Diana Lizbeth Chávez Domínguez

Expediente 1010/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1010/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Diana Lizbeth Chávez Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vistos, el estado procesal y la certificación de cuenta, se determina: El auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Notifíquese; y, electrónicamente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de noviembre de dos mil veintidós. Fórmese expediente con la demanda de amparo signada por ***, por propio derecho, contra actos del Fiscal Quinto en la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XVII de Veracruz, Veracruz. Regístrese con el número 1010/2022-I. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). -DESECHAMIENTO- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharse de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. El análisis integral de la demanda de amparo, permite advertir en el capítulo de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, la promovente de amparo narra: 1. El uno de julio de dos mil veintidós acudió ante el Fiscal Quinto de la Unidad de Procuración de Justicia de Veracruz a fin de rendir entrevista de carácter ministerial. Le fueron otorgadas copias de los registros de investigación que obran en la indagatoria correspondiente. Estima no se evidencia en ese sumario grado de participación que motive la señalen como imputada. 2. El dieciocho de octubre de la presente anualidad retornó ante la fiscalía en comento. A fin de entregar la promoción por la que solicita se determine el no ejercicio de la acción penal. 3. Manifiesta ha comparecido en diversas ocasiones. Se presentó por última vez el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós. Revisó las constancias de la carpeta en cuestión. No ha recaído acuerdo alguno a su solicitud. Sentado ello, se puede precisar en términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo que lo aquí reclamado es la integración de la averiguación previa citada en su contra. Porque refiere le agravia subsista esa carpeta cuando a su parecer no hay elementos para considerar su probable responsabilidad en los hechos que se investigan. Ahora bien, visto desde esa óptica, debe decirse que se actualiza la causal de improcedencia derivada de relacionar el artículo 21 constitucional, y los diversos 61, fracción XXIII y 107, fracción VII (interpretada a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, al tenor de los siguientes argumentos. El precepto 21 estipula: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial (.)". Por otra parte, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con esto, se atiende al diverso 107, fracción VII, de la ley de la materia, que prevé el juicio de amparo procede: "VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." El artículo 21 constitucional dispone, entre otras cosas, que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquéllas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y en su caso integrar la correspondiente averiguación previa. Asimismo, el inicio de la averiguación, o incluso el desahogo de las diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio por ser de orden público, según lo establece la Constitución. Siempre y cuando en ellas no se ordene que se prive a la parte quejosa de sus posesiones o derechos. El precepto 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, señala los casos en que procede el amparo indirecto contra actos del Ministerio Público, los cuales son: a) Omisiones en la investigación de los delitos; b) Resoluciones de reserva y no ejercicio de la acción penal; c) Desistimiento de la acción penal; o, d) Suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. De lo anterior se sigue que contra actos del Ministerio Público distintos de los antes señalados, no procede el juicio de amparo indirecto. Como se dijo, el artículo 21 constitucional lo faculta llevar a cabo aquéllas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos e integrar la correspondiente averiguación previa. Es claro entonces que atendiendo a la causa de pedir de la aquí quejosa donde lo destacado es que pretende a través de la acción de amparo cese la integración de la carpeta de investigación ***/*** atribuida al Fiscal Quinto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XVII de Veracruz, Veracruz, y que estima es violatoria de sus derechos fundamentales porque considera no debería seguir esa averiguación, dado el planteamiento del amparo y hechos narrados bajo protesta de decir verdad, donde incluso se advierte la quejosa rindió entrevista y se le proporcionaron copias de los registros contenidos en esa indagatoria. Por eso se estima lo reclamado deriva de la integración de la investigación ministerial en comento encomendada constitucionalmente al Ministerio Público. Pues el solo hecho de que la representación social se encuentre efectuando actos tendentes al esclarecimiento de los hechos a que la carpeta se contrae no es oponible a través de este medio de control constitucional. Es claro que el juicio de amparo promovido contra tales actos no le causa un daño o perjuicio. Su consecuencia inmediata no es precisamente que se le prive de su libertad personal, posesiones o derechos. Tampoco se encuentra dentro de los supuestos de procedencia del amparo indirecto a que se refiere el artículo 107, fracción VII, de la Ley de la materia. Integrar una averiguación previa no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos. Lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal. Es al juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que pudiera afectar la esfera jurídica de la quejosa. Resulta aplicable al caso por sus consideraciones la tesis número 311 (H), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 3332, Tomo II, Procesal Constitucional 1 Común Tercera Parte - Históricas Segunda Sección - TCC, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Octava Época, registro 1004629, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." También, se cita, por sus consideraciones que llevan a estimar el hecho de que ante la inexistencia de un acto de molestia concreto en perjuicio de la parte investigada en la indagatoria correspondiente (detención u orden de comparecencia), no le irroga perjuicio real y actual a su esfera jurídica, el criterio jurisprudencial 1a./J. 95/2022 (11a.), emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo III, página 2817, con registro digital: 2025272, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. HECHOS: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. JUSTIFICACIÓN: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta en tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa." Y en el presente caso no se desconoce la aquí quejosa manifiesta compareció a rendir su entrevista respecto de los hechos que originaron la apertura de la carpeta en comento y le fueron proporcionadas copias de los registros de investigación. Lo que aquí actualiza la causa de improcedencia en comento es que el reclamo deriva de actos que si bien la peticionaria los cataloga como omisivos, lo