DIANA IRIS MAHE LAVOIGNET y Otros.
Expediente 459/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 55 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 459/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 55
- Última actuación
- 21/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- DIANA IRIS MAHE LAVOIGNET y Otros.
- Diana Iris Mahe Lavoignet
Actuaciones
Las 4 más recientes de 55.
- Principal
Por recibido el oficio procedente de la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, en atención a su contenido, como lo solicita y tomando en consideración que en auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se acordó lo conducente al destino de los tomos que fueron remitidos en el asunto en que se actúa. Devuélvanse a su lugar de procedencia los legajos de constancias aludidas, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de constancias entregadas, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia que negó la protección constitucional; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió constancias; devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del asunto y considerando que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, el ambiente o gestión ambiental; que no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de temas de trascendencia jurídica, política, social o económica, el juicio de amparo no es de relevancia documental. ...; el sumario es susceptible de depuración, porque se negó la protección constitucional. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ..., se estima que es susceptible de depuración, porque se concedió la suspensión provisional y definitiva; por lo que, una vez que transcurran más de cinco años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. No obra documento en términos del numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario encargado de la tramitación del expediente, revisó e hizo constar que la versión impresa de este último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado paro los efectos legales conducentes. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 459/2020 ...; procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver el juicio de amparo 459/2020, promovido por ..., por propio derecho y como curatriz de ..., contra actos de la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, la quejosa promovió demanda de amparo contra una sentencia emitida por la citada Sala, alegando violación a los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por turno la demanda se radicó en este Juzgado de Distrito, donde previa aclaración, se admitió el veintitrés de octubre de dos mil veinte. En ese auto, se dio intervención al Representante Social de la Federación adscrito, se pidió informe con justificación; se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, ..., de la Constitución Federal; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 y 107; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un proceso, seguido ante un *** con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: De la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la sentencia de tres de agosto del dos mil veinte, dictada por la Cuarta Sala Familiar de esta Ciudad, en el toca 1023/2018, emitida en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo indirecto 559/2019 del índice de este juzgado. En dicha resolución, la Sala "modificó" la interlocutoria de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, emitida en el incidente de remoción de curatriz, deducido de juicio intestamentario 386/2013 y su acumulado 472/2013 del índice del Juzgado Décimo Segundo Familiar de la Ciudad de México, para decretar la separación de la quejosa respecto de dicho cargo, ordenando nombrar una nueva. TERCERO. Existencia del reclamo. En su informe, la Sala responsable aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas enviadas, que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes procesales del acto reclamado. Previo a fallar lo que en derecho corresponde, se relacionan los antecedentes del caso, de acuerdo a su secuela impugnativa. I. En sentencia de diez de diciembre de dos mil trece, se resolvieron las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas, en los términos siguientes: "PRIMERO. Han procedido las presentes diligencias de Interdicción, en consecuencia; SEGUNDO. Se declara el Estado de Interdicción de ... TERCERO. Se designa como Tutriz y Curatriz Definitivos de la Interdicta, a las CC. ..., RESPECTIVAMENTE, personas a las que se les hará saber su nombramiento para los efectos de aceptación y protesta del cargo conferido. CUARTO. Quedando obligados la Tutriz y la Curatríz a comparecer en términos de lo dispuesto por los artículo 910 del Código de Procedimientos Civiles y a dar cumplimiento a lo ordenado por los artículos 546 y 590 del Código Civil. QUINTO. Mediante Oficio hágase del conocimiento del Consejo Local de Tutelas el contenido del presente fallo."... II. El nueve de marzo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite el incidente de remoción de curatriz y se ordenó notificar personalmente a **** . III. El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se dictó la sentencia correspondiente a la primera instancia conforme a los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO: Fue procedente la substanciación del presente incidente, en donde el actor incidentista no acreditó su acción y la demandada incidentista justificó sus defensas; en tal virtud. SEGUNDO. - Se ABSUELVE a la señora ... de las prestaciones que le fueron reclamadas, por los motivos expuestos en el considerando IV de esta resolución. (.)" IV. