Diana Guadalupe Peña Avalos
Expediente 1862/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1862/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- Diana Guadalupe Peña Avalos
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Civil de Cuantía Menor de Toluca, Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente electrónico y físico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1862/2023-III. Por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo presentada por la aludida parte quejosa, en contra de la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento dictada en contra de Claudia María Candelaria Avalos García, en el inmueble ubicado en Prolongación Santos Degollado 741 A casa 3, Colonia Doctores, Código Postal 50060, Toluca, Estado de México, y su ejecución; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, y la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de la presente determinación. Asimismo, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, por separado y como cuaderno único, con copia de la demanda de amparo, fórmese el incidente de suspensión, por así haberlo solicitado la parte quejosa. De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las trece horas del veintiocho de diciembre del dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En otro contexto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio de notificación, solicitándoles privilegien el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe, de conformidad con el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, lo cual podrán realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a las responsables para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también les será aplicada en el supuesto de que no rindan su informe dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberán enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este Juzgado de Distrito, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado de Distrito; apercibidas que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberá hacer comunicación alguna. Por otra parte, resérvese acordar lo conducente a la notificación de la presente determinación a quien o quienes les pudiera recaer el carácter de terceros interesados, hasta en tanto obre en autos del presente juicio, tanto el informe de las responsables, como las constancias generadoras del acto que se reclama y así estar en aptitud de obtener los domicilios necesarios para tal efecto. Luego, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su demanda de amparo; asimismo, tocante al correo electrónico y número telefónico señalados, se toma conocimiento. De igual forma, se tienen como autorizados en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo a ********************, y ********************; limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Se sustenta lo anterior por identidad jurídico-procesal, en la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Por otra parte, la quejosa ofrece como prueba lo siguiente: 1. Contrato de arrendamiento celebrado entre ******************** como arrendador, y con la aquí quejosa ********************, como arrendataria. En ese sentido, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, respecto de las copias certificadas que solicita de la suspensión provisional, se ordena dar cuenta con dicha petición en el incidente de suspensión correspondiente. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
- Incidental
Toluca, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con una copia simple del escrito inicial de demanda, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1862/2023-III, promovida por Diana Guadalupe Peña Avalos, por propio derecho, contra actos del Juez Civil de Cuantía Menor de Toluca, Estado de México y otras autoridades. Con apoyo en lo preceptuado por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto una copia simple de la demanda de amparo; en él se concretarán a expresar si son ciertos los hechos que les atribuye el quejoso y que determinan la existencia de los actos reclamados y, en su caso, la cuantía del asunto, pudiendo agregar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Solicitándoles que de no existir inconveniente legal alguno, rindan el informe solicitado privilegiando el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe previo; lo cual podrán realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, ello a fin de resguardar la integridad y salud del personal a su cargo, de los justiciables y de los servidores públicos adscritos este recinto judicial. Se apercibe a las responsables que en caso de ser omisas en rendir su informe previo, se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión; además, se harán acreedoras a una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos legales 238 y 260, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos preceptos legales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se señalan las diez horas con veinte minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Ahora bien, debe puntualizarse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128 y 129 de la Ley de Amparo, de los cuales se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, además, debe atender a la naturaleza de la violación alegada. En ese contexto legal, una prerrogativa del quejoso destaca que el estudio que debe realizarse atendiendo a la naturaleza de la violación alegada no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, a valorar si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de las quejosas, o más bien incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio no se le había conferido legalmente. Ante tal exigencia constitucional, a fin de pronunciarse respecto a la procedencia de la suspensión del acto reclamado y previo al análisis de si el otorgamiento de la suspensión causaría perjuicio al interés social o contravendría disposiciones de orden público, debe verificarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esa medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del que debe partir el estudio de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del peticionario de amparo, pues de lo contrario, de no constatar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. En el caso a estudio, el acto reclamado materia del presente incidente de suspensión, se hace consistir en: La orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento dictada en contra de Claudia María Candelaria Avalos García, en el inmueble ubicado en Prolongación Santos Degollado 741 A casa 3, Colonia Doctores, Código Postal 50060, Toluca, Estado de México, y su ejecución. En tal virtud, con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, respecto a la emisión del acto reclamado dictado en el expediente del índice de las responsables, lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada, atendiendo a que reviste el carácter de consumado y contra actos de esta naturaleza no es procedente conceder la medida cautelar, tomando como punto de partida el hecho de que la consumación de un acto se surte cuando éste ha sido real y materialmente ejecutado por la autoridad a la que se le atribuye, pues de concederse tal medida, este Juzgado de Distrito estaría dando a la medida suspensional, efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que llegare a dictarse en