Diana Estefanía Encampira Álvarez

Expediente 285/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
285/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/03/2023

Partes del expediente

  • Diana Estefanía Encampira Álvarez

Actuaciones

  1. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el auto del diez de marzo del año que transcurre, donde se desechó la demanda de amparo; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme dicho proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan tercero reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de marzo de dos mil veintitrés.Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 285/2023-I. En el caso la quejosa reclama la citación dentro de la carpeta de investigación ******************** y ********************, en calidad de testigo. En ese sentido, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, cuarto párrafo, ambos de la Ley de Amparo, y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos antes aludidos contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo de la quejosa. Ello, en razón de que conforme a lo establecido en la primera de las disposiciones legales citadas, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial- siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. De ahí que, ese agravio debe recaer en algún derecho jurídicamente tutelado en favor de quien acude en demanda de amparo, concretarse en él y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. En efecto, es improcedente el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados; toda vez que el hecho de que la quejosa tenga que comparecer ante el ministerio publico constituye el conjunto de diligencias para la integración de una indagatoria y, por ende no irroga ningún perjuicio a la quejosa, en razón que la autoridad ministerial cumple con su deber constitucional al integrar una carpeta de investigación respecto de hechos probablemente constitutivos de delitos, de los cuales la sociedad tiene interés de que se castigue a los responsables. Esto, pues de los artículos 212 y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma; asimismo, que la investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión, con el objeto de reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Ello es así, pues la facultad de investigación que ejerce el ministerio público, no involucra el análisis de los hechos delictuosos, ni de la probable participación de la justiciable en su comisión, pues simplemente se encuentra orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. De ahí que, la facultad de investigación del ministerio público no puede considerarse una actuación que afecte la libertad personal, pues el hecho de que se tenga que presentar a rendir su entrevista, debe considerarse como un acto para la integración de la carpeta de investigación, lo que revela la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, materia Común, Penal, página 239, de rubro: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]". Así como, la tesis II.2o.P.51 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, materia Común, Penal, página 2601, de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Similares criterios han sido sostenidos por el Cuarto y Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver los recursos de revisión ******************** y queja ********************. Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se señala en la demanda, la lista electrónica por así haberlo señalado expresamente. Se tienen por autorizadas a las personas que refiere para los efectos que precisa, en la inteligencia que de ser en amplios términos, deberán contar con el registro correspondiente. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Hom e/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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