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de apelación que fue resuelto el veintitrés de abril de dos mil diecinueve en el toca 1023/2018, confirmando la decisión primigenia. V. Contra dicha determinación, ... promovió juicio de amparo indirecto del cual conoció este órgano en el expediente 558/2019, donde el doce de noviembre de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional al demandante, para los siguientes efectos: "A) Deje insubsistente la sentencia reclamada emitida el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, en el toca 1023/2018. B) En su lugar, dicte otra con plenitud de jurisdicción, donde resuelva la litis de apelación contestando los agravios que dejó sin respuesta conforme a esta sentencia." VI. El veintiocho de enero de dos mil veinte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito informó que causó estado el proveído que desechó el recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente descrito, con lo que inició el procedimiento de ejecución de amparo. VII. El tres de agosto de dos mil veinte, la Sala dictó un nuevo fallo en cumplimiento a la ejecutoria de amparo "modificando" la sentencia primigenia, para quedar en condena contra la hoy quejosa y ordenar la designación de nuevo curador. Este fallo constituye el acto reclamado. VIII. El diecisiete de septiembre de dos mil veinte se dictó el auto que decretó el cumplimiento a la sentencia dictada por este órgano, considerando para tal fin el fallo de la Sala, emitido el tres de agosto de ese año; y dicho auto se declaró firme el tres de diciembre siguiente. QUINTO. Procedencia. La procedencia del juicio de amparo se estudia aún de oficio, antes de abordar las cuestiones de fondo, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. Sin perjuicio de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ya dictó sentencia en el recurso de queja Q.C. 35/2021, (desestimando las causales relativas a la extemporaneidad, actos dictados en ejecución de amparo y falta de interés, que hizo valer el tercero interesado, ***); en el presente caso, la diversa tercera, también invocó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, dado que el fallo reclamado deriva del cumplimiento a la ejecutoria del diverso juicio constitucional 558/2019. Esta causal debe desestimarse, considerando que en el fallo de este órgano emitido en el citado amparo indirecto otorgó libertad de jurisdicción a la Sala, por lo que el supuesto de improcedencia no es notorio o manifiesto dado que se requiere de un análisis en que se confronten los conceptos de violación con la nueva resolución, lo cual se apoya por analogía, en la jurisprudencia 2a./J. 83/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "AMPARO DIRECTO. NO ES MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, QUE EL ACTO RECLAMADO HAYA SIDO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, EN LA CUAL SE OTORGÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA PARA EFECTOS." Al no haberse invocado otra causa de improcedencia y al no advertirse una distinta de oficio como lo marca el artículo 62 de la Ley de la materia, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa aduce que el acto reclamado es contrario a la Constitución Federal por lo siguiente: a) De ninguna manera la Sala tomó en consideración los antecedentes de hecho a favor de ..., cuando su situación es de inequidad y desventaja frente a los intereses del apelante, agravada ante la conducta de la autoridad. b) El fallo atenta contra los principios constitucionales de seguridad jurídica, debido proceso, legalidad, protección más amplia a las personas (principio pro persona) respecto del artículo 458 del Código Civil para la Ciudad de México; y acceso a la justicia -al efecto invoca la normativa internacional conducente y aspectos de doctrina sobre este derecho fundamental-; pues se omitió justificar la remoción del cargo de curatríz que detentaba la quejosa, impulsando las actividades económicamente lesivas de los terceros interesados, que la han dejado en desventaja social, que encubren deficiencias procesales e impiden concluir el juicio ... c) La quejosa ha desempeñado con gusto el cargo de curatríz sin ser carga económica, pues ha renunciado voluntariamente a cualquier emolumento; lo que se deja de ver en detrimento de ...a quien se ha procurado por más de siete años en todas sus necesidades, constituyendo una red de apoyo familiar, sin evidencia de agravio para ella. d) No hay razón para remover a la quejosa del cargo de curatríz y hacerlo ningún beneficio reporta a ..., cuando se ha ejercido el cargo sin impugnaciones desde su otorgamiento. Enfatiza la demandante que no se justificó la aplicación del artículo 458 del Código Civil para esta ciudad, y señala que esta disposición fue diseñada con modelos de "incapacidad" que se encuentran superados, por lo que su actualización al caso fue mecánica e irreflexiva. Asimismo, indica que la Sala debió resolver con perspectiva de género. Decisión. Los conceptos de violación son infundados e inoperantes. En efecto, son infundados los argumentos