Diana Gissel Márquez Gil
Expediente 2218/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2218/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 20/04/2018
Partes del expediente
- Diana Gissel Márquez Gil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Fianzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que entregó a la parte quejosa un cheque con motivo de la actualización del pagó por concepto de derechos registrales; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales a los que haya lugar. Finalmente, resulte innecesario dar vista a la parte quejosa, debido a que en proveído de tres de los cursantes (fojas 89 a 91), se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficios y anexos signados por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 65 a 66 y 79 a 81), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de trece de marzo del año que transcurre (foja 84), se dio vista a la parte quejosa con los referidos oficios y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; por lo que, el término de tres días otorgado para que manifestara lo que a su derecho conviniera transcurrió del veintitrés al veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, sin que en dicho lapso se hubiere realizado manifestación respecto del citado cumplimiento; asimismo, se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el doce de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 41 a 53), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $** respecto de la cantidad De $**(**), por concepto de "INSCR. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO"; "INSCRIP. PRESTAMO HIPOTECARIO"; (fojas 7 y 39), así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. Cantidad anterior que es derivada del pago declarado inconstitucional que figura en la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, descontando la cantidad de $**(**) relativa al concepto: "POR EL REGISTRO DE PODERES DE CUALQUIER CLASE", dado que éste no fue reclamado por la quejosa. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de garantías la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debía estar debidamente actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos el siete de febrero de esta anualidad, en la oficialía de partes de este juzgado de distrito, signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 65 a 66), informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, es decir, devolvió la cantidad de $**(**), como se advierte con la copia del reporte de la transferencia bancaria, expedida por la institución bancaria BANORTE, de fecha dos de febrero de este año. Sin embargo, en auto de ocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 67 y 68), se determinó que dicha suma no se encontraba debidamente actualizada, tal y como le fue ordenado en la ejecutoria de mérito, en los términos que ahí se precisaron, por lo que se requirió a dicha autoridad por el faltante de pago a favor de la parte quejosa. Por su parte, la autoridad responsable mediante oficio y anexos presentado en la oficialía de partes de este juzgado el dos de marzo del año que transcurre (foja 79 a 81), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar total cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que la parte quejosa no acudió a realizar el cobro del cheque valioso por el faltante de pago, que se le requirió en autos, no obstante de estar debidamente notificada para ello, como se desprende de los citados anexos. Por tanto, con fecha trece de marzo de dos mil dieciocho (foja 84), se requirió a la parte quejosa para que en el término de tres días a partir de que surtiera efectos la notificación de mérito, compareciera ante las oficinas de la citada dirección a fin de se le hiciera entrega del cheque correspondiente, apercibida que de no hacerlo se pronunciaría en relación al cumplimiento del fallo protector, siendo notificada el veinte de marzo del año actual (foja 88), sin que diera cumplimiento a lo anterior. En consecuencia, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos y garantías violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficios y anexos signados por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 65 a 66 y 79 a 81), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de trece de marzo del año que transcurre (foja 84), se dio vista a la parte quejosa con los referidos oficios y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; por lo que, el término de tres días otorgado para que manifestara lo que a su derecho conviniera transcurrió del veintitrés al veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, sin que en dicho lapso se hubiere realizado manifestación respecto del citado cumplimiento; asimismo, se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el doce de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 41 a 53), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $** respecto de la cantidad De $**(**), por concepto de "INSCR. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO"; "INSCRIP. PRESTAMO HIPOTECARIO"; (fojas 7 y 39), así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. Cantidad anterior que es derivada del pago declarado inconstitucional que figura en la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, descontando la cantidad de $**(**) relativa al concepto: "POR EL REGISTRO DE PODERES DE CUALQUIER CLASE", dado que éste no fue reclamado por la quejosa. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de garantías la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debía estar debidamente actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos el siete de febrero de esta anualidad, en la oficialía de partes de este juzgado de distrito, signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 65 a 66), informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, es decir, devolvió la cantidad de $**(**), como se advierte con la copia del reporte de la transferencia bancaria, expedida por la institución bancaria BANORTE, de fecha dos de febrero de este año. Sin embargo, en auto de ocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 67 y 68), se determinó que dicha suma no se encontraba debidamente actualizada, tal y como le fue ordenado en la ejecutoria de mérito, en los términos que ahí se precisaron, por lo que se requirió a dicha autoridad por el faltante de pago a favor de la parte quejosa. Por su parte, la autoridad responsable mediante oficio y anexos presentado en la oficialía de partes de este juzgado el dos de marzo del año que transcurre (foja 79 a 81), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar total cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que la parte quejosa no acudió a realizar el cobro del cheque valioso por el faltante de pago, que se le requirió en autos, no obstante de estar debidamente notificada para ello, como se desprende de los citados anexos. Por tanto, con fecha trece de marzo de dos mil dieciocho (foja 84), se requirió a la parte quejosa para que en el término de tres días a partir de que surtiera efectos la notificación de mérito, compareciera ante las oficinas de la citada dirección a fin de se le hiciera entrega del cheque correspondiente, apercibida que de no hacerlo se pronunciaría en relación al cumplimiento del fallo protector, siendo notificada el veinte de marzo del año actual (foja 88), sin que diera cumplimiento a lo anterior. En consecuencia, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos y garantías violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el proveído de cinco de marzo del año en curso (foja 82), se aprecia que se tuvo al Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informando que la quejosa *********** no se presentó a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición con motivo de la actualización ordenada en la sentencia amparadora que declaró la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, no obstante de encontrarse debidamente notificada para tal efecto, como lo acreditó con el anexo que acompañó. En ese tenor, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, dése vista a la parte quejosa con el líbelo de referencia, asimismo, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante las oficinas de la autoridad oficiante a fin de que le hagan entrega del cheque emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro de los autos del juicio biinstancial en que se actúa; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil en que transcurra el término otorgado, si ya le fue entregado el título nominativo de que se trata. Bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos se pronunciará en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Resulta aplicable por analogía, la tesis III.3º.A.52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo del dos mil cinco, Materia Administrativa, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "....."
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