Diana Berenice Cruz Mejía

Expediente 1270/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1270/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Diana Berenice Cruz Mejía

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de septiembre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por otro lado, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso d), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se procederá a su destrucción. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que en proveído de seis de julio de dos mil veintidós, se acordó necesario recabar los dictámenes médicopsicológicos y de mecánica de lesiones, realizados bajo los lineamientos del Protocolo de Estambul, por un perito autónomo e independiente a la autoridad responsable, que ayude a determinar el origen de las lesiones que presentó el quejoso Carlos Alberto Castillo Vargas o Mario Alfonso Rodríguez Vargas, y el diecisiete del mes y año en curso, se requirió a Martha Liliana García Rodríguez, Perito Profesional Ejecutivo "B", adscrita a la Especialidad de Medicina Forense, para que compareciera mediante escrito a aceptar y protestar el cargo conferido. Asimismo, vista la comparecencia de cuenta, mediante la cual Laura Gabriela Fararoni González, aceptó y protestó el cargo de perito oficial en materia de psicología forense; por tanto, requiérase a la citada experta de referencia, para que dentro del plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, rinda su dictamen respectivo; hecho lo anterior, comparezca al local de este Juzgado de Distrito a ratificar el mismo. Ahora bien, de la comparecencia de cuenta se obtiene que la citada perito señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico control.periciales@fgr.org.mx; asimismo, proporcionó un número de teléfono; en ese sentido, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico referido; en el entendido de que éste, únicamente será mientras subsista la contingencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y con la finalidad de privilegiar el uso de medios electrónicos; y una vez levantada dicha contingencia se procederá a realizarse las notificaciones en los términos que establece la Ley de Amparo; además, se toma conocimiento del número telefónico proporcionado. En consecuencia, a fin de integrar correctamente el presente juicio, la audiencia constitucional se difiere, y para su verificativo se fijan las diez horas con treinta minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós.