dirigidos a señalar que se violentaron los derechos fundamentales de debido proceso y acceso a la justicia, ya que de los autos de origen se aprecia que previo a la emisión de la sentencia reclamada, se siguió un procedimiento judicial donde la quejosa participó y que culminó con sentencia que fue objeto de apelación, recurso del cual se opuso al contestar agravios; y del que posteriormente se le enteró que hubo un juicio de amparo indirecto contra la sentencia de la Sala. Por lo cual, contrario a lo que indica, sí se respetó el principio de certeza jurídica y se observaron las formalidades del proceso; además, no se le violentó en cuanto a su acceso a la justicia, pues participó en la contienda y ahora presentó un juicio constitucional en contra de la resolución. Lo anterior tiene sustento en la tesis jurisprudencial 1a./J. 11/2014 (10a.) de la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, en Materia(s): Constitucional, Común, que dispone: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Sin que sea impedimento a lo anterior, que el fallo final no fuera acorde a sus intereses, ya que el hecho de que no se le otorgue la razón, disocia del alcance del derecho fundamental del artículo 17 del Pacto Federal, ya que esta prerrogativa protege primordialmente que se acceda a la jurisdicción, se obtenga una resolución a un problema jurídico, y dado el caso, que ésta se ejecute; más no significa que se deba acoger, en todo caso, la pretensión o defensa planteada. Ello, como se aprecia del criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), que establece: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales." Por otra parte, también son infundados los señalamientos donde la quejosa cuestiona la legalidad del acto reclamado ante la ausencia de una reflexión más profunda (no mecánica) para resolver y la falta de justificación de la aplicación del ordinal 458 del Código Civil para esta ciudad, así como la conveniencia de su permanencia en el cargo. El principio de legalidad se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales se considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, para justificar el sentido de la decisión. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." En el caso, la decisión de la Sala se ajusta al principio de legalidad, dado que la autoridad sí advirtió la aplicabilidad de la norma que citó para resolver el caso, y argumentó en el sentido de que su finalidad es evitar una colisión de intereses entre familiares que puedan afectar al pupilo; al efecto, atendió a lo siguiente: a) La relación de constancias desde el nombramiento de la quejosa como curatríz, y el alcance del artículo 904, fracción III del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, del que se obtiene que lo que éste regula son los casos de cargos interinos, esto, para el solo efecto de que tomen decisiones de carácter urgente; y para el caso de los tutores y curadores definitivos debe acudirse al diverso artículo 458 del Código Civil para esta ciudad, que establece que los cargos no pueden desempeñarse por persona que tengan parentesco entre sí. b) En el caso, ... y ... son madre e hija, de acuerdo al atestado de nacimiento de la segunda, de ..., por lo que es claro que debe designarse una nueva curatríz, en términos de lo que marca el artículo 458 de la ley civil citada. Y al efecto invocó el criterio intitulado: TUTOR Y CURADOR. PARIENTES QUE NO PUEDEN DESEMPEÑAR TALES CARGOS. c) Explicó la autoridad que el objeto de estas disposiciones es controlar los nombramientos y funciones definitivos de tutores y curadores atendiendo a su naturaleza y velar por los intereses del pupilo y vigilar el correcto desempeño de las conductas del tutor, para evitar que se llegue a acuerdos que puedan afectar al tutelado o complicidad por el parentesco. Por lo tanto, se aprecia que la autoridad identificó el problema jurídico a resolver, citó las normas aplicables para construir una premisa jurídica, diferenciando los efectos y etapas para nombrar representantes provisionales y definitivos, subsumió las premisas de derecho a los eventos fácticos (el vínculo familiar directo entre madre e hija, como tutriz y curatríz) y explicó las causas por las cuales era aplicable el artículo 458 de la Ley Civil para esta ciudad, en tanto que se pretende evitar en el fondo, un conflicto entre los intereses de dos familiares a cargo de un pupilo. Esta situación es acorde a la redacción de dicho numeral y del que se entiende, que pretende que el protegido no sea puesto en una posible situación de abuso, de modo que la norma consagra una presunción iuris et de iure para evitar la generación de eventos que pudieran llegar al escenario negativo que el legislador pretendió evitar para que los pupilos no se vean afectados; máxime si su representación dependerá de otras personas, impidiéndoles una defensa propia. Para evidenciar el alcance de la citada presunción, se invoca por analogía y atendo a su contenido, se invoca la tesis, con Registro digital: 228874. