Diana Laura Salazar Jiménez
Expediente 384/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 1 actuación registrada, la última del 19 de febrero de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 384/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 19/02/2020
Partes del expediente
- Diana Laura Salazar Jiménez
Actuaciones
- Incidental
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE. TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como está ordenado en esta misma fecha en el cuaderno principal, con las copias de la demanda de amparo con que se da cuenta, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 383/2020 y sus acumulados 384/2020, 385/2020, 386/2020, 387/2020 y 388/2020, promovido por la Angelli Ivette Jiménez Lara, Diana Laura Salazar Juárez, Kinverly Delfin Castañeda, Erika Mariana Prado García, Pedro Ernesto Zúñiga Bañuelos y Kenia Alessandra Jiménez Rodríguez, contra actos del Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y otra autoridad. FECHA DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia incidental. SOLICITUD DE INFORME PREVIO. Con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, pídase el informe previo a las autoridades señaladas como responsables, el cual deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, en el que expresarán si son ciertos o no los actos reclamados que se les atribuyen, las razones pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y proporcionar la información que tengan a su alcance relativa al acto reclamado. Lo anterior, bajo apercibimiento que en caso de que las autoridades responsables no rindan el informe previo solicitado, se harán acreedoras a una multa una equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México, con fundamento en el artículo 260, fracción I, y 238 de la ley de la materia. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Asimismo, con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicados los domicilios para oír y recibir notificaciones que señalen. CONCESIÓN DE LA MEDIDA. Se concede la suspensión provisional solicitada en atención a las siguientes consideraciones. Los aspectos que todo juzgador debe considerar para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados y los requisitos que el quejoso debe reunir para su procedencia, se encuentran en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales han sido interpretados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desentrañado los requisitos para conceder la suspensión, en los siguientes: 1. El quejoso la solicite expresamente; 2. Haya certidumbre sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; 3. El acto reclamado sea susceptible de suspenderse; 4. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo; 5. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. 6. Cumplidos los requisitos precisados, el órgano jurisdiccional sujete, en caso de que sea necesario, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la ley citada, para garantizar cualquier afectación a terceros. Por tanto, siguiendo esa metodología, se analizará si en el caso se reúnen los mencionados requisitos para conceder la suspensión a la parte quejosa. 1. Que expresamente la solicite el quejoso. En cuanto a este requisito, de la lectura de la demanda de amparo se obtiene que Angelli Ivette Jiménez Lara, Diana Laura Salazar Juárez, Kinverly Delfin Castañeda, Erika Mariana Prado García, Pedro Ernesto Zúñiga Bañuelos y Kenia Alessandra Jiménez Rodríguez, solicitaron la suspensión de los actos que atribuyeron al Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y otra autoridad, que de manera destacada consisten en: El Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el siete de enero de dos mil veinte, en particular el articulo 13; 14 bis; 15, fracción XI; 15 bis, fracción II, inciso a); el inciso c) de la fracción I del artículo 21; el numeral 1, de la fracción I del artículo 21; el artículo 31 bis, así como los artículos Primero a Quinto Transitorios, todos de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit y que forman parte del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, de siete de enero de dos mil veinte. Los efectos y consecuencias que derivan del Decreto antes citado. La suspensión fue solicitada para que no se materialicen las consecuencias de las normas impugnadas y, por tanto: a. Se impidan los efectos y consecuencias de las normas reclamadas, especialmente a través de los artículos transitorios Segundo, Tercero y Quinto que disponen la adecuación del Marco Jurídico que emana o depende de la Ley Orgánica reformada; la integración y funcionamiento del Colegio de Elección Universitaria y la recepción de la administración de las fuentes de ingreso propias de la Universidad a que se refieren los artículos 15 fracción XI y 21 fracción I, inciso c). b. Lo anterior, por vulnerar la garantía institucional de "autonomía" establecida en la fracción VII, del artículo 3 de la Constitución Federal. Ello a efecto de que prevalezca la situación jurídica, financiera y administrativa, que impera en esa institución educativa, para llevar a cabo los fines educativos para los que fue creada. 