Diana Lizbeth Chávez Domínguez
Expediente 359/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 359/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Diana Lizbeth Chávez Domínguez
Actuaciones
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, diez de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara: el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de control electrónico respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)... Notifíquese...".
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Diana Lizbeth Chávez Domínguez, contra actos del 1. Fiscal Quinto en la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XVII, con residencia en Veracruz, Veracruz (Oscar Pale Rivas). y otra autoridad. Regístrese con el número 359/2023-IX en el libro de gobierno respectivo. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte el promovente se duele de: - La resolución de ocho de diciembre de dos mil veintidós, emitida por el Fiscal Quinto en la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XVII, con residencia en Veracruz, Veracruz, mediante la cual decreta de improcedente la solicitud de no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación 4221/2021. Congruente con ello, se advierte la actualización de la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 21 constitucional, 61, fracción XXIII, y con el precepto 107, fracción VII (interpretada a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, al tenor de los siguientes argumentos. El precepto 21 aludido, estipula: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. (.)". Por otra parte, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con esto, se atiende al diverso 107, fracción VII, de la ley de la materia, que prevé el juicio de amparo procede: "VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." El artículo 21 constitucional dispone, entre otras cosas, que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, y en su caso, integrar su correspondiente investigación. Asimismo, el inicio de la carpeta correspondiente, o incluso el desahogo de las diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio por ser de orden público según lo establece la Carta Magna, siempre y cuando en ellas no se ordene que se prive a la parte quejosa de sus posesiones, derechos o defensas. El precepto 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, señala los casos en que procede el amparo indirecto contra actos del Ministerio Público, los cuales son: a) Omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; b) Resoluciones de reserva y no ejercicio de la acción penal; c) Desistimiento de la acción penal; o, d) Suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. De lo anterior, se sigue que contra actos del Ministerio Público distintos de los antes señalados, no procede el juicio de amparo indirecto, pues como se dijo, el artículo 21 constitucional lo faculta llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos e integrar la correspondiente carpeta de investigación. En consecuencia, es claro que el juicio de amparo que ahora se intenta contra la resolución mediante la cual se declara improcedente la solicitud de no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación 4221/2021, son cuestiones que no se encuentran dentro de los supuestos de procedencia del amparo indirecto a que se refiere el artículo 107, fracción VII, de la ley de la materia. En efecto, en la resolución de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se advierte la Fiscalía responsable estableció que para poder determinar la carpeta de investigación de que se trata, debía contar con el dictamen médico emitido por la Comisión de Arbitraje Médico de Veracruz y agotar todas las líneas de investigación existentes. Situación que no había sucedido hasta ese momento, ya que la carpeta de investigación en cuestión se encontraba en etapa de integración. Motivo por el cual no era procedente la determinación del no ejercicio de la acción penal a favor de ninguno de los investigados. En ese sentido resultaba improcedente acordar favorable la solicitud de la promovente. Ello en términos de lo previsto por los numerales 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 131, 211 y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente contra la integración de una carpeta de investigación, en virtud de que el agente del Ministerio Público cumple con el mandato que le confiere el artículo 21 constitucional. Además, no existe una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado. No se soslaya la existencia de la jurisprudencia número 1a./J. 8/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 3467, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, junio de 2021, Materia Común Penal, Décima Época, registro 2023205, que dice: IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA INDUDABLE Y MANIFIESTA PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE REVOCA LA DETERMINACIÓN MINISTERIAL DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y ORDENA CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos de queja respectivos, sostuvieron distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por la persona imputada en contra de la determinación judicial que revoca el acuerdo de no ejercicio de la acción penal y ordena la reapertura de la investigación. