Diana Gabriela Galindo Ortega
Expediente 1155/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1155/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Diana Gabriela Galindo Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; nueve de julio de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que las partes no recurrieron la sentencia dictada por este juzgado en la cual se negó el amparo y protección de la justicia de la unión; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. No se tramitó incidencia de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, ARCHÍVENSE LOS AUTOS COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de expediente principal. Hágase saber a las partes, que este expediente se encuentra en la hipótesis que establece el Artículo 18, fracción I, inciso b) del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales"; por lo que procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias, debiendo certificarse una vez que se cuente con los medios electrónicos, hecho lo cual, transcurridos TRES AÑOS, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental, que no constan documentos originales y que este expediente es susceptible de depuración. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 1155/2020 y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito recibido el uno de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, y remitido ese mismo día por razón de turno, a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, ************, por conducto de su apoderada legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra acto y autoridad que precisó en su demanda de amparo. SEGUNDO. TRÁMITE DEL AMPARO. Mediante proveído de dos de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 107, de la Ley de Amparo, 48 y 55 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado es atribuido a una autoridad que tiene su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, por lineamiento jurisprudencial, al análisis integral de la demanda de amparo. Conforme a las líneas de interpretación de la demanda y constancias que obran en autos, se advierte que en esencia se reclama: La omisión de la autoridad de tramitar el juicio laboral *********** en los plazos y términos que marca la Ley Federal del Trabajo, toda vez que, en auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, a decir de la quejosa, se fijó fecha lejana para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas (catorce de abril de dos mil veintiuno). TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, primero se analizará y determinará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se estudiaran las causas de improcedencia aducidas o sin serlo, se actualicen, y finalmente, de ser procedente el juicio, se analizará el fondo del asunto. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable, ya que al rendir su informe así lo manifestó. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Las partes no hacen valer causa de improcedencia y esta juzgadora no advierte de oficio que se actualice alguna de ellas; de modo que como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede ocuparse del fondo del asunto. QUINTO. ESTUDIO DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Es fundado el concepto de violación formulado por el impetrante de amparo. Ahora bien, previo a entrar al estudio del presente asunto, es preciso transcribir el artículo 17 de la Constitución Federal: "Artículo 17.- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." De su contenido se sigue que establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso; es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior se deriva que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional en consulta se advierte, que la expeditez debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. De igual modo, cabe destacar que el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, establece que el proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Por su parte, la fracción VIII, del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, en lo que interesa, fija que al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes (.). Expuesto lo anterior, y ya teniendo un conocimiento más exacto y amplio de la garantía de prontitud en la impartición de justicia y de la manera en que ésta se encuentra inmersa en la ley que regula el procedimiento natural, toca ahora analizar la situación del caso concreto. En ese sentido, se tiene que la responsable ha vulnerado el derecho de prontitud en la impartición de justicia dentro del juicio natural, toda vez que en el caso que nos ocupa, dejó de observar lo establecido en los mencionados preceptos legales, pues mediante auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, fijó las diez horas con treinta minutos del catorce de abril del año en curso, para el verificativo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del juicio laboral de origen, fecha que efectivamente se encuentra fuera del plazo establecido en el citado código obrero para tal efecto. Lo que provoca que se conculque el derecho subjetivo público de justicia pronta y expedita de la impetrante de garantías, que concede a los particulares una garantía de que la administración de justicia se imparta dentro de los plazos que al efecto establecen las legislaciones aplicables a cada materia, lo que permite advertir que resulta fundado el concepto de violación esgrimido sobre el particular. No obstante ello, resulta inoperante dicho motivo de inconformidad para los efectos que se persiguen, como a continuación se demostrará. La fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que la sentencia que conceda la protección de la Justicia de la Unión, tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como acontece en el caso concreto; pues la autoridad responsable ha señalado hora y fecha para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, fuera de los parámetros establecidos en el artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, aún y cuando el señalamiento de la fecha fijada, en auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, para el verificativo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, esto es, las diez horas con treinta minutos del catorce de abril del