Diana Erika Vargas Sanabria y Otros.
Expediente 25/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 15/05/2018
Partes del expediente
- Diana Erika Vargas Sanabria y Otros.
- Diana Erika Vargas Sanabria
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ciudad de México, a quince de mayo de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobreseyó en el juicio, en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que en el incidente respectivo, se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto del acto reclamado, por tanto, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 25/2018, promovido por Diana Erika Vargas Sanabria, Mar y Sol Fabiola Vargas Sanabria y Juan Alejandro Collazo Ramirez, contra acto de la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Sin Detenido B-5 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el quince de enero del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, los quejosos en cita solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo. II. Los solicitantes de amparo narraron los antecedentes del acto reclamado, formularon los conceptos de violación que consideraron pertinentes y señalaron que se violan en su perjuicio sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. En esa fecha se registró la demanda con el orden 25/2018, y se previno a los quejosos para los efectos ahí precisados, sin que hubieren desahogando satisfactoriamente, por lo que por acuerdo de siete de febrero pasado, se hizo efectivo el apercibimiento con que se les conminó, esto es, se admitió a trámite la demanda únicamente por la autoridad y acto que más adelante se precisarán; se solicitó a la responsable su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional. IV. En proveído de seis de marzo de este año (foja 56), se requirió a la parte quejosa, para que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado el acuerdo de cinco de enero pasado, dictado en la carpeta de investigación CI-FNNA/B/UI-B-5/313/07-2017, en que se impuso diversa medida de protección contra los quejosos. Una vez desahogada la vista anterior, mediante proveído de veintiséis siguiente (foja 78), se tuvo por ampliada la demanda respecto del acto mencionado. Llegada la fecha y hora para la audiencia constitucional, se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, constitucionales, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 51, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de la demanda y de las demás constancias, se precisa que los actos reclamados consisten en las medidas de protección que se decretaron en la carpeta de investigación CI-FNNA/B/UI-B-5/313/07-2017, mediante acuerdos de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y cinco de enero del año en curso, a efecto de que los quejosos ".SE ABSTENGAN DE REALIZAR CUALQUIER CONDUCTA DE INTIMIDACIÓN O MOLESTIA HACIA LOS MENORES.", atribuidos a la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Sin Detenido B-5 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados de la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se acredita con la copia certificada relativa a la carpeta de investigación mencionada, que remitió en apoyo a dicho informe; documental que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante la certeza de los actos reclamados, es innecesario analizar el fondo del asunto, ya que se advierte una causal de improcedencia, cuyo análisis es de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, este órgano de control constitucional advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De lo anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica de los justiciables, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque fue sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo; así, para que esta causal de improcedencia se materialice, conforme al segundo de tales supuestos, es necesario una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. Del presente sumario se aprecia lo siguiente: 1. Los quejosos reclamaron los acuerdos dictados el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y cinco de enero del año en curso, en la carpeta de investigación CI-FNNA/B/UI-B-5/313/07-2017, consistentes en las medidas de protección que se decretaron a efecto de que los amparistas ".SE ABSTENGAN DE REALIZAR CUALQUIER CONDUCTA DE INTIMIDACIÓN O MOLESTIA HACIA LOS MENORES.". 2. Del oficio signado por la agente del Ministerio Público responsable, y anexo, recibidos en este órgano de control constitucional el diecinueve del mes en curso (fojas 85 a 89), se aprecia lo siguiente: "VISTOS LOS REGISTROS QUE INTEGRAN LA PRESENTE CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SE APRECIA QUE SI BIEN EN FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE DECRETARON MEDIDAS DE PROTECCIÓN A FAVOR DE LOS MENORES DE EDAD URI AZAEL Y JOHANN ISAI AMBOS DE APELLIDOS JIMÉNEZ VARGAS, CONSISTENTES EN LAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 137 FRACCIONES V Y VIII DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LAS CUALES EN SU MOMENTO RESULTARON SER IDÓNEAS ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL DELITO Y LAS NECESIDADES DE LAS VICTIMAS, ESTO ES PARA SALVAGUARDAR SU INTEGRIDAD, Y TODA VEZ QUE LAS MISMAS NO FUERON NOTIFICADAS A LOS IMPUTADOS DE MANERA PERSONAL ES QUE EL 05 DE ENERO DE 2018, SE REITERAN LAS CITADAS MEDIDAS, SIENDO IMPORTANTE PRECISAR QUE NUEVAMENTE NO SE NOTIFICARON DE MANERA PERSONAL ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL CONSIDERA QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES ES PROCEDENTE DEJAR SIN DEJAR SIN EFECTOS AMBOS ACUERDOS POR NO HABER SIDO NOTIFICADOS DE MANERA PERSONAL, AUNADO A QUE HAN TRANSCURRIDO LOS 60 DÍAS QUE LA LEY AUTORIZA PARA LA DURACIÓN DE DICHA MEDIDA DE PROTECCIÓN. