Diana Elizabeth Munguía Ruíz
Expediente 1212/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1212/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Diana Elizabeth Munguía Ruíz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase a la Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, rindiendo su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. Por otra parte, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico proporcionados, a fin de establecer contacto en caso de que se considere necesario durante la tramitación de este juicio. Para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada en autos, y en su lugar se fijan las diez horas con ocho minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Incidental
IV. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con cuarenta y siete minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia incidental derivada del juicio de amparo 1212/2023-IV, promovido por **********, por derecho propio, ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente, asimismo, hace constar que la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma fue omiso en rendir su informe previo, no obstante de encontrarse debidamente notificado. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Respecto de la omisión de la autoridad responsable Juez de Control del distrito Judicial de Lerma de rendir su informe previo, tómese en consideración al resolver esta incidencia. Abierto el período probatorio: la secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció medio de convicción que deba ser relacionado. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Al no haber pruebas que desahogar, se cierra el período probatorio. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Al no haber escrito pendiente de acordar, se dicta la siguiente interlocutoria. V I S T O S para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1212/2023-IV; y, R E S U L T A N D O. I. **********, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca y otras autoridades. II. En auto del veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo y se ordenó formar el incidente de suspensión, en el cual solicitó a las autoridades responsables su informe previo, y fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, misma que previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. III. Por autos del seis, nueve y dieciséis de octubre todos del año en curso, se tuvo por inexistentes a las autoridades denominadas por la quejosa como: 1. Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla; 2. Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca; 3. Fiscalía Regional de Naucalpan, Primer Turno, Estado de México; 4. Fiscalía Regional de Naucalpan, Segundo Turno, Estado de México; 5. Fiscalía Regional de Naucalpan, Tercer Turno, Estado de México; 6. Director de Aprehensiones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; y, 7. Fiscal General de Justicia del Estado de México, Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli. C O N S I D E R A N D O. Primero. Inexistencia de actos reclamados: Las siguientes autoridades al rendir sus informes previos negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la quejosa exhibiera medios probatorios tendentes a desvirtuar las negativas propuestas por las aludidas autoridades, no obstante que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, correspondía a él la carga de la prueba para acreditar la existencia de los actos reclamados, en ese sentido, se niega la suspensión definitiva por no existir materia de análisis respecto de los actos reclamados. 1. Facilitadora adscrita a la Unidad de Justicia Restaurativa, Naucalpan de Juárez, Estado de México; 2. Fiscal General de Justicia del Estado de México; 3. Coordinador General de la Policía de Investigación; 4. Fiscal Regional de Toluca; 5. Fiscal Regional de Naucalpan, Estado de México; 6. Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México (en su denominación correcta). 7. Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; y, 8. Jueza de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México. En tal condición, lo procedente es negar la suspensión definitiva, por no existir materia de análisis respecto de los actos reclamados. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial VI.2o.J/19, de la Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II (Julio de 1995), visible en la página 133, de rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario" Segundo. Certeza de actos reclamados. La autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, fue omisa en rendir su informe previo; no obstante, de estar debidamente notificado para tal efecto; por tanto, se le tiene presuntivamente cierto los actos reclamados, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo. Medida cautelar. De los artículos 107, fracción X, dela Constitución General de la Republica; así como 128, 129, 131y 138 de la legislación de la materia, se desprende que para conceder la suspensión en el juicio de amparo, se requiere lo siguiente: 1. Que expresamente la solicite el quejoso. 2. Que haya certidumbre de los actos cuya suspensión solicita. 3. Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión. 4. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Esto último en atención a lo previsto en el artículo 129 de la ley de la materia. 