el juicio principal; pues de concederse la protección de la justicia federal, el efecto sería el de reponer a la quejosa en el goce de su derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia II.3o. J/37, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, número 60, diciembre de 1992, a página 51, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." No está por demás señalar que en el incidente de suspensión no es factible analizar cuestiones de fondo, ya que al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha puntualizado que lo resuelto en el incidente de suspensión no influye en el juicio principal, dado que cada uno goza de autonomía e independencia, siendo en el juicio constitucional, donde deban ventilarse todas las cuestiones que se relacionen con dicho fondo, según se aprecia del contenido de la tesis 3a. LXXI/92, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 155, Tomo X, agosto de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro: "SUSPENSIÓN, INCIDENTE DE, LA RESOLUCIÓN QUE SE DICTA EN EL CUADERNO PRINCIPAL ES INDEPENDIENTE DE LA QUE SE DICTA EN AQUÉL. No existe vinculación jurídica entre la resolución que se dicta en el juicio principal y la que se pronuncia en el incidente de suspensión, pues ésta última se pronuncia en el cuaderno incidental que se tramita por duplicado y cuerda separada, en los términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, y sólo resuelve la cuestión relativa a la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, y, en su caso, sobre la existencia de materia en dicho incidente, en los términos de los artículos 131 y 134 de la citada Ley, sin que en tal incidente de manera alguna se traten cuestiones relativas a la procedencia del juicio constitucional o al fondo de la cuestión controvertida, que son propias del expediente principal. Por tanto, siendo el incidente de suspensión una institución creada con el objeto de preservar, en su caso, la materia del amparo, el Juez de Distrito no tiene porque quedar vinculado o apoyarse a lo resuelto en la interlocutoria dictada en el incidente de suspensión, para emitir el fallo correspondiente al fondo del asunto." Respecto a las consecuencias del acto reclamado, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de la materia, se niega la suspensión provisional solicitada, toda vez que si bien la quejosa solicita la medida cautelar y que con su concesión no se transgreden disposiciones de orden público ni de interés social, lo cierto es que no se advierte que con la ejecución de tales actos se causen perjuicios en su esfera jurídica, pues no demostró cuando menos indiciariamente, su interés suspensional para obtener la medida cautelar, pues si bien exhibe contrato de arrendamiento celebrado entre Edmundo Alfredo Cano Piña como arrendador, y con la aquí quejosa Diana Guadalupe Peña Avalos, como arrendataria, respecto del bien inmueble sobre el cual, en su caso, se ejecutaría la orden que reclama, y hace la precisión de que los bienes muebles que se encuentran en el interior de ese domicilio, pertenecen a la quejosa, y no a la persona a la cual se libró la orden materia del presente juicio; en primer término, se aprecia que la orden misma no se encuentra dirigida a su persona; asimismo, no pretende defender el inmueble en cuestión (pues así lo indica), sino únicamente el menaje que contiene, respecto de lo que no exhibe documento alguno del cual se advierta que tiene un derecho sustentado en una causa legal respecto de los bienes muebles que refiere se encuentran en dicho inmueble; esto es, no acredita tener un derecho real frente a los bienes muebles que defiende en el presente sumario, y con ello, acreditar el mencionado interés en la medida suspensional solicitada. Tomando en cuenta lo anterior, aunado a que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa acude a la presente instancia en su carácter de tercera extraña al juicio de origen y, por tanto, tiene la obligación de acreditar el interés jurídico necesario para que sea protegido con la medida cautelar que solicita; de ahí que, se insiste, en la especie no surte la hipótesis prevista en el artículo 131 de la Ley de Amparo. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 4/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 515, Tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2009, Novena Época, con número de registro 167346, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." Asimismo, resulta aplicable la Jurisprudencia, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 225, Tomo VIII, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, julio de 1991, Octava Época, con número de registro 222334, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA OBTENERLA ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA INDICIARIA EL DERECHO CUYA TITULARIDAD SE INVOCA. Para el otorgamiento de la suspensión provisional, se requiere que el quejoso en el juicio de garantías demuestre, cuando menos en forma indiciaria, que es titular de algún derecho, sea propiedad, posesión, etcétera. En caso contrario debe concluirse que no surten los requisitos de procedencia que establece el artículo 124, fracciones I y III, de la Ley de Amparo; pues, en primer lugar, no se tiene la certeza de quien solicita la suspensión sea "agraviado"; y, además, tampoco se puede afirmar que la ejecución de los actos reclamados le cause daños y perjuicios de difícil reparación." También, es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/1, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, Abril de 1995, página 107, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN PEDIDA POR EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO. Los extraños a un juicio deben probar, aun cuando sea de una manera presuntiva, el interés que tienen en que se suspenda el acto reclamado y si no lo hacen así, la suspensión debe negarse." Asimismo, no es óbice para lo considerado, que la peticionaria de amparo narre los antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad, toda vez que ello es un requisito formal de la demanda de amparo, pero no implica que con ello se acredite su interés suspensional. Luego, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su demanda de amparo; asimismo, tocante al correo electrónico y número telefónico señalados, se toma conocimiento. De igual forma, se tienen como autorizados en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo a Marcelino Velázquez Martínez, Vicente Sánchez Hernández, y Marco Antonio Rodríguez Santana; limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Se sustenta lo anterior por identidad jurídico-procesal, en la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Por otra parte, respecto de las copias certificadas solicitadas por la parte quejosa, con fundamento en lo preceptuado en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídanse en un tanto, lo anterior es así, pues la expedición de más de un juego de copias certificadas está condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante, es decir, la petición debe acompañarse de las razones por las cuales quien las requiere ocupa más de un tanto para ser acordada favorable; lo que en el caso no acontece, razón por la cual se provee en los términos precisados. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
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