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 139 PÁRRAFO PRIMERO ULTIMA PARTE DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. POR LO QUE ES DE ACORDARSE YSE ACUERDA: PRIMERO: DÉJESE SIN EFECTOS LOS ACUERDOS DE FECHAS 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y 05 DE ENERO DE 2018, ASI COMO LOS OFICIOS DERIVADOS DE ESTOS CONSISTENTES EN LAS NOTIFICACIONES, ACUERDOS DICTADO Y OFICIOS DERIVADOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CI-FNNA/B/UI-B-5/313/07-2017." (énfasis propio). De dicha reseña, es que este juzgado estima que en la especie los actos reclamados han cesado en sus efectos, pues si bien es verdad los quejosos reclamaron los acuerdos de veintiocho de noviembre pasado y cinco de enero del año en curso dictados en la citada carpeta, también lo es que mediante determinación de seis de marzo pasado -posterior a la presentación de la demanda-, la autoridad mencionada dejó insubsistentes los acuerdos reclamados en este controvertido, por los motivos que ahí expuso. Establecido lo anterior, es evidente que los actos reclamados han cesado en sus efectos, pues al haberse dejado insubsistentes los acuerdos de que se duele la parte quejosa, resulta indudable que los actos por los que se promovió juicio de amparo quedaron sin efectos y ello trae como consecuencia la imposibilidad jurídica de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dichos actos, por haber dejado de surtir sus efectos. Dicho de otra forma, los actos reclamados han desaparecido y por tanto, sus consecuencias se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. Ello es así, porque los efectos de los actos reclamados cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos que se atacan; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistentes los actos, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a los quejosos en el goce del derecho violado. Por tanto, no existe motivo para la resolución del fondo del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Lo expuesto, se retoma de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En mérito de lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos expuestos en el considerando tercero, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Diana Erika Vargas Sanabria, Mar y Sol Fabiola Vargas Sanabria y Juan Alejandro Collazo Ramirez, contra los actos consistentes en las medidas de protección que se decretaron en la carpeta de investigación CI-FNNA/B/UI-B-5/313/07-2017, mediante acuerdos de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y cinco de enero del año en curso, a efecto de que los quejosos ".SE ABSTENGAN DE REALIZAR CUALQUIER CONDUCTA DE INTIMIDACIÓN O MOLESTIA HACIA LOS MENORES.", atribuidos a la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Sin Detenido B-5 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad.
- Principal
Ciudad de México, a diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio signado por la agente del Ministerio Público responsable, y anexo de cuenta, mediante el cual en alcance a su informe justificado remite diversas constancias relativas a la carpeta de investigación CI-FNNA/B/UI-B-5/313/07-2017, que se tomarán en consideración al resolver este controvertido. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba la documental que acompaña al comunicado que se provee, que se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional.
- Principal
Ciudad de México, a veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la comparecencia de cuenta, mediante la cual la representante común de la parte quejosa ratifica el escrito presentado en este juzgado el catorce del mes en curso (foja 70), por el cual desahoga el requerimiento formulado en autos, pues señala como acto reclamado el acuerdo de cinco de enero pasado, por el que se impuso diversa medida de protección contra los quejosos, dictado en la carpeta de investigación CI-FNNA/B/UI-B-5/313/07-2017, por la agente del Ministerio Público responsable. En consecuencia, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la ampliación de demanda planteada. Por otra parte, este órgano de control constitucional considera que no obstante se admite a trámite la ampliación de referencia, resulta innecesario requerir informe justificado a la autoridad mencionada, porque de autos se advierte la certeza del acto materia de la ampliación. Con fundamento en el artículo 64, párrafo primero, de la ley reglamentaria, requiérase a la autoridad señalada, para el caso de que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comunique de inmediato a este órgano de control constitucional, bajo apercibimiento que de no cumplir con esa obligación se le impondrá una multa de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización, acorde con el numeral 251 de la ley de la materia. Ahora, de autos se advierte que mediante proveído de doce del mes en curo (foja 67), se reservó señalar fecha de audiencia hasta en tanto la parte quejosa desahogara el requerimiento formulado en autos, lo que en el caso acontece; por tanto, se señala como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional el veinticinco de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con veinte minutos.
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