5. La realización de un análisis ponderado del caso concreto bajo la a apariencia del buen derecho. De los puntos señalados se obtiene que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe atender, entre otras circunstancias, a la naturaleza de los actos reclamados y de violación alegada, así como a los daños y perjuicios que con la suspensión se origina al interés público, traducido por el legislador, este último, en la no causación de perjuicios al interés social ni la contravención de orden público. Con relación al primer punto, se encuentra acreditado ya que la quejosa **********, solicitó la suspensión respecto de la orden de aprehensión y/o presentación y/o comparecencia y/o arraigo y/o medida cautelar girada en su contra. El segundo punto se actualiza dado que la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, fue omisa en rendir su informe previo; por tanto, se le tiene presuntivamente cierto los actos reclamados. En ese orden de ideas, respecto del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión, con fundamento en los artículos 162, 163 y 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a **********, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se le prive de su libertad, hasta en tanto se notifique a la responsable la sentencia ejecutoriada dictada en el cuaderno principal del cual deriva esta incidencia, lo anterior, siempre y cuando no se haya llevado a cabo dicha ejecución. En caso de que el acto combatido privativo de su libertad, se refiera al cumplimiento de una orden de captura dictada en contra de la aquí quejosa por un delito calificado como grave o que merezca prisión preventiva oficiosa, de conformidad con la ley aplicable al caso, la medida suspensional decretada sólo producirá el efecto de que, una vez que sea detenida, quede a disposición de este Juzgado de Distrito, en el lugar de su reclusión, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación, con fundamento en el artículo 163 de la ley de la materia. Los efectos de la suspensión aquí decretada no se surtirán en caso de que la quejosa sea sorprendida en la comisión de flagrante delito o se trate del cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por autoridad judicial o diversa administrativa a las aquí señaladas, en cuyo caso al ser aprehendida, la responsable deberá ponerla a disposición del juez respectivo, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad, o bien, si se trata de orden de detención librada por el Agente del Ministerio Público en los supuestos que refiere el artículo 16 constitucional o de flagrante delito, al ser detenida no podrá ser retenida por el Agente del Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, o noventa y seis, según corresponda, término dentro del cual deberá ordenar su libertad o su consignación ante la autoridad judicial; o bien, que el acto reclamado sea posterior a la fecha en que la quejosa presentó la demanda de amparo. Ahora, en relación con la orden de presentación y/o comparecencia, con fundamento en los artículos 162 y 163 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a **********, para el efecto de que no se le prive de su libertad con motivo de dicha orden, a fin de que se desahoguen diligencias en la carpeta de investigación de que se trate, dado que dicha orden no es un requisito indispensable para integrar aquella, sino un acto dentro del procedimiento; por tanto, la concesión de la medida cautelar es para el efecto de que se les permita continuar desahogando diligencias hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa, en caso de que ésta sea solicitada; de lo contrario, con la privación de su libertad, se le causarían daños de difícil reparación imposibles de restituir. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia con número de registro 162694, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA". Respecto de la orden de arraigo, se concede la suspensión definitiva a **********, toda vez que tal medida tiene como objeto que el Ministerio Público esté en condiciones de integrar debidamente la carpeta de investigación, sin que la indiciada se sustraiga de la acción de la justicia y, en su oportunidad, se ejercite la acción penal de su competencia; lo que implica que debe considerarse que se trata de un acto cuya naturaleza afecta la libertad personal del gobernado, no tan sólo la libertad de tránsito del destinatario de ese ordenamiento judicial, porque obliga al individuo a permanecer en un inmueble de tal manera que su ámbito de acción y deambulatorio se restringe a las dimensiones del domicilio indicado para ese efecto. Orienta lo anterior la jurisprudencia 1a/J.78/99, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, (Noviembre de 1999), página 555, que incida: "ARRAIGO DOMICILIARIO, ORDEN DE. AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL. La orden de arraigo domiciliario prevista por el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, antes y después de su reforma mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, al obligar a la persona en contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia, a permanecer en un domicilio bajo la vigilancia de la autoridad investigadora y persecutora, trae como consecuencia la inmovilidad de su persona en un inmueble, por tanto, es un acto que afecta y restringe la libertad personal que puede ser susceptible de suspensión en términos de lo dispuesto por los artículos 130, 136 y demás relativos de la Ley de Amparo, si para ello se cumplen los requisitos exigidos por la misma ley". Por lo que como requisito para que surta efectos la suspensión definitiva en lo que respecta a la orden de arraigo, y sólo para el caso de tratarse de uno derivado de la investigación de un delito no estimado como grave o que permita la libertad bajo caución de acuerdo a la ley adjetiva aplicable, podrá traer como consecuencia la libertad de la quejosa siempre y cuando no exista alguna causa que le impidiera obtener tal beneficio (la oposición ministerial, etc.); por ende, deberá comparecer la quejosa ante el Ministerio Público que conozca de la carpeta de investigación que en su caso se le instruya, cuantas veces sea requerida para ello y para la debida integración de la indagatoria correspondiente. Ahora, en caso de que delito por el cual se decretó el arraigo sea con motivo de la investigación de alguno que sea de aquellos que conforme a la ley, se encuentre contemplado como grave o no permita la libertad provisional bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que la incidentista quede