Diana Eunice Hernández Jiménez
Expediente 1174/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1174/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Diana Eunice Hernández Jiménez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio de amparo por los actos ahí indicados; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Por otro lado, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE como asunto totalmente concluido. Notifíquese vía electrónica.
- Principal
Visto el escrito de demanda presentado por ***, quien se ostenta como abogado, defensor privado, mandatario y/o apoderado legal de ***, contra actos de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno con el número ***. DESECHAMIENTO En el caso, el acto reclamado consiste en la orden de detención y su ejecución; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se explica: El juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Es decir, sólo la parte (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. En los citados preceptos, se regula la legitimación para promover el amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, por sí o por conducto de su representante o apoderado legal en términos de los diversos 10 y 11 de la Ley de Amparo. La firma electrónica (FIREL), por su parte, es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta. Luego, el ejercicio de la acción de amparo por vía electrónica, también debe regirse por el mismo principio que impera para la presentación de la demanda de amparo por escrito, es decir, que el juicio se siga siempre a "instancia de parte agraviada", pues la implementación del Sistema Electrónico y la utilización de la firma electrónica, de ninguna manera implicó soslayar uno de los principios rectores del juicio, como lo es el de "instancia de parte agraviada", salvo cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la propia Ley de Amparo. Esto es, la demanda de amparo que se presente través de la modalidad de "juicio en línea", debe ineludiblemente ser firmada electrónicamente por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado, excepción hecha en los aludidos casos. Por tanto, tomando en consideración que en el escrito de demanda presentado a través del Portal de Servicios en Línea no obra la firma electrónica (FIREL) de la directa quejosa Diana Eunice Hernández Jiménez, se constata que no expresó su voluntad para dar trámite a la presente demanda, sin que sea el caso prevenirlo en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de una irregularidad que sea susceptible de subsanarse, ya que al no contener la firma autógrafa en original no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte. Apoyo lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, abril de 2019, Tomo I, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." En ese orden, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues como se adelantó, no se advierte expresada la voluntad de quien aparece como promovente para darle trámite a la demanda, es decir, no hay instancia de parte respecto de quien se dice promueve en nombre propio, y no se ubica en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, último párrafo, y 109 de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de presentar una demanda de amparo sin firma electrónica del directo quejoso cuando se promueve el amparo en los términos del diverso 15 de esa ley. Dicho numeral dispone que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad, en cuyo caso el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado y, logrado esto, lo requerirá para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Sin embargo, en el caso no se actualiza el supuesto de excepción a que se ha hecho referencia, pues el acto reclamado a las autoridades responsables, no encuadra en alguno de los actos que el legislador prescribió en ese artículo 15 de la Ley de Amparo, ni en el numeral 22 constitucional. En tales condiciones, al no satisfacerse el principio de "instancia de parte agraviada", ni actualizarse algunos de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, la cual resulta manifiesta e indudable atendiendo a las razones que anteceden. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Sin que pase inadvertido que la demanda fue firmada electrónicamente por el promovente **** y que a dicha demanda se adjuntó copia de un documento privado donde la quejosa ***, otorga ante dos testigos poder de abogado, defensor privado, apoderado, mandatario y representante legal al citado promovente; sin embargo, tal documento no es idóneo para promover en su nombre la demanda de amparo, pues en primer lugar, para que pueda fungir como su apoderado o representante legal se requiere poder general para pleitos y cobranzas con la facultad de promover amparo, es decir, algún instrumento elevado ante un fedatario público en el cual se le haya conferido poder suficiente como en el caso nos interesa y, en segundo lugar, para reconocerle el carácter de defensor particular, dicho reconocimiento debe tenerlo ante la autoridad responsable dentro del expediente en el cual se haya dictado el acto reclamado y así establecerlo de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Aparo, lo que en el caso no acontece.
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