera jurídica de la quejosa, por lo que, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 5, fracción I, párrafo primero, y 6, de la Ley de Amparo, En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia a que se ha hecho mención en este considerando, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, del mismo ordenamiento legal. Ante el sobreseimiento decretado, no es procedente entrar al examen de los conceptos de violación vertidos. SÉPTIMO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de cinco de agosto de dos mil veinte. se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 1, 5, 6, 61, fracción XXIII, 63, fracción IV, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo se resuelve. ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por. contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de la misma.

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