Diana Laura Marroquín Bayardo

Expediente 499/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
499/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
15/06/2021

Partes del expediente

  • Diana Laura Marroquín Bayardo

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se colige que ha transcurrido el plazo para que la accionante interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó la demanda que promovió; en consecuencia, con apoyo en el artículo 98 de la Ley de Amparo, así como de los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se declara que ha causado estado dicha determinación. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen...M-IV

  2. Principal

    REMITEN JUICIO DE AMPARO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, en cumplimiento a lo ordenado mediante oficio SECNO/87872021, signado por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, remite los autos originales del juicio de amparo 499/2021-IV-B del índice este órgano jurisdiccional, acúsese el recibo correspondiente. Sin que hay lugar a hacer mayor pronunciamiento, toda vez que el treinta y uno de mayo pasado se tuvo a la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, informando que a este juzgado federal le correspondía conocer de la demanda promovida por José Antonio Zepeda, en su carácter de defensor particular de Diana Laura Marroquín Bayardo, contra actos del Juez Penal de Control del Sistema Acusatorio y Oral del Segundo Circuito Judicial en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, y otra autoridad, por lo que, este juzgado federal se avocó al conocimiento del asunto acordando lo conducente en esa data. En consecuencia, y como se acordó en el proveído de treinta y uno de mayo pasado, con relación a la separación de juicios decretada en autos, remítanse copias certificadas del juicio de amparo 499/2021-IV-B, y gírese oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad a fin de que por su conducto sea turnada la demanda al juzgado de distrito que corresponda...M-IV