a disposición de este Juzgado, únicamente por lo que se refiere a su libertad personal, en el lugar que deba quedar sujeta al arraigo, a disposición de la autoridad investigadora correspondiente; de modo que en tal supuesto la presente suspensión no tendrá el efecto de impedir la ejecución del arraigo, pues sería contrariar el espíritu del artículo 139 de la Ley de Amparo, dado que obtendría un beneficio que en su caso no estaría contemplado en la ley adjetiva, la específica para el procedimiento penal en que se hubiera decretado el arraigo reclamado y por ser de interés público el que en tales casos el investigado guarde una especial restricción de su libertad; lo cual, sin embargo, debe puntualizarse que al caso se trata de un arraigo, que guarda situación diversa de la reclusión carcelaria, lo anterior, dado que en el presente caso la suspensión debe tener el efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentren. De igual modo, la suspensión otorgada surte efectos, hasta en tanto se notifique a las responsables la sentencia ejecutoriada dictada en el cuaderno principal del cual deriva esta incidencia. Asimismo, la medida cautelar surte sus efectos desde luego, acorde a lo señalado en el numeral 136 de la ley en aplicación. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, la quejosa no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, la quejosa podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley de Amparo, la suspensión que se otorga surte sus efectos inmediatamente, pero dejará de surtirlos, si la quejosa no exhibe, dentro del término de cinco días, contado a partir de la notificación de este auto, una garantía por la cantidad de $ 500. 00. (quinientos pesos 00/100 moneda nacional), la cual se fija de manera discrecional de acuerdo a las atribuciones con que cuenta el juzgador de amparo. Cantidad que deberá exhibir a disposición de este juzgado, en billete de depósito expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, o en cualesquiera de las demás formas establecidas por la Ley, en caso de ser póliza de fianza deberá de ser a disposición de este Juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 48 de la Ley de Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado. Asimismo, de conformidad con el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, la compañía respectiva deberá comprometerse, para el caso que sea necesario hacerla efectiva, al trámite previsto en el artículo 95, de ese ordenamiento, a fin de garantizar la entrega de la quejosa a la autoridad responsable, en caso de que no obtenga resolución favorable en el amparo y que no se entorpezca la continuación del procedimiento del que emanan los actos reclamados durante el tiempo que el agraviado se encuentre gozando de esta medida cautelar, sin perjuicio de que el procedimiento penal continúe por todos sus trámites. En caso de que opte por póliza de fianza, la institución correspondiente deberá expedirla a favor de la Tesorería de la Federación y a disposición del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, documento que además deberá precisar el nombre y domicilio de la persona autorizada para que sea requerida de pago en esta ciudad y/o agente autorizado, así como domicilio para recibir notificaciones, al igual que la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio del que deriva el presente cuaderno incidental, con la aclaración de que si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión de tal proceso constitucional, la suspensión definitiva dejará de surtir efectos sin necesidad de previo acuerdo, lo cual deberá de comunicarse de forma inmediata a la autoridad responsable. La institución depositaria deberá emitir documento en el que conste cuando menos, el monto de la cantidad depositada, que el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante y cualquier otro dato que se convenga con la institución bancaria. Garantía que se fija de manera discrecional, toda vez que la quejosa no acreditó la insolvencia económica con la que cuenta a su actual situación económica. Por lo expuesto y fundado se resuelve: Primero. Se niega la suspensión definitiva a **********, por los motivos y razones expuestas en el primer considerando de esta interlocutoria. Segundo. Se concede la suspensión definitiva a **********, por los motivos y razones expuestas en el segundo considerando de esta interlocutoria. Notifíquese y por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Téngase al representante legal de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, remitiendo las constancias con las que dice da cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de lo que se adquiere conocimiento y en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que en el plazo de tres días expresen lo que a su derecho convenga. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Incidental
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha no obra en autos la constancia de emplazamiento relativa a la tercero interesada Enriqueta Montes Islas; en tal virtud, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las nueve horas con cuarenta y seis minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés. Sin que sea necesario notificar esta determinación a las responsables, toda vez que dicha circunstancia no les irroga algún perjuicio. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
Quedan 18 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · 9,679 expedientes
- Derian Israel Martínez Uribe y Otros.802/2017
- Deyanira Jiménez Villa1455/2022
- Diana Alejandra Galán Galván865/2023
- Diana Berenice Hinojosa Moreno1359/2021
- Diana de la Cruz Moya1226/2021
- Diana Elizabeth Maya Martínez603/2020
- Diana Estefanía Encampira Álvarez285/2023
- Diana Guadalupe Cerecero Sánchez y Otros.1842/2018
- Diana Itzel Tapia Ordaz409/2019
- Diana Margarita Morquecho Gómez826/2017
- Diana Marlet Rodríguez Beltrán y Otros.447/2023
- Diana Márquez Juárez984/2023