2. Existencia del acto cuya suspensión se solicita. Se considera cierta la iniciativa y promulgación del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, publicada en el Periódico Oficial de Estado el siete de enero de dos mil veinte, que le fue imputado al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, al encontrarse dentro de sus facultades y obligaciones contenidas en los artículos 49, fracción II y 53, párrafo sexto de la Constitución Política del Estado de Nayarit; máxime que la misma no es objeto de prueba, de ahí que se tenga la certeza del acto. Sirve de sustento el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto del dos mil, página 26, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." 3. Que el acto reclamado sea susceptible de suspensión. En relación con este requisito, es indispensable destacar el contenido de los preceptos impugnados del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, de siete de enero de dos mil veinte, establecen una nueva forma de organización en que estará integrada la Universidad; en ese contexto, se desprende que, en razón de la naturaleza de los actos reclamados, se consideran susceptibles de paralización en términos de lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley de Amparo, pues sus efectos y consecuencias son de carácter positivo. Ahora, en el caso específico de la Universidad aquí quejosa es posible afirmar que las normas reclamadas trascienden en su esfera jurídica desde el inicio de su vigencia, puesto que las mismas regularan su funcionamiento desde su entrada en vigor. Bajo ese contexto, desde luego se advierte que se encuentra sujeta a la norma general reclamada y así, acorde con el artículo 148 de la Ley de Amparo, cuando se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del impetrante, lo que acontece en la especie, dado que se reclaman diversos dispositivos que trasgreden su esfera jurídica desde su sola entrada en vigor; de ahí que los efectos y consecuencias de éstas sean de carácter positivo, susceptibles de suspenderse, siempre y cuando se cumpla con el resto de los requisitos para su concesión. 4. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo. El artículo 129 de la Ley de Amparo, establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. En efecto, la descripción de los supuestos, generalmente, implica que, ante la adecuación de un caso concreto a alguno de los supuestos previstos en el referido artículo, el Juzgador se olvidará de resolver sobre la suspensión en función de contraponer al interés superior referido al del particular, el buen derecho aparente o la manera en que éste resultaría afectado por el acto reclamado. En otras palabras, fue el legislador quien en función de la naturaleza y dimensión del acto y su relación con la protección de un bien jurídico colectivo tutelado, que resultaría afectado si el acto se suspende, determinó que la suspensión sea negada, dotando a la norma de un carácter prohibitivo, por lo que en este supuesto no se involucra en forma alguna el interés del particular que solicite la medida o la afectación que en cuanto a éste tendría la ejecución del acto reclamado. Sin embargo, en el último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo, se advierte la posibilidad excepcional de que, en determinados casos, aun adecuándose el acto a suspender a uno de los supuestos en que el legislador consideró que otorgar la suspensión sería contrario al interés social, el Juez podrá concederla, si su negativa redunda en una afectación mayor al interés social. Esta posibilidad de exceptuar la prohibición de otorgar la medida cautelar, se encuentra alejada de la afectación al interés individual del quejoso, y no se refiere a una ponderación entre éste o el buen derecho del particular y un interés social; por el contrario, enfatiza que lo que se busca salvaguardar son bienes jurídicos de índole colectivo y que, en todo caso, lo que pretende evitarse con el otorgamiento excepcional de la suspensión es el perjuicio a ese conjunto de bienes e intereses que integran la noción de orden público e interés social. Lo anterior, significa que, más allá del resultado que la ejecución del acto tenga en cuanto a los intereses del particular, la última parte del artículo 129 abre la posibilidad de que el juez ejerza su discrecionalidad, incluso respecto de los supuestos previstos en ese precepto, aunque para ello deberá alejarse del método tradicional de análisis del interés personal, para, en su lugar, realizar una ponderación reforzada, encaminada a determinar los efectos que suspender el acto o permitir su ejecución, tendría en cuanto a intereses generales o colectivos o bienes jurídicos de la misma dimensión, integrados a la noción de orden público, en congruencia con el parámetro de ponderación efectuado por el legislador, al expedir el precepto referido, bajo la premisa de evitar el dictado de resoluciones que lastimen la sensibilidad social. Ahora, en el caso particular, en una reflexión profunda, la suscrita considera que negar la medida cautelar causaría una afectación mayor al interés social, en tanto que las normas impugnadas podrían transgredir el principio de autonomía consagrado en el artículo 3°, fracción VII, de la Carta Magna, a favor de las universidades y las demás instituciones de educación superior. En efecto, la autonomía universitaria constituye una garantía