Diana Laura Marroquín Bayardo
Expediente 581/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 23 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 581/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 07/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Diana Laura Marroquín Bayardo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de noviembre de dos mil veintidós. Se tiene a ***, en su calidad de defensora pública adscrita al Instituto de Defensoría Pública del Estado de Hidalgo, y asesora de la quejosa ***, dando cumplimiento al auto de veinticuatro de octubre del año en curso, para lo cual informa que acudió a las instalaciones del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, con la finalidad de orientar jurídicamente a la quejosa y, que una vez que le explicó su situación jurídica, ésta le indicó que no es su deseo interponer recurso alguno en el presente asunto. En consecuencia: SE DECLARA FIRME LA SENTENCIA. Al haber transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes recurriera la sentencia dictada en este juicio. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SE DEVUELVEN CONSTANCIAS AL LUGAR DE ORIGEN. Devuélvase a la encargada de la Dirección del Área Femenil del Centro de Reinserción Social de Pachuca de Soto, Hidalgo, el original del expediente clínico de la quejosa. Sin necesidad de acuse de recibo, porque basta la constancia de notificación del presente auto, que acredite su entrega. ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Ya que el expediente electrónico coincide con los cuadernos principal e incidentales físicos, con fundamento en los artículos 3, último párrafo y 214, de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al tratarse de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. DESTINO Y VALORACIÓN DE LOS CUADERNOS INCIDENTALES. Asimismo, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es depurable, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada en su aspecto definitivo. Por otro lado, el duplicado del incidente de suspensión en comento es susceptible de destrucción, al ubicarse en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mismo cuerpo normativo...M-II
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. AUTO SOBRE ACEPTACIÓN DE CARGO. Téngase a ***, en su calidad de defensora pública adscrita al Instituto de Defensoría Pública del Estado de Hidalgo, aceptando y protestando el cargo que le fue conferido, como defensora de la quejosa ***, en el presente juicio de amparo. Por otra parte, téngasele señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en **** REQUERIMIENTO. En consecuencia, requiérase a dicha defensora, a fin de que, previa entrevista con la quejosa *** con la finalidad de brindarle asesoría jurídica, informe cuál es el recurso que pretende hacer valer en contra de la sentencia dictada en este juicio. En el entendido que, si es deseo de la quejosa impugnar dicha resolución, deberá orientarla y auxiliarla en la elaboración del recurso procedente, conforme a los requisitos exigidos para tal efecto por la Ley de Amparo. Cabe mencionar, que la oportunidad del recurso que, en su caso, se haga valer, dependerá de la fecha en que la defensora reciba el oficio mediante el cual se le comunica el requerimiento aquí contenido, por conducto de su superior jerárquico...M-II
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diecinueve de octubre de dos mil veintidós. DESIGNACIÓN DE DEFENSOR. Téngase a la Directora del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Hidalgo, informando que la licenciada Xóchitl Enciso Santos, ha sido designada como defensora pública de la quejosa *** para efectos del presente juicio de amparo. Solicítese atentamente a la citada defensora, para que en el término de tres días comparezca ante este juzgado, debidamente identificada, a aceptar y protestar el cargo conferido; y, posteriormente, se ocupe de la encomienda que se le hace respecto de la citada quejosa, a efecto de que esta pueda tener una defensa adecuada. Para tal objeto, de conformidad con el artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a la profesionista citada que genere el código QR respectivo, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el link: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccion ales/home, el cual deberá presentar el día que se presente a desahogar dicho requerimiento...M-II
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; once de octubre de dos mil veintidós. MANIFESTACIONES DE LA PARTE QUEJOSA. Vistos los autos; se advierte que, en la constancia de notificación a la quejosa *** de la sentencia de veinticuatro de junio, terminada de engrosar el veinte de septiembre, ambas del año en curso, realizada el veintiuno de septiembre siguiente, asentó de su puño y letra: interpongo el recurso que proceda ya que dicha notificación y su contenido de la resolución del amparo ***II-A me causa agravio Ahora bien, en el caso se destaca que la quejosa se encuentra privada de su libertad, interna en el Centro de Readaptación Social de Pachuca de Soto, Hidalgo; así también, que al promover el presente juicio de amparo, no designó abogado que la asesore. Por su parte, el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción IX, establece: Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado: ... IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. (.) Derecho fundamental que también se encuentra tutelado en el artículo 8.2., incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece: Artículo 8. Garantías judiciales (...) 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (.) d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección o de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. Así como en el numeral 14.3., inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice: Artículo 14. (.) 