Diana Cruz Calvillo

Expediente 1051/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 22 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1051/2017
Año
2017
Actuaciones
22
Última actuación
08/05/2018

Partes del expediente

  • Diana Cruz Calvillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Ciudad de México, a ocho de mayo de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se concedió el amparo, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Ciudad de México, a once de abril de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192, 193 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. Mediante sentencia de treinta y uno de enero del año en curso (fojas 95 a 99), por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó la parte quejosa, contra la resolución emitida por el Comité Técnico del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad en la quincuagésima primera sesión ordinaria, de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en que en la parte específica, autorizó el cambio de dormitorio de la quejosa, a efecto de que dicha autoridad (una vez que causara ejecutoria dicha sentencia y subsistieran el sentido y efectos de la misma), realizara lo siguiente: a) Dejara insubsistente la resolución reclamada, únicamente en la parte específica, en que autorizó el cambio de dormitorio de la justiciable; y b) Dictara otra determinación en que subsanara la absoluta ausencia de fundamentación y motivación destacada en dicha resolución, con base en las consideraciones apuntadas. La protección constitucional concedida, se hizo extensiva al acto de ejecución reclamado de la directora, y subdirectora de Seguridad, ambas del Centro Femenil de Reinserción Social mencionado, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia de la parte específica de la resolución cuya inconstitucionalidad se demostró. Así, por auto de veinte de febrero pasado causó ejecutoria el fallo protector (foja 107 y 108), y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables; sin embargo, mediante informe recibido el siete de marzo siguiente, la presidenta del referido Comité Técnico, hizo saber lo conducente y remitió original de la resolución que con tal carácter emitió el veintiocho anterior. Al respecto, mediante proveído de quince de marzo de este año (fojas 129 y 130), se estableció que en modo alguno este órgano de control constitucional estaba en condiciones de tener por cumplida la ejecutoria de que se trata, pues si bien era cierto que en términos de los artículos 3° y 17 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Comité Técnico es el Órgano Colegiado Consultivo y de autoridad en aquellos asuntos que le corresponda resolver del Centro Penitenciario correspondiente, y es presidido por el titular del Centro, o por el funcionario que le sustituya en sus ausencias, también lo era que se integra con los miembros de superior jerarquía del personal administrativo, técnico, jurídico y de custodia penitenciaria, respecto de quienes no se advertía su intervención en la documental de referencia, no obstante se hubiese señalado en su contenido que así había sido pronunciada. De ahí que al no poder soslayar dicha peculiaridad, este órgano de control constitucional tuvo por no cumplido el fallo protector, y requirió nuevamente a la autoridad responsable en cuestión, quien por oficio presentado el tres de abril siguiente (foja 141), remitió copia certificada del acta correspondiente a la décimo tercera sesión ordinaria de veintiocho de marzo pasado (fojas 144 y 145), de la que se advierte dejó insubsistente el cambio de dormitorio de la justiciable, y no insistió en emitir una nueva determinación en el mismo sentido, tan es así que instruyó se reintegrara a la quejosa al dormitorio en que se encontraba previo a la emisión del acto reclamado. De ahí que válidamente se concluya, en términos de la fracción I, del artículo 77, de la Ley de Amparo, que se ha restablecido a la quejosa en el derecho fundamental que se consideró transgredido, más aún si las autoridades ejecutoras informaron lo relativo a su específico ámbito de competencia (abstención de ejecutar el acto reclamado); por tanto, este órgano de control constitucional tiene cumplida la ejecutoria de que se trata. Resérvese el envío del expediente al archivo de este órgano de control constitucional, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral.

  4. Principal

    Ciudad de México, a tres de abril de dos mil dieciocho. Agréguense en autos el oficio y anexos de cuenta, provenientes del Comité Técnico del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de esta ciudad, a través de los cuales se informa el cumplimiento dado a la sentencia protectora (fojas 95 a 99). Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, en el entendido de que transcurrido dicho plazo y aun ante la ausencia de argumentos, este juzgado resolverá lo conducente con las constancias que existen en el expediente.

Quedan 18 actuaciones en este expediente

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