institucional del derecho a la educación superior, es decir, tiene un carácter exclusivamente instrumental y no conforma, per se, un fin en sí misma, por lo que es valiosa si y sólo si -y en la medida en que- maximiza el derecho humano a la educación superior. En ese sentido -sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, no debe confundirse la autonomía universitaria, en cuanto garantía institucional que se predica de una persona jurídica de derecho público -la universidad autónoma-, con los derechos fundamentales de las personas físicas que la integran. Esto es, el hecho de que la autonomía universitaria tenga una relación instrumental con la maximización de derechos individuales, no implica que ésta sea a su vez un derecho humano de una persona jurídico-colectiva que deba ponderarse con los derechos humanos de sus miembros. En definitiva -reitera el Alto Tribunal-, la autonomía universitaria está subordinada a la maximización del derecho a la educación, por lo que, por regla general, el ejercicio legítimo de aquélla no puede incluir la restricción de aspecto alguno del derecho a la educación. Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 119/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. CONSTITUYE UNA GARANTÍA INSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, POR LO QUE NO PUEDE SER UTILIZADA PARA RESTRINGIRLO. La autonomía universitaria es una garantía institucional del derecho a la educación superior, es decir, tiene un carácter exclusivamente instrumental y no conforma, per se, un fin en sí misma, por lo que es valiosa si y sólo si -y en la medida en que- maximiza el derecho humano a la educación superior. En este sentido, no debe confundirse la autonomía universitaria, en cuanto garantía institucional que se predica de una persona jurídica de derecho público -la universidad autónoma-, con los derechos fundamentales de las personas físicas que la integran: el derecho a la educación superior y sus distintos haces normativos, como el derecho a la libre investigación y discusión de las ideas, el derecho a la libertad de cátedra, entre otros. Esto es, el hecho de que la autonomía universitaria tenga una relación instrumental con la maximización de derechos individuales, no implica que ésta sea a su vez un derecho humano de una persona jurídico-colectiva que deba ponderarse con los derechos humanos de sus miembros. La autonomía universitaria, en definitiva, está subordinada a la maximización del derecho a la educación, por lo que, por regla general, el ejercicio legítimo de aquélla no puede incluir la restricción de aspecto alguno del derecho a la educación". Bajo esas consideraciones, la suscrita estima que el presente asunto, dada la posición de la parte quejosa frente a las normas impugnadas, se encuentra legitimada para ocurrir al juicio de amparo y solicitar la suspensión de los actos reclamados, sin que se contravengan disposiciones de orden público, conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo. 5. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. En cuanto a la apariencia del buen derecho, la cual implica un análisis de probabilidad de la inconstitucionalidad de los actos reclamados, la suscrita considera que también se encuentra colmado, en virtud de que como se ha expuesto en esta determinación, las normas impugnadas podrían transgredir el principio de autonomía consagrado en el artículo 3°, fracción VII, de la Carta Magna, a favor de las universidades y las demás instituciones de educación superior. Lo anterior, en virtud de que según lo expone la parte quejosa, existe la sospecha que podrían violar dicha garantía desde su sola entrada en vigor, en la medida que un ente externo, a saber, el Patronato Administrador del Impuesto Especial destinado a la Universidad, regularía las fuentes de ingreso propias de la Universidad, como lo señala que artículo Quinto Transitorio del Decreto impugnado, que indica: "QUINTO. El Patronato Administrador del Impuesto Especial destinado a la Universidad, deberá recibir la administración de las fuentes de ingreso propias de la Universidad a que se refieren los Artículos 15 fracción XI y 21 fracción I, inciso c) del presente Decreto, en un término que no exceda de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente decreto." Patronato que cuenta con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión para el ejercicio de su función y cumplimiento de su objeto, cuyo Presidente es designado por el Congreso del Estado de Nayarit, a propuesta en terna del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit; ello, de conformidad con lo dispuesto en los ordinales 6 y 6 Bis de la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit. Sin que el referido Patronato forme parte de los órganos de autoridad, gestión, apoyo y consulta de la Universidad Autónoma de Nayarit, en términos del numeral 13 de su Ley Orgánica, tanto en su texto anterior a la reforma, como el decreto modificatorio que se combate en la presente instancia constitucional. Además, la norma impugnada en su ordinal 15 Bis, crea la figura de un Colegio de Elección Universitario, órgano colegiado, no permanente, cuyo presidente será el Presidente del Patronato Administrador del Impuesto Especial destinado a la Universidad, quien