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, de la Octava Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, página 570, que dispone: "PRESUNCIONES Y FICCIONES LEGALES. LA FUNCION Y APLICACION DE ESTAS TECNICAS EN MATERIA TRIBUTARIA. En el sistema mexicano es frecuente la presencia de construcciones jurídicas que entendidas ya como presunciones legales de pleno derecho (iuris et de iure) ya como ficciones, sirven al legislador en su tarea de frustrar los mecanismos de fraude a la Ley Tributaria, tanto en su dinámica de evasión como en la de elusión. Las presunciones absolutas suponen el enlace establecido por su autor entre un hecho conocido y otro que aunque se desconoce debe reputarse existente para efectos de la ley, por ser realmente posible o probable su realización cuando así lo demuestren las máximas de la experiencia y el conocimiento del mundo fáctico sobre el que se pretende actuar. Desde un ángulo sustantivo más que probatorio, se advierte una ficción jurídica cuando su autor recoge datos de la realidad y los califica jurídicamente de un modo tal que, violentando conscientemente su naturaleza, crea un concepto de verdad legal (artificial) distante de coincidir con la realidad. En ambos casos, la aplicación de las normas reguladoras de estas figuras representa para los contribuyentes un efecto irrebatible dispensado de toda prueba adicional, justificado por la necesidad de resolver la incongruencia entre la realidad jurídica y la realidad económica a cuya coincidencia aspira la justicia tributaria." De ahí que más allá de la conducta de la quejosa, el inobjetable desempeño de su función, su buena disposición para seguir al cuidado de los intereses de ***, o incluso el modelo que se sigue para atender jurídicamente los aspectos sobre capacidad de las personas; debe considerarse que la ley civil aplicable al caso -cuya constitucionalidad no se combate, establece una restricción para que dos familiares funjan en el desempeño simultáneo de tutor y curador, y lo cual, se diseña legalmente en beneficio del pupilo, ante una presunción de pleno derecho que busca evitar un futuro o posible escenario de vicisitudes. Sin que sean inadvertidos para el suscrito los señalamientos que hace sobre el acceso a la justicia, el recurso judicial efectivo, o el principio pro persona, apoyado en el sistema potencializado de defensa a los derechos humanos derivado de la reforma de once de junio de dos mil once; sin embargo, estas manifestaciones no son impedimento para resolver en el sentido en que se hace, pues los derechos humanos en sí mismos, ni los deberes que emanan del sistema proteccionista propio del artículo 1º Constitucional, implica que necesariamente las pretensiones deban calificarse favorablemente, cuando existen razones jurídicas válidas y suficientes para desestimarlas, como son las expuestas. Al respecto se invoca por analogía la tesis jurisprudencial 1a./J. 104/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época con registro: 2004748; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, en Materia(s): Constitucional, página: 906, cuyo rubro y texto son: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. En diverso aspecto, tampoco asiste la razón a la impetrante en cuanto a que la Sala responsable omitió hacer un análisis con perspectiva de género. Ello, porque el fallo reclamado deriva de una concesión de amparo en donde dicho tema no se contempló; pero más allá de eso, el tema jurídico a definir radica en la prevalencia del nombramiento de curatríz, no así una cuestión inherente a la esfera de derechos personales de la quejosa -vistos en lo individual- donde su posición hubiese sido un factor determinante para la decisión. Luego, el tema de igualdad entre las partes o una situación definida por su género no es sobre lo que descansa la ratio decidendi de la Sala responsable, sino en la aplicación al caso de una disposición legal que opera en beneficio de los pupilos para evitar posibles confabulaciones en su perjuicio, consignados en una norma con presunción iuris et de iure. De ahí que, aun cuando la Sala omitió pronunciarse examinando los pasos del juzgamiento con perspectiva de género, tal ausencia no se traduce en una violación a los derechos de la quejosa, pues este instrumento lo que busca es eliminar situaciones de inequidad que impidan un acceso efectivo a la justicia, sin embargo, fueron otros tópicos los determinantes para el sentido de la decisión. Finalmente, son inoperantes los señalamientos respecto de las conductas de sus contrarios respecto de los daños patrimoniales que ocasionan, la posición de desventaja en que la han puesto y los retrasos procesales que han ocasionado, pues ello no es objeto del acto reclamado, que se ciñe a la prevalencia del nombramiento de curatríz. Esto es, las conductas propias de las partes procesales en litigio, escapan del objeto del juicio constitucional que se rige por el artículo 1º de la Ley de Amparo, por lo que los conceptos de violación que descansan sobre esa postura, deben desestimarse. Al respecto se cita por analogía la tesis de jurisprudencia IV.3o.C. J/1, con registro: 178228. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, en Materia(s): Común, Página: 655, que intitulada: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL." Así, se concluye que los conceptos de violación son infundados e inoperantes, y lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a .., por propio derecho y como curatríz de ..., contra actos de la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México, por las razones precisadas en este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.
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