  3. Principal

    SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECIOCJO DE AGOSTO DE 2022, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL 22 AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL ES DEL DEL TENOR SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Diana Berenice Cruz Mejía, por propio derecho, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1270/2022-I. Cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. Por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión de la quejosa está encaminada a reclamar el acto que se hace consistir en: La omisión de radicar y emplazar a juicio a la demandada en el expediente laboral 1931/2022, del índice de la autoridad responsable. Tan es así que en los hechos que narran en el apartado de antecedentes y en los conceptos de violación que hace valer, van encaminados a reclamar el acto antes descrito. En consecuencia, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de tal manera, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la falta de radicación del escrito inicial, así como la omisión de emplazar a la parte demandada. Sentado lo anterior, este juzgador advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [...]" En efecto, la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, el artículo 107 constitucional establece como una de las bases del juicio de amparo, que cuando éste se promueve contra actos emitidos dentro de juicio, sólo procede si son de "imposible reparación". El artículo 107 de la ley reglamentaria define qué debe entenderse por actos de tal naturaleza, al establecer que tienen tal carácter aquéllos que violen derechos sustantivos. Es aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J.33/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia (Común, Laboral), Decima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que reza: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." De esta manera, para que se considere que un acto tiene tal carácter es necesario que los actos reclamados incidan en bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas y además, que la afectación sea actual, es decir, que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el juicio de amparo es improcedente contra omisiones aisladas dentro de un procedimiento, salvo que se advierta que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. De igual manera, es aplicable al caso la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, visible en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia Constitucional, Común, Decima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Así, toda vez que la quejosa se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alega violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, en el presente caso, la falta de radicación del escrito inicial, así como del emplazamiento de la parte demandada, de conformidad con la lectura íntegra de su demanda de amparo. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Esto, tomando en consideración que, la quejosa Diana Berenice Cruz Mejía, reclama la omisión de radicar y emplazar a juicio a la demandada en el expediente laboral 1931/2022, del índice de la autoridad responsable, y que en el apartado de hechos refiera que la demanda inicial fue presentada el diecinueve de abril del presente año, y la demanda de amparo, se presentó el diecisiete de agosto del mismo año, por lo que a la fecha de la referida presentación de la demanda, únicamente habían transcurrido ciento diez días a partir de que la autoridad responsable tuvo que dar cumplimiento al artículo 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; por lo tanto, no se advierte una abierta dilación o paralización del procedimiento que dé lugar al caso de excepción a efecto de tornar procedente la presente instancia constitucional. Para sustentar lo anterior, es preciso traer a colación los artículos 229 y 204 A de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 229.- El Tribunal o la Sala dentro de tres días siguientes a la presentación de la demanda, prevendrá al actor para que en el plazo de tres días corrija su demanda por ser obscura e imprecisa, en caso de que no lo haga se tendrá por ratificada. Asimismo, cuando el actor sea el servidor público o sus beneficiarios podrá aclarar, modificar o enderezar la demanda por una sola vez en un término de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la demanda, para el caso de no hacerlo se le tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad. Admitida la demanda y el escrito de pruebas se correrá traslado de ella a la parte demandada, así como de las pruebas, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, emplazándola para que la conteste dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente del emplazamiento, ésta deberá contener copia cotejada de la demanda y de los acuerdos que le recayeron, apercibiéndolo que para el caso de no contestarla en el término señalado se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas ofrezca pruebas en contrario con las que acredite que el actor no era servidor público, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda. [.]." "Artículo 204 A. Operará la declaratoria de la caducidad de la instancia, cualquiera que sea el estado del procedimiento desde el primer auto que se dicte en el mismo hasta la emisión del laudo, si transcurridos ciento veinte días contados a partir de la notificación de la última determinación del Tribunal o la Sala no hubiere promoción que tienda a impulsar el procedimiento por la parte actora, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento. Para los efectos del párrafo anterior, el Tribunal o la Sala notificará a las partes a una audiencia, en la que después de oírlas y recibir las pruebas que ofrezcan, que deberán referirse exclusivamente a la procedencia o improcedencia de la caducidad, dictará resolución." De lo anterior, se colige que el Tribunal o Sala dentro de los tres días siguientes a la presentación de la demanda, puede prevenir al actor para que en el plazo de tres días corrija su demanda por ser obscura e imprecisa, asimismo, que admitida la demanda y el escrito de pruebas se correrá traslado de ella a la parte demandada, así como de las pruebas, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, emplazándola para que proceda a contestarla. Asimismo, que la propia ley, aprueba un plazo de inactividad del juicio relativo a ciento veinte días contados a partir de la notificación de la última determinación del Tribunal o la Sala, dentro del cual el mismo deberá ser impulsado. En ese sentido, tomando en consideración las narraciones de la quejosa, el plazo referido en el artículo 229 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, iniciaría a partir del veinte de abril del año en curso, y culminaría el veintinueve de abril posterior, luego entonces, a partir del día siguiente a esta data, deben de contarse los ciento veinte días a que se refiere el artículo 204 A del ordenamiento legal invocado, es decir que, a la fecha de la presentación de la demanda (diecisiete de agosto de dos mil veintidós), únicamente han transcurrido ciento diez días naturales de los ciento veinte establecidos; por lo tanto, se estima que, hasta este momento no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa. Así, la dilación reclamada por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado. En consecuencia, como la actuación que se reclama no reúne las características apuntadas, procede desechar la demanda intentada por la quejosa, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sensu. Pues se reitera, al momento de la presentación de la demanda de amparo, no había transcurrido el término de ciento veinte días que establece la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en su artículo 204 A, plazo durante el cual la ley tolera que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Sustenta lo anterior, la tesis XXVI.5 K (10a.), del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, Décima Época, visible a página 5157, que dice: "DILACIONES PROCESALES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS. EN CADA CASO PARTICULAR, LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, DEBE ANALIZARSE EN ATENCIÓN A LA FECHA EN QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE AQUÉLLAS DEBIERON PRONUNCIARSE LEGALMENTE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS, CONFORME A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA DE QUE SE TRATE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS.", sostuvo que, por lo que hace a la materia laboral, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, tomando en cuenta para ello, que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Así, siguiendo el criterio sostenido en la mencionada jurisprudencia, se concluye que en cada caso particular, dependiendo de la materia del asunto, deberá analizarse la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra las dilaciones presuntamente excesivas en que incurran las autoridades responsables en el dictado de proveídos, en atención a la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse éstas o diligenciarse los actos procesales respectivos, conforme a la ley aplicable a la materia de que se trate. Luego, deberá tomarse en cuenta el periodo máximo que la ley aplicable a cada caso concreto tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción de las partes contendientes, para dar impulso al procedimiento para su trámite, en el entendido de que si éste no se activa, la sanción procesal será la caducidad." Criterio que, incluso, así sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el recurso de queja QT-12/2022 de su índice. En diverso orden, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda y como autorizados en los términos que indica a las personas que refiere. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.

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