entre otras, tendrá la responsabilidad de conducir, coordinar y dar definitividad a los actos que integran, en su primera etapa, el proceso de elección del propio Rector de la Universidad; sin que dicho personaje, como anteriormente se estableció, forme parte de la propia Universidad, en términos de su propia Ley Orgánica. Asimismo, el Decreto impugnado, en sus artículos 15, fracción XI y 21, fracción I, inciso c), faculta al propio Patronato a administrar las fuentes de ingreso propias de la Universidad quejosa, con excepción de las estrictamente académicas y constriñe al Rector de la Universidad a coordinarse con el Presidente del Patronato Administrador del Impuesto especial destinado a la Universidad, a promover y articular redes empresariales, tanto al interior como al exterior de la Universidad, esto último, en vía de intervención y vinculación social; de lo cual se pude inferir la posible inconstitucionalidad de los preceptos reclamados, al otorgarle dichas facultades a un órgano ajeno a la Universidad, que invadiría la esfera de sus competencias, las cuales son materia de regulación de los propios organismos universitarios ya establecidos, con base en la autonomía que le reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Motivos por los cuales, llevando a cabo un análisis ponderado del caso concreto, bajo la apariencia del buen derecho, se estima que dicha norma podría ser inconstitucional y violatoria del derecho fundamental reconocido en la fracción VII del artículo 3 de la Carta Magna, en favor de las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, en la medida en que concede facultades al Presidente de un órgano externo a la Universidad, con el propósito de que participe activamente en la organización, funcionamiento y administración de su propio patrimonio. En efecto, la citada fracción VII del artículo 3 constitucional, señala lo siguiente: "Artículo 3°. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. [.] VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; [.]." En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar dicho precepto, estableció que la autonomía de las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente para determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio e indicó además, que el amparo es improcedente contra actos derivados del ejercicio de la autonomía universitaria. Ello quedó plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 19/2010, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Marzo de 2010, página 918, de rubro y texto siguientes: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR. Del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la autonomía de las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente para determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. En ese sentido, el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la autonomía universitaria, consistente en el nombramiento del rector de la universidad, por lo que debe sobreseerse en el juicio al no estar sustentado en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados, ni apoyado en una facultad de imperio susceptible de causar perjuicio en la esfera jurídica de éstos." Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante jurisprudencia por contradicción de tesis, ha determinado que conforme al artículo 3°, fracción VII, de la Constitución Federal, las universidades autónomas gozan de independencia para determinar por sí solas, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que presten, así como los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, lo que las habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general que le permitan cumplir con mejores resultados sus fines educativos. Así se desprende de la tesis 2a./J. 180/2005, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Enero de 2006, página 1261, de contenido siguiente: "UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA RESOLUCIÓN DE NO ADMITIR COMO ALUMNO A UN ASPIRANTE POR NO HABER APROBADO EL EXAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. La mencionada Universidad es, de acuerdo al artículo 1o. de su Ley Orgánica, "... un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es impartir educación media superior y superior..."; por tanto, conforme al artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Federal, goza de independencia para determinar por sí sola, los términos y condiciones en que desarrollará los servicios educativos que preste, así como los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, lo que la habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general que le permitan cumplir con mejores resultados sus fines educativos. Ahora bien, en términos del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, se considerará alumno al aspirante que cumpliendo con los requisitos de ingreso establecidos por la normatividad aplicable, haya sido admitido por la autoridad competente y se encuentre inscrito en alguno de los programas académicos de la Universidad, siendo hasta entonces cuando se incorporan a su esfera jurídica el conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en esa específica situación jurídica. En consecuencia, la denegación de la Universidad de Guadalajara para admitir