  3. Principal

    Téngase a la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, informando que a este juzgado federal le corresponde conocer de la demanda promovida por José Antonio Zepeda, en su carácter de defensor particular de Diana Laura Marroquín Bayardo, contra actos del Juez Penal de Control del Sistema Acusatorio y Oral del Segundo Circuito Judicial en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, y otra autoridad, por los motivos que expone, de lo cual queda enterado este órgano jurisdiccional. ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, XV y XVII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 37 y 48, de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda promovida por José Antonio Zepeda, en su carácter de defensor particular de Diana Laura Marroquín Bayardo, contra actos del Juez Penal de Control del Sistema Acusatorio y Oral del Segundo Circuito Judicial en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, y otra autoridad, consistentes en: a) Del Juez Penal de Control del Sistema Acusatorio y Oral del Segundo Circuito Judicial en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, la omisión a garantizar un debido proceso. b) De la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Sin personas Detenidas V Especializada en Delitos Contra la Vida y la Salud Personal (DECOVIS V) adscrita a la Región Oriente de la Procuraduría General de Justicia el Estado de Hidalgo, la omisión de realizar actos de investigación y no garantizar un debido proceso. SEPARACIÓN DE JUICIOS. Ahora, tomando en consideración que son actos distintos, se estima procede la separación de juicios a fin de que se analicen por separado, pues versan sobre cuestiones diversas; de ahí que no es dable que se analicen en un solo juicio de amparo. Cabe hacer mención, que si bien es cierto la separación de juicios no se encuentra prevista en la Ley de Amparo, también es verídico que se encuentra contenida en la jurisprudencia, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que, partiendo de la base de que existe la posibilidad de acumular juicios de amparo, a fin de evitar resoluciones contradictorias, cuando los actos reclamados en éstos se encuentran vinculados entre sí, resulta evidente que también, en sentido inverso, cuando en un mismo juicio se reclamen dos actos que no tienen esa vinculación, es procedente ordenar la separación de los autos para que se estudien en juicios por separado. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 76/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 118 del Tomo VI, Septiembre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación. En el caso, las omisiones que se reclamada acontecieron, por una parte, en la causa penal 138/2020, atribuida al Juez Penal de Control del Sistema Acusatorio y Oral del Segundo Circuito Judicial en Tulancingo de Bravo, Hidalgo; y, por otra, en la carpeta de investigación 18-2019-2118, a cargo de la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Sin personas Detenidas V Especializada en Delitos Contra la Vida y la Salud Personal (DECOVIS V) adscrita a la Región Oriente de la Procuraduría General de Justicia el Estado de Hidalgo. Es decir, se trata de actos distintos, atribuidos a autoridades diferentes; por tanto, es evidente que no se justifica el análisis de dichos actos reclamados en un solo juicio de amparo; en tales condiciones, se concluye que en el presente caso, procede la separación de juicios. En consecuencia, el presente juicio 499/2021-IV-B sólo deberá seguirse tramitando en este juzgado de distrito respecto del acto reclamado consistente en la omisión a garantizar un debido proceso en la causa penal 138/2020, por parte del Juez Penal de Control del Sistema Acusatorio y Oral del Segundo Circuito Judicial en Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Por otra parte, debe darse de alta como nueva demanda de amparo, respecto de la omisión de realizar actos de investigación y no garantizar un debido proceso en la carpeta de investigación 18-2019-2118, por parte de la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Sin personas Detenidas V Especializada en Delitos Contra la Vida y la Salud Personal (DECOVIS V) adscrita a la Región Oriente de la Procuraduría General de Justicia el Estado de Hidalgo; para tal efecto, se deberán remitir copias certificadas del juicio de amparo 499/2021-IV-B, una vez que se tengan los autos originales. Por lo anterior, gírese oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad a fin de que por su conducto sea turnada la demanda en cita al juzgado de distrito que corresponda. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117 del Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resultan, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, de las constancias que obran en el expediente electrónico relativo al juicio de amparo 499/2021-IV-B, mismas que concuerdan con su original, analizado en su integridad el escrito de demanda signado por José Antonio Zepeda, en su carácter de defensor particular de Diana Laura Marroquín Bayardo, se advierte que, en el caso que nos ocupa, se actualiza una causal de improcedencia manifiesta e indudable en este juicio de amparo, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda que se provee. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito emerge la obligación del juzgado de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que no debe soslayarse que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el artículo 62 del cuerpo de leyes en cita, impone la obligación al juzgado de amparo de analizar oficiosamente las causales de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que aun cuando se tramite el juicio subsista la causa de improcedencia a pesar de las pruebas que se ofrezcan para desvirtuarla. En apoyo de lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, registro 193379, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, de oficio se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que los actos reclamados no causan un perjuicio de imposible reparación a la promovente. Los preceptos antes citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." De la lectura de los preceptos transcritos, se aprecia que tratándose de actos dictados en juicio, el amparo biinstancial únicamente procede cuando sean de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afectan materialmente y de manera actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando lo dispuesto en las fracciones III, inciso b), y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, consideró que el legislador, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que los actos dictados en juicio, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; esto es, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio a un derecho y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De ello, se obtienen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos; esto es, en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, se refiere a que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Apoya lo anterior, la tesis aislada I.1o.A.E.30 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, página 2317, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." De esa guisa, para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio que sean de imposible reparación, quedan excluidas las violaciones que afecten derechos adjetivos o procesales, pues las incidencias que ocurran con motivo de la prosecución procesal sólo tienen que ver con las condiciones bajo las cuales el juzgador llegará a resolver la cuestión que se somete a su potestad, siendo entonces la decisión que emita la que intervenga los derechos fundamentales y humanos en juego. En ese orden de ideas, debe destacarse que las violaciones cometidas en un procedimiento que no sean de imposible reparación pueden impugnarse en el momento de promover amparo directo en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, como lo dispone el artículo 170 de la ley de la materia. Ahora bien, en el presente caso, la quejosa acude a esta instancia a reclamar del Juez Penal de Control del Sistema Acusatorio y Oral del Segundo Circuito Judicial en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, la omisión a garantizar un debido proceso, en la causa penal 138/2020 de su índice, pues se duele de que, en múltiples ocasiones ha solicitado al citado juez que ordene girar atento oficio al Secretario de Seguridad Pública, y al Comisario General de la Agencia de Seguridad, ambos del Estado de Hidalgo, para que le hagan llegar la información correspondiente del resguardo, vigilancia y protección de la quejosa Diana Laura Marroquín Bayardo que le fue brindada de abril a junio de dos mil diecinueve. Es decir, se trata de la omisión de allegar al procedimiento un medio de convicción con el que la procesada aquí quejosa pretende sustentar su defensa, pues refiere que con ello pretende demostrar que en todo momento estuvo vigilada en la fecha en la que sucedieron los hechos que se le imputan. De lo anterior se pude apreciar que el acto reclamado no constituye un acto dentro del juicio de origen, cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en caso de trascender al resultado del fallo, afectarán derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio, si ésta es favorable a los intereses de la accionante del amparo, y en caso contrario, de resultar opuesta a los mismos, en su oportunidad pueden reclamarlas a través del juicio de amparo directo como violación procesal. Luego, en la especie, es improcedente considerar a los actos reclamados como actos de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la afectación podría repararse si obtiene resolución favorable en el juicio. En efecto, en la demanda de amparo directo, que, en su momento sea promovida, pueden controvertirse tanto las violaciones que se hubiesen cometido al dictar la sentencia, como aquellas que se hubiesen actualizado durante el procedimiento, siempre que en este último caso hubiesen trascendido al resultado del fallo y afectado la defensa de las quejosas. Lo anterior, tiene como finalidad, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario; de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo presentada por José Antonio Toledo Zepeda, en su carácter de defensor particular de Diana Laura Marroquín. Es importante señalar que la causal de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Por ello, se actualiza la hipótesis prevista en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que permite desechar de plano la demanda de amparo indirecto al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sirve de apoyo, por identidad de sustancia jurídica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Una vez que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, remita el juicio de amparo 457/2021, de su índice, acuérdese lo conducente....M-IV

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