Diana Guadalupe Alvarez Canseco

Expediente 858/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
858/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/07/2022

Partes del expediente

  • Diana Guadalupe Alvarez Canseco
  • E.L. U. A.

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintidós de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; siete de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los presentes autos, el oficio de la autoridad responsable, mediante el cual, informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado en autos y remite copia certificada de las actuaciones que obran en el juicio de origen, mismas que se tienen por exhibidas para los efectos legales conducentes. Requerimiento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la oficiante, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que fenezca el plazo otorgado a la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, informe de su resultado; con el apercibimiento de que ante el incumplimiento o no manifestar impedimento, se hará acreedor de una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; cinco de julio de dos mil veintidós. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa *****, mediante el cual, solicita se apertura el incidente de suspensión en el presente juicio, sin mayor acuerdo, toda vez que mediante auto de cuatro de julio del año en curso, se desechó la demanda de amparo, por los razonamientos expuestos. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; cuatro de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por *********contra actos del Juez Primero en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 858/2022, y fórmese expediente. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar, crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo anteriormente citado, impone la obligación al juez de distrito de examinar, con todo detenimiento el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia, efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte, que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya, hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que el informe con justificación que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta, y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre, la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º, ambos de la Ley de Amparo. Los citados numerales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "[.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En efecto el primero de los preceptos reproducidos precisa que el juicio de garantías es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el artículo 6 de la ley invocada prevé el principio de agravio personal y directo, entendiéndose por agravio todo menoscabo u ofensa a la persona física o moral, menoscabo que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente; y debe recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, no ser abstracto, genérico; y debe ser de realización pasada, presente o inminente. Asimismo, el citado numeral refiere que el juicio de amparo únicamente se puede promover por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Es pertinente destacar que los gobernados pueden en todo momento acudir ante las autoridades de amparo a promover conforme a sus intereses convenga, debiendo para ello cumplir las formalidades que en el caso específico exija la ley, siendo uno de estos requisitos que debe hacerse por escrito, el cual para su validez es necesario que éste se encuentre firmado por el promovente, pues ningún efecto puede producir la gestión respectiva carente de firma, habida cuenta que éste constituye el signo personal característico de cada individuo, que lo distingue, incluso, identifica en cierto modo y es un requisito indispensable para conferir a cualquier promoción la calidad de genuina y por ende darle el curso legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sostenida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 214, en la página ciento cuarenta y seis, tomo VI, Séptima Época, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, que al tenor y rubro dice: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Ahora bien, en el caso que nos ocupa, del análisis efectuado al escrito de demanda, se advierte a simple vista que carece de la firma de la promovente *********, en virtud de que es copia simple del escrito de demanda, lo cual equivale a una ausencia total de voluntad por parte de quien supuestamente la suscribe para instaurar el juicio de garantías. De ahí que deba concluirse que no existe la manifestación de voluntad en el ejercicio del derecho que dice transgredido por parte del aludido promovente del amparo, bajo estas condiciones, la demanda en cuestión se trata de un acto inexistente. Tiene aplicación la tesis Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990, página 167: "DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR QUIEN LA FORMULA. Del escrito de demanda de amparo, así como de los que aparecen en diversas promociones en el juicio de primera instancia y en el toca de apelación, que fueron remitidos como justificación del informe, se desprende que las firmas que calzan estos últimos son notoriamente distintas a las que aparecen en la demanda de amparo, lo cual permite concluir que no fue el mismo quejoso quien firmó la demanda de garantías. En estas condiciones, dado que en el procedimiento escrito la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no sabe firmar, mediante la huella digital o la firma de otra persona a su ruego, es por lo que, ante la falta de firma o, como ocurre en la especie, que la firma que calza el escrito por el que se promueve el juicio de amparo, es notoriamente distinta a la del quejoso, no hay forma de saber si es voluntad de la persona cuyo nombre encabeza el escrito, hace valer las pretensiones que en él se deducen, máxime que en el caso el disidente omitió formular, oportunamente (esto es, antes de fenecer el término para la promoción), ante la responsable, un escrito en el que expresara el porqué firmó de manera distinta la demanda de amparo o, en su caso hiciera suyo su contenido, pues de otra forma, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos oportunos, para que después, en cualquier tiempo, subsanara la omisión de voluntad de promover, cuando esto debió ser oportuno.". De igual forma, es aplicable la tesis Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XIV, Noviembre de 1994, Tesis: VI. 2o. 692 K, página: 435. "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes.". Por ende, ningún efecto puede producir la gestión respectiva carente de firma autógrafa, pues, como ya se expuso, ésta constituye el signo personal característico de cada individuo que lo distingue, incluso, identifica, en cierto modo y es un requisito indispensable para conferir a cualquier promoción la calidad de genuina y por ende darle el curso legal. En consecuencia, si, en el caso que nos ocupa, el escrito en el que se hace valer la acción constitucional no cuenta con la firma autógrafa de la parte quejosa de mérito lo que acredita la ausencia de la manifestación de voluntad de quien pretendió suscribirlo, es evidente que no es posible atribuir la autoría de tal documento a Diana Guadalupe Álvarez Canseco, en representación del menor de iniciales E.L.U.Á., y en tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en el diverso 113 de la Ley en cita, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA EN CUESTIÓN POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 315, tomo X, Octubre de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." También es orientadora el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 241, tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia." Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa y por autorizados para esos únicos efectos a la persona que menciona y con las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo a *******, toda vez que se localizó registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema "juicio en línea", en términos del último párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, emitido el veintiocho de julio de dos mil diecinueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos del jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Habilitación días y horas inhábiles. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Finalmente se ordenan glosar las copias de traslado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.

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