a una persona como alumno, por no haber aprobado el examen correspondiente, no constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, pues los aspirantes, en términos del artículo 10 del Reglamento General de Ingreso de Alumnos a la Universidad de Guadalajara, únicamente tienen derecho a ser tomados en cuenta en la selección de ingreso, de acuerdo con los criterios, requisitos y lineamientos establecidos en el propio Reglamento; de ahí que no exista entre la citada Institución educativa y el aspirante, relación de supra a subordinación, ya que éste no ha incorporado a su esfera jurídica derechos y obligaciones relacionados con dicha casa de estudios." Asimismo, resulta orientadora la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil cien, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, Materias Constitucional y Administrativa, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO. LOS ARTÍCULOS 50, 50 BIS, 50 TER, 50 QUÁTER, 50 QUINQUIES, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS, DE SU LEY ORGÁNICA VIOLAN EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, AL ESTABLECER UN ÓRGANO INTERNO DE CONTROL QUE VIGILA, EVALÚA Y CONFIRMA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS. Los artículos mencionados violan el principio de autonomía universitaria en cuanto prevén la creación de un Órgano Interno de Control que tiene como objeto diseñar, preparar y procesar la información que permita vigilar, evaluar y confirmar el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Esto es, si bien es cierto que esa institución educativa está sujeta a las reglas del Sistema Nacional Anticorrupción derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, también lo es que la forma en que el Poder Legislativo de la entidad implementó la manera en que habrán de fiscalizarse y controlarse los recursos públicos de la Universidad rebasa los fines del sistema y afecta su autonomía, al prever en su estructura un Órgano Interno de Control cuyo titular es nombrado por el Congreso del Estado, el cual tiene atribuciones, además, para vigilar funciones sustantivas y adjetivas de la institución educativa, lo que atenta contra el principio indicado, por virtud del cual ésta tiene facultades de autoformación y de autogobierno. Sobre esas bases, corresponde ahora precisar que resulta procedente conceder la suspensión provisional solicitada, de conformidad con los numerales 128, fracciones I y II, 147 y 148 de la Ley de Amparo, para el efecto de que se mantengan los cosas en el estado que actualmente guardan; esto es, no se materialicen las consecuencias de las normas impugnadas en la esfera jurídica de la parte quejosa y, por tanto, no se adecue el marco jurídico que emana o depende de la Ley Orgánica reclamada; de igual forma, no se apliquen tales disposiciones, en lo referente a la integración y funcionamiento del Colegio de Elección Universitario y en la recepción a favor del Patronato Administrador del Impuesto Especial destinado a la Universidad, de las fuentes de ingresos propias de la Universidad, a que se refieren los artículos 15, fracción XI y 21, fracción I, inciso c) del decreto impugnado, lo anterior, hasta en tanto, las autoridades responsables tengan conocimiento que se resolvió la suspensión definitiva dentro del presente incidente de suspensión; en la inteligencia de que si lo anterior ya se encuentra ejecutado, la suspensión sólo producirá el efecto para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan. Lo anterior, en razón de que los quejosos acreditan su interés legítimo con las copias certificadas de las credenciales expedidas por la Universidad Autónoma de Nayarit y la constancia emitida por la Directora de Administración Escolar del Nivel Superior de la Universidad Autónoma de Nayarit, que los acreditan como estudiantes de la referida Universidad. 6. Garantía. Sin que en el caso sea factible exigir garantía alguna para que surta efectos la medida cautelar concedida a la parte quejosa, toda vez que en la especie no existe interés fiscal alguno que garantizar, ni tampoco persona a la que se le haya reconocido el carácter de tercero interesado. Finalmente, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su arábigo 2º, se autoriza la expedición de copias certificadas de esta determinación, a su costa, previa toma de razón y constancia que de su entrega deje en autos. Asimismo, respecto a las copias que solicita de la suspensión definitiva, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en virtud de que no se puede autorizar copia de alguna actuación sin antes haberse celebrado previamente y obrar glosada en autos, sin perjuicio del derecho de la citada parte procesal a solicitarla en su oportunidad. NOTIFÍQUESE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes
- Diana Gissel Márquez Gil2218/2017
- Diana Guadalupe Canchola González995/2017
- Diana Ivonne Pérez Virgen1059/2017
- Diana Janett Estrada Neri423/2023
- Diana Laura Adrián Rodríguez1776/2023
- Diana Laura Cruz Villalobos2487/2023
- Diana Leticia Hermosillo Méndez1886/2018
- Diana Leticia Hermosillo Méndez2876/2019
- Diana Lizbeth Magallanes Ramírez1625/2018
- Diana Lizbeth Magallanes Ramírez2643/2023
- Diana Lizzette Aguillón Camacho1977/2023
- Diana Patricia Lara Contreras1237/2018