año en curso, excede el plazo dentro del cual debió fijarse, es de resaltarse, que se estima que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado, respecto del señalamiento lejano para la celebración de la citada audiencia, a través de la cual el tribunal excedió el plazo que tenía para fijarla. Ello se considera así, pues si se toma en consideración que la presente resolución se notificará a las partes el día hábil siguiente al de su dictado, que lo es el treinta de marzo del año en curso, se debe tener presente que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para inconformarse contra esta determinación, transcurriría en el orden que corresponde del cinco al dieciséis de abril de dos mil veintiuno (sin contar diez y once de abril, por ser inhábiles), por lo que al día siguiente se estaría en condiciones de pronunciar el acuerdo en el que se declare ejecutoriada la presente sentencia y en ese contexto, el veinte de abril próximo, se notificaría a la autoridad responsable dicha determinación a efecto de que conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, siguiente diera cumplimiento al fallo protector, estando obligada la autoridad responsable a emitir el acuerdo respectivo a más tardar el veintitrés de abril del año actual; y en consecuencia, a partir de esta fecha se encontraría en condiciones de señalar nueva fecha para celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, prevista en el artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, dentro de los diez días hábil siguientes, plazo este último que incuestionablemente, superaría la fecha combatida. Cómputo anterior que resulta suficiente para poner de manifiesto que ningún fin práctico tendría el hecho de que se conceda el amparo para el efecto de que la responsable deje insubsistente la hora y fecha ya fijada para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, a saber, diez horas con treinta minutos del catorce de abril del año en curso, en virtud de que para cuando se hiciera exigible el cumplimiento de la ejecutoria, el plazo que tendría para hacerlo superaría la fecha ya señalada, situación de la que se duele la parte quejosa; de tal suerte que como ya se precisó en líneas precedentes, de concederse el amparo para tal efecto, se daría pauta a la autoridad responsable, para que fijara una nueva fecha para el verificativo de la citada audiencia, aún más lejana, lo que desde luego implicaría un detrimento constitucional en perjuicio de la parte quejosa. Por tanto, es evidente que con ello de ninguna manera se conseguirá la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, como lo establece la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo; lo cual trae como consecuencia que el concepto de violación sea inoperante para el fin que fue propuesto, pues aún y cuando se concediera el amparo a la quejosa, ello le depararía mayor perjuicio. En consecuencia, al resultar ineficaces los conceptos de violación expresados, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicitó Diana Gabriela Galindo Ortega, ante el impedimento jurídico demostrado. SEXTO. PUBLICIDAD. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. En mérito de lo anteriormente fundado y con apoyo además en los artículos 61, 79, 74, 75, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***********, contra la autoridad y acto precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y fundamentos plasmados en el penúltimo de los mismos. SEGUNDO. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en acuerdo de diez de marzo del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable, con el que se dio vista a las partes, notificándose dicho auto por medio de la lista que se fijó en los estrados de este Juzgado Federal, el once de los actuales. En consecuencia, toda vez que la vista concedida se encuentra transcurriendo, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VENTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su desahogo. Ahora bien, notifíquese el presente acuerdo por lista a las partes, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional, no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que mediante la notificación personal son informadas en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio, cumple con tal exigencia, esto es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, y si entre ellos, no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle mediante lista. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; diez de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el informe justificado que rinde la autoridad responsable: - Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y en representación del Pleno, con sede en esta ciudad. En el que acepta la existencia del acto reclamado. Vista. Con dicho informe y anexo que acompaña, dése vista a las partes, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Relaciónese en la audiencia constitucional. Pruebas. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas las documentales que anexa en copia certificada, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Cita para consulta de expediente. Haciéndose la precisión que la parte quejosa en caso de considerarlo necesario imponerse de los autos, deberá programar una cita para la consulta del expediente y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal; ello con base al nuevo esquema de trabajo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, podrá proporcionar algún correo electrónico, para que en caso de así manifestarlo expresamente, se le de vista con los informes justificados y sus anexos. Domicilio y delegados. Asimismo, en términos de los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones los propuestos. Antecedentes. En otro aspecto, se tiene a la oficiante informando que no tiene registro de diverso juicio de amparo relacionado con el presente asunto. Personalidad acreditada. Finalmente, se tiene por allegada la constancia de la que se advierte la personalidad del promovente del amparo Eduardo Ixba Mena, como apoderado legal de la parte quejosa, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley de la materia, se le reconoce el carácter con que se ostentó al asunto que nos ocupa. Notifíquese.
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