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda promovida en contra del auto que revoca la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal y ordena la continuación de la investigación, sin que ello prejuzgue sobre una eventual causa de improcedencia que pueda advertirse o actualizarse en la sustanciación del juicio de amparo. Justificación: La determinación de no ejercicio de la acción penal genera un estado de cosas en favor de la persona imputada, al impedir que el Ministerio Público despliegue su facultad investigadora en su contra. Por ello, la reapertura de la investigación, ordenada por el Juez de Control, con la finalidad de posibilitar el ejercicio de la acción penal, constituye un acto susceptible de generar afectaciones al imputado, pues la determinación de no ejercicio de la acción penal provocó un cambio favorable en la situación jurídica del imputado, que impide al órgano ministerial desplegar su facultad investigadora en su contra, entonces, debe permitirse revisar constitucionalmente la resolución del Juez de Control que revoca esa decisión, pues de lo contrario, se podría dejar al imputado indefinidamente en esa categoría procesal, trastocando su seguridad jurídica. Así, para efectos de la admisión de la demanda, el Juez de Distrito debe advertir si se actualiza o no un motivo indudable y manifiesto de improcedencia del juicio, sin embargo, en el supuesto bajo estudio, no resulta evidente que se actualice una improcedencia de esa naturaleza que motive el desechamiento de plano de la demanda, pues es posible que se afecten los derechos sustantivos del quejoso cuyos efectos sean de imposible reparación. Por ello, será necesario acudir a los informes justificados, a los alegatos y a las pruebas aportadas por las partes en el juicio para realizar un pronunciamiento en cada caso. Por tanto el considerar que no se actualiza una casusa de improcedencia manifiesta e indudable para desechar de plano la demanda de amparo interpuesta contra el acto que se reclama, no prejuzga sobre una eventual causa de improcedencia que pueda advertirse o actualizarse en la substanciación del juicio de amparo, pues a lo largo del procedimiento podrían desvirtuarse o modificarse las consideraciones que llevaron a la admisión, mediante las pruebas aportadas. Sin embargo, se está en una hipótesis distinta. En la especie, la Fiscalía responsable no ha determinado el no ejercicio de la acción penal. Esto es, no existe un estado de cosas a favor de la imputada (aquí quejosa). Sino que se estableció claramente faltan diligencias por desahogar, entre ellas, el dictamen técnico correspondiente que emita la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz al tratarse de un asunto que se encuentra dentro del supuesto establecido en el artículo 147 Bis del Código Penal para el Estado. Además, agotar todas las líneas de investigación existentes, ya que la carpeta de investigación en cuestión se encuentra en etapa de integración. Por tanto, resulta necesario el Ministerio Público practique las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Aunado a lo anterior, no se causa perjuicio a la quejosa en su calidad de imputada, ya que no son actos que puedan causar un daño irreparable dentro de la carpeta de investigación, pues no tienen imposible reparación que trasciendan la afectación a un derecho sustantivo, al ser meros actos intraprocesales que no afectan su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIII.P.A.32 P (10a.) número 1865, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2987, registro 2017560, siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo que violen derechos fundamentales de los gobernados, supuestos que deben examinarse en lo particular." En las relatadas consideraciones, se concluye que del análisis de lo reclamado que en esta vía se combate, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción VII del diverso 107 (interpretadas a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el dispositivo 113 de la citada ley, se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO origen de este asunto. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. La parte quejosa solicita se le permita tener acceso a la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", con el usuario: "********************". Al efecto se provee: a) Se faculta al personal adscrito autorizado, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita, por el medio mencionado, relativa al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. b) En caso ser factible lo anterior, habilítese al usuario que refiere para que, conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, puedan acceder vía internet a este juicio de amparo. c) De lo anterior, deberá quedar constancia en autos que deberá imprimir la persona encargada. DOMICILIO. Se tiene como lugar de la parte impetrante para oír y recibir notificaciones el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Conforme a los artículos 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo. Se ordena realizar las notificaciones a la parte impetrante en la vía electrónica, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación" (previamente aludido) y con el usuario proporcionado (********************). COMUNICACIONES NO PROCESALES. Por cuanto hace al correo electrónico que proporciona, dígase al promovente se toma nota del mismo únicamente para comunicaciones no procesales. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se tienen como autorizados en términos amplios del arábigo 12 de la Ley de la materia, a ********************y ********************. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y personalmente a la persona Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)." (...)
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