Diana Karen Pérez Ramírez

Expediente 589/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
589/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • Diana Karen Pérez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, se hace constar que este juicio no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Por otra parte, se hace la observación que este expediente es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa en el lugar donde guarda reclusión.

  2. Principal

    FEMENIL Téngase por recibida la boleta de turno de demanda de amparo expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y, el oficio 2947/A-I signado por la secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en la Paz, a través del cual remite los autos del juicio de amparo 694/2022, de su índice, promovido por ... mediante el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, contra actos del Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y otras autoridades. Atento a lo anterior, regístrese en el libro de gobierno con el número 589/2022-II acúsese recibo correspondiente; colóquese la caratula respectiva; y, hágase saber al juez declinante que este juzgado federal acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto y convalida las actuaciones del juzgado de distrito declinante. DESECHAMIENTO En el caso, los actos reclamados consisten en el orden de traslado y ejecución, atribuido a autoridades administrativas y la inconstitucionalidad del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. No obstante, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se explica: El juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Es decir, sólo la parte (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. En los citados preceptos, se regula la legitimación para promover el amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, por sí o por conducto de su representante o apoderado legal en términos de los diversos 10 y 11 de la Ley de Amparo. La firma electrónica (FIREL), por su parte, es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta. Luego, el ejercicio de la acción de amparo por vía electrónica, también debe regirse por el mismo principio que impera para la presentación de la demanda de amparo por escrito, es decir, que el juicio se siga siempre a "instancia de parte agraviada", pues la implementación del Sistema Electrónico y la utilización de la firma electrónica, de ninguna manera implicó soslayar uno de los principios rectores del juicio, como lo es el de "instancia de parte agraviada", salvo cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la propia Ley de Amparo. Esto es, la demanda de amparo que se presente través de la modalidad de "juicio en línea", debe ineludiblemente ser firmada electrónicamente por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado, excepción hecha en los aludidos casos. Por tanto, tomando en consideración que en el escrito de demanda presentado a través del Portal de Servicios en Línea no obra la firma electrónica (FIREL) de la directa quejosa .. se constata que no expresó su voluntad para dar trámite a la presente demanda, sin que sea el caso prevenirla en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de una irregularidad que sea susceptible de subsanarse, ya que al no contener la firma autógrafa en original no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte. Apoyo lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, abril de 2019, Tomo I, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." En ese orden, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues como se adelantó, no se advierte expresada la voluntad de quien aparece como promovente para darle trámite a la demanda, es decir, no hay instancia de parte respecto de quien se dice promueve en nombre propio, y no se ubica en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, último párrafo, y 109 de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de presentar una demanda de amparo sin firma electrónica del directo quejoso cuando se promueve el amparo en los términos del diverso 15 de esa ley. Dicho numeral dispone que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad, en cuyo caso el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado y, logrado esto, lo requerirá para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Sin embargo, en el caso no se actualiza el supuesto de excepción a que se ha hecho referencia, pues aun cuando pudiera estimarse que ...se encuentra imposibilitada para promover el juicio de amparo, esto únicamente por su condición de interna, y que por esa razón, se presentó la demanda electrónicamente sin su firma, los actos reclamados a las autoridades responsables, no encuadran en alguno de los actos que el legislador prescribió en ese artículo 15 de la Ley de Amparo, ni en el numeral 22 constitucional. Veamos: Respecto de los actos reclamados, contrario a lo que se pretende establecer la quejosa en la demanda, no son actos que afecten la libertad fuera de procedimiento, pues los emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal y con base en la atribuciones que le confiere, además que contra de ellos no procede el juicio de amparo tal como fue planteado, pues debe agotarse el procedimiento señalado en la ley mencionada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, visible en la página 1513, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro digital: 2023736, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL." Sin que el hecho de que se aduzca en la demanda que son actos que ponen en riesgo grave su vida, salud, integridad y dignidad, lo ubique como de los prohibidos por los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo, pues deben analizarse atendiendo a su naturaleza, no a las potenciales consecuencias que la demandante pudiera atribuirles. Ello es así, ya que los actos que podrían ubicarse, de encontrarse actualizados en este momento, en el supuesto del artículo 15 de la ley de la materia obedecen a las consecuencias que la quejosa supone podrían llegar a ocurrir de suceder el traslado que reclama, esto es, en el contexto de las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, no existen bases suficientes que permitan afirmar categóricamente que el acto mencionado comprometa actual y gravemente la dignidad e integridad personal de la directamente agraviada. Por lo que, como se adelantó, los reclamados no encuadran en alguno de los actos que el legislador prescribió en ese artículo 15 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al no satisfacerse el principio de "instancia de parte agraviada", ni actualizarse algunos de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, la cual resulta manifiesta e indudable atendiendo a las razones que anteceden. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. DE LA PARTE QUEJOSA: La quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México; por tanto, notifíquesele personalmente esta determinación, así como las subsecuentes, en el lugar donde se encuentra recluida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Se exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se requiere propongan formas especiales y expeditas de contacto, como servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES: Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES: Este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee; por lo que, llevará a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales. HABILITACIÓN AL ACTUARIO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y personalmente a la quejosa en el lugar donde guarda reclusión.

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