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo. De lo anterior se colige que corresponde al Estado, como promotor y garante de los derechos humanos, garantizar que el imputado cuente con una defensa técnica adecuada, esto es, que sea asistido jurídicamente, en todas las etapas procedimentales en las que intervenga, por un defensor que tenga el carácter de profesional en derecho (abogado particular o defensor público). Se destaca que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la defensa técnica es necesaria porque se requiere la asistencia de una persona que tenga la capacidad técnica para asesorar y apreciar lo que jurídicamente es conveniente para el imputado, a fin de otorgarle una real y efectiva asistencia legal que le permita estar en posibilidad de hacer frente a la imputación formulada en su contra. El Alto Tribunal también ha establecido que la forma de garantizar y proteger el derecho humano de defensa adecuada se traduce en la posibilidad del imputado de nombrar a un defensor profesional en derecho que lo asista jurídicamente durante el desarrollo de la audiencia inicial, no solamente para que esté en condiciones de negar la imputación sino de aportar las pruebas que considere pertinentes para ejercer el derecho de defensa adecuada. El derecho humano a una defensa adecuada, también implica que el imputado sea apoyado con la asesoría técnica para la estructura de una estrategia defensiva que considere más conveniente a los intereses de la persona sometida al proceso penal. En ese tenor, esta juzgadora estima necesario designar a favor de la peticionaria de amparo un defensor público que la asesore dentro del presente juicio, pues como se advierte, aunque se manifiesta inconforme con la sentencia dictada en el presente asunto que le depara perjuicio, el desconocimiento de la ley le impide hacer valer el recurso idóneo; y la suplencia de la deficiencia de la queja que opera a su favor no tiene el alcance de tenerla haciendo valer un recurso o medio de impugnación que no precisa. Cabe señalar que el instituto de la defensoría no establece expresamente el supuesto de prestar ese servicio de asesoría jurídica en materia de amparo a una persona privada de su libertad, sin embargo, es necesario realizar una interpretación armónica de los dispositivos antes citados, para garantizar que el juicio de amparo cumpla con las características de un recurso judicial efectivo, sobre la base de que el hecho de que la peticionaria de amparo se encuentre recluido, impide que se ocupe de manera directa del juicio constitucional que promueve. Por tanto, con fundamento en los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2, incisos d) y e) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los normativos 1, 2, 4, fracción II y 15, fracción VI, de la Ley Federal de Defensoría Pública, gírese oficio al titular de la Dirección de la Defensoría Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo, a fin de que en el término de tres días designe persona que pueda ejercer la función de defensor público que asesore a la quejosa ****, ante este juzgado federal; en el entendido de que la asesoría se limitará a la tramitación y substanciación del presente juicio. Apercibida que de no hacerlo o no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida de actualización, en términos de lo establecido por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XIII. 1o. P.T. J/9 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 2523 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, que dispone: PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD PERSONAL RECLUIDA EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SI PROMOVIÓ AMPARO INDIRECTO POR PROPIO DERECHO Y SOLICITA QUE SE LE TENGA DESIGNADO COMO SU AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA, AL DEFENSOR DE OFICIO ADSCRITO AL JUZGADO, EL JUEZ DE DISTRITO, EN ARAS DE TUTELAR LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y DEFENSA ADECUADA, DEBE ACORDAR FAVORABLEMENTE ESA PETICIÓN. Si una persona privada de su libertad personal y recluida en un centro penitenciario promueve el juicio de amparo indirecto por propio derecho, y solicita que se le tenga designando como autorizado, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al defensor de oficio adscrito al juzgado de amparo, al formar parte de un grupo vulnerable, conforme a la Sección 2a. Beneficiarios de las Reglas, punto 10, Privación de libertad, reglas 22 y 23 de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, pues la calidad de interno en un centro de reclusión implica, por lo general, un impedimento para enfrentar directamente el juicio constitucional; entonces, el Juez de Distrito, de conformidad con los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2, incisos d) y e) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los normativos 1, 2, 4, fracción II y 15, fracción VI, de la Ley Federal de Defensoría Pública, en aras de tutelar los derechos humanos de acceso a la justicia y defensa adecuada, debe tenerle por hecha esa designación. Lo anterior, sin que obste que el artículo 29 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del instituto de esa defensoría, no establezca expresamente el supuesto de prestar ese servicio de asesoría jurídica en materia de amparo a una persona privada de su libertad, pues dicho dispositivo debe interpretarse en armonía con los citados, para garantizar que el juicio de amparo cumpla con las características de un recurso judicial efectivo." Hasta en tanto se haga la designación de defensor público que asesore a la quejosa, se suspende el término para impugnar la determinación que cita...M-II
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