relevante es que la autoridad se encuentra integrando la indagatoria correspondiente conforme las facultades que le son conferidas por la Ley Suprema y la quejosa refiere eso no debería ser así por no serle atribuible responsabilidad alguna. Determinación que se adopta sin inadvertir la impetrante refiere mediante escrito recibido por el Fiscal responsable el dieciocho de octubre pasado, solicitó el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación ***/*** que se instruye en su contra. Que a la fecha no ha recaído acuerdo a esa petición. Pero esa cuestión por el momento no incide en la actualización de la causa de improcedencia en análisis. Lo anterior es así, porque planteada la demanda de amparo, al día de su presentación, deviene improcedente. La omisión atribuida a la autoridad responsable no se ha materializado. Si bien como lo refiere la quejosa, la autoridad investigadora no ha atendido el ocurso por el que pide se determine la investigación en su favor, esa abstención no se traduce -en el momento- en una justicia tardía y menos aún denegación de aquélla. Este Juzgado Federal considera desde la fecha en que entregó su escrito a la responsable -dieciocho de octubre de dos mil veintidós- a la de presentación de la demanda motivo de este expediente, no ha transcurrido un lapso que exceda el concepto de breve término para otorgar el acuerdo correspondiente que conlleve a catalogar dicha omisión violatoria de derechos humanos. Se cita la tesis localizada en la página 39, del tomo Tercera Parte, CXXIII, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Registro 268307, que establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse". La omisión aquí reclamada se atribuye a una autoridad ministerial en sede Estatal. En el propio texto Constitucional de la entidad, hoy avalado en criterio Jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece un plazo razonable máximo para las autoridades estatales (cuarenta y cinco días). Y este se considera idóneo y análogo para imperar en los asuntos como el que ahora se interpone. Sin que a la fecha haya transcurrido. Al respecto se cita la Jurisprudencia P./J. 6/2019 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Página 7, Materia Constitucional, Décima Época, Registro 2019190, que establece: "PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHO HUMANO. El artículo 7 citado, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles para que las autoridades del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sus Municipios y los organismos autónomos de esa entidad federativa den respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para extraer de aquél un parámetro máximo a fin de que dichas autoridades atiendan el derecho humano de petición, ya que la disposición estatal, mencionada, resulta ser una norma emitida por una autoridad que tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, además de que no afecta la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, y sin restringir ni suspender el derecho de petición, pues generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio, no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de los entes obligados a observarla (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta, escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, lo que no implica un lineamiento para que se dé respuesta en los términos señalados hasta el término de ese plazo máximo, el cual es un parámetro que constituye un límite formal y materialmente legislativo, a la dilación mayor que puede tener una autoridad de los órdenes sobre los que incide la previsión constitucional estatal en torno a la cual gira la presente contradicción de tesis, pero no es equiparable al "breve término" a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Fundamental. Esto es, pese a que válidamente en el plano de legalidad sí pueda efectuarse la interpretación complementaria de ambas normas constitucionales (federal y estatal), no puede equipararse ese plazo máximo al concepto de "breve término" de la Constitución Federal, porque éste genera la necesidad de una eventual ponderación judicial en cada caso concreto, que debe llevarse a cabo por el juzgador federal respectivo (de primera o de segunda instancia) que conoce y debe resolver el juicio de amparo en que, en su caso, se reclama la violación al derecho humano de petición, destacándose que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma que el concepto indicado es "aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse", sustentado por la Segunda Sala del Alto Tribunal desde la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación." En virtud de lo anterior, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 21 constitucional, y los diversos 61, fracción XXIII y 107, fracción VII (interpretada a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, se desecha la demanda, de conformidad con lo establecido en el invocado artículo 113 del citado ordenamiento legal. Signifíquese a la peticionaria de derechos humanos que si en el plazo indicado (cuarenta y cinco días hábiles) no recibiere respuesta, tiene expeditos sus derechos para promover diversa acción de amparo o instancia ordinaria, si así lo decidiere, para impugnar el estado de abstención a que alude. DOMICILIO. Téngase como lugar de la parte impetrante para oír y recibir notificaciones el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Conforme a los artículos 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones a la parte impetrante en la vía electrónica, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación" y con el usuario proporcionado "***", en los términos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO PROCESAL. Se toma nota del correo electrónico indicado en la demanda como medio de comunicación no procesal. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se permite el acceso al juicio de amparo en que se actúa, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", con el usuario anteriormente descrito. Al efecto se provee: a) Se faculta al personal adscrito autorizado, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita, por el medio mencionado. b) En caso ser factible lo anterior, habilítese a la persona que refiere para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, pueda acceder vía internet a este juicio de amparo. AUTORIZADOS. Se faculta en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** y ***. Cuentan con cédula profesional capturada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Y con las restricciones que impone la última parte del citado numeral a David Quintana Anastasio. Por no estar inscrito en dicho sistema. Como se aprecia de la certificación secretarial de cuenta. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. CITAS. En el entendido que para tales efectos se deberá atender al sistema de citas previsto en el artículo 258 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse la directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y de forma personal a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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